El ruido que hace el monstruo al caer

 

Cuanto más grande el monstruo, más ruido hará al caer. Cuanto más amenazado vea su privilegio, su autoridad, más cruenta será la golpiza del varón resentido. Estos principios conocidos por todas pueden ser aplicados hoy a la institución eclesiástica. En uno de los países de mayor presencia católica, como Irlanda, y en la propia casa del líder de la Iglesia Católica, la despenalización legal y social del aborto es prácticamente un hecho. Como si se tratara de un manotazo de ahogado, en las últimas semanas la Iglesia desesperó sus esfuerzos militantes y cosechó frutos: el activismo “Por las dos vidas” se multiplicó y dentro del Senado la presión se tradujo en vericuetos para frenar con tecnicismos el consenso sobre la voluntad de legalizar el aborto. Comienza una semana no apta para cardíacas.

Los viejos conflictos se actualizan. Es fácil identificar en los grupos antiderechos la resaca de la derecha más enérgica, que mixtura familiares de funcionarios de la Dictadura cívico-militar, ONGs confesionales, un periodista de La Nación, los Menem, boy scouts, médicos de clínicas privadas, mujeres que se autodenominan machistas y un etcétera que coincide con aquel mismo sector que en 2010 se opuso al matrimonio igualitario o en 2012 a la Ley de identidad de género. Más organizados que en aquellas disputas, atentos al tamaño de su enemigo (esta vez el reclamo es masivo), activaron con estrategias que van de la violencia llana y la contrapublicidad a la presión privada y pública a senadores.

¿Qué es lo que arriesgan? En el último año sólo para sueldos del personal eclesiástico y sin contar subsidios o presupuesto para infraestructura, el Estado nacional destinó $130.421.300 para Iglesia católica. La Fundación Conin, presidida por el médico Abel Albino, ligado al Opus Dei, recibe para este año 121 millones de pesos en subsidios por parte del Estado nacional. Mientras tanto, ¿cuánto cuesta un aborto? Según estimaciones oficiales, expresadas por el Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, cuando el aborto esté legalizado, costará al Estado $1914 por cada intervención. ¿Y cuánto es el sueldo mensual de un senador? $113.000 pesos. Números irrisorios al lado de los 16.700 millones de dólares de reservas internacionales que se perdieron desde los primeros días de abril hasta el 20 de julio de 2018 (CEPA).

“En nuestro país, la lucha por la secularización es la lucha del derecho”, había expresado la jurista Aída Kemelmajer ante el plenario de Comisiones el 13 de julio pasado. “Nosotros vivimos en un país laico. Si nuestros antepasados, si sus abuelos y bisabuelos, los míos y los de cualquier persona que está acá, hubiesen creído que este era un país confesional, no venían a la Argentina. Vinieron porque hemos respetado siempre los derechos de todos”, agregó. Cuando el derecho garantiza el avance de libertades civiles, la Iglesia retrocede. “Tiene una oportunidad de oro para abandonar la tradición de la Iglesia de llegar siempre 300 años más tarde”, le escribió Nicolás Fuster a Jorge Bergoglio en una carta que le entregó esta semana junto con un pañuelo verde en la Ciudad del Vaticano. El fervor antiaborto, el histórico rechazo de las instituciones a pesar de su aceptación popular, responde a la resistencia de la jerarquía católica, empoderada en la Argentina por gobiernos democráticos y de facto. El aborto, la marea verde, parecería empero comenzar a horadar la determinación totémica del cristianismo, de ahí la fuerza y la coordinación del manotazo, de ahí las grietas dentro del cristianismo, como la que se manifestará el 7 de agosto en la marcha de San Cayetano o San Precariado, pintada de verde.

El compromiso del plenario de las tres comisiones del Senado que trató el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (IVE) fue dar un dictamen de consenso el 1ro de agosto. Como fuimos relatando desde El Cohete, durante el mes que duró la discusión en la Cámara alta se perfilaron tres opciones: el apoyo al proyecto que cuenta con media sanción, el rechazo pleno y una “tercera posición” (así la definen algunos senadores) presentada por las y los senadores cordobeses, que implica una serie de modificaciones. El 31 de julio a la tarde, los senadores que coinciden en la voluntad de abolir la clandestinidad del aborto consensuaron una estrategia común: las firmas para que el proyecto con media sanción sea proclamado como dictamen de mayoría no eran suficientes, por eso se acordaron un nuevo proyecto que contemplara las modificaciones propuestas por la “tercera posición”. Ese proyecto es el que se propuso de consenso.

