El jardín donde florecen los pepines

Un informe que transparentó la presión pública contra ciertos jueces hizo que la Corte sobreactuase

 

La parte que se hizo pública del informe tiene 326 páginas. Y solo alcanza a dos personas: a la doctora Ana María Figueroa, jueza que integra la Cámara de Casación Federal; y a la ex procuradora general, Alejandra Gils Carbó. En dicho informe se recopilan una serie de mensajes de redes sociales de dirigentes políticos y su correlato con la persecución que sufrieron ambas magistradas.

El informe lo hizo la Dajudeco, que es la oficina de captación de escuchas telefónicas que, por disposición del ex Presidente Macri, pasó a depender de la Corte de Suprema Injusticia de la Nación. El mismo fue solicitado por el fiscal de la causa que conocemos como “Mesa Judicial Macrista”, en la que se investigan las presiones por parte del Poder Ejecutivo nacional, entonces conducido por Mauricio Macri, hacia jueces y funcionarios judiciales, con el objeto de interferir con las decisiones del Poder Judicial.

El resultado de lo que se hizo público es bastante descorazonador. Demuestra que, para algunos funcionarios del anterior gobierno, las redes sociales fueron el ámbito más fértil para verter sus mensajes de odio e instaurar un ambiente de persecución hacia ciertos funcionarios judiciales.

Algunos correlatos son tremendos: Uno de los mejores ejemplos es lo que se observa respecto a Guillermo Lipera, entonces presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que no es el colegio de abogados oficial de la Capital Federal. Lipera no solo promovió el juicio político contra Gils Carbó, sino que presentó una acción para que se declarara inconstitucional la exigencia de dicho requisito –el juicio político— para la remoción. Remoción que Mauricio Macri y sus funcionarios venían buscando con cierta intensidad. Al menos en sus mensajes públicos, como bien señala el precitado informe.

El hostigamiento que sufrieron ambas funcionarias tuvo carácter extensivo a sus allegadas. La Prosecretaria letrada de Ana Maria Figueroa, Amelia Expucci, terminó detenida por orden de Gemigniani. Denunciado que fue Gemigniani por esa detención ilegal, fue finalmente sobreseído  por la Sala I de la Camara Criminal y Correccional Federal. El fallo no tiene desperdicio: “Corresponde decretar el sobreseimiento de un magistrado quien fue denunciado, en orden al delito de privación ilegal de la libertad, por una Prosecretaria de una sala del mismo tribunal, a quien el imputado ordenó su detención aduciendo que la funcionaria se había negado a cumplir una orden consistente en la realización de un inventario de unas cajas que habían sido enviadas por el Ministerio de Planificación y estaban en la sala de audiencias, dado que puede inferirse que el magistrado pudo haber sospechado hallarse frente a una posible irregularidad relacionada con la existencia y contenido de las cajas en cuestión, lo cual justificaría su proceder. La valoración de las circunstancias que rodearon el hecho objeto de imputación, lleva a la conclusión de que el magistrado no tuvo el propósito de proceder a la detención con abuso de poder, sino que actuó con un aparente exceso no intencional en la creencia de que estaba cumpliendo con su deber, resultando impune su conducta dado que el tipo penal reprochado (art. 144 bis del C.P.) no admite la forma culposa”. No hay nada como jueces justificando los excesos de otros jueces.

También la pasaron mal las hijas de Gils Carbó, que fueron denunciadas por publicaciones que hacían en un blog. Merece resaltarse que el juez a cargo de la denuncia contra las hijas de Gils Carbó era mi querido Claudio Bonadío. Que fuese Bonadío el juez a cargo de esa denuncia daba asidero a los dichos de Pepín Rodríguez Simón, que le manifestó al fiscal De Vedia que la persecución contra Gils Carbó cesaría cuando esta renunciase. Y que, en caso contrario, terminarían presas las hijas y la propia Alejandra Gils Carbó.

Los medios de comunicación tampoco fueron ajenos a este contexto de odio y persecución. Cosa que también señala el informe, donde se indaga como reflejaban estos, los dichos de dirigentes políticos. Llegó a tal punto, que Ricardo Roa público el teléfono celular de una de las hijas de Gils Carbó en su editorial para el diario Clarín.

