El problema de fondo

La propiedad intelectual garantizada por los Estados a los laboratorios explica la escasez de vacunas

 

Escasez

El conocimiento público de irregularidades en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, tanto en la jurisdicción nacional como en algunas provincias, provocó un serio problema político; no porque haya sido y sea explotado por oposiciones institucionales –particularmente la que enfrenta al gobierno nacional de Alberto Fernández, cuyo pasado oficialista e hipocresía crónica la privan de la más elemental autoridad para pronunciarse en éste y otros asuntos– sino porque esos hechos implican una falta ética que adquiere dramática importancia en medio de la pandemia, por lo que generaron un extendido y justo malestar social: aunque adelantarse en una cola está siempre mal, no es lo mismo adelantarse para entrar al banco, infracción en la que está en juego el tiempo que lleva un trámite, que adelantarse para recibir esta vacuna, situación en la que para algunes podría estar en juego la posibilidad de salvar o perder la vida.

Como no podía ser de otra manera, el rechazo fue también explícito e intenso en el ámbito de la militancia afín al gobierno popular. No obstante, hubo sobreactuaciones que terminaron por lapidar al ministro González García y al intelectual Horacio Verbitsky, desconociendo trayectorias de más de medio siglo al servicio de los intereses de nuestro pueblo. Tal el caso del dueño del medio en el que Verbitsky dio a conocer que se había vacunado, que, afecto a las menciones autorreferenciales, pareció empeñado en confirmar aquel aserto de Marx, quien dijo que “cuando un cura va a un velorio no va para salvar el alma del muerto sino para salvar a la Iglesia”. Con su crítica despiadada –adornada con insultos– este meritorio empresario periodístico habilita a pensar que sobreactuó su furia, y no para salvar al gobierno y/o expresar a quienes se sintieron afectados por el episodio sino para salvar a su medio de comunicación.

Ahora bien, más allá de las ineludibles responsabilidades individuales, los hechos –vacunación irregular y repudio general– se explican en alguna medida por la escasez de la vacuna, fenómeno cuya causa última se aloja en la condición de mercancía de tan preciado bien, lo que facilitó su apropiación por parte de los Estados nacionales con mayores recursos, una de las causas a su vez de la demora que afecta a nuestro país en la recepción de vacunas en relación con los compromisos oportunamente pactados.

Cuando en mayo pasado señalé en Las palabras y los hechos lo que ya era un problema en gestación, no faltaron quienes opinaron que era muy poco probable que tal cosa ocurriera, en virtud de la presunta universalidad de los hallazgos obtenidos por la ciencia: es probable que hayan confundido la (no siempre) universal disponibilidad de los avances en el ámbito de la comunidad científica con la dinámica en la que quedan atrapados los productos finales –como la vacuna– a partir de descubrimientos de la ciencia básica, proceso que en casos como éste suman un condicionamiento adicional con el otorgamiento de patentes por parte de los Estados en los que tienen sus bases las grandes farmacéuticas.

 

Preguntas

Si algo ha caracterizado a las decisiones del gobierno argentino desde el instante en que se conoció que la pandemia estaba entre nosotros ha sido su exitosa resistencia a los dogmas del capitalismo neoliberal. Sin embargo, los alcances globales del fenómeno en cuestión y del propio neoliberalismo nos impiden esquivar completamente algunas de las derivaciones de este sistema social. Así, la generalizada y prolongada crisis, que muestra índices de mortalidad y desempleo jamás vistos, con sus consecuencias de dolor y sufrimiento, obliga a hacerse ciertas preguntas.

Se sabe ya cómo controlar y aliviar –y por lo tanto superar– las peores consecuencias de la pandemia. Disponemos de los conocimientos científicos y recursos necesarios para evitar semejante cantidad de muertes. Conocemos cómo podrían controlarse los contagios para recuperar algún grado mayor de normalidad. No me refiero sólo a la virología ni a la epidemiología y otras disciplinas directamente vinculadas a la salud pública, sino también a ciencias sociales como las económicas. Sabemos, por ejemplo, que no habrá recuperación económica estable sin antes contener la pandemia, que ignorarlo lleva a un desastre económico, social y sanitario como el provocado por las administraciones Trump y Bolsonaro; a la abundante cantidad de datos que confirman la regla se agrega el hecho de que no hay ningún país que se haya convertido en la excepción.

