EL SUEÑO DE LOS JUSTOS

 

Desde México, el Presidente Alberto Fernández echó rayos y centellas hacia jueces y fiscales, por el distinto ritmo e intensidad con que encaran las denuncias contra él y sus funcionarios y contra sus dos últimos predecesores. Tan temprano como el 3 de enero de 2016, cuando Maurizio Macrì aún no había aprendido donde estaban los timbres de la Casa Rosada, publiqué la nota Apunten a la cabeza, en la que mencioné la simultánea presión oficial para que se cerraran todas las causas pendientes contra el hombre de negocios turbios con el Estado devenido Presidente y se abrieran o apuraran las que comprometían a CFK, con la intención de encarcelarla. Así se lo dijo Macrì al empresario Cristóbal López, el día mismo de la elección presidencial. Según la denuncia del principal accionista del Grupo Indalo, Macrì le solicitó que pusiera al servicio de ese objetivo la señal de noticias C5N y la radio Diez. López se negó, le declararon la guerra y lo encarcelaron, a él y a su socio Fabián De Sousa, con denuncias cuya inconsistencia expuse en aquel momento y que se está demostrando recién ahora en el juicio oral.

 

 

Los primeros disparos

En esas tres primeras semanas de su mandato, el jefe del PRO ya había designado dos jueces de la Corte Suprema en comisión, modificado por decreto la ley audiovisual, recortado por su sola firma las funciones de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, cuya renuncia solicitó por los diarios, y gestionado el alejamiento de los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero, Norberto Oyarbide y Rodolfo Canicoba Corral, a través de un insólito mandadero: el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien abrazó y besó a Macrì durante la ceremonia de investidura.

Las causas que enumeré en aquella nota eran:

• Hotesur
• Lavado de dinero
• Memorando de entendimiento con Irán
• Muerte del fiscal general Natalio A. Nisman
• Denuncia del mismo fiscal por encubrimiento del atentado a la DAIA
• Traición a la patria

Luego se agregaron la del sargento 1° grafómano del Ejército Oscar Centeno, que escribía todo lo que veía o le dictaban, la del dólar futuro y la de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. También algunas clonadas de las anteriores, como Los Sauces. Con una puntería infalible, cada vez que se sorteaba una causa contra CFK, era asignada a los jueces Julián Ercolini y Claudio Bonadío (bautizado doctor Glock, por su destreza para matar por la espalda con esa pistola). La única excepción fue la de lavado de dinero, que correspondió al juez Sebastián Casanello. Uno de los periodistas más próximos a Macrì dijo que el banco suizo Lombard Odier había reportado a Báez como testaferro de Néstor Kirchner. No fue el banco sino World Check, la base de datos de la empresa británica Thomson Reuters, una Veraz internacional que los bancos consultan para acotar el riesgo crediticio. La fuente de Thomson Reuters no fue ningún documento sino las versiones recogidas en las denuncias de la oposición y de los medios comprometidos en el operativo demolición, con lo cual la mentira circular dio una vuelta completa.

 

Pese a la presión mediática y de los tribunales superiores, Casanello se negó a procesar a la ex Presidenta, porque no encontró una sola prueba que la vinculara con el delito que se reprochaba al empresario Lázaro Báez. Las cuentas bancarias, las sociedades que las abrían, los testamentos que legaban esos fondos sólo referían a Báez y sus hijos e hijas. Además, aún ese informe de tan escaso valor sólo mencionaba a Néstor Kirchner, no a Cristina, ausencia que no se subsana con la inverosímil calificación del juez Ercolini, según quien desde que Kirchner asumió la presidencia, en 2003, y hasta 2015, cuando concluyó la de Cristina, ambos condujeron una Asociación Ilícita destinada a cometer distintos delitos. La Asociación Ilícita es la figura usual cuando no hay pruebas de delitos específicos. Cristina está procesada en muchas de las causas como jefa de distintas asociaciones ilícitas, lo cual es un dislate risible. En esta se incluyó a Florencia Kirchner, que por entonces tenía 12 años.

 

 

 

El 6 de julio de 2011, el propio Ercolini se declaró incompetente en la causa iniciada por denuncia de Elisa Carrió y Patricia Bullrich por las obras viales en Santa Cruz  y remitió el expediente a la provincia, donde en 2012 la jueza Rosana Suárez desestimó la denuncia  y archivó las actuaciones. Pero la colaboradora de Carrió Mariana Zuvic, por entonces esposa del senador opositor Eduardo Costa, presentó una nueva denuncia por los mismos hechos el 15 de abril de 2013, ante la justicia federal de Río Gallegos, "en base al programa Periodismo para Todos" del Grupo Clarín. El 16 de diciembre de 2014, la justicia federal de Santa Cruz también se declaró incompetente. La justicia provincial resolvió el 8 de junio de 2015 el sobreseimiento de Báez y sus hijos. Y en cuanto asumió el nuevo gobierno la misma denuncia fue presentada por el administrador de Vialidad designado por Macri, Javier Iguacel. Esto lo desarrolló Cristina en la última media hora de su impresionante declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, a partir del minuto 3.08.

