“No nos une el amor sino el espanto”, escribió Jorge Luis Borges en el poema “Buenos Aires” de su libro El otro, el mismo [1]. La célebre frase se aplica a la sorprendente coincidencia en relación con la política de defensa del gobierno de Milei entre el peronismo —cuyos cuadros en materia de Defensa vienen criticando consistentemente la gestión del ministro Petri desde principios de 2024— y el lópezmurphismo —que recién a estas alturas detecta la desastrosa performance del titular de esa cartera—.
Preocupado por la eventual sangría de sufragios por derecha, el ministro cosplayer ordenó responder las críticas que le propinó un general retirado, que pasó de las botas a la búsqueda de votos en la Ciudad de Buenos Aires. El problema es que, para el descargo, Petri eligió a un antiguo burócrata de la Armada —el actual encargado de los asuntos anglo-norteamericanos de su dependencia— con las mismas dotes actorales que Sofía Jujuy Jiménez. Aquí podés ver el casting de la modelo y aquí el del funcionario.
Por fuera de estas reyertas de nicho que abarcan desde la extrema derecha hasta la derecha, conviene detenerse en lo importante y repasar los acontecimientos recientes en la cartera castrense. Así se podrá apreciar la crisis sin precedentes que atraviesa el sector en todas sus dimensiones, lo que comprende desde las cuestiones relativas al bienestar del personal de las Fuerzas Armadas hasta los aspectos estratégico-militares de la defensa.
Crisis del IOSFA, bajas masivas y negocios inmobiliarios
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) atraviesa una alarmante crisis que ha llevado a su colapso financiero y operativo, dejando a miles de afiliados —militares activos, retirados, voluntarios y sus familias— sin cobertura médica esencial. Desde septiembre, los principales prestadores de diagnóstico por imágenes, cardiología, pediatría y otras especialidades en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fueron dados de baja de la cartilla oficial, entre ellos instituciones como Diagnóstico Médico SA, Deragopyan SA y la Clínica de los Virreyes. Esta situación contrasta drásticamente con la que presentaba la obra social en diciembre de 2023, cuando sus finanzas estaban en orden. Actualmente, un informe interno del IOSFA revela un déficit mensual de 29.000 millones de pesos y una deuda acumulada de casi 239.000 millones de pesos.
La crisis ha derivado en la suspensión de tratamientos esenciales y la falta de entrega de medicamentos. Numerosas denuncias señalan que la obra social no está garantizando la entrega de medicación oncológica ni para personas con HIV, como ha señalado la Fundación Huésped. La lista de afectados incluye también a pacientes trasplantados con tratamientos interrumpidos, recién nacidos sin leche materno-infantil y personas con patologías crónicas severas, incluidos los insulinodependientes. A pesar de que los afiliados aportan el 6% de su salario, se encuentran a merced de hospitales militares colapsados, carentes de insumos y con profesionales afectados por los bajos salarios.
En este contexto crítico, se han revelado negocios polémicos que profundizan las dudas sobre la gestión. El ministro Petri ha sido señalado por haber firmado contratos de 25.000 millones de pesos cada seis meses con la droguería Suizo Argentina, la empresa vinculada al escándalo de coimas del “caso Spagnuolo”, que involucra de manera directa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, el Ministerio de Defensa solicitó un préstamo de 40.000 millones de pesos al Instituto de Ayuda Financiera (IAF), que, aunque anunciado para mejoras de la obra social, presuntamente habría sido utilizado para pagar deudas, y fue devuelto en cuotas mensuales por los propios afiliados con un interés del 52%.
En paralelo, en las últimas semanas se dio a conocer otra polémica decisión: el establecimiento de una nueva cuota adicional del 2% —fijada en un reciente Convenio Marco de Colaboración entre el IOSFA, el Estado Mayor Conjunto (EMCO) y las Fuerzas Armadas— sobre la masa salarial del personal militar en actividad y los soldados voluntarios. La medida ha sido recibida como un “nuevo ajuste” y ha generado malestar, con militares acusando a la gestión de “meter mano en los fondos de las fuerzas para cubrir su propio fracaso”.