 

Reunión plenaria de las Comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales del Honorable Senado de la Nación, en la que se trata el proyecto de I.V.E., que tiene media sanción de Diputados, en el salón Illia, en Buenos Aires, Argentina, el 31 de Julio de 2018. foto:( Luciano Ingaramo / Comunicación Senado)

 

El único texto que firmó el plenario de comisiones fue a favor de la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Fue firmado por 26 senadores. Quienes no están de acuerdo con este proyecto no presentaron siquiera una propuesta por el rechazo. La discusión de la última reunión de comisiones se basó en cómo contabilizar esas firmas según el reglamento del Senado. ¿Se cuenta cada firma una única vez o se computa dos veces si el o la senadora está en más de una comisión? El senador Mario Fiad (Cambiemos-Jujuy) —anfitrión de las plenarias por ser el titular de la Comisión de Salud— dijo “no hay dictamen”, para ser considerado dictamen debía alcanzar 27 firmas de los 53 senadores. Sin embargo, las y los diputados agrupados por la legalización, desde Victoria Donda (Libres del Sur), hasta Miguel Ángel Pichetto (PJ), pasando por Laura Rodríguez Machado (Cambiemos) dijeron “hay dictamen”. Es decir que el debate del 8 comienza sobre un pantano reglamentario. Como no es potestad de los presidentes de las comisiones interpretar el texto legislativo y sólo puede hacerlo el pleno del Senado reunido, el próximo 8 de agosto la sesión en el recinto comenzará con la discusión reglamentaria que defina si hubo o no hubo dictamen. Luego de saldar el debate de forma, se discutirá el texto firmado el 1ro de agosto o el que ya cuenta con la media sanción. Si el 8 de agosto se sancionara el proyecto con las modificaciones, deberá volver a Diputadxs para ser aprobado definitivamente. En los pasillos del Congreso se habla del 23 de ese mes como una posible fecha para la discusión.

El (no) dictamen agrega modificaciones al proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputadxs. Las modificaciones son cuatro: acortar el plazo para la realización de abortos de la semana 14 a la 12, incorporar la objeción de conciencia por ideario –para los centros de salud privados–, eliminar del artículo 2 sobre penalización a médicos e instituciones que se nieguen a realizar la interrupción del embarazo y destinar una partida presupuestaria específica para cubrir los insumos necesarios para realizar la práctica. Estas modificaciones, en especial la objeción de conciencia institucional para centros de salud privados (y confesionales), es una concesión para el sector más conservador de la sociedad, aquel que, como también venimos explicando en El Cohete, ha puesto en marcha una maquinaria violenta y minuciosa para frenar el avance de las libertades y derechos civiles.

La firma de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una de las más esperadas. Al momento de dejar su aval por el aborto legal todas las cámaras apuntaron a ella. Firmó y se fue del recinto. Era un voto cantado, según trascendió pocas horas después de la votación en la Cámara de Diputadxs, todo el bloque del Frente para la Victoria-PJ votaría a favor del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. En el Salón Illia observaban la firma varias diputadas, senadoras, asesoras y activistas que esperaban este momento postergado durante todo el mandato de Fernández de Kirchner. Quienes no presenciaron el momento son los diputados cambiemitas Silvia Lospennato y Daniel Lipovetzky, que según fuentes del Senado tienen prohibida su aparición por orden de Gabriela Michetti.

 

El momento en que Cristina Fernández firma el dictamen

 

El escenario para la votación el 8 es levemente favorable para los antiderechos. De lxs 72 senadores, se contabilizan 36 en contra y 32 a favor de votar la legalización, 2 indecisos, una ausencia y una abstención. Los indecisos o no confirmados son dos varones del justicialismo: el tucumano José Alperovich (quien fue recientemente atacado mediante carteles en la vía pública que asociaban el aborto al Holocausto, cuando él es de origen judío) y el santafecino Omar Perotti, que aspira a ser el próximo gobernador. La ausencia será de la senadora justicialista por San Luis María Eugenia Catalfamo, quien cursa un embarazo avanzado y por ese motivo no se le aconseja viajar. Y la abstención es de la senadora neuquina Lucila Crexell. Crexell, hija de Luz Sapag y parte de la dinastía que gobierna la provincia patagónica desde hace más de 50 años, en una primera instancia había anunciado su voto en contra de la ley, sin mediar demasiada explicación más que la de “despenalizar sí, legalizar no”, una postura sorprendente si consideramos que Crexell es la autora de la ley “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, sancionada en 2015.

Sobre el cierre de esta edición una nueva maniobra dilatoria surgió de las fauces del Senado. La posibilidad de que el mismo 8 de agosto, antes del debate y la votación de la ley IVE, tenga lugar el tratamiento de la autorización para que sean allanados tres domicilios y las oficinas de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Si logra sortearse este obstáculo, el aborto por primera vez en la historia será votado en el Senado. Sea cual fuere el resultado, el proceso ha dejado en evidencia la transformación de dos actores políticos: el movimiento feminista, cada vez más rejuvenecido y capaz de transversalizar; y otro actor milenario, la Iglesia, en notable ataque de ira.

 

 

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