Chile, el renacer de una estrella

La decisión de redactar una nueva Constitución representará un hecho histórico para Chile y para el mundo

 

Hoy es un día histórico para Chile. En el medio de la pandemia, se realizará un plebiscito que apunta a modificar la Constitución promulgada en 1980 durante la dictadura presidida por Augusto Pinochet (1973-1990) que estableció un Estado mínimo en comparación con el Estado solidario o de bienestar vigente hasta entonces.

Esta consulta ciudadana sobre la validez de la actual constitución es el resultado del estallido social iniciado el 18 de octubre del año pasado, que reclamaba cambios para una mayor igualdad. Después de un mes de multitudinarias manifestaciones en todo el país el gobierno tuvo que anunciar la realización de un plebiscito en abril de 2020. La consulta popular contendría dos preguntas:

  1. si se estaba (o no) de acuerdo con cambiar la Constitución y
  2. cuál debería ser el mecanismo para redactarla. Este puede ser mediante una convención constituyente mixta —compuesta por una mitad de parlamentarios activos y la otra mitad de nuevos delegados— o mediante una convención constituyente, con todos sus miembros elegidos por la ciudadanía.

Una vez redactada la nueva Constitución, en un plazo máximo de un año, el texto sería sometido a un plebiscito ratificatorio, a realizarse mediante sufragio universal obligatorio. Debido a la pandemia el referéndum tuvo que postergarse para hoy.

Todas las encuestas dan por descontado que la opción de redactar una nueva Constitución por medio de una Convención Constituyente ganará abrumadoramente. El siguiente paso será entonces elegir a sus miembros. El eje central de debate durante el proceso de su redacción será sin duda el fin y el papel del Estado en el ámbito económico y social. Probablemente la noción de Estado Social de Derecho como doctrina que reconoce y ampara un conjunto de derechos económicos y sociales a las personas, prevalecerá sobre la del rol subsidiario del Estado o Estado mínimo, que se sustrae de proveer bienes públicos de manera digna.

La premisa del rol subsidiario del Estado establece que este solo puede participar en aquellas actividades que no son rentables para el capital privado puesto que se considera que este es un mal administrador. Si bien el rol subsidiario del Estado no se menciona explícitamente en la Constitución chilena, como sí es el caso en la Constitución del Perú, los principios que lo rigen sirvieron de paraguas para la liberalización y desregulación económica, sobre todo financiera; la privatización de los servicios públicos, incluida el agua; así como la privatización de las empresas estatales.

 

 

Una vitrina

La estabilidad macroeconómica, un crecimiento económico sostenido y la reducción importante de los niveles de pobreza dieron lugar a que Chile fuera presentado por el establishment y el poder mediático internacional como el ejemplo a seguir en América Latina. Inclusive, los éxitos se atribuían a las bondades del “socialismo” chileno. Por largos años, la ciudadanía también lo creyó así.

Si bien el crecimiento económico per cápita fue constante y superior a la media latinoamericana y los niveles de pobreza en Chile se redujeron de más de 40% a menos del 10% en las últimas tres décadas, quienes pudieron superarla no alcanzaron a tener los niveles de consumo que suelen estar asociados a la condición de clase media.

Hasta antes de las revueltas del año pasado, el 50% de la población económicamente activa ganaba menos de 550 dólares mensuales, siendo el salario mínimo equivalente a 414 dólares. Abrumada en su andar por la estrecha franja que la separa de la línea de la pobreza, una parte importante de la población vivía con el temor de ver caer sus ingresos. En Chile, la movilidad social descendente es mayor a la movilidad social ascendente, y es precisamente la primera la que suele propiciar la protesta política en mayor proporción que la pobreza misma.

 

 

El rostro oculto

Detrás de las estadísticas estables y los altos promedios de crecimiento per cápita, fue incubándose una enorme desigualdad y concentración de la riqueza que mostró de forma dramática sus profundas grietas con las protestas iniciadas el 18 de octubre del año pasado. Chile es la décimo segunda economía más desigual del mundo.