Pero, si conocemos cómo controlar la pandemia y existen los recursos para hacerlo, ¿por qué no se hace?, ¿por qué los medios dominantes no sólo ocultan lo que muestra la experiencia acumulada en más de un año sino que sostienen líneas editoriales que la contradicen?, y ¿por qué hay todavía gobiernos que la niegan?

 

Dogmas

No hay una sola respuesta a estos interrogantes. Elijo detenerme en lo relacionado con dogmas ideológico-culturales dominantes en los países centrales pero también en una vasta franja de la población de los países de Nuestra América, incluido el nuestro. Uno de esos obstáculos es la sacralización de la propiedad privada despojada de toda connotación comunitaria, algo que los teólogos neoliberales consideran fundamental para la supervivencia del orden social, también supeditado, en esta línea, a las “leyes del mercado” como sistema óptimo de asignación de recursos.

Si bien la alta jerarquía de esta ortodoxia está más preocupada por los negocios y las correspondientes tasas de ganancia en juego, los creyentes –esas multitudes que se ven directamente perjudicadas– se entregan con pasión a la fe catequizada por los establishments a través de sus aparatos mediáticos y de neo-teólogos disfrazados de economistas y/o periodistas.

El mayor problema a enfrentar para controlar la epidemia generalizada es la falta de vacunas, inclusive en países considerados ricos a ambos lados del Atlántico Norte; un absurdo si se tiene en cuenta, por un lado, que disponen de recursos para producir tales vacunas y, por otro, que el desarrollo de los aspectos esenciales en la producción de las vacunas en esos países, dos de las cuales se cuentan entre las más exitosas –Pfizer y Moderna–, se ha realizado con fondos públicos y en instituciones públicas, particularmente en Estados Unidos y Alemania.

Es lo que ha reconocido nada menos que el presidente de la Federación Internacional de Industrias Farmacéuticas, Thomas Cueni, en un artículo publicado en el New York Times (The Risk in Suspending Vaccine Patent Rules, 10/12/2020) en el que afirma que “es cierto que sin los fondos públicos de agencias –instituciones públicas del gobierno federal estadounidense– como la U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority, o el Ministerio Federal alemán de Educación e Investigación, las compañías farmacéuticas no hubiesen podido desarrollar las vacunas Covid-19 tan rápido”. Cueni podría haber agregado que esto mismo ocurre con la mayoría de las vacunas que se han producido desde hace muchos años: en el mismo artículo aparece la inversión de millones de dólares y euros públicos realizada.

El tramo fundamental en el desarrollo de cualquier vacuna está en el conocimiento básico que suele obtenerse a partir de investigaciones en organismos públicos y con fondos públicos. La industria farmacéutica no podría desarrollar las vacunas sin estos conocimientos. Lo que este señor olvida mencionar es que los Estados, además de financiar el conocimiento básico, hacen un gran regalo a las farmacéuticas al garantizarles el monopolio en la venta del producto durante años, muchas veces hasta veinte, lo que les asegura beneficios astronómicos, los más elevados entre las actividades lícitas.

Ahí está el origen del problema para conseguir las vacunas. La propiedad intelectual garantizada por los Estados y por las leyes del comercio internacional y sus agentes es el factor que genera esa escasez artificial, que a su vez da lugar a beneficios extraordinarios por falta de oferta para paliar el drama global y evitar la muerte de millones de seres humanos.

 

¿Se podría hacer algo?

La respuesta es sí: lo más razonable sería –tal como ha propuesto Dean Baker, el economista que ha analizado con mayor rigor y sentido crítico la industria farmacéutica internacional– que los Estados que ya financiaron el conocimiento básico expandieran su intervención hasta producir ellos mismos la vacuna. Así se reducirían sustancialmente los costos por cuanto no habría que incluir las enormes ganancias empresarias y se evitaría toda especulación.

Entonces ¿por qué no se hace lo que parece más lógico? La respuesta es simple: por el inmenso poder político y mediático de la industria farmacéutica tanto en los niveles nacionales como en el internacional. Baker documenta muy bien la naturaleza de estas conexiones en el video Dean Baker On Beating Inequality & COVID-19: Tackle Patent and Copyright Monopolies del 31 de enero último. Asimismo, en Estados Unidos hay un elevado número de expertos en salud pública que considera necesario limitar –incluso rechazar– en las políticas públicas que tienen como objetivo optimizar la salud y minimizar la mortalidad, la meta excluyente de las empresas privadas, esto es, maximizar su tasa de ganancia.

