GOBERNAR

La restricción externa argentina es autoinducida: 155.000 millones de dólares de superavit comercial evaporados

 

La economía presenta tres grandes cuentas, la Balanza de Pagos, el Balance del BCRA, y el Presupuesto de la Administraciones públicas, es más, las tres contabilidades se compilan en la Argentina desde 1956 de acuerdo al Manual del FMI, por eso es relativamente sencillo a cualquiera de sus técnicos interpretar rápidamente la situación local.

En primer lugar, las relaciones de nuestro país con el exterior nos demuestran que no se tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial.  De hecho desde 2003 hasta  los últimos datos oficiales a septiembre de 2020, se acumuló un superávit comercial total (las exportaciones superaron a las importaciones) de 155.746 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que esa suma se fuga casi en su totalidad, es más, no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país pero no para hacer obras de infraestructuras, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener nuestra propia marina mercante o una suficiente red ferroviaria, sino para que una minoría fugue capitales al extranjero.

La Argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad) y donde se encuentran localizadas unas 31 (treinta y uno) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 (veintiuno) despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la principal zona portuaria de exportación de esos productos en el mundo. Le sigue después el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos y en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos. En el año 2019, desde el polo rosarino se despacharon 79 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, mientras que del puerto norteamericano y del brasilero salieron 64,45 y 42,65 millones de toneladas respectivamente. Y lo es todavía más este año en que, por ejemplo, la tonelada de soja superó los 430 dólares  y la tonelada de su aceite los 800 dólares y va a ser mayor en  el 2021.

Son contadas con los dedos de las manos las empresas que comercializan y tienen los puertos porque son propios y/o lo tienen concesionados y realizan las ventas externas por declaración jurada,  no existe un control estricto de lo que exportan, si se pesa se lo hace deficientemente, entonces las exportaciones son incluso mayores a las declaradas. Triangulan sus operaciones, lo demuestra claramente el caso Vicentin,  su asociación con la multinacional Glencore en “Renova SA”  y posterior venta de su participación que implicó las primeras presentaciones judiciales; falsearon balances contables de la empresa con utilidades y sólido patrimonio y, en el año 2019 reflejan un pasivo mayor que su activo. A  su vez nos preguntamos: cómo es posible que sobre el Río Paraná naveguen más barcazas del Paraguay que de la Argentina, hecho que solo se explica para no pagar impuestos y derechos de exportación. Esa y no otra, fue la verdadera y principal razón porque esas grandes empresas comercializadoras de granos torcieron el brazo al Decreto de intervención de Vicentin y su posible transformación en una empresa mixta con la división YPF Agro.

Es más, Glencore posee el 50% de la explotación del yacimiento de oro y cobre de Bajo La Alumbrera[1] en Catamarca  y existen decenas de denuncias presentadas ante la justicia, inclusive por la Universidad de Tucumán (que es la que descubrió el yacimiento), que al hacerse las exportaciones por declaración jurada no se sabe exactamente qué exporta y en qué cantidad, pidiendo investigar sus ventas que las realiza del puerto de Rosario. Puerto cuyo Administrador General es Gustavo Nardelli, socio de Vicentin.

Sí se debería aumentar el valor agregado de los productos que vendemos, que generan poco trabajo. ¿Cuánta mano de obra tiene una tonelada de soja? Pero a las grandes empresas no les preocupa, lo que les interesa es depreciar nuestra moneda para que cada dólar que declaran e ingresan les de mayor poder adquisitivo en el mercado argentino.  Presionan sobre el peso nacional y con ello, medido en dólares, bajan los costos locales, incluido y principalmente el salario y, de esa manera, deprimen el consumo de alimentos y con ello tienen mayores saldos exportables.

El rol del BCRA

Pero no solo no hay control sobre la producción  y su exportación, sino que de lo que se declara, mayoritariamente se fuga.  En la gestión de Cambiemos se fugó todo el superávit comercial y además el país se endeudó por más de 100.000 millones de dólares.  De los cuales 86.200 millones fueron comprados por más de siete millones de personas físicas y jurídicas,  pero los primeros 100 compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares en menos de cuatro años, a razón promedio de 246,8 millones de dólares cada uno de ellos.  Nunca se comunicó quienes eran, pero es fácil deducir que son los mismos que no quieren pagar el aporte solidario a una Administración Pública que enfrentó sola de soledad absoluta, gracias al heroísmo de los médicos y paramédicos de los distintos hospitales y programas de salud, en los cuales muchos pagaron con su vida,  un porcentaje importante se infectaron con el covid y todos trabajaron horas y horas poniendo en riesgo incluso a su familia en cumplimiento del deber y cobrando sueldos miserables, pero más miserable y  egoísta que los magros ingresos que se la paga, son los ricos de este país y los funcionarios que se desentienden de la fiscalización que les corresponde como tarea principal.