 

Por eso la defensa reclama a la Corte Suprema que la considere cosa juzgada e interrumpa el juicio. Buen tema para un debate jurídico en una cátedra sobre principios generales del derecho. Pero en el clima imperante de linchamiento sería un milagro que esa objeción fuera considerada.

Casanello insistió en desvincular a Cristina, aunque por orden de la Cámara debió incluir la obra pública como delito precedente del lavado de dinero de Báez. El único elemento para ello fue la declaración que el ministerio de Justicia le escribió y le pagó al arrepentido Leonardo Fariña.

Su ex abogada defensora, Giselle Robles, no sólo confirmó que el valijero cantor repetía un guión suministrado por el gobierno, sino que reveló que ese fue un acuerdo celebrado en persona por el ministro de Justicia Germán Garavano, en un encuentro en su despacho con Fariña y ella. La AFI le envió a Fariña por mail los lineamientos sobre los que debía ampliar su declaración indagatoria, con datos sobre la obra pública que involucraran a la ex Presidenta, tema sobre el que todo lo ignoraba. La letrada hasta conserva el chat con el ministro y los mails de la AFI. El contacto de Fariña con Garavano lo realizó el emprendedor gastronómico Luis Majul, homónimo del autor del libro Los dueños de la Argentina.

 

 

 

 

Garavano admitió la reunión, pero pretendió que fue para atender quejas de Fariña por el alojamiento que le dieron como testigo protegido. Robles cuenta, en cambio, que, ante una inquietud de Fariña por los juicios pendientes, Garavano le anticipó que el gobierno se desembarazaría de los jueces Eduardo Freiler (fue destituido), Carlos Rozanski (renunció ante la inminencia de su destitución) y Daniel Rafecas (resistió los embates con el apoyo de numerosas personalidades e instituciones que se dirigieron al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura, avalando su labor como el mejor juez del fuero). Incluso, el periodista Raúl Kollman entrevistó a la magister en administración pública Florencia Guijo, quien admitió haber entrenado a Fariña por encargo de la AFI para que involucrara a Cristina. “Él no tenía la menor idea sobre obra pública. Parecía un chiste. Después, en la declaración y hasta en la televisión, usaba mis palabras. Yo me reía sola”, dijo la entrenadora. Robles y Guijo fueron imputadas por el juez Alejo Ramos Padilla, que hasta el viernes llevó la causa por el espionaje ilegal organizado en torno a Marcelo Sebastián D’Alessio, sobrino del escribano general de Macrì Carlos Marcelo D'Alessio e hijo de Eduardo Luis D'Alessio,  socio en una consultora con Sergio Berensztein, otro de los agitadores mediáticos contra Cristina.

A Clarín y La Nación, Fariña les dijo que Báez era testaferro de Kirchner y que juntos “se robaron el Producto Bruto de un año, cien mil millones de dólares”. Así no se hubiera realizado ninguna obra pública y el total del presupuesto en los doce años del gobierno kirchnerista hubiera pasado al patrimonio de Báez y/o Kirchner, la conversión de esa cifra en cien mil millones de dólares o en un Producto Bruto, que es cinco veces mayor, es imposible. Ninguno de los grandes periodistas que entrevistaron a este patético desesperado, ni los columnistas que opinaron sobre sus palabras o los encumbrados políticos que sacaron de ellas conclusiones lapidarias sobre la política y la moral, hizo el menor esfuerzo por inteligir la verosimilitud de esos dichos, que bastan para calar al vivillo y la calidad de su testimonio.

Después de años de esfuerzos, que incluyeron la presión sobre Báez para que declarara como arrepentido contra Cristina y así rescatara a sus hijos, tomados de rehén, la justicia dio por cierto el lavado de 60 millones de dólares. Inversiones en Estados Unidos por 70 millones de dólares es lo que le encontraron al ex secretario de Kirchner, Daniel Muñóz. Esto redimensiona las fantasías de la inteligencia macrista y los medios: entre 800 y 4.000 veces menos, y sin una sola pista que condujera a Cristina, salvo los consabidos "no podía ignorar". ¿Por qué no podía? Hasta Leandro Báez, el hijo del constructor que no quiere nada a Cristina, le declaró a la señal de cable de La Nación, que su padre era amigo de Néstor, pero no de su viuda.

