Entre Dios y El Diablo

 

La participación del capital privado en el conflicto territorial de Cuesta del Ternero (Río Negro) se muestra abiertamente en el territorio y en los expedientes judiciales. A diferencia de otros casos recientes comparables, los actores del capital privado están al frente de su intervención en el conflicto y no sólo a través de personeros en el Estado. El Poder Judicial no puede ocultar que resulta incompatible garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios y, a la vez, las condiciones del avance neo-extractivista en los territorios de esos mismos pueblos.

El asentamiento de la Lof Quemquemtreu junto al río Ternero, a unos 20 kilómetros al noreste de El Bolsón, desató un conflicto que por ahora muestra una primera línea de jugadores por parte del capital privado con intereses directos en el lugar. Dos expedientes judiciales se nutren entre sí y ponen al Poder Judicial en posición de mostrar algo de su propio juego. Ese movimiento contradictorio se advierte en las audiencias públicas de la causa por presunta usurpación de tierras por parte de la comunidad mapuche y, a la par, en la investigación por el crimen de un joven y el intento de homicidio de otro.

 

 

 

El asentamiento se conoció el 18 de setiembre. La Unidad Fiscal de El Bolsón inició el legajo con la denuncia de Rolando Rocco, forestador de Chubut y titular de las plantaciones que se realizaron en ese mismo espacio. El 24 la Fiscalía montó un dispositivo para notificar a los miembros de la comunidad que no se identificaron y restituir el predio al particular. Con un importante despliegue policial, detuvieron a cuatro jóvenes de la comunidad a los que imputaron el delito de usurpación. Al día siguiente, otrxs mapuches reingresaron al espacio. Por indicación judicial, la policía provincial montó un cerrojo con dos retenes permanentes hasta el día de hoy, ante el cual un movimiento solidario desde pueblos y ciudades cercanas armó un acampe humanitario. A dos meses de la supuesta usurpación, se identificaron en el puesto policial Rocco y dos hombres que presentó como sus empleados, movilizándose en un Gol gris. Horas después, el domingo 21, ingresaron los mismos dos hombres en un vehículo diferente. Fue cuando mataron de un solo disparo a Elías Garay Cayicol (29 años) e intentaron asesinar a Gonzalo Cabrera (26) con dos tiros en el estómago. La Fiscalía inició el segundo legajo. Esa noche, personas a caballo patotearon una concentración de protesta por el crimen en el centro de El Bolsón. Después de cuatro allanamientos frustrados, cuatro días después detuvieron a Diego Ravasio (en Esquel) y horas después a Martín Cruz Feilberg (en Comodoro Rivadavia) como presuntos coautores del ataque homicida.

 

 

En veinte días los sectores dominantes vinculados al aparato estatal se recompusieron del sangriento escenario. La última semana, la Justicia ordinaria confirmó la legitimidad de Rocco como querellante un día y, al siguiente, resolvió desalojar a la Quemquemtreu el 23 de diciembre si no se retira voluntariamente para esa fecha límite.

 

 

 

Pases libres

Todas las partes usan información que surge de un legajo para avanzar o bloquear a su oponente en el otro. Así se deduce de las audiencias, aún sin conocer la prueba documental agregada. A partir de esos intercambios, aparecen algunas dudas:

