En economía se define como “matriz productiva” a cómo se organiza una sociedad para producir determinados bienes o servicios en un tiempo y precios determinados. Es decir, cómo emplea los recursos que tiene a su disposición (o desarrolla los inexistentes) para generar procesos de producción que permitan el crecimiento y desarrollo, propendiendo a la generación de mayor valor agregado, la creación de riqueza y a la vez el bien común, la igualdad de oportunidades y el progreso.
La matriz productiva y distributiva actual del país es sesgada, con ganancias extraordinarias para un sector minoritario de la población y niveles de pobreza y exclusión social que no tienen calificativo. Es un modelo extractivista y financiero aceptado, hasta propuesto y legitimado por un Congreso de la Nación que ha aprobado leyes de dudosa constitucionalidad, como los casos de la ley 27.742 llamada “Base y punto de partida para la libertad de los argentinos”; la ley 27.802 de reforma laboral; la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, y la ley 27.804 de modificación de la ley 23.639 de protección de los glaciares y periglaciares. Además, el Poder Ejecutivo ha tomado medidas en este sentido, como la de transferir las Leliq (Letras de Liquidez del BCRA), que era una deuda del BCRA con los bancos, al Tesoro de la Nación, transformándola en deuda pública. O el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, que deja de exigir datos sobre el patrimonio y los consumos personales de los contribuyentes y se enfoca exclusivamente en los ingresos facturados y los gastos deducibles, sin cruzar la información, etc. No están exentos de controversias judiciales, que, por ahora, con la composición de las cámaras y de la corte, pueden llegar a frenar, pero nada es para siempre.
Y afuera lo saben, por eso en la llamada Semana Argentina en Nueva York, llevada a cabo del 9 al 11 de marzo de 2026, los interrogantes de los empresarios invitados fueron principalmente:
- El precio del dólar en torno a 1.400 pesos no tiene poder adquisitivo en el país.
- Faltan hacer obras de infraestructura de electricidad, de transporte, de logística, de puertos; ¿quién las va a hacer?
- Los pedidos de amparos y demás controversias judiciales, cuando esos inversionistas invitados dijeron claramente que las inversiones mineras e hidrocarburíferas llevan varios años en madurar, y después, tienen un periodo de vida de 30 o más años, y en esas tres principales condiciones planteadas, aseguran que es más confiable invertir en Australia o en Chile.
Aunque no se haga público, seguramente observan la magnitud de la deuda bruta de la Administración nacional argentina, el perfil de los vencimientos de capital e intereses de esta y que el Estado argentino no puede pagar ni la cuarta parte de los réditos que devenga. Mientras que los ingresos tributarios descienden mes a mes, como ha pasado en los últimos ocho meses en términos reales, y en los últimos tres meses hasta en términos nominales, y pese al irracional ajuste del gasto primario, el excedente para afrontar los intereses de la deuda es menos de la cuarta parte del total de esas obligaciones.
Deuda bruta de la Administración nacional
El ministro Luis Caputo recorre el sistema financiero mundial una y otra vez con el fin de obtener préstamos y o refinanciaciones de deuda. En abril de 2026 logró la ampliación del crédito del FMI en 1.000 millones de dólares, y debe pagar en julio de 2026 la suma de 4.507 millones, de los cuales el 95% son bonos soberanos (Bonares y Globales), y el 5% restante es deuda con organismos internacionales de crédito.
Hasta diciembre de este año 2026 existen vencimientos de capital e intereses por casi 12.000 millones de dólares (incluidos los 4.507 millones de julio 2026), y la deuda para el año 2027 en divisas por capital e intereses ronda los 21.500 millones de dólares. Esto sin contar la deuda en pesos que es negocio con los bancos, agentes de liquidación y compensación y las compañías de seguros. Y no se sabe a ciencia cierta cómo se la refinanciará. Por lo que el panorama externo, por más promesas de privatización de recursos naturales que se hagan, tiene más interrogantes que certezas.
Si son de dudosas a malas las perspectivas externas, en el flanco interno el cuadro es mucho peor.
El mercado interno
Este gobierno, desde sus inicios mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impuso modificaciones en las relaciones laborales, propiciando medidas de flexibilidad laboral desconociendo los derechos adquiridos por los trabajadores, con el objetivo de reducir los salarios (incluidos los salarios sociales, la educación y salud públicas, y demás), desmejorar las condiciones de trabajo, con medidas de flexibilidad para contratar y despedir, etc. Luego lo convirtió en ley con la ley n.º 27.802, denominada cínicamente de “modernización laboral”, sancionada el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. Esta fomenta el empleo no registrado al suprimir las multas a quien lo practique, elimina la indemnización por despido, extiende el periodo de prueba a ocho meses, limita la vigencia de los convenios, etc., para precarizar el empleo [1].