La venganza contra Casanello por no plegarse a la operación fue terrible: desde la Agencia Federal de Inteligencia se instrumentó una maniobra ilegal para apartarlo, cuando dos personas dijeron que lo habían visto en la residencia presidencial, esperando para reunirse con Cristina. Casanello demostró que eso era falso y hoy ambos falsos testigos que se prestaron a ese infundio están procesados. Aún así, la Cámara Federal, encabezada por Martín Irurzun, dispuso incluir la obra pública de Santa Cruz entre los delitos precedentes del lavado de dinero, tal como había requerido inicialmente el fiscal Guillermo Marijuán, El Pocero de la Patagonia, quien la recorrió con una retroexcavadora en busca del tesoro escondido. Esa causa se tramita ante otro tribunal oral.

 

 

 

 

 

Una simple ley que fije plazos

En su declaración en la audiencia pública, en diciembre de 2019, la Vicepresidenta electa mostró que dentro del organigrama estatal estuvo a 13 niveles de distancia de quienes tomaron las decisiones. Una generalización kantiana del criterio con el que se intenta implicarla haría imposible el funcionamiento del Estado, porque el Poder Ejecutivo sería penalmente responsable de todo lo que hiciera cada funcionario o empleado público. Quienes creímos que Cristina sepultó en aquella audiencia la criminalización de la política, expresamos deseos antes que realidades, porque lejos de desvanecerse, esa práctica se acentuó y es como una tela de araña pegajosa que entorpece el avance del gobierno nacional y popular.

Apurado por el deterioro de su salud, el doctor Glock la citó a ocho indagatorias en un mismo día, caso único en la historia. Pero 13 recursos presentados en seis causas por Cristina esperan desde agosto de 2018 que la Corte Suprema se digne tratarlos. Por eso, Santiago Cafiero puede afirmar que están dilatando la realización de los juicios, porque a falta de pruebas prefieren "mantener las causas abiertas, con Cristina en permanente estado de sospecha”. Al margen de las grandes reformas siempre en ciernes, una simple ley sancionada por mayoría simple que fijara para la Corte Suprema los mismos plazos que constriñen a los tribunales inferiores pondría límites a tanta arbitrariedad y politiquería, sin afectar la necesaria independencia judicial. Ni Mario Negri podría oponerse.

 

 

El poder de la palabra

La interacción entre los tribunales y la prensa comercial es decisiva. El operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Pedro Santoro, denominó la causa contra Báez como “la ruta del dinero K”, aunque no hay en todo el expediente mención a la actual Vicepresidenta. El camarista Irurzun repitió ese mote en una resolución y ya nunca se llamó al expediente de otro modo.

 

 

 

 

Esta semana la operación se consolidó con el fallo del Tribunal Oral Federal 4, que condenó a Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero. Aunque los fundamentos recién se conocerán dentro de un mes y medio, el tribunal hizo saber que dos de sus integrantes (Néstor Costabel y Adriana Pallioti) consideraron como delito precedente la evasión tributaria y los contratos de obra pública. La tercera jueza, Gabriela López Iñiguez, sólo dio por probada la evasión.

Los tres accedieron a la magistratura durante el segundo mandato presidencial de CFK, pero hace tiempo que sus fallos se ordenaron sobre líneas de adhesión política. Costabel, junto con Pablo Bertuzzi, condenaron al ex Vicepresidente Amado Boudou, en la causa Ciccone (iniciada por denuncia de otro sargento 1° del Ejército, Jorge Orlando Pacífico, compañero de Centeno en el Batallón de Arsenales de la fuerza), con la disidencia de López Iñíguez. Por ese fallo, Bertuzzi fue premiado con el traslado a la Cámara Federal, y Palliotti lo reemplazó en el Tribunal Oral. Luego, las dos juezas concedieron la excarcelación a Boudou, con la disidencia de Costabel. Esta vez, los pasillos de los tribunales apostaban a que se repetiría la misma alineación y trascendían párrafos del fallo de López Iñíguez y Palliotti. Pero la presión abierta y la embozada torcieron la voluntad de una de las juezas, que esta vez se alineó con el invariable Costabel, que nunca se equivoca.

 

La contradicción insalvable

El fiscal Abel Córdoba pidió 12 años de prisión para Báez y torsionando sin piedad el lenguaje cumplió el mandato de Irurzun. Pero como maestro del oxímoron, demolió los aportes específicos recibidos en el juicio:

• Fariña explicó que, como en la instrucción el fiscal Marijuan le objetó falta de claridad y dispersión, se vinculó con empresarios que sí conocían precisiones de obra pública, licitaciones, y con ese vínculo perfeccionó su conocimiento.
• “El rol de colaborador no consiste ni puede consistir en el conocimiento obtenido luego de emprender una pesquisa privada y presentarlo como hechos conocidos por haber tenido la vivencia directa y personal del evento por su inserción en la organización criminal”, sostuvo Córdoba.
• Fariña “presentó conocimientos ajenos como propios y se reservó la identificación de personas incursas en delitos que son de sumo interés para el sistema judicial”. Por eso su aporte “está devaluado en lo que hace específicamente al ilícito precedente obra pública”.

El fiscal también reconoció que la obra pública se está tratando en otro juicio, en la etapa oral de recepción de pruebas, e hizo malabares para explicar por qué se adelantaba a su resultado, sobre la base de “una razonable probabilidad positiva” (sic). Aunque sería tan “erróneo abonar y avalar como desconocer e impugnar” aquel proceso, lo hace selectivamente, de modo que descarta analizar el informe de Vialidad y el peritaje, porque son elementos de la otra causa (que favorecen a los acusados, y concuerdan en que sólo se pagaron obras terminadas, que su calidad constructiva es buena y que no se verifican sobreprecios).

 

 

 

 

Más categórica es López Iñiguez, en los fundamentos que anticipó junto con la sentencia: lo mediático y lo político se han confundido con lo jurídico y, al margen de los dichos ante cámaras, la prueba en el juicio es débil. Báez amasó una fortuna en dinero negro, producto de la defraudación tributaria, pero la prueba “no demostró la otra hipótesis que acompañó desde su inicio mediáticamente a esta causa pero que jurídicamente se incorporó a ella recién en abril de 2016, sugestivamente luego de un cambio de gobierno, y a través del polémico arrepentido Leonardo Fariña, cuyos aportes concretos y verosímiles al esclarecimiento de algunos hechos deben ser analizados detalladamente y con sumo cuidado”. Coincide con el fiscal en que “hubo una coexistencia entre actividades licitas con la comisión de ilícitos” y afirma que “el delito de lavado no puede existir sin la maquinaria para el blanqueo: las financieras que permiten crear cuentas offshore son un elemento central en este delito, y en este caso he observado con preocupación que el foco se ha puesto más en los clientes que en los prestadores de servicios financieros clandestinos o en los financistas de la banca internacional. Además se ha concentrado el interés punitivo en las personas físicas más que en las jurídicas, lo que a mi juicio es un grave error de enfoque en esta clase de delitos pues son justamente las personas jurídicas las que resultan indispensables para la concreción de la expatriación ilícita de capitales y el lavado de activos”. López Iñiguez también disintió con la figura penal aplicada, ya que el Código Penal se modificó mientras sucedían los hechos. El autolavado no era delito, por lo cual es la ley penal más benigna que debería aplicarse.

Sin mayor interés en estos pormenores jurídicos, la trifecta mediática coincidió en que este fallo complicaba a Cristina, que no fue parte de este juicio y contra quien hasta ahora no se ha hallado prueba alguna contundente en el otro proceso. Pero cuando la condena está escrita antes del juicio, ¿quién se preocupa por estas minucias? El Estado de derecho es en esos términos una bella consigna, pero no una práctica.

 

 

Se acerca el desenlace

Entretanto, el concurso preventivo de acreedores del Correo Argentino está a punto de cumplir veinte años, ya que se inició en 2001. Dos años después, un joven dirigente radical denunció ante la Justicia a Maurizio Macrì por vaciamiento del Correo y defraudación al Estado que calculó en 500 millones de dólares. Quien acierte su nombre tiene premio.

Las últimas recusaciones que intentó Macrì, de la fiscal Gabriela Boquín y de la jueza Marta Cirulli, fueron rechazadas por la Cámara. El patrimonio del Correo es negativo, según  establecieron los auditores, lo cual torna más que improbable el rescate en el proceso de cramdown. Sólo cinco ofertas se presentaron para hacerse cargo de esa cáscara vacía, una de Ramón Puerta, otra de Héctor Colella, el heredero de Yabrán.

 

En tales condiciones, el desenlace se aproxima. Hay dos posibilidades:

• La quiebra, que puede arrastrar a las naves insignia del grupo, SOCMA y Sideco Americana, o
• El traspaso de la causa a la Ciudad Autónoma y su Tribunal Superior, donde MM cuenta con cuatro votos sobre cinco para que el voluminoso expediente siga durmiendo el sueño de los justos, hasta que la muerte los separe.

 

La música que escuché mientras escribía

 

 

 

 

 

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