EL PATÉTICO RUGIDO DE LOS PUMAS

La Alianza del Pacífico: ¿cómo estamos hoy?

 

Con muchas penas y pocas glorias, los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, Perú y México) cumplieron una década el pasado 28 de abril, el mismo día en que se inició el paro nacional en Colombia que ha dejado más de 80 muertes y centenares de heridos por la brutal represión denunciada, entre otros, por Naciones Unidas, la Unión Europea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta la OEA.

El aniversario de esta Alianza tuvo lugar un mes después de que Chile eligiera a los delegados de la Asamblea Constituyente que redactarán una nueva Constitución, y seis semanas antes de que Perú eligiera como Presidente, en el año de su bicentenario, al maestro rural Pedro Castillo, invitado por el partido de izquierda, Perú Libre.

Los otrora “pumas” de la región, adalides del modelo económico neoliberal, hoy rugen y braman por las secuelas de la extrema desigualdad derivada de este modelo que dio lugar a la modernización y crecimiento de algunos sectores económicos, pero trajeron aparejada una enorme exclusión social.

 

 

Nacida para dividir

En 2011 Lima fue la sede en la que los entonces Presidentes de México, Chile, Colombia y Perú formaron dicha Alianza, como una iniciativa modelo de integración económica, política y de cooperación en América Latina. Entonces gozaban de buena salud económica, gracias al boom de los precios de las materias primas. Los cuatro países tenían Tratados de Libre Comercio (TLC) con varios países, además de Estados Unidos, requisito para formar parte de este selecto grupo al que el ex Presidente Mauricio Macri soñaba con pertenecer.

Estos países ofrecían un mercado abierto, estabilidad macroeconómica, amplios derechos a la propiedad intelectual –mayores a los exigidos por la Organización Mundial de Comercio– ninguna restricción a las inversiones extranjeras directas –ni siquiera a los capitales financieros– y eran consideradas economías emprendedoras que actuarían como puerta de entrada a Asia. Entre otros, este liberalismo impedía a los gobiernos exigir requisitos de desempeño a los inversionistas. Por ejemplo, no podían imponer alguna cuota de compras con contenidos nacionales si los inversionistas preferían importarlos de alguna empresa matriz (libres de aranceles) con lo cual se rompieron los encadenamientos productivos internos y se propició la desindustrialización.

La Alianza del Pacífico surgió como un contrapeso a la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), iniciativa brasileña plasmada mediante un Tratado Internacional suscrito en 2008 por todos los países de este subcontinente, que tuvo un rol destacado en la solución de conflictos políticos en la región. Surgió, además, como un intento por contrarrestar al Mercosur de aquel momento –más ideologizado y proteccionista– que había acogido a Venezuela en 2006 después de su retiro de la Comunidad Andina, cuando Perú y Colombia suscribieron el TLC con Estados Unidos.

Esta formaba parte del proyecto de Barack Obama de reafirmar el poder económico y militar en la región del Pacífico, para contrarrestar a China mediante el Acuerdo de Cooperación Transpacífico (TPP), que además de los miembros de la Alianza del Pacífico incluía a Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei. Entonces, las políticas neoliberales estaban vigentes también en Estados Unidos hasta que Trump asumió el gobierno en 2017, se retiró del TPP y empezó a instrumentar medidas proteccionistas. El Presidente Joe Biden las ha continuado, no  reactivó el TPP e implementó una política más expansiva del gasto fiscal, una mayor intervención del Estado en la conducción económica y ha mantenido, e inclusive incrementado, los decibeles del conflicto con China.

Uno de los principales logros que se le atribuye a la Alianza del Pacífico es haber logrado la desgravación de más del 95% de los productos que se comercializan entre los cuatro países— hecho que, en realidad, corresponde a la desgravación comercial en el marco de la Comunidad Andina o de la Aladi. Sin embargo, no se menciona que el comercio entre estos cuatro países apenas supera el 3%. Otras iniciativas como la integración de las cuatro bolsas de valores a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), la creación de un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y de una plataforma de movilidad estudiantil, la inclusión de temas como la igualdad de género, la gestión de residuos plásticos en la cuenca del Pacífico o la reciente iniciativa de crear un Mercado Regional Digital, no requieren de esa instancia para ser abordados, pues podrían realizarse a través de alguna de las múltiples plataformas de integración regional ya existentes. Puro humo.

 

 

 

La declinación de los pumas

Los 59 países que se anotaron como observadores de este cuarteto de países ejemplares –entre los que se encuentran países de peso importante, como China, India, Alemania y el Reino Unido– deben estar observando con preocupación los desbordes sociales derivados de la creciente desigualdad, así como la crisis política y el panorama electoral de los “pumas”.

Chile. Después de las multitudinarias manifestaciones que estallaron en octubre de 2019, el gobierno de Sebastián Piñera tuvo que aceptar cambiar la Constitución de 1980, hasta entonces considerada una suerte de Biblia intocable para el establishment chileno. Ello ocurrió en el marco del Acuerdo de Paz firmado entre las fuerzas políticas y el gobierno, en noviembre de ese año, el cual estableció la realización de una consulta popular para cambiar la Constitución por medio de una Asamblea Constituyente, que obtuvo una victoria aplastante en torno al 80% de los votos.