El tema más álgido que exacerba la desigualdad, es probablemente el sistema de pensiones vigente en el país desde 1982, diseñado durante el gobierno militar. El mecanismo previsional no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Según la agrupación No+AFP (No más administradoras de fondos de pensiones), que en 2016 convocó a una marcha de 600.000 personas, se trata de “bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro país que utilizan los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos. El promedio de la pensión de los jubilados es de 286 dólares mensuales y el 80% de ellos recibe pensiones menores al sueldo mínimo». El monto de las pensiones es en promedio cercano al 40% de los ingresos de las personas al momento de retirarse.

La educación es el segundo gran tema que retroalimenta la inequidad. En 2006 y 2011 tuvieron lugar grandes movilizaciones estudiantiles que exigieron una profunda reforma del sistema educativo, caracterizado por la enorme brecha entre la educación pública y privada. Esto se explica por el retiro del Estado de sus funciones como generador, regulador y supervisor del sector educativo. A la vanguardia de las reformas neoliberales en la región, Chile inició este proceso en los años ’80.

 

 

La elitización de la política

Las grietas no solo tuvieron lugar en la esfera económica sino también en los ámbitos político y social. El sistema económico neoliberal necesita una democracia excluyente y limitada, que Chile construyó exitosamente. Por largos años, se sostuvo un sistema electoral binomial diseñado en la dictadura para propiciar la concentración del poder en una élite reducida.

Uno de esos bloques fue la Concertación de Fuerzas por la Democracia (denominada desde 2011 Nueva Mayoría) mientras que el otro, de centro derecha, es la Alianza por Chile (desde 2009, Coalición por el Cambio). Salvo el anterior periodo de gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) del Partido Renovación Nacional, y el actual, (2018-2022), el gobierno ha estado en manos de los partidos de la Concertación.

En esencia, nunca se alejaron del modelo, lo que dio lugar a una estabilidad política y económica que gobernó para las necesidades del mercado, pero no de la ciudadanía. En el libro La violence des riches, Michel y Monique Pinçon describen un fenómeno similar ocurrido en Europa, en particular en Inglaterra y en Alemania, en el que los dirigentes socialistas se unieron al neoliberalismo y capitularon frente a ese modelo.

Los autores señalan que el neoliberalismo crea una clase social que se moviliza en función de sus intereses en todos los frentes (la política, las finanzas, los medios de comunicación, el arte, la música, entre otros) y nada queda librado al azar. Prevalece una manipulación ideológica y lingüística que determina una pérdida del pensamiento crítico, neutralizado además por la voracidad del consumo, que paraliza los reclamos de la ciudadanía frente a la desigualdad. En esta fase neoliberal, señalan, es el sistema financiero el que impone la política.

Lo que interesa al poder económico, destacan, es preservar el orden y que las clases medias y populares no lo cuestionen. Por eso el modelo se presenta como natural y eterno, como el sol que calienta o la luna que brilla. No obstante, advierten, esta situación puede cambiar. “Ello solo es posible cuando se pierde el respeto a esa jerarquía, cuando la ciudadanía se reconoce como ser humano y se pregunta si yo no trabajara, ¿qué harían ellos? No podrían lograr nada. Es entonces que, a los cuestionamientos a esa suerte de aristocracia del dinero, le siguen el caos y la rebelión”. Es lo que ocurrió en Chile.

 

 

El estallido

El alza de los pasajes del subte y la imagen de jóvenes saltando por encima de los molinetes, para rechazar el alza de las tarifas, fue el detonante que desencadenó una de las mayores protestas registradas en la historia chilena. Un desconcertado Piñera cometió inicialmente el error de declarar el estado de emergencia en el país y entregarle el control de la seguridad ciudadana a los mandos militares. Recordemos que durante los primeros días de las manifestaciones sociales Piñera dijo que estaban “en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible”.

Eso solo sirvió para atizar el fuego que incrementó la violencia. Las protestas, con un saldo de más de dos decenas de muertes, miles de heridos y detenidos, denuncias por tortura, entre otros, le doblaron la mano a Piñera y lo obligaron a hacer un cambio maquillado de su gabinete, a suspender el estado de emergencia y el toque de queda vigente en algunas ciudades, así como a anunciar medidas económicas favorables a la población.

Así, el Presidente dejó sin efecto el alza de precios del pasaje del subte y de la electricidad y aprobó un conjunto de medidas sociales como un incremento de los salarios mínimos y de las pensiones de los jubilados, un plan de apoyo a las pequeñas y medianas empresas afectadas por las protestas y mayores impuestos para los ricos. Pero nada frenó a los manifestantes que continuaron auto-convocándose en todo el país. Si bien carecían de un liderazgo único, su organización comenzó a tomar forma en los barrios y en las agrupaciones vecinales y sociales convocados en cabildos abiertos, en los que la demanda común fue el cambio de la Constitución.