Por otra parte, a pesar de que el ministro Petri cree que su candidatura a diputado nacional por Mendoza es un reconocimiento al “resultado de una gestión que, junto al Presidente Javier Milei, reivindicó a nuestras Fuerzas Armadas”, los hombres y mujeres de armas creen otra cosa. Como se suele decir, dato mata relato: en el actual gobierno, las Fuerzas Armadas han experimentado un impactante número de bajas voluntarias, superando los 15.000 efectivos desde el 10 de diciembre de 2023. Esta cifra surge del Informe 144 de la Jefatura de Gabinete, que permite apreciar la convergencia de razones económico-salariales y de desarrollo profesional para explicar esta sangría de personal. La salida de uniformados con años de servicio, experiencia y formación especializada tiene un impacto inmediato en la pérdida de capacidades de las Fuerzas Armadas.
Petri también ha señalado que “abrazar, respaldar y poner en valor a nuestras Fuerzas Armadas es una responsabilidad que asumimos con orgullo. Para eso también es necesario mirar hacia atrás, reivindicar ese pasado de gloria y mantener viva su historia”. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, el pasado 29 de agosto se dio a conocer la convocatoria a subasta del histórico Regimiento de Patricios, autorizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) bajo la resolución 39/2025. Esta decisión ha generado fuertes críticas, incluso la de Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a Vicepresidente de Mauricio Macri y uno de los diputados clave para que Milei lograra la aprobación de la Ley Bases, que le otorgó facultades extraordinarias para aplicar el ajuste y la “motosierra” a los sectores populares.
El legislador banfileño calificó la decisión como una “traición a la Patria” y una afrenta al legado nacional. Debe recordarse que el Regimiento de Infantería 1 “Los Patricios”—que opera en el predio a subastar, de más de 42.000 m², con un precio base de 82 millones de dólares— posee una valía histórica innegable: fue creado como la “Legión Patricia” en 1806, reclutada entre los habitantes de Buenos Aires. Su bautismo de fuego fue el 4 de julio de 1807, defendiendo la ciudad de la segunda invasión británica. Desempeñó un papel crucial en la Revolución de Mayo de 1810 y sus batallones se convirtieron en las primeras unidades del Ejército Argentino. A lo largo de su historia, participó en conflictos fundamentales como la Guerra de Independencia Argentina, la Guerra del Paraguay y la Guerra del Atlántico Sur.
Tres días antes de la resolución de la AABE, el presidente Milei visitó Patricios, donde —a instancias del ministro Petri y del jefe de Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Presti— se le rindieron honores en el histórico Salón Saavedra y se le otorgó la galera del uniforme histórico de la unidad. El chiste, a diferencia del Regimiento, no tiene remate. Sólo se ríen los Eduardos (Constanti y Elsztain) de la vida.
Del Caribe Sur a Tolhuin
Hemos precisado en reiteradas ocasiones las características de la política de “desnacionalización estratégica” que orienta al dúo Milei-Petri en materia de defensa nacional. Se trata de una política que procura:
- Cumplir con el “mandato” estadounidense de convertir a las Fuerzas Armadas argentinas en una Guardia Nacional con funciones antidrogas y antiterroristas, lo que diferentes autores han caracterizado como Crime Fighters o Small Armed Forces;
- Alterar el “consenso básico” de separación entre funciones militares y policiales, es decir, poner en discusión el andamiaje jurídico compuesto por las leyes de Defensa Nacional (1988), Seguridad Interior (1992) e Inteligencia Nacional (2001, reformada en 2015), contribuyendo así a la desprofesionalización castrense, en detrimento de su misión primaria y esencial: la preparación para la guerra interestatal; y
- Subordinarse de modo irrestricto a la política exterior y de seguridad internacional de los Estados Unidos en su puja global con la República Popular China, con efectos perniciosos para los propios intereses en materia de defensa nacional.
Con este telón conceptual de fondo, el gobierno de Milei se posiciona como una “correa de transmisión”, cuyas decisiones se adoptan en la Casa Blanca y en el Pentágono. Carente de la capacidad para visualizar, de modo sopesado, dónde reside el interés nacional, se excede diariamente en sus esfuerzos ímprobos por complacer a Washington. En las últimas dos semanas, la administración Milei ha dado muestras de que su subordinación estratégica se adapta a todos los climas, desde el cálido Caribe Sur hasta el inclemente frío de Tierra del Fuego.
