El huevo de la serpiente

La cruel formación policial de grupos especiales en Río Negro

 

En una solitaria playa patagónica, junto al mar, entre médanos y pastos duros, quince jóvenes en manos de cuatro hombres con mayor poder que ellos vivenciaron durante tres días un modelo de entrenamiento para fuerzas especiales. Uno de ellos no sobrevivió, otro sufrió una lesión en la columna vertebral y un tercero estuvo a punto de ahogarse.

La policía de Río Negro atraviesa una silenciosa crisis institucional desde abril de este año, cuando durante un curso de formación del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) murió ahogado el oficial ayudante Gabriel Emanuel Mandagaray (25 años), en tanto que Esteban Absalon Lagos Millapán sufrió una lesión por una pisada intencional. Como toda tragedia, ofrece la oportunidad de una revisión profunda y seria sobre la formación y control civil real de las policías provinciales. En Río Negro es lo que no hicieron las elites y dirigencias locales después de los crímenes del 17 de junio de 2010 en Bariloche; la participación en una red de trata de mujeres; la desaparición forzada del trabajador golondrina Daniel Solano en Choele Choel; ni de la desaparición forzada y homicidio del oficial Lucas Muñoz en agosto de 2016, también en Bariloche.

El caso se investiga en juzgados de Viedma, ya que los hechos se desarrollaron en Bahía Creek, área rural costera ubicada a unos 40 kilómetros de la capital provincial. La fiscalía y la querella, en representación de familiares de Mandagaray, formularon cargos contra seis policías en actividad, tanto por el homicidio, la lesión a Lagos y torturas y tratos denigrantes al grupo de cursantes. La Justicia dispuso medida de protección para los 14 compañeros de la víctima, quienes son testigos y a la vez víctimas de sus superiores. Su versión fue fundamental para reconstruir los hechos y sostener la acusación preliminar.

 

Testimonios de compañeros de la víctima fatal.

 

Los responsables directos de los tres días de entrenamiento “especial”, presentes en el lugar, son el subcomisario Alejandro Gattoni, máximo responsable del COER y, como instructores, el oficial principal Alfredo Nahuelcheo (COER Cipolletti), el sargento ayudante Marcelo Ariel Contreras (COER Viedma) y Maximiliano Vitali Méndez (COER Bariloche). En Cipolletti, Mandagaray fue subalterno de Nahuelcheo. Contreras fue quien pisó la columna de Lagos, quebrándole el coxis.

También están imputados el comisario general Carlos Víctor Grasso (director de Capacitación y Perfeccionamiento) y el comisario inspector Oscar Alberto Szymañsky (jefe de Departamento de Capacitación) por no ejercer los controles sobre el lugar y por la forma de realización del curso de formación del COER, que ambos diseñaron y aprobaron.

 

Instructores del COER imputados.

 

 

Por encima de las responsabilidades penales individuales, la responsabilidad última por los hechos puntuales y por el modelo de formación y entrenamiento es del Estado rionegrino, bajo el gobierno de Arabela Carreras. El inicio de este curso abreviado de 30 días lo anunció el titular de la Jefatura de Policía desde Viedma, ya que se reanudaba la capacitación suspendida por la pandemia de Covid-19. El 14 de abril se informó que participarían 28 cursantes, pero en Bahía Creek hubo 15, según la información judicial. Un cambio clave fue el lugar del curso, que originalmente no contemplaba el mar como instrumento pedagógico.

 

 

Era en abril

De arenas muy limpias, Bahía Creek es una playa muy visitada por los pescadores. Si hay viento, el agua se encrespa y la arena azota.

El lunes 12 de abril de este año, a partir de las 20 horas aproximadamente, hasta el jueves 15 alrededor de las 18, se realizó el curso de entrenamiento básico del COER. Comenzó sobre la ruta provincial 51 en la estancia Las Marías. Los instructores hicieron ingresar a los cursantes en un estanque de agua; después, iniciaron una caminata de aproximadamente 40 kilómetros hasta llegar al balneario Bahía Creek, donde acamparon hasta el final abrupto de la capacitación, de acuerdo al detalle ofrecido por Guillermo Ortiz, fiscal de la causa, y Damián Torres, abogado querellante.

 

Fiscal Guillermo Ortiz.