Según el SIPA (Sistema Integral Previsional Argentino) y la Secretaría de Trabajo de la Nación (Ministerio de Capital Humano), los trabajadores registrados con aportes son:
- Sector privado: 6.190.000 personas
- Sector público: 3.390.000 personas
- Monotributistas: 4.576.000 personas [2]
- Trabajadores no registrados: 5.800.000 personas (para los 31 aglomerados urbanos) que, extendido a todo el país, alcanzaría los nueve millones de personas que trabajan sin aportes, ni obra social, etc.
Paralelamente este gobierno devaluó nuestra moneda en más de un 100% el 12 de diciembre de 2023 y permitió que las empresas fijaran libremente los precios. El resultado no pudo ser otro que una inflación medida por el IPC del INDEC de 117,8% en el año 2024, de 31,5% en el año 2025 y de 9,4% en el primer trimestre de 2026.
Siempre según el INDEC, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) para no ser pobre, de marzo 2026 para una familia compuesta por matrimonio y dos hijos, fue de 1.434.463,81 pesos (no contempla el pago del alquiler por la vivienda). Esto sucede en el marco de un salario mínimo vital y móvil para el mes de abril de 2026 de 357.800 pesos para aquellos trabajadores mensualizados que cumplen con la jornada laboral completa, mientras que la hora trabajada para los empleados jornalizados se establece en 1.789 pesos. No hay datos oficiales del salario promedio, pero, aunque fuera tres veces mayor, estaría por debajo de la CBT. Podés tener un trabajo registrado y ser pobre. Y configura la peor distribución de ingreso en serie (de varios meses) que se tenga registro en la Argentina.
En abril de 2026, la jubilación mínima en la Argentina, incluyendo un aumento por movilidad y un bono refuerzo, se establece de la siguiente manera:
- Haber mínimo: $ 380.319,31
- Bono de refuerzo: $ 70.000
- Total a cobrar: $ 450.319,31
La Canasta Básica Total (CBT) para un adulto mayor para el mes de marzo de 2026 (el mes anterior) para el INDEC es de 464.228 pesos. Los jubilados y pensionados que cobran la mínima (que son parte importante de los beneficiarios) perciben un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Esta situación solo ha pasado en el país en pocos meses y en momentos de alta inflación como fue el año 1989, o en el primer trimestre del año 2002, pero nunca, no hay registros, durante 27 meses seguidos. Y lo que es peor: sin mira de tener algún paliativo o mejora; al contrario, la tendencia es que el problema se agudice, al calor de nuevos cierres de empresas y una suba inercial de los precios.
Hay cierre masivo de empresas (según la Secretaría de Trabajo, de diciembre de 2023 a marzo de 2026 bajaron las persianas definitivamente 24.180 establecimientos), como Hilandería Alal SACIFI, con sedes en Corrientes y Chaco, con 100 años de antigüedad, o de FAPA (Fábrica Argentina de Porcelanas) con 95 años de trayectoria, o Neumáticos FATE con 90 años, de Roque Vasalli con 75 años de trabajo y producción, de bodegas, de establecimientos lácteos, de empresas de construcción y comercios, de otras que se reconvierten en importadoras como Electrolux, Whirlpool, Metalflor S.A., etc. Otras suspenden la actividad o la reducen. Esto significó, según la misma Secretaría, desde diciembre de 2023 a diciembre de 2025 la pérdida de 196.700 puestos de trabajo, a lo que se debe sumar la baja de 80.890 trabajadores del sector público argentino (Nación, provincias y municipios), es decir, un total de 277.590 trabajadores sin empleo.
Los comedores barriales, escolares, parroquiales y asistenciales de todo tipo no logran atender a la creciente población que asiste. Las personas y familias que viven en la calle reflejan mejor que los indicadores del INDEC y otras mentiras oficiales la triste situación social.