Por un lado, el gobierno incorporó el 26 de agosto al denominado “Cártel de los Soles”, una organización delictiva transnacional de supuesto origen venezolano, en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Al tomar esta decisión, Buenos Aires se encolumna una vez más con la política de seguridad estadounidense y sigue la senda marcada por Trump, quien exactamente un mes antes había designado al “Cártel de los Soles” como grupo terrorista.
Excelente noticia para Federico Sturzenegger. Para ponerlo en la jerga de negocios de un egresado del MIT como El Coloso, con este nivel de offshore outsourcing [2] se acerca el momento de barrer de un plumazo las instancias del Estado argentino que deberían encargarse del análisis y la prospectiva en materia de inteligencia criminal. Al respecto, cabe preguntarse: ¿habrá nuevos gemidos del Topo o por el lado de la inteligencia no hay motosierra que aplique?
La segunda muestra de subordinación se conoció el 2 de septiembre, cuando tomó estado público la presión del jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, para reactivar el radar de alta potencia de Leolabs en Tolhuin (Tierra del Fuego), operado por capitales británicos e irlandeses; y para establecer una base para submarinos nucleares en Ushuaia, lo que expone, una vez más, la peligrosa injerencia de Washington en la soberanía nacional. En este marco, resulta particularmente crítico que la empresa haya firmado un acuerdo estratégico con el Ministerio de Defensa británico para el acceso a la información de los radares, máxime teniendo en cuenta el enclave colonial desplegado en Malvinas y la base militar operativa que Londres tiene allí.
La preocupación estadounidense se enmarca, asimismo, en una estrategia más amplia de la administración Trump para fortalecer su presencia geopolítica en la región, procurando limitar la “penetración” de China. El temor del gobierno nacional a que una negativa a estas demandas pueda generar obstáculos en la adquisición de equipamiento militar, como los vehículos blindados Stryker, revela una dependencia total que socava nuestra autonomía estratégica y cualquier capacidad para defender los intereses soberanos en el Atlántico Sur y la Antártida.
La Armada Brancaleone y la DPDN
Sin el gran Mario Monicelli como director ni actores de la talla de Vittorio Gassman o Gian Maria Volonté, la Armada Brancaleone que conduce Luis Petri en el Ministerio de Defensa intenta, desde hace más de 20 meses, redactar su Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), el documento estratégico del sector que explicita los lineamientos centrales de la política de defensa y de la política militar.
Esta dilación representa una mora significativa respecto de lo prescrito por el decreto 1729/2007, que establece los plazos y documentos esperados del “Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional”(CPDN). Se trata del proceso integral para la planificación estratégica de la defensa, que debe iniciarse con la emisión de una DPDN cuatrienal emitida por el Presidente. A partir de esta directiva, el Estado Mayor Conjunto (EMCO) formula el planeamiento estratégico militar a corto, mediano y largo plazo, incluyendo la elaboración de documentos como la Apreciación y Resolución Estratégica Militar (AREMIL) y la Directiva Estratégica Militar (DEMIL), entre otros. Finalmente, el planeamiento concluye en la aprobación por parte del nivel político del Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL). Este proceso, que fue cumplido de manera impecable en el periodo 2019-2023 durante las gestiones ministeriales de Agustín Rossi y Jorge Taiana, se encuentra paralizado.
Según la información recabada para este artículo, diversas razones abonan este inexplicable retraso. A las conocidas dificultades de los secretarios que acompañan a Petri para unir sujeto y predicado —lo que en tiempos de Inteligencia Artificial (IA) podría ser fácilmente resuelto—, se añaden las rencillas internas y la controvertida decisión del ministro, exasperado por la pachorra de sus colaboradores, de enviar el texto para su edición final al Rector de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Una vez más, no se trató de una buena decisión del ministro mendocino.
