El medio del fuego

Eduardo Casal en la protección al fiscal de los cuadernos

 

A las dos de la tarde los pasillos de Comodoro Py suelen estar despoblados. La puerta del despacho de un magistrado se abre. El anfitrión está contento. La semana trajo algunas noticias al interior de ese mundo donde Carlos Stornelli parece la última ficha de un juego de poder que da manotazos para no caer.

—Y ahora yo quiero ver qué va a hacer.

Dice el magistrado. Y habla de Stornelli, de Mar del Plata y de la Procuración donde se inició, desde abajo, un lento juego de pinzas que presiona para sacarlo. Una semana donde también estuvo el Congreso jugando esa interna con un oficialismo partido que perdió a Silvia Lopesnnato para conducir una Bicameral que se niega a constituirse para ejercer el control de los fiscales.

—¿Con qué cara va a venir ahora a pedirme que detenga a una persona?

Siguió el magistrado.

—¿Con qué cara, si él mismo ni siquiera se presenta a una indagatoria?

El magistrado ya sabe lo que él mismo se dispone a hacer: pedido que presente Stornelli para una detención, pedido que será rechazado. Un anticipo. Pero además un dato: una brutal pérdida de poder.

 

Pasillos vacíos.

 

El fiscal de los cuadernos cumplió 59 años el 7 de febrero. Tiene casi ocho meses para llegar a la edad de jubilarse, una de las primeras alternativas evaluadas por la Procuración para sacarlo de escena tras el escándalo D’Alessio. Ocho meses sin embargo son demasiados. En un escenario de transiciones electorales y en un esquema de justicia que juega su juego con los candidatos.

Durante esta semana se produjeron varios movimientos de pinzas que lo tienen en foco. Y con él, a su jefe Eduardo Casal y a la causa de las fotocopias con pruebas basadas sólo en arrepentidos que hace semanas comenzaron a mostrar voluntad de arrepentirse de los arrepentimientos, lo que en un escenario de juicio oral licua la supuesta solidez de la causa.

Uno de los movimientos fue Mar del Plata con el fallo de la Cámara de Apelaciones que en poco tiempo seguramente será confirmada por la Sala II de Cámara de Casación, en línea con el pronunciamiento de tres votos a cero con el que rechazaron la recusación a Alejo Ramos Padilla planteada por Stornelli. El otro escenario fue la Procuración, sede del jefe de los fiscales más obedientes.

 

Ministerio Público Fiscal

 

Eduardo Casal lleva un año y medio como interino, el mayor tiempo de la historia. Está ahí porque el gobierno no consiguió acuerdo del Senado para nombrar a la candidata de Macri, Inés Weinberg de Roca. Y porque autopromovidos como Raúl Plée no terminaron de ser confiables. En ese sentido, Casal es un fusible. Y tiene menguado su poder. Está y no está. Está mientras sea obediente.

Se sabe. No le gusta exponerse. No le gusta aparecer en los medios. Y menos como vórtice de este escándalo. Fue procurador ante la Corte durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, por eso es quien la subrogó entonces y ahora. Y también es su contracara política. Hasta ahora no destruyó el armado de la Procuración, pero cumplió con las causas más sensibles del gobierno con acciones quirúrgicas y rápidas. Los ejemplos son conocidos.

Ahora Stornelli. Y con Stornelli, lo que importa: la causa de las fotocopias. El juez de Dolores lo llamó a indagatoria tres veces y luego lo declaró en rebeldía. Casal no lo apartó. Técnicamente debía haberlo sometido a un Tribunal de Enjuiciamiento, tampoco lo hizo. Y ni siquiera siguió los pasos de su par bonaerense, Julio Conte Grand que suspendió a Juan Ignacio Bidone cuando fue convocado a indagatoria. Lo que hizo Casal es ganar tiempo, tal como muestra el movimiento de expedientes administrativos cuyos resultados comenzaron a conocerse esta semana.

Casal tiene otro colaborador directo. También Juan Manuel, en este caso Juan Manuel Casanovas. Casanovas es amigo de uan Mahiques, parte del linaje con el que el gobierno deja su marca en la justicia. Casanovas está a cargo de la secretaría de Disciplinaria y Técnica del organismo y lleva adelante el principal expediente disciplinario contra Stornelli. Hay dos. Uno es el de rebeldía y el otro es sobre las razones de fondo: el pedido de indagatoria de Ramos Padilla. Casanovas tiene el segundo. Hasta ahora reunió cuatro cuerpos. Tomó declaración a todo el personal de la fiscalía, tomó los descargos a Stornelli e incluso mandó hacer un estudio de arquitectura para corroborar que el despacho del fiscal tenga las características reseñadas en las denuncias del caso D’Alessio.

 

Juan Casanovas.

