Gente con coronita

 

La Cámara Federal porteña dictaminó que debe peritarse el teléfono celular del diputado Gerardo Milman, pero con un rango temporal acotado que va desde el 1 de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023. La decisión fue tomada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi con el voto en disidencia de Mariano Llorens, quien sostuvo que no hay pruebas para requerir semejante medida.

Sin embargo, así lo había pedido de forma insistente la querella de CFK desde hace varios meses. Y ahora la jueza federal María Eugenia Capuchetti deberá completar la pericia, aunque pasaron cosas. El experto en Informática Jorge Adolfo Teodoro, quien trabaja con Bullrich desde hace décadas, borró el contenido de los celulares de Milman y dos de sus secretarias. Así lo contó en sede judicial la ex empleada de Milman, Ivana Bohdziewicz, que además denunció presiones de Carolina Gómez Mónaco, su antigua compañera de despacho y amiga/empleada de Milman.

Desde que estalló el escándalo, Milman echó a casi todas las secretarias y solo quedó Gómez Mónaco, hija de un comisario de la Policía Federal. Se trata de una ex reina de de belleza que ocupó un cargo relevante en materia de Inteligencia Criminal en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich y Milman.

¿La medida ordenada por la Cámara se hará efectiva?

Fuentes cercanas al diputado del PRO dijeron que entregaría su teléfono celular (borrado) a la Justicia, pero a la vez presentará un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Penal para dilatar el proceso. La jueza Capuchetti se había negado a realizar la pericia y el tiempo juega en contra de la verdad.

El próximo 1 de septiembre se cumplirá un año del intento de asesinato de la Vicepresidenta y los únicos imputados son Fernando Sabag Montiel, Branda Uliarte y Nicolás Carrizo. La jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo elevaron el expediente a la instancia oral sin incorporar la prueba reclamada por la querella de CFK.

La pista Milman se hizo pública tras el testimonio judicial de Jorge Arbello. Dijo que antes del atentado contra Cristina estuvo en el bar Casablanca frente al Congreso en una mesa cercana a la Milman y sus secretarias y escuchó: “Cuando la maten, yo ya voy a estar camino a la Costa”.

Luego de que Abello declarara ante la jueza Capuchetti se completó un análisis de cámaras de la Ciudad en la calle Riobamba y sus intersección con la avenida Rivadavia justo en la puerta del bar Casablanca. Así se confirmó el relato del testigo. Milman había estado en Casablanca el 30 de agosto por la tarde y fue acompañado por sus secretarias Bohdziewicz y Gómez Mónaco.

Las dos empleadas declararon por primera vez el 26 de octubre de 2022 y dijeron que no recordaban haber ido al encuentro en el bar con Milman durante los días previos al atentado. Pero cuando se vieron en las imágenes filmadas en la entrada lateral del Congreso, no les quedó otra opción que admitir que estuvieron allí. Más tarde se desdijeron y comenzaron las contradicciones entre ellas. Como era obvio, negaron haber oído la frase que dijo escuchar Abello.

La querella de CFK pidió ese mismo día secuestrar sus teléfonos celulares y la jueza Capuchetti rechazó la medida. Recién los entregaron al Juzgado el 1 de diciembre de 2022 y después de la intervención de la Cámara. En ese momento, Gómez Mónaco dijo que había cambiado el celular y que no había nada. Bohdziewicz declaró que había borrado el contenido del suyo por temor a que se filtraran asuntos privados. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) rescató algunos chats, entre ellos uno donde decía a sus compañeras de despacho, justo un día antes de Casablanca: “Borren todo”.

Milman la despidió en el verano junto a otras asesoras. Cuatro meses después, Bohdziewicz se presentó a declarar por tercera vez el 5 de mayo de 2023 y manifestó que no había borrado el celular por su voluntad, sino que había sido citada por Gómez Mónaco, quien la llevó a las oficinas de Bullrich en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) sobre la avenida de Mayo al 900 donde estaba Milman y un perito informático. Se trata de Teodoro, jefe en tecnología de la campaña de Juntos por el Cambio.

La joven de 27 años reveló en su última declaración que el celular de Milman también fue “manipulado” ante sus ojos. Su compañera Gómez Mónaco salió a comprar un nuevo celular con la indicación de que grabara otra clave para evitar el acceso a sus datos.

Estos hechos llamaron la atención de la querella porque Milman había presentado dos semanas antes del atentado un proyecto en la Cámara de Diputados donde pedía explicaciones sobre la custodia de CFK, al punto de haber sugerido que Cristina podría ser protagonista de un auto-atentado, para “victimizarse” en el marco de la causa Vialidad.

