En 2019 sigue el aguacero

Hiperconcentración en producción audiovisual y distribución de contenidos, y medios públicos en agonía

 

Como si faltaran novedades en el resquebrajado sistema macrista de (des)equilibrios en la administración de nuestras cosas públicas, esta semana habló Telefónica, uno de los grandes de la economía vernácula, y se cambiaron las reglas para la recepción de las señales públicas del Estado Nacional.

Es difícil adivinar cuántas razones determinaron que el holding español se pare tan duramente frente a Miguel Braun, si supusieron que las presentaciones ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia surtirían efecto; si la modificación del proyecto original de la “ley corta” empujada por el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, la perjudica, tal como referimos en otro viaje del Cohete (https://www.elcohetealaluna.com/ley-corta-e-incumplimientos-largos/); o si le pareció intolerable el cariz de la resolución que aprobó la fusión Clarín–Cablevisión–Telecom.

Lo cierto es que Telefónica de Argentina es filial de la homónima española, que tiene presencia en 25 países, entre los cuales además de España, figuran Reino Unido, Alemania, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y otros cinco estados centroamericanos. Los ibéricos ocupan la quinta posición mundial en el sector de telecomunicaciones por capitalización bursátil y la primera como operador europeo integrado. Junto a Claro (América Móvil) lideran la penetración en los hogares latinoamericanos de telefonía y datos móviles, así como también brindan televisión de pago por cable y vía satelital. Pero, aún en este escenario, ninguno de los dos líderes regionales cuenta con la red de fibra óptica de Cablevisión.

El dato resulta particularmente relevante en el marco de la puja de grandotes para brindar el cuádruple play (telefonía fija, telefonía móvil, Internet y televisión de pago). Telefónica no se refirió públicamente a la media sanción de la «ley corta» que aprobó el Senado el 4 de julio pasado y que, aún retocada en sus alcances, habilitaría a las telefónicas y a DirectTV a brindar televisión satelital en convergencia. Es cierto, esperaban un apoyo más cerrado que el que lograron negociar con el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el bastonero de la iniciativa en el Congreso, Federico Pinedo. Hasta algunos afirman que el proyecto así sancionado —con plazos extendidos para la convergencia plena con TV satelital hasta 2020 o 2022, de acuerdo al tamaño de las localidades y la situación de competencia— no sería de utilidad para la empresa tras la devaluación que achica ganancias en dólares y torna cada vez más improbable una «lluvia de inversiones», ya sea en tendido de redes o en provisión de decodificadores y antenitas parabólicas. Como siempre, de la Argentina se espera una rápida lluvia de dólares y una tasa exponencial de ganancias inexplicable en otros países.

 

Contra el dictamen y la resolución a favor de Telecom

En este contexto Telefónica rechazó los términos de la autorización del Gobierno a la megafusión de Telecom (su vieja rival desde la privatización de Entel), con Cablevisión—Fibertel—Clarín, que —oh, casualidad— fue resuelta unos días antes de la media sanción de la “ley corta” vía Resolución del Secretario de Comercio Miguel Braun, que avaló el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

No fue sólo un papel por mesa de entradas: la escalada amenaza con ir rápido a la Justicia ordinaria y a tribunales internacionales como el CIADI. A su paso va señalando que los avales al Grupo Telecom magnettizado nada tienen que ver con los parámetros procompetitivos o anticoncentración de la OCDE.

Telefónica emitió más que un comunicado. Aunque ni Clarín ni Télam lo publicaron, el aviso recorrió los espineles nacionales y, vía la agencia oficial española EFE, rebotó en la Madre Patria y otras zonas sensibles de la geografía internacional. Es difícil pensar que la multinacional vaya a deponer su actitud a cambio de nada. La cancha de esta actividad siempre se puede pensar en función de negocios que aún ni imaginan los simples transeúntes.

Si hubiéramos leído sólo el relato oficial que autoriza la fusión Cablevisión—Telecom, quizás creeríamos que se le ponen los puntos al Grupo Clarín—Telecom cuando se le ordena vender abonados de Arnet a terceros, devolver porciones de espectro, etcétera. En el intento por instalar esta lectura oficial, el título de la noticia publicada en www.argentina.gob.ar fue «La CNDC ordena venta de activos en banda ancha fija e impone obligaciones a Telecom» (https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-cndc-ordena-venta-de-activos-en-banda-ancha-fija-e-impone-obligaciones-telecom).

Otra mirada sobre la resolución, fue la aportada por doce diputados críticos (Pablo Carro, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky, Gabriela Cerruti, Rodrigo Rodríguez, Adrián Grana, Josefina González, Walter Santillán, Vanesa Siley —todos del FPV-PJ—, Silvia Horne —Peronismo para la Victoria— Carlos Selva —Frente Renovador— y Romina Del Pla —Frente de Izquierda), destacando que el Gobierno acepta de manera vergonzante las propuestas que le hace la empresa ya fusionada: tanto en el “desprendimiento” de sólo 143.000 clientes de Internet en cinco provincias, como en la “vocación de cumplir con la ley” y los “compromisos de conducta” para demorar un cachito la convergencia plena de servicios autorizada en forma preferencial a medida de las necesidades del Grupo.

¿Qué impugna Telefónica entonces? Entre otras cuestiones, sostiene que la autorización a su principal competidor implica «un trato discriminatorio para el resto de los operadores». Y advierte que «pone en peligro las inversiones que requiere el sector».

