El staff técnico del FMI y el equipo de economía conducido por Luis Caputo alcanzaron, el 15 de abril de 2026, un acuerdo sobre la segunda revisión del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 48 meses. De ser aprobado por el Directorio de ese organismo, amplía el crédito en 1.000 millones de dólares estadounidenses.
El informe del FMI sostiene que la administración del actual gobierno ha cumplido con las metas:
- Avances en materia legislativa: “Se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por el Congreso de la Nación del Presupuesto 2026, y una legislación de reforma crucial: 1) Inocencia Fiscal, que formaliza la tenencia de activos financieros por parte de los residentes (no deben explicar la procedencia de los fondos, cuando el GAFI [1] determina todo lo contrario); 2) La reforma laboral (incluida la creación del FAL [2]); 3) Desbloquear inversiones en minería (modifican la ley 26.639 de proyección de glaciares y periglaciares)".
- Los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y los Estados Unidos
- Se adoptaron medidas que facilitan repatriar dividendos de las empresas extranjeras en el país.
- Avance en el ajuste fiscal con un superávit primario del 1,4% del PBI para este año 2026, que incluye la resolución del Ministerio de Economía de abril de 2026 de reducir el gasto público del 2% en gastos corrientes y del 20% en gasto de capital (inversión física/obra pública).
- El FMI pondera que se trabaja en forma conjunta con el gobierno de Milei en la reforma tributaria y previsional, para “mejorar aún más la calidad y la durabilidad del pilar fiscal” (en su lenguaje irónico, el objetivo es reducir el gasto público y perpetuar un sistema tributario regresivo).
- La política monetaria que “se mantendrá adecuadamente restrictiva para seguir apoyando el proceso subyacente de desinflación” (esto es, tasas altas).
- Se reduce la meta de compra de dólares por el BCRA a 8.000 millones (en lugar de 10.000 millones) para el corriente año 2026.
Lo que no mencionan, pero forma parte del acuerdo que impone a la Argentina el FMI, es que el gobierno nacional tuvo que pedirle a la Procuración del Tesoro que se retire como querellante en la causa sobre el acuerdo con el Fondo del año 2018. La causa debía investigar el procedimiento político-administrativo del ex Presidente Mauricio Macri y su gobierno (con Luis Caputo de secretario de Finanzas y luego presidente del BCRA), y el destino de los 44.129 millones de dólares que el FMI le entregó a esa administración y que el FMI tiene la obligación de auditar.
Obviamente, el programa del FMI favorece el endeudamiento del Estado argentino y propicia la fuga de capitales, en la que no solo no se toma ninguna medida de control cambiario, sino que el staff técnico de ese organismo pondera la flexibilización de estas.
Esto explica por qué en 26 meses (de enero 2024 a febrero 2026 -último dato publicado) el balance cambiario del BCRA informa que “Personas Humanas”, así se llama la cuenta, compraron 48.976 millones de dólares.
La paradoja es clara: se realiza un brutal ajuste de la economía, donde juegan un rol preponderante la política fiscal, monetaria y cambiaria, para generar un excedente económico que esencialmente se fuga.
Arman sociedades ficticias en paraísos fiscales como las Islas Caimán, Bermudas, Panamá, Suiza, Luxemburgo, Singapur, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y ciertos Estados de Estados Unidos (Delaware, Nevada), etc., pero los dólares los administran los grandes bancos y los grandes fondos financieros de Manhattan. Estos, para buscar renta extraordinaria, invierten en negocios supuestamente lícitos. Por eso el FMI pondera que sea ley la modificación de la norma 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que va a permitir a las empresas mineras (contaminando el agua, la tierra y el aire) extraer los minerales que están debajo de esos manchones de agua.
Las inconsistencias de la política económica de los mandantes del FMI y de Milei
El FMI apoya al gobierno que cumple con el programa acordado, sabiendo que genera riqueza para fugarla del país y que solo se va a invertir en la Argentina en aquello que les genere una renta extraordinaria.
A simple vista se observa la incompatibilidad entre el poco crédito interno generado, a tasas confiscatorias del patrimonio de las personas y de las empresas (tasas en pesos en abril de 2026, de 6%, 7% y más mensual); un dólar oficial que desciende en cinco meses un 9% (de 1.521 pesos en octubre de 2025 a menos de 1.400 en abril de 2026); una inflación medida por el IPC del INDEC de 3,4% en marzo de 2026 (que acumula en tres meses un 9,4% y el presupuesto nacional estimaba una inflación en el año de 10%), y paritarias cuyo ajuste en la mayoría de los casos es del 1% mensual.
Las inconsistencias podemos agruparlas en:
- Entre las medidas fiscales y el objetivo de lograr un superávit primario del 1,4% del PIB.
- Entre las medidas monetarias y cambiarias y el objetivo de lograr la estabilidad del tipo de cambio.
- Entre todas las medidas y el objetivo de lograr gobernabilidad en las instituciones y contener la conflictividad social.