El marco legal financiero y cambiario es propicio, fue creado a propósitos para que no se controle.  La dictadura militar con la llamada Reforma Financiera de 1977 que le permite a las entidades financieras, sobre todo a los 10 –diez- bancos  privados más grandes, ser la palanca central del sistema económico y que desempeñen el papel de dirección técnico-política del sistema. Y la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA, que la diseñó Domingo Felpe Cavallo, permite que la deuda externa contraída por el Tesoro de la Nación (El Estado Nacional, deuda que pagamos los ciudadanos de a pie) sea vendido por el BCRA a los bancos (como operador cambiario de última instancia)[2].

De esa manera, por ejemplo, el superávit comercial de enero hasta septiembre de 2020 que totalizó 11.562 millones de dólares, a lo que se le debe agregar 4.008 millones de dólares que disminuyeron las Reservas Internacionales en ese lapso, con lo que suman 15.570 millones de dólares, de los cuales se emplearon, unos 3.000 millones de la moneda norteamericana para pagar los servicios de la deuda externa hasta el 22 de abril de 2020 que nos declaramos en default.  Unos 1.300 millones de dólares en la venta del llamado dólar ahorro, al “chiquitaje” que compra hasta 200 dólares por mes.  Pero los 11.270 millones de dólares restantes se vendieron, más de 5.000 millones en pago de adelantos de importaciones, o sea productos que no habían ingresado a la aduana del país, por eso el INDEC no los contabiliza porque no estaban en la Argentina al  confeccionar la Balanza de Pagos (a un precio de $ 70 a $ 80 desde enero hasta septiembre 2020, asegurándole el cambio) y  otros 6.200 millones de dólares a supuesta deuda externa privada del Banco Galicia, del Banco HSBC, del grupo IRSA (Eduardo Elsztain, dueños del Banco Hipotecario, de campos y de shopping en todo el país), etc.  que es probable que figure esa deuda, pero seguro que tienen mayores activos en el exterior y que están entre los primeros 100 compradores de dólares en le gestión de Cambiemos.

Por cumplir con las normativas por ellos generadas, el BCRA se queda con muy pocas reservas de libre disponibilidad y de allí la corrida cambiaria, porque los grandes bancos y operadores del mercado financiero local saben que, en algún momento el BCRA no va a poder vender más divisas.  Y esa corrida se refleja en la suba generalizada de los precios (básicamente exportamos alimentos) y de allí la pobreza y los serios problemas para llegar a fin de mes de la mayor parte del pueblo argentino.  En la Argentina está demostrado hasta el cansancio que la devaluación tarde o temprano impacta en los precios. Históricamente las dos hiperinflaciones la de 1989 y las de 1990 son hijas de la híper devaluación de 17,62 australes del 6 de febrero de 1989 a 10.000 australes el 1 de abril de 1991.  Los exportadores igualan los precios externos con los internos.  La botellita de aceite de girasol se vende en el mercado de Ámsterdam a 2 dólares.   A $ 85,25 el dólar menos las retenciones se vende en el mercado local s $ 165.  Si el dólar sube también sube en la misma proporción el precio del aceite en la Argentina

Las cuentas públicas

Hasta octubre 2020 el déficit fiscal acumulado de la Administración Nacional suma dos billones de pesos (al tipo de cambio de $ 85,25, unos 23.500 millones de dólares). Reconvertir el gasto público para hacer frente a la pandemia del covid-19 y la caída de la recaudación atada al nivel de actividad (que desciende en no menos del 10,5% del PIB este año), implican que un tercio del gasto no tenga financiamiento.  El gobierno haciendo malabarismos y tomando riesgos, colocando títulos de deuda ajustados al precio al consumidor (los Bonos CER – BONCER) y ajustados al valor del dólar (Bonos dólar Linked) u atrasando pagos o financiándose con el BCRA, trata de llegar a fin de año, incluso contemplando los $ 350.000 millones que se espera recaudar por la Ley de Aporte Solidario, el déficit fiscal final ronda en pesos, el equivalente a unos 20.000 millones de dólares.  La pregunta es ¿quién los paga?

