¿El modelo es la inflación?

 

El discurso público de Alberto Fernández, Martín Guzmán y del propio staff del FMI es que con el acuerdo ratificado en las últimas horas se permitirá anclar expectativas para reducir la inflación. ¿Será realmente así? “El modelo sigue siendo en base a una inflación alta. El acuerdo con el FMI no cambia para nada esta lógica. El tema es si la población podrá bancarse una inflación del 50% durante dos años más”, adelanta Martín Burgos, economista investigador del Centro Cultural de la Cooperación y ex jefe de gabinete de Haroldo Montagú, quien fuera el primer secretario de Política económica en la gestión Guzmán.

La inflación de febrero se ubicará cerca del 4%, según reconocen consultoras como EcoGo, dirigida por Marina Dal Poggetto o la propia Secretaría de Comercio, a cargo de Roberto Feletti. En sus relevamientos habituales por los grandes supermercados del AMBA, registraron una suba de precios del 3,1% pero extendido a otras bocas de expendio, se ubicaría más cerca de los 4 puntos. Los alimentos siguen liderando la escala de precios. Y esto pega de lleno en los niveles de pobreza, que en el país se miden a través de la Canasta Básica Alimenticia.

A su vez, lo acordado con el FMI es que los servicios de luz y agua se ajusten, como parte del esquema de segmentación, en un 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). En diciembre del año pasado, ese indicador fue del 56,5%, según el INDEC. En el documento enviado al Congreso, el Fondo habla de un CVS del 53,5%. Por ende, las tarifas subirían este año, en promedio para el AMBA, entre un 43 y 45%.

El piso de la inflación para este 2022 parece ubicarse en los 50 puntos. Otra vez.

Tanto el Gobierno nacional como el FMI necesitan de una alta inflación para que no caigan los niveles de recaudación dentro del actual esquema tributario. El acuerdo solo aporta la novedad del revalúo inmobiliario, que podría incrementar los ingresos en un 0,1% del PBI. El Aporte Solidario a las Grandes Fortunas permitió recursos extras equivalentes al 0,5% del PBI. Pero se sabe, este año no habrá nada por el estilo.

“Las principales potencias del mundo hablan de crisis alimentaria, estamos ante una situación realmente tensa a nivel mundial. El precio de la tonelada de trigo pasó de 280 a 410 (dólares), por este motivo herramientas como el fideicomiso del trigo y el maíz colaboran en garantizar abastecimiento y precio para el mercado y el consumo hogareño”, sostuvo Feletti durante un reportaje en el programa Brotes Verdes.

¿Alcanzará el fideicomiso como instrumento que permita contener la escalada de precios en los alimentos? Desde el Ministerio de Agricultura le rehúyen a la palabra retenciones y prefieren la autorregulación del mercado. Con una soja que cotiza 623 dólares la tonelada, no son pocas las voces que vuelven a pensar en la necesidad de un esquema de retenciones móviles. Pero se sabe, esto tampoco sucederá.

En su discurso en la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández ponderó al proyecto agroindustrial elaborado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Sostuvo que la iniciativa podría generar 700.000 puestos de trabajo y 100.000 millones de dólares de exportaciones.

Los números que exhibió el Presidente no corresponden al texto enviado al Congreso para su tratamiento en las fallidas sesiones extraordinarias. Sino que forman parte de la propuesta original confeccionada por el CAA que incluye estabilidad fiscal por 10 años y la eliminación de retenciones, incluida la soja. Lo que sí se sabe es que tanto Fernández como el FMI coinciden en seguir reduciendo las alícuotas de los derechos de exportación (un instrumento de política económica).

¿2+2 son 4?

Si dos más dos son cuatro, todo parece indicar que este memorándum solo cierra con una alta inflación.

Además del cogobierno explícito, el acuerdo propone un programa que busca elevar las tasas de interés, situación que podría impactar en mayores costos para la producción. Las tarifas aumentarán en función del objetivo de reducir los subsidios un 0,6% el PBI. Todo impactará en la evolución de los precios, sumado a la aceleración de los precios internacionales de los alimentos y de la energía.

¿Cuánto incidirá el aumento de las tarifas de los servicios públicos de luz y gas en el AMBA en la inflación general? Para el investigador Nicolás Zeolla, de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), los incrementos previstos en el acuerdo “te ponen una inflación del 6% cada 30 días, en meses”. Y ni hablar de lo que pueda suceder con el precio del GNL, que también se disparó como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, que podría modificar las metas comprometidas, sobre todo las vinculadas a los subsidios.