Inconsistencia fiscal
El gobierno ha eliminado desde diciembre de 2024 el Impuesto PAIS que gravaba con una alícuota del 30% y luego del 25% la compra de divisas (cuando en el año 2025 “Personas Humanas” del balance cambiario compraron 38.806 millones de dólares y en enero y febrero 2026 otros 5.698 millones de dólares más). Además, redujo el impuesto a los bienes personales y los impuestos internos a los autos de alta gama, embarcaciones de todo tipo, etc. Por otra parte, el brutal ajuste del consumo con el fin de aumentar los saldos exportables hace que caiga la recaudación del IVA y del impuesto a las ganancias. Esto perjudica seriamente a las provincias, dado que el 94% de la coparticipación federal de impuestos se basa en IVA y ganancias.
Para compensar la regresión tributaria, han reducido y plantean reducir el gasto público, como son las funciones de los “prácticos de río” en los ríos Paraná y de la Plata, incumpliendo con los estándares de idoneidad, certificación y habilitación exigidos por tratados internacionales que afectan la seguridad jurídica. También le han quitado funciones al INTA y al INTI, al Servicio Meteorológico Nacional, al área de salud, desmantelando el INSSJyP (PAMI), la ANSeS, las empresas públicas, disminuyendo en términos reales las remuneraciones de todo el personal estatal, especialmente el de las universidades. Frenan la obra pública y se plantean un ajuste de sus magros presupuestos en un 20% para lo que resta del año, mientras la administración nacional se queda con la recaudación del impuesto a los combustibles que tiene asignación específica en obras viales y eléctricas y en vivienda.
Todas estas medidas provocaron y provocan la caída del consumo interno, la disminución de las ventas de bienes y servicios, la paralización de la actividad económica en numerosos sectores productivos, la destrucción de puestos de trabajo y la caída del salario real, por lo que es inconsistente en sí mismo, porque los impuestos están ligados principalmente al nivel de actividad y de consumo.
Si el gobierno se jacta de tener superávit financiero, es porque capitalizan intereses que no pagan; de otra manera, el resultado es un déficit fiscal total.
Comparando los dos cuadros, vemos que en el año 2024 se obtuvo un superávit primario equivalente a 10.437,7 millones de dólares, pero no se pagaron intereses por 33.678 millones de dólares, por ende, el resultado primario es positivo, pero el resultado financiero es deficitario en el equivalente a 23.240,3 millones de dólares.
Ídem para el año 2025, en que el superávit primario fue el equivalente a 9.067,2 millones de dólares, pero la capitalización de intereses de ese año fue de 57.225 millones de dólares; por ende, el déficit financiero total fue de 48.157,8 millones de dólares.
Y para el primer trimestre 2026, el superávit primario acumulado fue de un equivalente a 3.891 millones de dólares, pero se capitalizaron intereses por 7.569 millones de dólares que, de haberse pagado, significan un déficit fiscal de 3.678 millones de dólares.
Los grandes bancos locales (públicos y privados) han venido financiando (y a altas tasas de interés) el déficit real de las cuentas públicas, que pasan a ingresar la deuda del Tesoro de la Nación.
Por más reducción del gasto que se haga, la magnitud de la deuda hace que resulte un déficit cada vez mayor, por ende, es cada vez mayor la deuda pública de la Administración nacional.
Inconsistencia cambiaria
La decisión del gobierno de devaluar el 12 de diciembre de 2023 en más de un 100%, al tiempo que desreguló los controles de precios en los mercados más concentrados, tuvo como consecuencia una brutal transferencia de ingresos de la mayor parte de la población y la maximización de la rentabilidad en dólares de los principales oligopolios.
La devaluación generó a los oligopolios mencionados fondos excedentes que se utilizaron para recomprar títulos públicos, ganando la diferencia por la tasa de interés, que desde inicio del año 2024 crece más que la depreciación cambiaria (carry trade), y que perpetúan fijando precios muy por encima del crecimiento de la cotización del dólar.
También creció el endeudamiento en divisas, tanto en empresas como en la Nación y en los Estados provinciales, creando esta ficción de un aumento de la oferta de dólares, pero que es deuda que se debe pagar. En el caso de la Nación y de la mayoría de las provincias, la van a afrontar con los recursos naturales y empresas públicas que le pertenecen al pueblo argentino.
Inconsistencia en la gobernabilidad
El ajuste fiscal afecta gravemente al conjunto de las provincias y la gobernabilidad de estas. La relación con los gobernadores no sólo está atravesada por la cuestión fiscal, sino también por la relación de los gobiernos provinciales con las principales corporaciones nacionales y extranjeras que operan en los territorios, principalmente el sector minero, petrolero y gasífero.
El deterioro de la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población, los altos niveles de endeudamiento y morosidad conforman el límite de la realidad. De cómo se resuelve depende si el programa y los objetivos fijados por los grandes capitales del exterior y también locales pueden seguir avanzando en un país para pocos.
[1] El Grupo de Acción Financiera Internacional, ente intergubernamental creado en 1989 por el G-7 que establece estándares internacionales que combaten el lavado de activos, por lo que exige que se fundamente el origen de los fondos.
[2] Fondo de Asistencia Laboral con graves consecuencias para trabajadores y jubilados, las cuales podrían subsumirse en varios delitos, comenzando por el de estafa, porque se dispone de fondos de los trabajadores para que el sistema financiero privado lo administre, violando el derecho de propiedad que consagra nuestra Constitución Nacional.
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