¿Milman tenía información sobre el intento de magnicidio?

 

El Instituto

La ex ministra de De La Rúa fundó el IEES después de La Alianza arruinara el país. La tan nombrada seguridad resulto ser una excusa recaudatoria. Según la Inspección General de Justicia (IGJ) el Instituto recaudó más de 90.000.000 de pesos en 2022. Los miembros de la Comisión Directiva del Instituto recibieron una especie de salarios. A  saber: Patricia Bullrich percibió 3.550.000 pesos; Gerardo Milman unos 2.760.000 pesos; Alberto Fohrig, 1.590.000 pesos; Martín Siracusa, 1.400.000 pesos, entre otros.

El Código Civil y Comercial no permite a una asociación civil reportar lucro para sus miembros. Los supuestos pagos por honorarios deben ser autorizados por la autoridad de control, un paso omitido según la IGJ.

El Ministerio de Justicia de la Nación nombró a una interventora en la fundación de Bullrich que todavía no logró asumir. Se trata de la funcionaria Norma Cristóbal. La Sala M de la Cámara Civil salió a proteger al Instituto de Bullrich e impide el trabajo de Cristóbal y el Ministerio de Justicia.

Otro de los personajes que aparecen alrededor del Instituto es Daniel Barberis. Un sujeto que militó en organizaciones armadas en los ’70 pero después se reconvirtió al ala dura del PRO: cayó preso por secuestro extorsivo y estuvo detenido con condena firme en Villa Devoto. Declaró como testigo en la Masacre del Pabellón 7 y lavó su rostro para la progresía jurídica. Al tiempo que volvió al entorno de Bullrich, desde donde en 2017 se encargó de orientar los interrogatorios a los gendarmes que completaron la represión ilegal que terminó con la vida de Santiago Maldonado a la vera del río Chubut en la Ruta Nacional 40 del Paraje Leleque, Cushamen.

Si bien el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, sostiene que Santiago Maldonado se ahogó sin intervención de terceros y sobreseyó a los gendarmes la semana pasada, nadie en el expediente judicial –ni siquiera los médicos forenses que firmaron la autopsia— logró explicar por qué su cuerpo apareció 78 días después justo antes de un proceso electoral y sin rasgos en sus ropas con el documento de identidad todavía intacto.

El perito Enrique Prueger sostuvo que el cadáver de Santiago Maldonado pudo haber sido plantado y trazó la hipótesis de que lo mantuvieron en la estancia de Luciano Benetton que también posee una comisaría provincial dentro de su estancia.

Los roles de Pablo Noceti, Gonzalo Cané, y Daniel Barberis fueron claves para avalar la función represiva de la Gendarmería de Bullrich en Chubut.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado derivó en hacia fines de noviembre de 2017 en el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel por parte de efectivos de la Prefectura Naval al mando de Bullrich.

Los cinco miembros de Prefectura enjuiciados ahora dijeron en el debate oral que la bala que mató a Nahuel habría sido disparada por los mapuches. El proyectil era calibr 9mm, los manifestantes no estaban armados y la pesquisa determinó que el balazo fue disparado presuntamente por dos de los prefectos sospechados: Pintos y Cavia.

Patricia Bullrich y Gerardo Milman recibieron millones de pesos de manos de un Instituto sin fines de lucro. Lo curioso del asunto es que la Justicia debe peritar el celular de Milman que ya fuera borrado por el experto Teodoro, empleado jerárquico de Bullrich en la misma oficina de su jefa ante tres personas. Una de ellas el mismo Milman, mientras su secretaria Gómez Mónaco colecciona celulares y los borra.

Los involucrados pudieron haber incurrido en el delito de obstruir la investigación penal y están libres.

La fractura social y la violencia política comenzó el 1 de septiembre de 2022, después de que el ignoto Sabag Montiel de ideas “libertarias” le gatilló un arma dos veces a Cristina en la puerta de su domicilio de Recoleta.

El clima de lapidación contra CFK fue instalado mediáticamente. Durante la pandemia y después actuó en las calles el grupo neonazi Revolución Federal que recibió 14 millones de pesos de manos de Rosana Pía Caputo. La familia amiga de Mauricio Macri que tomó una deuda con el FMI de 44.500 millones de dólares. Después sus amigos de la vida fugaron casi todo el préstamo sin construir un solo hospital.

La deuda externa supera los 200.000 millones de dólares, más de la mitad del PIB de la Argentina, endeudada por un siglo por sus asaltantes.

 

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