Para calmar las protestas Piñera anunció el 6 de noviembre su intención de iniciar jornadas de «diálogos ciudadanos» por espacio de sesenta días para recoger propuestas sobre los principales reclamos de la población. Se trataba de un mecanismo similar al utilizado por Macrón cuando tuvo que lidiar con el movimiento de los chalecos amarillos. El problema es que Chile no es Francia. El descontento y frustración social en el país andino llevaba incubándose por más de tres décadas y su nivel de sindicalización es bajo.

La intensificación de las protestas llegó a un límite tal que Piñera tuvo que anunciar el 9 de noviembre que su gobierno preparaba un proyecto para actualizar la Constitución el mismo que debía ser discutido con otras propuestas que ya existían en el Congreso. Su anuncio representó un viraje con respecto a sus posiciones iniciales, toda vez que cuando asumió la presidencia en marzo de 2018 anunció que no daría curso a un proyecto de ley que su predecesora, Michelle Bachelet (2014-2018) envió al Congreso para modificar la Constitución. La iniciativa de Bachelet buscaba consagrar la inviolabilidad de los derechos humanos, el derecho a la salud y educación, además de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Si bien hubo acuerdo entre el gobierno y la ciudadanía en cambiar la Constitución, no lo hubo en la forma de hacerlo. Las organizaciones cívicas y sociales deseaban participar en forma directa en la nueva Constitución y para ello proponían redactarla a través de la elección de una Asamblea o Convenio Constituyente.

 

 

Se intensifican las protestas

Si bien la ciudadanía chilena autoconvocada se manifestaba de forma pacífica, hay tanto descontento y frustración acumulados por años que grupos de anarquistas encontraban el espacio para producir incendios, barricadas y actos de pillaje con el fin de crear caos.

La situación generó presiones de los altos mandos militares hacia el gobierno. Por ello, a la par que Piñera tendía una mano a la ciudadanía al satisfacer ciertas demandas, como proponer diálogos ciudadanos al estilo francés, e inclusive ofrecer una nueva constitución, los mandos militares lo presionaban para ejercer mano dura frente el descontrol ciudadano.

Entretanto, continuaban acumulándose las denuncias por violación a los derechos humanos. La ONU denunció el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones para contener las protestas y pidió a las fuerzas de seguridad del país que dejaran de usar esos proyectiles de manera “inmediata”. Además llamó la atención por “la gran cantidad de muertos y heridos” e hizo una exhortación para “alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales”.  En este escenario, Piñera tuvo que ceder a la presión popular y ponerle fecha al referéndum que se realiza hoy y que probablemente dará lugar a cambios profundos.

 

 

El desafío

La explosión social en Chile ha derrumbado no solo el frágil pedestal sobre el que se erigió el supuesto éxito de su modelo económico, sino también su rol articulador con los países aliados de Estados Unidos en la región. Lejos ha quedado el protagonismo del gobierno chileno en el Grupo de Lima; su papel en la desactivación de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) y su reemplazo por el Foro para el Progreso y Desarrollo de Sudamérica (PROSUR) estrenado en Santiago en marzo del año pasado; así como su rol en la abortada trama de ayuda humanitaria a Venezuela organizada por Estados Unidos para ser entregada a través de la frontera con Colombia que tuvo en vilo a la región en febrero de 2019.

Asimismo, ha desnudado la imagen de bienestar y mostrado a una sociedad herida, que ha sumado temas pendientes de solución como los juicios por violación de los derechos humanos, la reparación a las víctimas de la violencia y la situación de los presos políticos durante las protestas.

La decisión de redactar una nueva Constitución, y dejar de lado la actual, representará un hecho histórico para Chile y para el mundo. Se ha demostrado que la protesta ciudadana logró que un gobierno tuviera que someter a escrutinio el instrumento que, por décadas, les garantizó a los grupos de poder el control económico político y social de la sociedad. Sin embargo, habrá que ver cuál es el grado de respeto a la democracia que tiene el poder económico, que verá amenazada su estabilidad.

 

 

 

 

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