El rector de la UNDEF es un antropólogo con aportes al campo disciplinar en temáticas tan relevantes como “la posverdad como registro estratégico en el campo de lo cognitivo”. Con antecedentes como este, no es difícil imaginar el nivel de encallamiento en el que se encuentra la Directiva Estratégica que Petri le delegó. Tampoco sus conocimientos sobre la “construcción y semántica de la categoría ‘indio-blanco’ en la narrativa criolla de la frontera chaqueña” resultan muy útiles para aclararlas sospechas que pesan sobre la UNDEF, dado que, a pesar de recibir un presupuesto millonario, su gestión atraviesa acusaciones de desmanejos financieros y corrupción, con impacto directo en los salarios de los docentes —lo que incluye una avalancha de renuncias en el tradicional Instituto Dámaso Centeno— y la viabilidad de las escuelas militares. Adicionalmente, diversos medios han señalado que la UNDEF deriva recursos de la universidad para financiar la campaña política de Petri en Mendoza, en detrimento del sistema educativo castrense.
No obstante, cuando finalmente la Armada Brancaleone logre desencallar a su buque en misión literaria, nada nuevo habrá que nos sorprenda en el texto de la DPDN: alineamiento irrestricto a Washington, policialización, desprofesionalización y condescendencia con el Reino Unido en el Atlántico Sur. Se trata de los intereses nacionales de los países a los que responden los funcionarios de turno; y cuyos think tanks los cobijarán en Washington o en Londres [3] —en recompensa por su abnegada concesión de soberanía durante cuatro años— cuando termine el experimento de los hermanos Milei.
Rattenbach en el estribo
El comentario del estribo, como solemos hacer en este espacio cuando hablamos de temas castrenses, se lo reservamos a algún pensador conservador o a algún militar con inquietudes académico-intelectuales. Con ello, buscamos evitar las críticas que podrían poner en lo ideológico la objeción a nuestros planteos.
Nadie le exige a Petri, ni a los secretarios de su Armada Brancaleone, la “osadía” de tomar como referencia las conducciones ministeriales de Agustín Rossi o Nilda Garré en materia de planeamiento estratégico de la defensa. Con solo considerar los aportes que hace 66 años realizaba el teniente general (R) Benjamín Rattenbach [4], quien nada tenía que ver con el peronismo —al que incluso había proscrito en 1963 en su condición de secretario de Guerra del gobierno de José María Guido—, la gestión Petri haría una notable contribución a la redacción de una Directiva de Defensa acorde a las necesidades del país:
“Un factor que influye en la profesión militar es la situación política internacional. Dado el carácter de ciertos pactos y alianzas mundiales y continentales, que ‘internacionalizan’, por decir así, a la defensa nacional, quitándole el espíritu básico de la lucha por la patria, la fe del oficial y suboficial en su propia misión se ve conmovida profundamente (…) Por eso, aun cuando los países formen parte de bloques y alianzas militares continentales y extracontinentales, nunca deben anteponer tales ideales a los de la defensa nacional propia” [5].
Es momento de revisar la combinación de “occidentalización dogmática” y “desnacionalización estratégica” a la que nos condujo un ministerio de Defensa pleno de improvisación. Nunca es tarde si la dicha llega.
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA). Ex Director Nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa.
[1] Borges, J. L. (1974). Obras Completas 1923-1972. Emecé, p. 947.
[2] En la jerga empresarial, este proceso implica delegar actividades o funciones a un proveedor ubicado en un país extranjero, a menudo para aprovechar costos laborales más bajos.
[3] Un caso destacado es el del Royal United Services Institute (RUSI), think tank que en su página institucional reconoce que su “enfoque principal se centra en la defensa, la seguridad y los asuntos internacionales del Reino Unido, y en cómo mejorar la seguridad del Reino Unido”. Allí reportan, por ejemplo, el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa y el Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad.
[4] Rattenbach es especialmente conocido por haber encabezado la Comisión de Análisis y Evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico-militares en el conflicto armado del Atlántico Sur (1982), instancia que produjo un informe al que se popularizó como “Informe Rattenbach”, desclasificado por Cristina Fernández a través del decreto 200/2012.
[5] Rattenbach, B. (1959). Sociología Militar (una contribución a su estudio). Buenos Aires: Biblioteca del Oficial del Círculo Militar Argentino, p. 77.
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