“En el acuerdo no hay ninguna señal a la baja para la inflación, ni ancla cambiaria ni ancla tarifaria como en 2021 y con salarios que buscan ganarles a los precios. Es decir, no se ven razones para que la inflación baje a partir del acuerdo con una inercia tan consolidada”, indicó Nicolás Pertierra, economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

Para el CESO, la inflación de febrero será de 3,8% (3,3% de supermercados más un 0,5% del rubro combustibles). Según sus registros, los alimentos frescos tuvieron una suba del 4,5%, la carne registró una variación del 5,6% y los huevos saltaron un 23%.

Materias primas por las nubes

El viernes, la cotización del trigo llegó a los 492 dólares la tonelada en el Mercado de Chicago, mientras que el maíz tocó los 307 dólares. La harina de soja cotizó 517 dólares la tonelada y el aceite a base de esta oleaginosa, 1726 dólares.

Para los funcionarios del Ministerio de Agricultura, la mejor manera de controlar algunos precios es a través de la autorregulación del sector privado. Decirlo abiertamente es parte de una lógica general de las principales espadas del Poder Ejecutivo que buscar evitar una confrontación con los actores del poder real y grandes empresas que concentran la producción de alimentos. En este escenario, lo menos malo sería el Fideicomiso del Trigo y maíz, que copia al Fideicomiso del aceite.

El fideicomiso de trigo asegurará 800 mil toneladas para estabilizar el precio de la harina 000 en góndola y el paquete de fideos secos incluidos en el Programa +Precios Cuidados. En febrero, la harina subió un 6,4% según el relevamiento de Comercio interior y las pastas, otro 3%. Este es el límite de la política de control de precios pautada con el FMI. Necesaria, pero insuficiente.

Cuando Fernández introdujo en su discurso de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley agroindustrial, citó los datos del texto original que había sido presentado en 2020. En ese documento, el Consejo Agroindustrial, integrado por las principales cerealeras exportadoras y otras 53 cámaras patronales, proponía la “eliminación de derechos de exportación para todas las economías regionales y la reducción gradual de impuestos a las exportaciones de productos agroindustriales y de grandes cultivos con miras a su eliminación (10 años)”. Sobre la base de estos beneficios es que calcularon la posible creación de 700.000 puestos de trabajo y 100.000 millones de exportaciones, números que fueron ratificados por Fernández.

Hay quienes insisten, aun dentro del Gobierno y fuerzas aliadas del Frente de Todos, en la necesidad de profundizar el debate sobre cómo captar parte de la renta extraordinaria de los sectores concentrados y grandes productores de materias primas para su redistribución hacia toda la sociedad. Mayor redistribución ante una potencial mayor recaudación. ¿Si no es a través de un impuesto a las grandes fortunas, o retenciones cobradas exclusivamente a los exportadores, qué otras alternativas existirían?

De esto casi no se habla públicamente. “No da la correlación de fuerzas”, respondió Guzmán durante un reportaje en El Destape.

¿Quién paga la cuenta?

Dentro del acuerdo con el Fondo se sostiene que habrá una mayor recaudación a partir de una mejora en la gestión tributaria, que podría aportar un 0,3% del PBI. Pero los grandes huecos del fisco están en la evasión de las grandes corporaciones, en la planificación fiscal nociva, y en la fuga de capitales. ¿Se podrá saber en algún momento quiénes fueron lo que usufructuaron el dinero del préstamo stand by del 2018 para dolarizar sus excedentes y sacar la plata fuera del país?

La jueza María Eugenia Capuchetti dio un primer paso al levantar el secreto bancario y solicitarle al Banco Central que identifique a las personas jurídicas y físicas que aparecen en su informe de 2020. Nombres que fueron revelados por El Cohete. Pero también a todas las empresas y bancos que realizaron transferencias al exterior. Este no es un dato menor.

En noviembre del año pasado, Macri sostuvo en un reportaje para CNN que la plata del Fondo había sido destinada a los bancos comerciales (sic) que querían irse del país. La confesión de un desfalco. Esos bancos fueron el vehículo para los grandes fondos de inversión, como BlackRock, Pimpco, Templeton, entre otros, que jugaron a la timba financiera. Ahora el Banco Central deberá informarle a Capuchetti todos y cada uno de los movimientos de las personas físicas y jurídicas, sobre todos los principales 100 agentes, que realizaron compra de dólares en el período 2015-2019.

Tanto el fiscal Franco Picardi como la jueza no tienen configurado aun si existió el delito de administración fraudulenta y/o malversación de fondos. Como mínimo, les falta la prueba con la identificación de todos los que sacaron divisas del país para visualizar la película completa del desfalco ocurrido durante la Alianza Cambiemos.

De producirse esta información, sumada a la que debe aportar la Caja Nacional de Valores a partir del levantamiento del secreto bursátil, podría surgir un potencial universo de contribuyentes a los cuales cobrarles un nuevo impuesto a las grandes fortunas.

Aunque habría que construir la correlación de fuerzas para lograrlo.

 

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