Esta semana, poco después del Día del Ejército, se cumplieron tres años de que un soldado apareciera “suicidado” con dos tiros. Fue en el mismo cuartel de Zapala donde asesinaron al conscripto Omar Carrasco, tres décadas antes. Esto pasó a la historia por su contribución a poner fin al servicio militar obligatorio en el país.
Como ya se relató aquí, el 1 de junio de 2023 el voluntario Pablo Gabriel Jesús Córdoba, con 21 años recién cumplidos, hacía guardia en la Base de Apoyo Logístico (BAL) de Neuquén. Allí vive y trabaja su padre, quien a las 6.30 recibió un frío llamado: “Su hijo se pegó un tiro”. Después, habrían de amenazar con sanciones y presiones a la familia mientras se entendían con el juez.
En este tercer aniversario, a instancias del gobierno local, se nombró “Pablo Jesús Córdoba” a un boulevard de Zapala. Antes y después, la mamá difundió una carta en la que insistió con su reclamo de esclarecimiento. Durante el acto del lunes, Natalia Uribe destacó la lucha por la memoria del joven solidario, generoso y comprometido, cuya ausencia en la vida cotidiana no aminora: estira una angustia que se acrecienta a la espera de respuestas judiciales. Al valorar el reconocimiento en el bulevar –ya que representa la memoria colectiva, a pesar de que ninguna obra ni homenaje reemplaza a un hijo–, hizo votos porque esto contribuya a “reflexionar sobre la violencia, el valor de la vida, y ayude a construir una sociedad más humana, más justa y más empática”.
Esta decisión oficial vino a contrarrestar el voto unánime del Concejo Deliberante que, hacia octubre de 2025, había aprobado que un espacio público llevase el nombre de Ejército Argentino. Lo votaron en presencia de la familia del asesinado, que salió llorando antes de que terminara la sesión. Fuera del recinto, Uribe había declarado: “El Deliberante ofende la memoria de mi hijo. Le dan un premio a la institución que asesinó a Pablo. Sólo pedimos empatía, pero no la tienen. Este Concejo no representa al pueblo. Son unos caraduras”.
Su señoría
El expediente estuvo 21 meses en manos de un juez federal que demoró 37 días para ir desde Río Negro a una inspección ocular en el Regimiento de Neuquén y dictaminó el “suicidio”. Hugo Horacio Greca, cercano a los militares, interesado en ascender a camarista, sólo sumó denuncias de la familia, críticas de la Fiscalía y un expediente en su contra por abuso de autoridad. Por fin, sin identificar sospechosos ni hipótesis, abandonó la causa con un único procesado: el artista autor de una pintada de protesta.
Ya contaba con una felicitación por parte del Tribunal Oral 15 a propósito de su proeza de detener a quien había querido llevarse un expediente.
Su mayor empeño estuvo en la narcocriminalidad, en cuya Procuraduría fue auxiliar, antecedente que conjuga con su labor subrogante en Lomas de Zamora, desde donde se controla el tráfico en la zona del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Llevó sus subrogancias a otros juzgados en la Patagonia. Eso y sus posgrados le permitieron ubicarse primero en orden de mérito para concursar una vacante en la Cámara Federal de General Roca hacia 2022.
Sin embargo, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación solicitó excluirlo, a partir de denuncias en su contra por acoso laboral y violencia contra las mujeres, la primera de las cuales fue Sandra Pedrini, nada menos que la secretaria del Juzgado Federal de Roca.
Siguió. El 10 de septiembre último maltrató a una defensora oficial durante una audiencia de juicio abreviado. Cuando Celia Delgado pidió cinco minutos de cuarto intermedio para instruir a su defendido sobre el aumento significativo de las costas, el magistrado los rechazó enojado, aseguró que el imputado había aceptado, le negó a ella la palabra que “no le he concedido” y advirtió que la haría retirar de la sala. Todo quedó filmado en un video que se viralizó.
Allí se ve a la defensora reclamar porque el acusado había consentido sin recibir una explicación legal. Greca desdeñó: “No le entiendo el vocabulario”; varias veces le preguntó: “¿Le di la palabra?”, hasta que amenazó:
—Si no se comporta, me voy.
—Usted me maltrata, ¿y a la que va a expulsar es a mí?
—Entonces, me voy.
Por no dar cinco minutos, él se fue durante 18.
Cuando regresó, la acusó de agresión física y anunció que pediría custodia. Para él. Seis testigos, varones, no hicieron más que oír.
“Greca mostró un trato diferenciado hacia el Ministerio Público de la Defensa”, entendieron sus denunciantes, los abogados Mariano Mansilla y Juan Kairuz, quienes ven ya un patrón de arbitrariedad y abuso de poder, por lo que pidieron al Consejo de la Magistratura su suspensión, remoción y juicio político, debido a la “falta de idoneidad profesional o moral que daña a la función pública”, ya que “no tiene templanza para el cargo”.
De inmediato obtuvo una suspensión de un mes, una restricción ordenada por la jueza Carolina Pandolfi y un pedido de juicio político por parte del diputado provincial Mariano Mansilla (Frente de Todos).
Nuevo magistrado
Para entonces, y desde marzo, la causa era llevada por Ezequiel Andreani, a quien Uribe también reclamó celeridad. Recién en noviembre, a casi 30 meses del crimen, el nuevo juez citó a indagatoria por videollamada al ex soldado Brian Abel Jara, imputado por encubrimiento y acusado de falso testimonio, ya que luego de varios cambios de versión –consta en el expediente– admitió haber filmado la agonía de Pablo y compartido el video con otros soldados y familiares, aunque nadie lo tiene.