• ¿Quién denunció la usurpación? El legajo que se discute reconoció a Rocco como denunciante, quien se constituyó como querellante con Ernesto Saavedra, abogado de la matrícula de Bariloche y referente del espacio Consenso Bariloche que impulsa el proyecto de defensa de la Propiedad Privada Patagonia. La propia fiscal jefa de la Zona Andina, Betiana Cendón, reveló en una audiencia por el homicidio que en realidad fue Feilberg quien denunció los hechos iniciales. En la primera audiencia de formulación de cargos por el homicidio, Feilberg se presentó como socio de General Simón S.R.L. y dijo que hace ocho meses tiene un contrato con Rocco para explotación de la madera quemada por incendios. Por su parte, Ravasio dijo que es empleado de Feilberg. Un vecino de la Cuesta aseguró que vio a ambos trabajar durante varios meses, siempre en el mismo vehículo, y que alquilaron un campo de pocas hectáreas, vecino al predio en conflicto donde montaron un obrador. Parecían pequeños contratistas, no empresarios, consideró esa fuente.
• ¿Quién es el propietario de la tierra en conflicto? Rocco presentó una certificación de ocupación extendida por la Dirección de Tierras y Colonias de la provincia sobre una fracción de tierra en el paraje no identificada catastralmente. Está fechada en julio del año pasado. El texto advierte que esa certificación no supone derechos sobre la tierra en los términos de la ley de tierras públicas provincial vigente en Río Negro. En ese caso, llama la atención que no haya sido la Fiscalía de Estado la que denuncie la presunta usurpación de tierras fiscales, como ha hecho en otros casos contra comunidades mapuches. Por otra parte, un eventual reconocimiento como ocupante de tierra pública es diferente a los derechos de esa misma tierra para forestación con subsidios del Estado nacional y aportes de provincia, como es el caso de Rocco, según documentación pública acumulada a partir de los años '90.
• ¿Cuándo la víctima se convierte en victimario y viceversa? Durante los dos primeros meses, la historia oficial no dudó en señalar a Rocco como presunta víctima de la reivindicación territorial que le generaba pérdidas económicas. Hasta que su socio Feilberg usó un arma corta y disparó contra Garay, según la declaración del sobreviviente del intento de homicidio que relató Cendón. Saavedra asumió la representación de Feilberg.

El 7 de diciembre, en una audiencia de control de la acusación por el homicidio, la Fiscalía dijo que contaba con nuevos testigos presenciales integrantes de la comunidad, además del propio Cabrera y de la novia de Garay. Saavedra no dejó pasar el detalle: los encapuchados que no se identificaban para ser notificados por la usurpación podían ser testigos contra su defendido. Nueve días después se hizo otra audiencia con lxs seis acusadxs de usurpar a Rocco, Alejandro Morales entre ellos. Morales es uno de los testigos presenciales del ataque con armas de fuego, dijo Cendón. El dato entusiasmó al juez Ricardo Calcagno, ante la posibilidad de que el testigo hubiera estado violando una orden judicial de restricción. Morales no incurrió en desobediencia porque se había vencido la restricción para los cuatro varones imputados. De todos modos, el juez entendió que el cerrojo policial no es tal, ya que Morales pudo regresar, al menos, el domingo 21.

 

 

Saavedra, con el respaldo de la Fiscalía, pidió el desalojo de Quemquemtreu. Calcagno dispuso hasta el próximo jueves 23 para que los cuatro varones imputados se retiren voluntariamente del lugar y fijen un domicilio lejos de la tierra en conflicto. Para las dos mujeres rige la prohibición de acercarse al lugar, medida ratificada también la última semana por el juez Bernardo Campana.

“No voy a hablar de comunidad, sino de seis personas identificadas”, insistió el juez. Andrea Reile, por la defensa de lxs mapuches, objetó todas las decisiones tomadas en esa audiencia.

“El que sufre las consecuencias es Rocco, no la provincia”, afirmó Calcagno al resolver el desalojo. En tono sugerente agregó: “No sé si la comunidad inició expediente para reclamar esas tierras”.

 

 

 

 

Del mismo barrio

La Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Bariloche en ocasiones parece muy chica. Cendón y Saavedra –como fiscal y querellante, respectivamente– acordaron estratégicamente medidas contra la Lof Winkul Lafken Mapu, en conflicto con varios propietarios privados y públicos en Villa Mascardi (Parque Nacional Nahuel Huapi). Por su parte, Calcagno y Rocco coincidieron en 2010, cuando el juez absolvió al forestador en primera instancia en una denuncia por lesiones leves.

 

 

 

“No podés ser mapuche con esos ojos verdes”, le dijo Calcagno a una joven de la comunidad Loncón del paraje Tres Cerros hace varios años. La reforma procesal no hace milagros sobre la ideología profunda de un sistema ni de sus operadores. Así es que el mismo juez hizo gala de sus prejuicios y arbitrariedad ante Romina Jones, de la Quemquemtreu, a quien insistió en llamar “señora Huala”. La joven es prima de Facundo Jones Huala, preso político en Chile, ícono de la demonización del pueblo mapuche. El destinatario final del mensaje puede haber sido el poder real interesado en la Cuesta, que necesariamente ni empieza ni termina en Rocco & Feilberg.

 

 

 

 

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