Recuerda que Telecom—Cablevisión concentrará casi el 60% del mercado de banda ancha fija a nivel nacional y hasta 90% en determinadas ciudades, lo que favorece a un operador dominante en el sector (que no es Telefónica, claro).

Marca un doble estándar legal para la competencia (¡qué les quedará a los más pequeños, entonces!): «Las medidas contempladas en la resolución no van a limitar el impacto anticompetitivo de la fusión, ya que por largo tiempo la empresa fusionada será la única que podrá ofrecer paquetes integrados en Argentina, mientras sus competidores seguirán enfrentando limitaciones para hacer ofertas competitivas».

Y, en clave hiperpolítica, refriega al Gobierno que el nivel de concentración permitido no asegura competencia efectiva y «no tiene precedentes en ningún país de la OCDE”.

“Siendo esto así, las decisiones adoptadas por las autoridades argentinas resultan profundamente contradictorias con el objetivo que se ha planteado el país de ingresar a la OCDE a fin de dotarse con políticas públicas alineadas con las mejores prácticas internacionales», afirma la empresa. ¿Teléfono para el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez del PSOE, sucesor del lobbista Rajoy?

Suena irónico de la mano de quienes mediante medidas adoptadas por el Gobierno prestarán servicios de TV por cable sin las reglas de la TV por cable que la Ley de Medios establecía, por obra y gracia del DNU 267/15 (https://www.elcohetealaluna.com/futbol-y-pais-para-pocos/)-. Es decir, explotar la actividad sin ninguna regla de control de concentración.

La resonante decisión de Telefónica lleva a reacomodamientos del resto de los actores de esta puja, incluida la Cámara de Diputados que tiene a estudio la media sanción de la “ley corta”. ¿Querrá y podrá el gobierno compensar el desaire? Si no tiene recursos más que un silbato usado de referí en segundo tiempo, seguramente será en base a una mayor laxitud normativa.

La incomodidad de Macri radica en que no podrá caer bien parado ante las presiones de Clarín —ya logró lo más—, las telefónicas, los cableros grandes como Telecentro, Supercanal (con un fondo inversor como opaco dueño), los medianos y pequeños cableros y la desmembrada industria audiovisual que trata de hacer pie y meter baza con regulaciones para las nuevas plataformas de distribución de contenidos. Finalmente, ¿se moverá el arco político, especialmente aquel «peronismo razonable» que facilita mayorías relativas en diálogo también ellos con los poderes fácticos?

 

Sotto voce

A este paisaje se agrega una medida que viene pasando desapercibida: la Resolución 4694/18 dictada el pasado 19 de julio por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Mediante esta decisión, la autoridad de aplicación ha establecido nuevas —e ilegales– reglas para la distribución de señales de Contenidos Públicos SE.

Los lectores del Cohete recordarán las pujas para que Paka Paka y Encuentro entraran en las grillas. También el ensañamiento para su desmonte, más los despidos y cesantías.

Pues bien, eso no era todo: de acuerdo con la Resolución 4694 “la inclusión de las señales de Contenidos Públicos Sociedad del Estado por parte de los titulares de licencias y/o registros de radiodifusión por suscripción quedará sujeta a las condiciones convenidas entre las partes. Su puesta a disposición en forma gratuita por parte de Contenidos Públicos Sociedad del Estado generará la obligación de su inclusión”. Y agrega: ”En todos los casos se deberá garantizar la igualdad de acceso a los contenidos públicos y la promoción del federalismo y la diversidad de acuerdo a la normativa vigente”.

Para mayores datos, el propio gobierno celebró la creación de esta empresa dirigida por Hernán Lombardi (el mismo de las declaraciones sobre los trabajadores de TELAM S.E.) diciendo, entre otras cosas, “creamos la empresa Contenidos Públicos Sociedad del Estado para el manejo y administración de las señales Encuentro, PakaPaka y DeporTV —que anteriormente estaban bajo la órbita del Ministerio de Educación—. Aquí desarrollamos las herramientas que nos instalan en el siglo XXI y nos proyectan hacia el mundo en un nuevo ámbito de convergencia, integrando capacidades y diseñando políticas de medios y contenidos con visión de futuro. Las señales Encuentro, Paka Paka y DeporTV siguen trabajando más que nunca para garantizar que los medios y contenidos del Estado Argentino puedan llegar efectivamente a todos los habitantes, en un marco de libertad de expresión y pluralidad de voces. Medios y contenidos que enriquezcan la vida de todos y que propicien un profundo cambio cultural en la Argentina del siglo XXI” (https://www.argentina.gob.ar/noticias/contenidos-publicos-sociedad-del-estado).

La resolución permite que al Directorio presidido por Lombardi se le ocurra cobrar por las señales. Si los señores mencionados más arriba dijeran que no pagan, literalmente, las señales públicas no le van a llegar a nadie.

Y ello puede suceder como resultado de la adopción del inconstitucional DNU 2671/15 que colocó a los cables y demás servicios de suscripción al margen de lo normado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente.

Quien gobierne la Argentina en 2019 recibirá un esquema hiperconcentrado en producción audiovisual y en infraestructuras de distribución de contenidos. Y con medios públicos en agonía.

(Continuará).

 

 

 

1 comentario
  1. Ramona ramo flores dice

    Una Empresa extranjera le podria llegar a ganar judicialmente al gobierno y/o….y todos los defensores del Pueblo que han iniciado causas con altas pruebas de todo tipo a estos tipos, no?

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