La elección de los 155 delegados que conformarán la Asamblea Constituyente para redactar la nueva Constitución en un plazo máximo de un año, tuvo lugar durante el 15 y 16 de mayo de este año, en forma simultánea con la de alcaldes y gobernadores. La configuración de los delegados electos expresó la derrota de la coalición de los partidos tradicionales de la derecha (Vamos por Chile) que lidera el Presidente Piñera y los de la Concertación, así como por el triunfo de la izquierda más radical (Apruebo Dignidad, conformado por el Partido Comunista y el Frente Amplio) y el de los independientes. Los partidos de la derecha no alcanzaron siquiera el tercio de los votos, lo que les hubiera permitido ejercer el veto a los contenidos del texto. Ello permitirá que Chile ponga fin al modelo neoliberal y reemplace el rol subsidiario del Estado por uno más protagónico.

El domingo pasado tuvieron lugar las elecciones primarias en las que resultaron ganadores el independiente Sebastián Sichel de la coalición derechista Vamos por Chile (quien salió tercero en la votación total) mientras que en Apruebo Dignidad el diputado Gabriel Boric, del Frente Amplio, coalición surgida tras las protestas estudiantiles de 2006 y 2011, derrocó al ex alcalde comunista Daniel Jadue. Los resultados de esta primaria presidencial representan la continuación de las anteriores elecciones y permiten suponer que, en las elecciones presidenciales de noviembre de este año, dos candidatos de izquierda o progresistas pasarán a la segunda vuelta electoral, dejando a la derecha fuera de la elección.

Colombia se desangra con las interminables manifestaciones que estallaron el 28 de abril y cuya represión ya ha segado 87 vidas, dejado 1.900 heridos, 3.300 detenidos y 106 hechos de violencia por razones de género, sin que se haya logrado un acuerdo con el gobierno. El 20 de julio, día de su independencia, fue celebrado con un relanzamiento de las manifestaciones sociales en todo el país, que continuarán masivamente el 5 de agosto. Estas se iniciaron a raíz de la presentación de un proyecto de reforma tributaria que afectaba a los sectores de menores recursos, que un impotente Presidente Iván Duque tuvo que retirar, al igual que a su ministro de Hacienda, el 2 de mayo.

Sin embargo, las protestas sociales datan de 2019. Se reclama una reforma policial, se rechaza la reforma privatizadora de la salud, se exige la defensa de la producción nacional y poner fin a las privatizaciones. Colombia es el segundo país con mayor desigualdad en la región. Es también, según la ONU, el país con el mayor número de personas defensoras de derechos sindicales asesinadas en América Latina. Las amenazas de muerte a los líderes sindicales se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad.

En este escenario, el 29 de mayo del próximo año tendrán lugar las elecciones presidenciales, por lo que la contienda de candidatos de las coaliciones políticas existentes en el país en las primarias, a realizarse en marzo, tendrá como paraguas las negociaciones que discurren entre un gobierno debilitado y la oposición. El escenario es convulso y se avizoran signos de cambio político. Gustavo Petro, precandidato del izquierdista partido Colombia Dignidadtiene por lejos el mayor respaldo en las últimas encuestas.

Perú. La marginalidad y la pobreza de los ciudadanos de las zonas urbano marginales, las rurales y las poblaciones aborígenes, invisibilizadas detrás de una macroeconomía ordenada, dieron lugar al triunfo del maestro rural Pedro Castillo. Las artimañas legales del Partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y los sectores de la derecha, determinaron que su proclamación como Presidente recién haya tenido lugar el lunes, faltando apenas una semana para la transmisión de mando, 44 días después de su triunfo en la segunda vuelta electoral.

Su proclamación es sin duda el hecho más significativo del bicentenario de la República. No solo porque por primera vez triunfa en elecciones democráticas un candidato que encarna el voto de los ciudadanos olvidados del Perú profundo, sino por haberse impuesto a la artillería desplegada por el poder mediático y económico, así como de notables como el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, activista y promotor en el extranjero de la campaña de fraude, que desacredita y daña la imagen del país.

Castillo ha expresado claramente que el modelo neoliberal instrumentado a lo largo de tres décadas ha generado una profunda desigualdad en el país y ha anunciado que realizará una consulta popular para cambiar la Constitución actual, que le asigna el Estado un rol subsidiario. Sin embargo, este es un tema álgido pues no tiene fuerza en el Congreso, y deberá enfrentar también a los sectores de la derecha que lo consideran un Presidente ilegítimo. Es probable que deba armar una agenda de amplio consenso y sobre esa base debatir y movilizar a la ciudadanía en torno al cambio de la Constitución.

México no es ajeno a estos problemas, pero las elecciones las ganó en 2018 Andrés Manuel López Obrador, un Presidente populista con un discurso de izquierda, que tiene todavía el respaldo de más de 60% de la población.

En un mundo en el que las grandes potencias empiezan a desconfiar del mercado como único mecanismo para solucionar las desigualdades, los fuegos artificiales lanzados con la creación de la Alianza del Pacífico podrían ser reemplazados por crespones negros en su décimo aniversario.

 

 

 

 

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