 

El otro expediente —de rebeldía— avanzó esta semana. Casal había designado una Comisión Evaluadora de cinco fiscales que acaban de aconsejar el inicio de un sumario. La resolución no es vinculante. Casal lo sabe. Puede designar un sumariante o no hacerlo. Pero también puede desplazar a Stornelli, iniciar directamente un jury o no hacer nada. Sin embargo, como puso a funcionar el mecanismo de la Comisión es posible que siga las recomendaciones. Hipótesis reforzada por el resultado: cinco votos a cero después de un largo trabajo consensos. Lo que sigue técnicamente es que Casal designe un sumariante. El sumariante evalúa el caso, reúne pruebas y decide si descarta el caso o avanza hacia un jury con o sin suspensión. El dato ahora es saber quién será el sumariante. Y después no hay mucho más. El expediente de Casanovas también entrará a ese círculo. Y debería seguir los mismos pasos. El punto es que mirados de cerca los dos expedientes muestran la disposición del jefe de los fiscales a darle aire a Stornelli. El segundo, porque debió haber subido con el primero, incluso porque la imputación es anterior. Y de rebeldía porque no necesita probar nada de nada. Como dice uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora, la prueba de la rebeldía es una cuestión de puro derecho: el hecho está probado en la primera hoja del dictamen de Ramos Padilla, es la declaración de rebeldía, hecho que también admitió el propio Stornelli.

El otro escenario es el Congreso. Allí se esperan novedades esta semana. La oposición intenta constituir la Comisión Bicameral de seguimiento y control al Ministerio Público fiscal, creada originalmente para perseguir a Alejandra Gils Carbó y cuya única agenda ahora es pedirle cuentas al jefe de los fiscales interino, Eduardo Casal y al protegido Stornelli. La Bicameral debió haber sido constituida en diciembre de 2017. Primero hubo una discusión por la presidencia. El oficialismo quiso poner a Elisa Carrió. La oposición no aceptó. Luego oficialismo y oposición consensuaron a Silvia Lopesnnato del PRO, recordada por su posición a favor de la despenalización del aborto. El miércoles cuando los acuerdos preveían finalmente el comienzo de la reunión para formar la comisión, Lopesnnato renunció. Y en el Congreso hablan de una interna dentro del espacio político del gobierno: nadie quiere pagar el costo de pegarse a una silla cuya única función es convocar a Casal y a Stornelli. En ese contexto, el oficialismo hizo una nueva jugada también destinada a ganar tiempo. Reemplazó a Lopesnnato en la lista por el nombre de Graciela Ocaña, amiga del fiscal Stornelli y nombrada por el propio juez de Dolores durante su intervención en el Congreso.

 

 

«Casal debería haber iniciado actuaciones en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público por la conducta de Stornelli como imputado en una causa», dice Vanesa Siley a este Cohete. Siley es una de las motorizadoras de la Bicameral. Y de los pedidos y conferencias de prensa en los que una y otra vez la oposición exige la convocatoria de Casal en el Congreso. «Stornelli está Imputado, fue llamado tres veces a indagatoria y como no concurrió finamente se lo declaró en rebeldía. Esto en cabeza de cualquier ciudadano es grave, imaginate en cabeza de un fiscal federal que es quien debe hacer garantizar la legalidad de un proceso. Y está incumpliéndolo. Y más todavía en cabeza de quién es el jefe de todos los fiscales que es Casal».

También ella compara el escenario Conte Grand. Y dice: «Conte Grand inició la suspensión cuando Bidone era simplemente imputado porque se entiende que con semejante gravedad institucional, el titular de una fiscalía no puede seguir actuando en una causa. ¡Y estamos hablando de Conte Grand! Que es de Vidal, no es un kirchnerista, ni muy cerca. Eso mismo debería haber hecho Casal. Y no hizo nada. La única actuación que hizo fue irregular: designar a los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio. Muchos se encontraban caducados. Y aunque los mandatos continúan, tienen que volver a ser designados. Y se designan por sorteo. El sorteo tiene requisitos de publicidad y transparencia. ¿Qué hizo Casal? No publicó el sorteo, solo lo realizó. Sobre esto también queremos preguntarle».

La Bicameral también tiene otro tema en agenda. Según la Ley del arrepentido es la encargada de controlar si las declaraciones se realizan de acuerdo a derecho, es decir, entre otras cosas, si cuentan con soporte técnico. Y están filmadas. Y a eso aún nadie tiene acceso. Allí están todos los arrepentidos de la causa de las fotocopias de los cuadernos que no fueron filmados y si lo fueron nadie tuvo acceso aún a esas filmaciones. Ese también es un tema de la Bicameral. Y la razón por la que el gobierno finalmente no termine de cerrar los pactos para hacerla arrancar.

 

 

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2 Comentarios
  1. Claudio A. Rapoport dice

    Excelente investigación.
    Es la pata judicial mafiosa de este desgobierno mafioso.
    Y pensar que todavía existen más jueces que quiere nombrar el ejecutivo.
    Este desgobierno quiere rodearse de jueces amigos para cuando termine en diciembre esta pesadilla, y tengan que comenzar a presentarse en tribunales para dar cuenta de todas las tropelías realizadas en estos funestos últimos cuatro años.
    Esperemos que todos esos jueces sean convenientemente invitados a irse a sus casas.

  2. Lujan dice

    Casal, Bonadío, Extornelli…, que culebrón, cuanto daño violando el Estado de Derecho en Argentina. Tarea harto difícil coma determinante en lograrlo será desarmar la estructura judicial imperante.

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