 

Lenguaje bélico pour la galerie

Gobiernos que piden o imponen a diario grandes sacrificios a sus pueblos utilizan un lenguaje bélico que poco tiene que ver con sus acciones. Estamos luchando, dicen, “en una guerra contra el virus” –que las ultraderechas catalogan de “chino”, en una remake de la llamada Guerra Fría con China en lugar de la URSS–.

Lo cierto es que en Estados Unidos el número de muertes por Covid-19 es mayor que el que causó la llamada Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que quienes se expresan en esos términos, los toman como mero recurso retórico –útil, seguramente estiman– para forzar el razonable control de los movimientos de la población; mientras tanto, sostienen celosamente la concepción de la propiedad privada inmune a toda necesidad social, y las leyes del mercado mientras fomentan los monopolios.

En el pasado estas tonteras fueron dejadas de lado en situaciones de guerra real. Entonces, ¿cómo puede justificarse que la Unión Europea respete el derecho de autor de las farmacéuticas que han producido la vacuna contra el coronavirus cuando durante la guerra interimperialista del siglo pasado toda la producción industrial se orientó a la fabricación del material de guerra necesario? ¿Por qué ahora no? Si se forzara la producción masiva de las vacunas por parte de las empresas farmacéuticas en todos los países o en grupos de países, se podría vacunar rápidamente a la población del mundo entero, no sólo a la de los países ricos. Pero como era previsible, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea, controlados por una mayoría de representantes de partidos conservadores y liberales, se han opuesto a iniciativas de este tipo, cautivos del poder de las empresas y de los enunciados que dan protección ideológica a sus intereses.

En Estados Unidos, el gobierno de Biden, presionado por la comunidad científica, por las fuerzas orientadas por Bernie Sanders y por la realidad misma, está considerando la posibilidad de anteponer los intereses generales al particular de la industria farmacéutica. Habrá que ver si se concreta. En tal caso, estaríamos frente a un cambio fundamental, y más cerca de atenuar los efectos del virus.

 

La escala nacional

El panorama descripto pone en perspectiva y permite apreciar la magnitud del esfuerzo que ha realizado y realiza el gobierno argentino, y el valor de los resultados obtenidos para aliviar las consecuencias de un fenómeno sin precedentes, con un potencial devastador que aún no ha sido íntegramente dimensionado. Sus decisiones iniciales y la gestión para obtener las vacunas han puesto de relieve el alineamiento entre discurso y acción del Presidente y de quien fue su Ministro de Salud, oportuno es destacarlo.

Cualidades que brillan en un contexto que tiene por protagonista mediática a una oposición que hace del negacionismo un culto: levantó la voz para denunciar por autoritaria la necesaria y prudente conducción estatal de la sociedad en los inicios de la pandemia, mientras cerraba los ojos y callaba frente a la represión y sacrificios brutales con los que acariciaban a sus pueblos los gobiernos neoliberales. Levantó su dedo acusador contra el populismo, cerrando los ojos y callando frente al impresionante fracaso de esos gobiernos para contener la propagación del virus y evitar miles y miles de muertes, consecuencia del pretendido y torpe resguardo de las ganancias a costa de la salud pública. Difundió la falacia de que la pandemia había disuelto las ideologías e impuesto la vigencia de conductas pragmáticas –en el peor sentido– entre mandatarios de distintas ideas, cerrando los ojos y los oídos ante los resultados opuestos obtenidos por Alberto Fernández respecto de Bolsonaro, o por López Obrador respecto de Lenin Moreno. Militó para que la población no se vacunara, cerrando los oídos a los pronunciamientos de calificados científicos argentinos y extranjeros en una acción virtualmente homicida. Describió cómo las reglas sanitarias frenan el nivel de actividad afectando a los pobres –con sorpresiva preocupación por los desposeídos–, callando que la ausencia de esa regulación hubiera convertido a los sectores populares en las principales víctimas de la infección, como se puede comprobar analizando el diferenciado impacto social que provocó el coronavirus en Estados Unidos y Europa: claro, es la oposición que hace el gerenciamiento político de quienes primero compraron respiradores para tenerlos en sus casas y ahora viajan al exterior para vacunarse más rápido.

Es la oposición que desprecia la vida de los compatriotas y está empeñada en desestabilizar al gobierno para asegurar la impunidad de sus mafias.

 

 

 

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