Un país que cuenta con energía y alimento debería crecer en forma sostenida y distribuir ingresos en forma creciente, solucionando definitivamente el drama de la pobreza e indigencia. El problema es que una minoría parásita y rentista beneficiada de una deuda pública que no se investigó y no se investiga se apropia de lo que nos corresponde a todos los habitantes de esta nación, de esta generación y de las generaciones futuras (los nietos de nuestros nietos y más también). Se benefician del remate a precio vil del patrimonio de activos y recursos naturales de la Argentina para pagar dicha deuda.
El descenso del nivel de actividad, el desempleo y los bajos salarios deprimen el mercado interno; con ello baja fuertemente el consumo y se cobran menos impuestos. Como el 75% de la recaudación nacional es gravamen al consumo (IVA, impuestos internos, a los combustibles, etc.), y el 80% en promedio de los ingresos impositivos de las provincias depende del IIBB (Impuesto a los Ingresos Brutos), que grava el nivel de actividad, el resultado es que desciende severamente la recaudación y, con ello, deben volver a ajustar el gasto estatal. Así hace la Nación, que en base al art. 1° de la ley 27.798 de presupuesto vigente, prioriza el pago de la deuda sobre todo otro gasto, reduce las erogaciones corrientes en un 2% y en obra pública un 20% hasta fin de año [3].
Basta ver el recorte sobre la obra social PAMI de jubilados y pensionados, que tiene graves dificultades en la atención de afiliados, falta de médicos especialistas, demoras en turnos, problemas de cobertura en medicamentos y paros de profesionales por conflictos salariales. Día a día se reportan recortes en prestaciones, limitaciones en traslados y un funcionamiento crítico del sistema, que ha generado, paralelamente, una saturación en los hospitales públicos.
Por su parte, el secretario de Salud, Mario Lugones, asevera que el PAMI tiene un millón de personas, más o menos, con más de 80 años, sobre los cinco millones de personas que hay en total, y que estos son una “carga muy grande” para el erario público.
Lo mismo o peor sucede en los servicios de discapacidad. No se garantizan condiciones básicas en la prestación ante la falta en los pagos a transportistas, centros terapéuticos y profesionales. A quienes incluso no se les actualizan los aranceles que perciben frente a la inflación, lo que ya estaría provocando recortes en prestaciones y dificultades para sostener servicios esenciales, e interrupciones en tratamientos y una creciente cantidad de reclamos por falta de cobertura. Además, realizan un endurecimiento intencionado en el acceso a pensiones por discapacidad y hay denuncias de un ajuste generalizado en el área.
Esto se debe al irracional ajuste del gasto primario:
La mayor erogación es el gasto previsional. El pago en efectivo de los intereses de la deuda es menos de la cuarta parte del rédito que esta devenga. Estos se capitalizan en los títulos en pesos en Lecap (Letras capitalizables) y Nocap (Notas capitalizables). De abonarse la totalidad de los intereses de la deuda, supera ampliamente el gasto previsional.
En síntesis
La bicicleta financiera con el freno del precio del dólar y la suba de las tasas de interés genera un ingreso extraordinario a una minoría de especuladores, pero saben que en estas condiciones es insostenible y dudan cada vez más del futuro próximo del plan de negocios de Caputo y los demás empleados del JP Morgan. Máxime que ven el descenso permanente del nivel de actividad y de los salarios que se refleja en, por ejemplo, una caída del 2,6% del PIB en febrero en comparación con el mes anterior (enero 2026), según datos del INDEC, y que la “lluvia de inversiones” no se produce.
Y también saben que en las reuniones del FMI de la semana pasada, por más que el informe final fue elogioso, incluso de las leyes aprobadas de inocencia fiscal, modernización laboral y de modificación del cuidado de los glaciares y periglaciares, el equipo económico se llevó de primera mano lo que en la jerga se llama "posición técnica" del mercado. "Están afuera". Se entiende, entonces, la suba del riesgo país, y que el reloj comienza a marcar tiempo de descuento.
[1] El juez Víctor Pesino, que cumplió 75 años en este mes de abril de 2026, falló en contra de la cautelar que suspendía la aplicación de la "Modernización Laboral". Dos días más tarde, el gobierno de Milei envió al Senado de la Nación el pliego para que le extiendan la permanencia en el cargo por otros cinco años.
[2] Muchos monotributistas pueden estar sin trabajo, y otros tienen empleo formal y son también monotributistas, razón por la que no se pueden sumar linealmente al conjunto de trabajadores.
[3] Este ajuste se suma a la paralización de proyectos de obra pública iniciada previamente, que incluyó la cancelación de proyectos no iniciados y la continuidad solo de aquellos con más del 80% de avance.
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