Uribe manifestó: “Jara destruyó evidencia fundamental; espero que empiece a pagar lo que hizo. Me hubiese gustado verle la cara, porque más de una vez se me rio cuando nos cruzamos”.
Los militares
La cadena de mandos ya fue publicada por El Cohete a la Luna. El máximo jefe militar era el general de brigada Hugo Alejandro Tabbia. Los jefes del cuartel, tenientes coroneles Enrique Rafael Lamas y Germán Isidro Green, fueron acusados de encubrimiento como parte de una corporación que intimidaba a la familia del soldado. Hasta fueron filmados cuando admitían sus reuniones con el juez. Todos esos uniformados, incluido el papá de Córdoba, en un lapso de ocho meses, fueron trasladados.
Tabbia dejó el Batallón de Ingenieros de Montaña, entregó el mando a su segundo, el coronel Pablo José Conforte, y partió hacia Córdoba, sede de la 2ª División “Ejército del Norte”, con jurisdicción sobre diez provincias del NOA. Parecía un ascenso.
Otro baleado
Hay militares a los que no les va tan bien ante una muerte bajo su jurisdicción. En San Luis, también en la semana del Día del Ejército, se conocieron dos condenas por la muerte del soldado José Javier Bechis, de 19 años.
El 2 de septiembre de 2019, durante una práctica con fusiles, el soldado Elías Muñoz se retiró de la línea con una bala en la recámara; no cumplió el procedimiento reglamentario de verificar que su FAL estuviera descargado y deambuló sin que nadie reparara en la irregularidad. Ya en una carpa con una veintena de aspirantes, limpiaba el arma cuando apretó el gatillo y un balazo impactó en el hombro izquierdo de Bechis, quien murió rumbo al hospital.
Muñoz y su director de tiro, teniente Alejandro Agustín Díaz Garro, reconocieron su responsabilidad, por lo que arribaron a un juicio abreviado homologado por el Tribunal Oral de San Luis que les deparó tres años de prisión en suspenso.
Muñoz fue condenado por “imprudencia e impericia”. Garro, por “negligencia e inobservancia de los reglamentos y deberes”. Ambos, inhabilitados por la jueza Gretel Diamante para portar armas de fuego durante cinco y seis años. A Díaz Garro, además, le prohibieron ejercer tareas de organización, dirección o supervisión de actividades en el Ejército.
No obstante, la causa sigue contra quienes cumplían funciones de control, supervisión y manejo de armas: Carlos Gustavo Lebrón, Sergio David Winter Morán y Enrique Martín Zárate no adhirieron al procedimiento abreviado; continúan sometidos al proceso.
El apoyo de la Rosada
El más benévolo juez Greca ve en la Casa Rosada no sólo una inspiración para sus modales, sino un sostén. Refrendó su alianza cuando dictaminó que “no hubo delito” en la presentación de cientos de firmas falsas para la oficialización en Río Negro del partido La Libertad Avanza.
Los datos de 2.349 falsos afiliados fueron robados de los padrones de Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), del Sindicato de la Fruta y de la Federación de Box. Los nexos entre esas entidades y los operadores de LLA son Jonathan O'Rourke, abogado del sindicato, nombrado al frente de la ANSES en Roca; Celeste Ventureyra, presidenta de la Federación, puesta al frente de la ANSES y PAMI en Bariloche; y el principal: Julián Goinhex.
Este polifuncionario rionegrino operaba en la gobernación hacia 2012, cuando se ofreció a encarar los despidos de ex compañeros en pos de congratularse con el flamante mandatario Alberto Weretilneck, por lo que llegó a estar al frente del provincial Canal 10, donde empujó más despidos y maltratos laborales. Llegó a decir que llevaría a Cristina Kirchner a Bariloche, con lo que embaucó a quienes le creyeron. Se ve que tiene buena labia porque también convenció de sus servicios a la senadora Silvina García Larraburu y a otros kirchneristas de los que se servía para vivir del Estado.
Hacia 2016, afrontó un procesamiento por fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario, acusado de autorizar pagos indebidos en vuelos contratados fuera del marco legal, que perjudicaron al Estado: “consumó un accionar fraudulento” y, según el juez Carlos Mussi, dictó resoluciones “ilegítimas”.
Para entonces, ya sea porque se sintió abandonado, ya sea porque había cambiado el gobierno nacional, pasó a despotricar contra sus primeros contratantes para convertirse en el principal asesor y operador provincial de Lorena Villaverde.
Para ella negoció la compra de cientos de afiliaciones con el objetivo de “cerrar de una vez el tema del partido”, según consta en capturas de WhatsApp en las que requería: “¿A cuánto me venderías las fichas de afiliación? Me dijiste 200, ¿no?”.
Ese fue el expediente que permitió al juez Greca quedar bien con la diputada Lorena Villaverde –vinculada al narco Fred Machado–, mucho antes de que trascendiera su imposibilidad de entrar a los Estados Unidos por haber intentado traficar cocaína allá (ver Espert no está solo), escándalo que se acrecentó cuando aspiró –con perdón de la palabra– a ser senadora nacional hace un semestre. Todo con el respaldo de su madrina política, Karina Milei, el Jefe.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí