En los últimos días, el gobierno libertario de Javier Milei ha continuado dando muestras de que no considera a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y la Antártida, y los espacios marítimos concurrentes, como parte del territorio argentino.
Por un lado, acordó con las autoridades de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) que los hinchas argentinos no ingresaran banderas, remeras ni nada que hiciera alusión a las Islas Malvinas. En palabras del gobierno, las Malvinas representan un “mensaje de odio” y político. Nadie discute este último, pero ¿mensaje de odio? Por su parte, el Presidente de la Nación, Javier Milei, completamente enajenado de la realidad, sostuvo: “Tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones o a entender algunas cuestiones (…). Fíjese que los avances enormes que hemos tenido en la temática en el último tiempo (…) con los acercamientos a Estados Unidos (…) y eso ha permitido que la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros”. El Presidente se refería al pronunciamiento que el Comité Especial de Descolonización adoptó el pasado 25 de junio, por el cual, una vez más, reconocía la existencia de la disputa e invitaba a que se reanuden las negociaciones. Corto en historia, el Presidente olvidó que la Resolución n.º 2065 (XX) de 1965 y los continuos pronunciamientos de dicho Comité desde los años '80 ya se habían manifestado de la misma manera.
Hace pocos días, se conoció también que un buque de guerra británico, el HMS Medway, se dirigió hacia el estrecho de Magallanes a través del mar argentino, sin comunicación previa con las autoridades argentinas, tal como exigen los acuerdos internacionales vigentes entre nuestro país y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RUGB). Dicho documento creó el “Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas (...) [con el objetivo de que] Londres y Buenos Aires notificaran previamente los movimientos de unidades militares en el Atlántico Sudoccidental. El protocolo estableció comunicaciones permanentes entre las autoridades navales y aéreas de ambos países, pruebas periódicas de los sistemas de enlace y avisos anticipados cuando un medio militar operara en zonas sensibles”. Dicho movimiento fue seguido, como corresponde, por “una aeronave de la Armada Argentina, un avión Beechcraft B-200M Cormorán, equipado con tecnología de vigilancia WESCAM MX-10”.
Luego de que cientos de miles de personas salieran a la calle a festejar el triunfo de la selección argentina frente a la inglesa, el canciller argentino, Pablo Quirno Cisneros, emitió un comunicado protestando por la incursión del buque británico y la violación de los Tratados de Madrid de 1989 y 1990. Vale la pena recordar que estos no fueron aprobados por el Congreso de la Nación y, por lo tanto, carecen de validez.
No es la primera vez que esto sucede. En una nota en El Cohete, ya habíamos señalado que el 13 de enero de 2025, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, desestimó la información de que un avión británico había sobrevolado espacio aéreo y marítimo argentino. En efecto, el actual diputado nacional se había limitado a afirmar que “ningún avión británico sobrevoló espacio aéreo argentino”. Este hecho fue desmentido y agravado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el cual afirmó que “el Reino Unido posee una zona marítima adyacente a las Islas Malvinas”, sin aclarar la ilegalidad de dicho espacio, definido unilateralmente por el Reino Unido.
Por último, el gobierno ha enviado un proyecto de ley al Congreso de la Nación denominado “Ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que pretende derogar la Ley del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales n.º 26.737. Si bien esta última había sido derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) n.º 70/2023, una cautelar judicial suspendió sus efectos. Asimismo, propone modificar la Ley de Manejo del Fuego n.º 26.815 para “restablecer un equilibrio entre la propiedad privada y la protección ambiental”. Más grave aún es que elimina el límite de tenencia del 15% del territorio nacional, provincial y municipal en manos extranjeras. Esta ley ya se incumple porque, por ejemplo, el 54% de las tierras del Departamento de Lácar ya están en manos de extranjeros. Pero la ley, además, permite la compra de zonas estratégicas, entre las que se encuentran las áreas de frontera.
Todo lo hasta aquí expuesto es una demostración de que el gobierno no solo está entregando nuestras islas, espacios marítimos, la Antártida y los recursos que se hallan en ellas, sino que también está avanzando en este mismo sentido con los espacios continentales y fluviales. En definitiva, su política de defensa es coherente con ese objetivo.
Small Armed Forces
Los colaboradores de la periferia, que ahora pululan físicamente o con bolsos por la calle 25 de Mayo y asesoran en el Congreso y la Cancillería, lograron el objetivo propuesto por Estados Unidos y el Reino Unido de desarmar a las Fuerzas Armadas y que estas se conviertan en Small Armed Forces [1]. Es decir, que cumplan un rol subordinado a los intereses que tiene Estados Unidos en la región y que no representen un costo para los intereses estratégicos británicos en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
Los intereses de los estadounidenses en el Cono Sur se han ampliado a partir de la segunda década de este siglo. Ya no se trata solo de que nuestras Small Armed Forces cumplan roles policiales en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos complejos, sino que, pese a lo que sostenían algunos colegas y analistas, la potencia norteamericana busca controlarlo porque es sumamente relevante: ya cuenta con el Reino Unido en la cadena de islas del Atlántico Sur y ha avanzado en acciones para garantizar el acceso al estrecho de Magallanes, el canal de Beagle y el mar de Hoces, en consonancia con sus últimos documentos estratégicos y con la Directiva sobre la Antártida que emitió el presidente Joe Biden (2021-2025) [2].
La inutilización de las Fuerzas Armadas se materializa en los números que han publicado diversas fuentes. En primer lugar, el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) informó en el mes de abril que la inversión del Ministerio de Defensa había sido del 0,56%; la más baja de la historia argentina y de Sudamérica.

Asimismo, el Informe de Ejecución Físico-Financiera de la Dirección de Evaluación Presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía señala que la inversión en la función defensa durante el año 2025 fue sólo del 0,28% del PBI. El indicador "función defensa" comprende únicamente a los siguientes programas: conducción y coordinación de las Fuerzas Armadas; alistamiento y sostenimiento operacional del Ejército Argentino; alistamiento y sostenimiento operacional de la Armada Argentina; alistamiento y sostenimiento operacional de la Fuerza Aérea Argentina; mantenimiento, producción y soporte logístico para la defensa; fuerzas de paz; servicios de hidrografía del Ministerio de Defensa y el Servicio de Hidrografía Naval; remonta y veterinaria, y sastrería, es decir, los principales programas que permiten el alistamiento, adiestramiento y sostenimiento [3].
Por otro lado, cabe recordar que el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 n.º 27.798 derogó el inciso 1 del artículo 4.º de la Ley n.º 27.565 del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), dejándolo, de esta manera, sin recursos.
De acuerdo con el último informe de la cuenta de inversión (1993-2025) y a los datos de presupuesto abierto (devengado al 15 de julio de 2026) [4], convertidos en dólares para evitar el efecto de la inflación, se obtiene que sobre 100 que invirtió Argentina en defensa en 1989, en el año 2025 esa cifra ascendió a 78,91 y en lo que va del año ha alcanzado el valor del 41,51%.

Debe tenerse presente, además, que los recursos destinados para combustible, aceites y otros emolumentos militares son los más afectados. Así es que probablemente los F-16 no vuelen porque membrillo ya no hay.
En cuanto a los salarios, estos siguen atrasados como todos los sueldos de los estatales y no se les han pagado las últimas cuotas de recomposición. Para colmo, en estos últimos días el Ministerio de Defensa derogó un incentivo clave para los militares capacitados.
La estrategia no es disolver las Fuerzas Armadas, ni realizar un cambio legislativo para convertirlas en Small Armed Forces, sino desfinanciarlas. De ahí que resulte plausible, a este ritmo, que la Armada Argentina sea absorbida por la Prefectura Naval Argentina.
El último que apague la luz, a trabajar en Uber y chito.
Seguridad nacional
La Constitución nacional, como toda constitución liberal o liberal-conservadora como la nuestra, protege la propiedad privada. Así está establecido en sus artículos 14 y 17. Sin embargo, el gobierno insiste con esta ley de nombre pomposo.
Al respecto, Marcelo Bergman alertó: “Las zonas de fronteras son muy apetecibles porque son santuarios. Primero, para pasar la droga (…) hacia nuestro país o hacia otros. Esta ley viene (…) a quitar la regulación sobre las zonas de fronteras (…) y permite que un grupo extranjero [adquiera esas tierras] y no podemos hacer trazable el dinero con el que adquieren las tierras (…) y pueden llegar a controlar un espacio (…). Si el PCC (…) quisiera adquirir territorios en Misiones, en la zona de frontera para pasar droga desde Paraguay a Argentina, tiene que conseguir varios testaferros y con esta ley es imposible trazar el dinero con el que van a adquirir esas tierras y ya tienen un espacio ya afincado (…). Tenemos que ser muy cuidadosos porque no sea cosa que en 10 o 15 años nos agarremos la cabeza diciendo lo que hicimos al permitir la apropiación de tierras por parte de organizaciones criminales”.
Al respecto cabe preguntarse si este no sería uno de los objetivos del proyecto. Al igual que en los '90, este modelo económico necesita para sostener las variables macro que ingresen dólares del sector agroexportador, del sector minero y del sector hidrocarburífero, pero también de las privatizaciones y de la deuda. Por ejemplo, en Ecuador, México y Colombia la economía ilegal representa en promedio el 4% del PBI de estos países. Por ello, esta podría ser otra fuente de dólares para la economía argentina, como en Ecuador; y recordemos que estos delitos tienen penas leves en el Código Penal y que no son perseguidos por el Poder Judicial, como hemos analizado en otra nota.
En línea con lo expresado por Marcelo Bergman, en los últimos diez años se han consolidado caminos de investigación en geopolítica, criminología, entre otros, que sostienen que las organizaciones criminales no sólo buscan controlar las tierras de fronteras para asegurar el tránsito de drogas, sino también para facilitar el lavado de activos, el control territorial y la captura política. Por ejemplo, en algunas fronteras secas, las empresas compran tierras de ambos lados de la frontera y construyen galpones. De esta manera, pueden ingresar contrabando y/o drogas por una puerta del galpón que está en el país X y la sacan por la otra que está ya en el país Z. Por ejemplo, Kendra McSweeney y otros autores, en el texto "Why Do Narcos Invest in Rural Land?" (2017), se preguntan por qué los narcotraficantes invierten en tierra rural, llegando a la conclusión de que es un mecanismo para lavar dinero, ejercer el control territorial y ejercer influencia sobre los políticos. En este sentido, muestran que las tierras rurales y de fronteras son altamente apetecibles. Por último, Beth Tellman, David Wrathall et al. (2020) identifican que las organizaciones criminales adquieren tierras para lavar dinero y controlar corredores de tráfico.
Por otro lado, una revisión de las normativas de los países del Occidente capitalista y liberal muestra cómo estos garantizan la seguridad nacional con relación a las tierras e infraestructura. Jennifer Zwagerman y Will Miller analizaron la relación entre la propiedad extranjera en Estados Unidos y la seguridad nacional. Este país creó el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS) en 1975, durante la presidencia del republicano Gerald Ford (1974-1977), el cual revisa las inversiones y compras realizadas por extranjeros, pudiendo bloquear dichas operaciones entre privados si considera que afectan la seguridad nacional.
En el caso europeo, podemos señalar los trabajos de la Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE) sobre “Acquisition and ownership related policies to safeguard essential security interests” del año 2016 y los informes de la FDI Screening Regulation de la Comisión Europea. En resumen, los países europeos repiten el patrón de Estados Unidos: en Francia, Alemania, Noruega, Suecia, entre otros, los gobiernos pueden impedir la compra de tierras y activos estratégicos que impacten en la infraestructura crítica, industria militar, tecnologías sensibles, energía, puertos estratégicos si afectan la defensa y la seguridad nacional.
El caso de Israel es el más llamativo. De acuerdo con Orit Arfa, “actualmente, en Israel propiamente dicho (dentro de la Línea Verde), solo el 7% del territorio es propiedad privada (3% de judíos y 4% de árabes). Según la ONG israelí Regavim, el resto pertenece al Estado judío (80%) y al Fondo Nacional Judío (13%). Los ciudadanos israelíes arriendan la tierra a la Autoridad de Tierras de Israel en plazos de entre 49 y 98 años. Si el gobierno rescinde el contrato de arrendamiento, se exponen al desalojo”. En este mismo sentido, la investigación de Elia Werczberger y Eliyahu Barukhov muestra que “más del 93% de la totalidad del territorio de Israel es propiedad del Estado o de organismos públicos, y es gestionado y administrado por la Autoridad de Tierras de Israel (ILA)”.
Por el contrario, la Argentina entregará tierras estratégicas el próximo 6 de agosto del corriente año si no se producen cambios políticos. Esto afectará la defensa nacional y la seguridad ciudadana. El camino no era el chavismo, sino Ecuador. Para ello, Javier Milei estaría escogiendo apostar a los flujos de dólares del narcotráfico y a la entrega de activos estratégicos: la hidrovía Paraná-Paraguay; el plan nuclear; el CAREM; Nucleoeléctrica; la entrega de 5.000 km² de mar argentino a extranjeros; tierras estratégicas de las Fuerzas Armadas que son utilizadas para el adiestramiento; y las propias Fuerzas Armadas. Recordemos que la hidrovía es la principal ruta de ingreso de drogas en el país para consumo interno o para exportación.
En síntesis, los liberales o libertarios de Occidente no son boludos como los libertarios que nos gobiernan.
La patria es el otro
La derecha no solo se apropió de las Fuerzas Armadas y de la defensa nacional, sino también de conceptos como seguridad, nación y patria, aunque vernáculamente se traducen en su destrucción y menosprecio. El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, realizó un despliegue impresionante para festejar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, dejando en el olvido los 210 años de la independencia argentina. Asimismo, no hay recordatorios anuales en las calles (salvo algunas excepciones) de la derrota a los ingleses en la primera y segunda invasión y en la Guerra del Paraná (1845-1850). Mientras que los desfiles de la Revolución de Mayo y de la independencia se suspendieron por falta de presupuesto y/o para que los militares no se pronuncien en contra de Javier Milei, los festejos no han faltado en las embajadas y en el Planetario. Y si bien hubo quejas mediáticas por las restricciones al ingreso de banderas alusivas a Malvinas y a los festejos por los triunfos de la selección argentina, pocos se han pronunciado por la ausencia de la bandera que ondeó en Malvinas, que desapareció de una vitrina en la Casa Rosada, y por el menosprecio a los caídos en la Guerra del Atlántico Sur (1982). Pero no es solo nuestra derecha vernácula: ¿qué hacemos nosotros como pueblo? Salvo durante el Mundial, pareciera que nos da vergüenza hablar de la patria, de la Nación, cantar el himno, “Aurora”, la “Marcha de Malvinas” y llevar una escarapela o hacer flamear la bandera argentina. Un amigo me preguntaba si la causa Malvinas está resurgiendo. Tristemente, le respondí que no.
El concepto de patria ha sido capturado por una derecha entreguista que está destruyendo rápidamente eso que dice defender. Por su parte, el progresismo y algunos sectores del campo nacional-popular no saben qué hacer con los conceptos de nación y patria. Hay excepciones. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, lo ha resignificado diciendo: “La patria es el otro”. Pero para que ello se materialice concretamente, habría que aprender, adecuándolo a nuestra realidad nacional, de otros países periféricos, coloniales o neocoloniales, donde la prioridad no fue la lucha de clases y la destrucción del Estado, sino cómo evitar el sometimiento colonial o neocolonial y cómo salvar el retraso con relación a los países desarrollados. En efecto, para esos líderes (Sankara y Ho Chi Minh, por ejemplo) que encabezaron, y encabezan, la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo, el objetivo es erigir un Estado nacional independiente. Es decir, recurriendo a nuestra tradición política: una patria con soberanía política, independencia económica y justicia social. Para ellos, la tarea era sacudirse de encima “la opresión, la humillación y la deshumanización” a la que habían sido sometidos sus pueblos.[5] Todo esto es defender a la patria y para ello se necesitan Fuerzas Armadas y el resto de las políticas del Estado, como en el caso de la Ley de Tierras. ¿Los legisladores defenderán a la patria el próximo 6 de agosto?
Como sostenían Polibio e Ibn Jaldún, la derrota no es externa, sino a causa de la degradación interna. Es el derrumbe de lo que fuimos como nación. Por eso, son significativas las palabras de un twittero que, con relación a la venta indiscriminada a extranjeros de tierras y activos estratégicos, afirmaba: “Argentina ya es una entidad, ya no llega a la definición de país, convertida en un consorcio privado foráneo. El territorio de lo que aún se denomina Argentina va a ser loteado como lo hacen en África”.
Argentina ya es una entidad, ya no llega a la definición de país, convertida en un consorcio privado foráneo. El territorio de lo que aún se denomina Argentina va a ser loteado como lo hacen en África. https://t.co/V6wvMDApgI
— Geopolitiquero (@Realgeopolitica) July 14, 2026
[1] Gastaldi, Sol; Eissa, Sergio; Tessey, Héctor & Llaser, Gabriela (2026). ¿Punto de inflexión? El impacto de la Guerra del Atlántico Sur en la doctrina militar argentina. Resistencia: Ediciones de la Paz.
[2] Eissa, Sergio & Díaz, Araceli (2025). El tablero estratégico del Atlántico Sur (2008-2022). Una mirada argentina. Rosario: Laborde Editores.
[3] Desde "mantenimiento" hasta el final de la enumeración, son agrupados por el Ministerio de Economía como otros y solo representan el 2,06% del total devengado por la función defensa en 2025.
[4] Para los datos previos recurrí a Eissa, Sergio & Montenegro, Germán (2025). "Desarme argentino: La política de defensa entre 1983 y 2023". Buenos Aires: TeseoPress.
[5] Losurdo, Doménico (2019). El marxismo occidental. Cómo nació, cómo murió y cómo puede resucitar. Buenos Aires: Editorial Trotta.
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