Cuando se conoció el informe, aparecieron diversas protestas por el mismo. Curiosamente uno de los espacios políticos que mas enardecidamente protestó fue la Coalición Cívica, cuya cabeza, Elisa Carrió, había sido signada en el propio informe como una potente emisora de estos mensajes de odio y persecución. No dejó de causar cierto estupor que Carrió se indignase por la recopilación de sus twitts, considerando que es la misma Elisa Carrió quien recibió e hizo público que personas le habían hecho llegar transcripciones de escuchas de quienes estaban detenidos en el Penal de Ezeiza. Transcripciones que hoy sabemos eran ilegales, realizadas sin autorización judicial. De hecho, en la Agencia Federal de Inteligencia habían creado toda una oficina paralela en la AFI para hacer esas transcripciones ilegales y sus responsables hoy están procesados por dicha razón.

Pero más extraña aún resulto la conducta de la propia Corte Suprema ante el reclamo. Como bien señalo Leopoldo Moreau, presidente de Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, quien salió al cruce de la Corte a raíz del pedido de informes que el Tribunal supremo le formuló a la Dajudeco, referido a la causa vinculada a la denominada “Mesa judicial” en la que están investigados ex funcionarios del macrismo.

El titular de la Comisión Bicameral de Inteligencia opinó que «la Corte Suprema incurre en una grave intromisión en la investigación de una causa judicial que está en curso y que, por lo tanto, es ajena a las competencias jurisdiccionales del máximo Tribunal de la Nación. Con ello, la Corte incumple con el deber de acatar los marcos constitucionales de su propia actuación”.

Moreau agrega: “La Corte no puede involucrarse en una causa que no ha sido sometida a su consideración, ya que pedir explicaciones sobre una causa en particular a un organismo, aunque este dependa de la propia Corte, es una actuación impropia con serias consecuencias institucionales. La Dajudeco actúa a requerimiento judicial”.

Más adelante Moreau subraya que «la facultad de determinar la legalidad de la prueba durante un proceso es resorte del juez de la causa. Este requerimiento de la CSJN configura un intento de poner presión sobre los jueces de garantía y fiscales, que no sólo tienen que resolver en esta causa en particular sino también sobre otra causa que también involucra a la Dajudeco y sus informes, como es la que está sometida a investigación en el Juzgado de la doctora María Servini de Cubría que reveló decenas de comunicaciones entre Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, y el cortesano Carlos Rosenkrantz”.

Tiene razón Moreau. Al haber hecho lugar la Corte a los reclamos, se introdujo en algo sobre lo que no tiene competencias. Y lo curioso de todo esto es que la Corte le presto más atención a los reclamos de Lipera, y de Carrió, que a los reclamos de los detenidos y los abogados que fueron ilegalmente escuchados por la Dajudeco.

Y en este punto me parece oportuno señalar que los mensajes recopilados en sí mismos no constituyen un delito. Por eso, los emisores de dichos mensajes no tienen agravio en que los mismos sean recopilados para poner una investigación judicial en el contexto en que los hechos se produjeron. Los mensajes y las notas periodísticas que conforman el informe cuestionado, son todos de fuentes abiertas, mensajes y notas periodísticas destinadas a su lectura y difusión para el público en general, no hay vulneración a derecho a a la intimidad alguna de los emisores, como si lo había en las escuchas telefónicas ilegales que sufrieron muchas personas en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.

A los emisores de dichos mensajes no se les está imputando delito alguno. Entonces, ¿por qué las protestas airadas? ¿Será que acaso no les gusta a los emisores de dichos mensajes que los mismos sean recopilados para establecer su implicancia en el contexto de persecución de funcionarios judiciales? ¿Les molesta que se recopile y se dé cuenta de los niveles de odio que tienen sus mensajes?

No deja de impresionarme la poca capacidad de autorreflexión de algún medio. El propio Ricardo Roa publico este sábado una nota al respecto bajo el título “La última del Superagente 86: espiar opositores en la web” y con la bajada: “La Corte ahora le pide explicaciones a una oficina de la Corte que se puso a hacer inteligencia en las redes.”.

A mí me divirtió mucho la ilustración que usa Roa para su nota, que es la del Superagente 86 con el zapatófono. Porque no pude no compararla con la foto del espía Alan Ruiz, que dedicó los 4 años de macrismo a espiar personas. Lo que hacía Alan Ruiz era inteligencia. Ilegal, por añadidura. Y la hizo sin que la Corte Suprema, los medios de comunicación hegemónicos, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires o la Coalición Cívica hicieran una sola observación o dijeran una palabra. Como los odiadores, casi con completa impunidad.

 

 

 

 

 

 

 

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