 

 

El miércoles 14 a la madrugada, los cursantes debieron ingresar desnudos al mar. Uno de ellos, que no sabía nadar, estuvo a punto de ahogarse cuando fue rescatado con principio de hipotermia por sus compañeros, según se precisó durante la reconstrucción de los hechos realizada en julio. Ese mismo día a la tarde, Lagos realizaba ejercicios de arrastre en la arena, uniformado, con mochila de viaje y pistola ametralladora PA3. El instructor Contreras pateó y pisó al cursante sobre la columna vertebral, ocasionándole fractura de la primera vertebra del coxis. Lagos tuvo que abandonar el cursado ese mismo día.

En algún momento el instructor Nahuelcheo orinó al cursante Mandagaray, salpicando a otros por efecto del viento. En menos de tres días, todos tenían heridas en las manos y los pies –que se curaron entre ellos– perturbaciones psicológicas, cansancio físico acentuado por la escasa alimentación (una ración mínima por día) e hidratación deficiente. El grupo no tuvo nunca controles ni asistencia médica en el lugar. Sin ninguna medida de seguridad, los hicieron ingresar al mar a la madrugada, en plena oscuridad, para después hacerlos caminar desnudos durante varias horas de noche. Con excremento de animales (bosta de caballo, según una de las defensas) debieron hacerse el camuflaje de la cara, una de las tantas acciones vejatorias, humillantes y de tortura que se imputaron a los cuatro efectivos policiales a cargo de la instrucción en el lugar.

 

Reconstrucción en Bahía Creek, julio de 2021.

 

Con todo ese desgaste físico y psicológico acumulado, el jueves 15, aproximadamente a las 15 horas, empezó un nuevo ejercicio en el agua, a pesar de que varios habían avisado que no sabían nadar, Mandagaray entre ellos. El primer equipo de tres cursantes ingresó al mar con el uniforme policial completo, incluyendo los borceguíes y todas las armas reglamentarias, hasta una distancia donde no hacían pie. Cargaban un tronco de dos metros de largo, llamado “pirulo” en la jerga interna. Como en las jornadas anteriores, ese día no contaron con chalecos salvavidas ni torpedos, ni una embarcación de apoyo, ni previsión y asistencia de guardavidas de Policía o de Prefectura Naval. Ninguna medida de seguridad, aseguraron desde la fiscalía y la querella en la audiencia de formulación de cargos que se hizo desde Viedma el 2 de noviembre, la que la prensa pudo cubrir vía Zoom.

Los tres instructores y Gattoni miraban desde la playa cuando el grupo debía regresar. Las condiciones de la marea y las corrientes complicaron un poco más el escenario. Gritaron por ayuda. Dos cursantes fueron auxiliados por sus pares, los que estaban más cerca, preparados para su turno del mismo ejercicio. No pudieron rescatar a Mandagaray, que se hundió a la vista de los 14 cursantes y de los cuatro policías responsables de la capacitación. Después de una hora, alrededor de las 17.30, el mar devolvió el cuerpo sin vida del joven a unos 200 metros del lugar donde había ingresado.

Asfixia por sumersión, afirmó el primer dictamen forense, que sólo se explica por el detalle de esas 72 horas previas en total aislamiento, en una especie de cautiverio al aire libre, en la bellísima Bahía Creek. La temperatura del agua era de 16 grados; dos metros diez centímetros la profundidad en el punto aproximado donde no pudo más.

 

 

El legado COER

En 2012, el gobierno de Alberto Weretilneck (Juntos por Río Negro) creó el COER para desprenderse del legado de la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA), formada por el radical Horacio Massaccesi en 1995 para reprimir las protestas de los trabajadores estatales. Estremece ver el video institucional de 2020 de celebración del octavo aniversario del COER. Este año no había nada que festejar.

 

Jefatura inició un sumario interno.

 

El comisario general Antonio Jesús Mandagaray, padre de la víctima fatal, era jefe de la Unidad Regional I con asiento en Viedma desde enero de este año. Pidió el pase a retiro en octubre. Es querellante en la causa penal junto a su esposa Elsa Adriana Fabi (comisaria mayor) y a Sofía Micaela Villalba, pareja de su hijo y madre de su nieto de pocos meses de vida.

En una primera lectura, el caso no es comparable al crimen del soldado Omar Carrasco (Zapala, 1994), quien murió por la mala atención sanitaria clandestina después de recibir golpizas de superiores y compañeros, sin haber iniciado ningún entrenamiento. Sí, en cambio, parece responder al mismo patrón de la normalización de la crueldad como instrumento pedagógico en el Estado, que la Justicia ordinaria condenó en La Rioja por la muerte de un cadete de 19 años en 2018.

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí