Un modo velado en que las mayorías son forzadas a pagar el ciclismo financiero y la fuga de capitales de las minorías se configura con el derrame de ajuste en las provincias, estrechando sobre sus territorios un intencional nudo gordiano atado en torno a
- su responsabilidad de dar respuesta a necesidades críticas de las poblaciones, tanto las que surgen por ser las instancias gubernamentales más próximas de reclamo, como las comprendidas por funciones –como la salud y la educación– que cada ciclo neoliberal descentralizó sin recursos acordes;
- sus obligaciones en materia de deuda propia, con saltos y bajas que guardan correspondencia con los ciclos nacionales; y
- la dependencia de recursos girados por el Estado central, menguantes con cada turno neoliberal.
Los últimos dos aspectos condicionan al primero, en particular en las provincias con menores niveles de desarrollo y cuantía de recursos para afrontar obligaciones sociales y crediticias.
Desde diciembre de 2023 se añade a la tónica histórica la singularidad de que el oficialismo presidencial no controla formalmente ningún Estado subnacional. De ese modo, queda liberado de condicionamientos políticos a la hora de apretar el nudo para que el ministro Luis Caputo disponga el pago de las deudas que contrajo entre 2015 y 2018 o los nuevos endeudamientos que alegran su presente, en ambos casos para solventar el ciclismo y la fuga. Esa es una de las grandes novedades que el arribo de Javier Milei a la Presidencia aportó al cumplirse cuatro décadas de democracia ininterrumpida. El menemismo y Cambiemos no tuvieron esa suerte.
Las necesidades provinciales aparecen, en ese marco actual, como una oportunidad de presión política de un gobierno sin partido sobre administraciones locales de colores ajenos y necesitadas de recursos. Durante el primer año de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, el recorte de transferencias de la Nación a las provincias explicó casi el 10% de la retracción total del llamado gasto público.
Como rehenes de esa opresión líquida aparecen las poblaciones, que ven resentidas sus ya precarias condiciones de vida. Por cercanía geográfica, municipios y gobernaciones son las instancias de representación en que impactan los reclamos.
Salas de urgencias
Entre las provincias, el panorama es diverso, aunque ofrece un rasgo común: el cumplimiento del llamado principio de equiparación, que supone que el grado de desarrollo de un territorio tiende a ser similar en cualquiera de los ítems en que se explore. Por dinámica distributiva y características geográficas, las problemáticas tienden a agruparse por regiones.
Las jurisdicciones del Noroeste y Noreste del país aparecen como las más relegadas y, al mismo tiempo, las de mayor dependencia de los giros nacionales: 74% de sus ingresos provienen de esa fuente, 24 puntos por encima del promedio general del país.
De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, de la decena de provincias que componen el Norte Grande,
- seis (Formosa, La Rioja, Chaco, Catamarca, Corrientes y Jujuy) se ubican entre las diez con peores salarios, menor producto bruto per cápita y mayor dependencia de recursos nacionales;
- todas, excepto Tucumán, se encuentran por encima del porcentual nacional de población que depende del sistema público para atender su salud;
- ninguna alcanza el porcentaje de utilización de gas de red del total del país; y
- con exclusión de La Rioja, todas se ubican por encima del porcentual nacional de habitantes que nunca tuvieron escolaridad.
Esas variables ilustran un escenario que convierte a las regiones del Norte Grande, que para 2022 sumaban 10.087.709 habitantes, en las más necesitadas de respuestas. De no corregirse las asimetrías, una mayor proporción de argentinos y argentinas padecerá tales urgencias en el futuro, porque la caída general en la tasa de natalidad registró allí un impacto levemente menor. Nueve de las diez provincias que integran el Norte Grande conformaron la decena de jurisdicciones subnacionales con mayor tasa de fecundidad en el país del último censo.
Dónde poner el interés
Un estudio recientemente publicado por un grupo de economistas del Centro de Formación y Capacitación en Administración Pública de Chaco da cuenta de la incidencia de la problemática del endeudamiento provincial en la capacidad de los distritos norteños para cumplir con las demandas de sus pueblos.
El trabajo de Afra Brunetto, Gregorio Miranda y Santiago Meza incluye un cuadro comparativo entre el gasto destinado al pago de intereses de deuda y la inversión en salud, educación, seguridad social y obra pública, entre otros servicios a la comunidad. En la mayoría de las provincias resulta coincidente el descenso de la atención de necesidades de la población, ante el incremento de los pagos de intereses del endeudamiento.
El estudio de Brunetto, Miranda y Meza expone que los ciclos de deuda en el Norte argentino muestran coincidencias respecto de los del conjunto del país, conjugados con singularidades propias de las jurisdicciones y sus territorios.
Como ocurrió a nivel nacional, las provincias norteñas registraron fuertes incrementos en sus deudas durante el menemismo y, tras una mejora en la sostenibilidad en el periodo posterior a la crisis de 2001, repitieron el salto con el arribo presidencial de Mauricio Macri en 2015. Dos grandes diferencias entre los ciclos neoliberales y el interregno del kirchnerismo fueron el carácter de los acreedores, con la Nación absorbiendo deudas provinciales gracias a una reestructuración coordinada desde 2002, y la nacionalidad de la moneda en que se contrajeron las obligaciones.
La toma de deuda en dólares dejó a las provincias a merced de saltos en la valuación del peso, en que se computan sus ingresos propios o los provenientes de la coparticipación federal u otras transferencias del gobierno central.
El factor se volvió evidente cuando once de las catorce provincias que habían tomado deuda en el ciclo macrista debieron reestructurarla, por carecer de posibilidades de enfrentar cuantías y plazos pactados. En todos los casos, la mayor parte de su endeudamiento se contaba en moneda extranjera, por lo que experimentó un salto con las devaluaciones del periodo presidencial de Macri.
Cuatro de las once jurisdicciones en reestructuración pertenecían a la decena que conforma el Norte Grande. La Rioja era la que padecía mayor cantidad de deuda bajo nominación extranjera, con 89% para 2020. Salta registraba el 76%, Jujuy el 69% y Chaco el 61%. Tanto la administración riojana como la salteña debieron recurrir a la reestructuración pese a contar con resultados fiscales primarios superavitarios, lo que diluye la centralidad del clásico razonamiento contable en la problemática del endeudamiento.
El demonizado gobierno formoseño, en cambio, mantuvo la tendencia decreciente de sus niveles de deuda incluso bajo el festín nacional de Cambiemos. El dato no es menor, si se tienen en cuenta las necesidades de su población y la escasa autonomía tributaria con que cuenta, ubicada invariablemente en la cola de la tabla nacional de ingresos propios en relación a los recursos totales.
Tal vez a eso se deban los resultados de las elecciones provinciales del domingo pasado, con un nivel de participación alto para la Argentina de 2025 y un respaldo amplio al oficialismo. El electorado hizo caso omiso a los denuestos del frente opositor y el vicerrector de la atípica Universidad Nacional de Formosa, Emilio Grippaldi, no consiguió despertar leones más allá del 3%.
La ñata contra el vidrio
Separados por veinte años, ambos saltos de los endeudamientos provinciales –tanto en el norte, como en el conjunto– estuvieron vinculados a programas económicos de orden nacional, que necesitaban del ingreso de dólares para sostener la Convertibilidad en los ‘90 o el ciclismo financiero y su correlativa fuga de capitales en el periodo macrista.
El empuje a la toma de deuda pasó por la fibra más sensible: el recorte de recursos de origen nacional para hacer frente a las obligaciones que cada ciclo neoliberal descentralizó sin traspaso equivalente de fondos. Desde la dictadura de 1955, el Estado nacional revirtió el camino iniciado en su formación durante el siglo anterior y comenzó a delegar en las jurisdicciones subnacionales las responsabilidades en materia de salud, educación y asistencia social, entre otras.
De ese modo, la dependencia de las provincias de los recursos nacionales no explica por sí misma sus endeudamientos, pero sí resulta un punto neurálgico sobre el que el programa económico presidencial puede pivotear para empujar a la toma de deuda y el ajuste de la inversión pública en el bienestar de la población.
Tres semanas antes del comienzo de este invierno, que castigó con una ola polar a buena parte del país, el Presidente Milei ofreció un ejemplo inmejorable de la vieja escuela: el Estado nacional delegó en las provincias la asistencia a personas en situación de calle o en riesgo de caer en ella, y restringió al mínimo sus propias responsabilidades.
En el eterno retorno argentino, siempre se trata de pasar el invierno.
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