El Presupuesto Nacional 2021 implícitamente plantea una reforma tributaria, de allí que la recaudación impositiva es la variable que más crece (44% anual contra 29% de los precios y el dólar oficial incluso por debajo del 29% al ser de $ 102,40 en diciembre 2021).  Pero esa reforma debe abarcar también los 20.000 millones que se arrastran de este año 2020.

La propuesta es directa, que la paguen los que  fugaron desde siempre, al menos en el gobierno de Cambiemos y en éste. Del gobierno de Macri sabemos que los primeros cien compradores (que nunca se dijo quienes eran) adquirieron en menos de cuatro años 24.679 millones de dólares.  Que la paguen también las personas físicas dueñas de la tierra que quedaron exentas en Bienes Personales y en el “Aporte Solidario” y, tampoco abonan (o lo hacen mínimamente) en sus provincias.  ¿Cuánto pagan los Blanco Villegas por las 25.000 hectáreas que tienen en Tandil? Y por supuesto las rentas agropecuarias, financieras, mineras, etc. Ricos y fácilmente detectables en este país hay de sobra.

 

En síntesis

 

En una situación extrema como la que estamos viviendo, donde hay casi nueve millones de personas que esperan el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) porque no tienen trabajo o hacen changas que no les alcanza para vivir, donde el crecimiento permanente del precio de los alimentos responde a la fuerte depreciación del tipo de cambio oficial (en un 43% en lo que va del año de $ 59,60 a $ 85,25 contra una inflación acumulada de 26,9%) e incluso azuzado por los distintos dólares paralelos,  donde restablecer la producción y el trabajo no va a ser fácil, se necesita gobernar, que es ejercer la dirección, la administración y el control de un Estado en cumplimiento de nuestra Constitución Nacional, que en su preámbulo dice: “Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] El otro 50% pertenece a las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold cuentan con 37,5% y 12,5% respectivamente del capital.

[2] Debería haber ya una ley que anule esa facultad que tiene el BCRA y prohibir expresamente que venda dólares que es deuda del Tesoro de la Nación

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9 Comentarios
  1. Mario dice

    La Argentina solamente podrá crecer si crece el poder adquisitivo y el número de los trabajadores ocupados, porque el único modelo de desarrollo que se conoce en el mundo es el de crecimiento con distribución del ingreso y fortalecimiento del mercado interno.

  2. Roberto Pintos dice

    Excelente artículo como siempre Horacio. Impactante lo del complejo portuario del gran Rosario. Pregunta básica: ¿no será hora de que se reflote la Junta Nacional de Granos? ¿No habrá llegado el momento en que el gobierno tome medidas para enfrentar a quienes de todos modos le seguirán haciendo la vida imposible, los enemigos jurados del pueblo argentino?

  3. Ignacio dice

    «Pero a las grandes empresas no les preocupa, lo que les interesa es depreciar nuestra moneda …»
    Esta oración define la nota.
    No comparto tu valoración. Las grandes empresas quieren hacer negocios, no están interesados en fundirnos. No les importa.
    La culpa de nuestro fracaso económico es nuestra. De todos los gobiernos, desde el 2002 a la fecha.

  4. Cristina N. Gutierrez dice

    Excelente trabajo!!!. Entiendo que nuestro problema, tal como lo menciona Rovelli, proviene desde 2003 y cada vez se está agravando más. Tal como lo afirmó CRistina, el otro problema es esta economía bimonetarias que tenemos, lo que significa que hay que repensar, revisar, comparar y negociar con los sectores del sector primario y secundario que apòtan cada vez en mayor medida al sector terciario, específicamente financiero. El BCRA, la disponibilidad de puertos x parte de las grandes cadenas de comercialización (muchas extranjeras), las leyes financieras de Martínez de Hoz, el estyrago legal impulsado por el que se dice economista, Cavallo, la ley impossitva hay que debatirlas desde la base social, pasando por las UUNN, los partidos políticos, la iglesia y cuanta institución, organización social ó lo que sea para empezar a poner fin a esta desartiuculación estructural de nuestros recursos.

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