El orden internacional contemporáneo atraviesa una fase de fractura sistémica, en donde el recurso a la fuerza militar organizada ha recobrado una centralidad que la narrativa de la globalización y los mercados creían haber sepultado. En su edición del 28 de mayo, el semanario británico The Economist advirtió sobre el fin de una era de certezas tecnológicas, y señaló que la guerra, lejos de haberse tornado un ejercicio quirúrgico, se ha expandido hasta consolidarse como una actividad próspera y devastadora [1].
Las estadísticas respaldan este sombrío panorama. El Programa de Datos sobre Conflictos (UCDP) de la Universidad de Uppsala (Suecia) —según revela un trabajo de sus investigadores Shawn Davies, Therése Pettersson, Margareta Sollenberg y Magnus Öberg [2]— registró durante 2024 un récord histórico de 61 conflictos activos basados en el Estado [3], cifra que ascendió a 65 en 2025, el nivel más alto desde que se iniciaron los registros en 1946.
Este resurgimiento de la violencia organizada no es meramente estadístico, sino que marca el retorno cualitativo de la guerra interestatal. Según los investigadores de UCDP, el número de conflictos interestatales puros [4] se duplicó en el último año, pasando de dos en 2023 a cuatro en 2024, y alcanzó su punto máximo desde 1987.
Los cuatro casos actuales descritos por Davies, Pettersson, Sollenberg y Öberg son reveladores de la inestabilidad global:
1) la guerra entre Rusia y Ucrania, que representa casi el 60% de las muertes estatales mundiales;
2) el enfrentamiento directo entre Israel e Irán, que en 2024 registró los primeros ataques lanzados desde territorio iraní hacia Israel (el texto no llega a 2025, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques a las centrales nucleares iraníes);
3) la disputa territorial en la Línea Durand entre Afganistán y Pakistán; y
4) el conflicto en el Mar Rojo, donde el Reino Unido y los Estados Unidos lanzaron una campaña de bombardeos contra el gobierno de Ansarallah (los rebeldes Hutíes) en Yemen para proteger sus rutas comerciales.
En definitiva, presenciamos un cambio de fondo donde la competencia estratégica entre potencias vuelve a situar a la guerra convencional de alta intensidad en el núcleo de la política internacional.
Por otra parte, según los datos de UCDP, la conflictividad no estatal —definida como la violencia armada entre dos grupos que no son el gobierno de un Estado— experimentó un descenso tanto en el número de conflictos (de 80 a 74) como en el de víctimas fatales durante 2024 (de 18.500 a 17.500). En el caso de las Américas, se registró una tendencia a la baja desde el pico de violencia alcanzado en 2021. No obstante, a pesar de este descenso, la región sigue atravesada por la violencia de los carteles de la droga y las bandas criminales, especialmente en México [5].
Crónica de una advertencia ignorada
Este escenario de creciente conflictividad interestatal no debería tomar por sorpresa a la conducción política argentina. Como hemos advertido reiteradamente en este espacio, los propios organismos de inteligencia y defensa de los Estados Unidos ya daban cuenta de esta reorientación hacia la guerra interestatal hace una década, lo que contradice los augurios de Francis Fukuyama sobre el “fin de la historia”, y de ciertos expertos que presumen la existencia de una “jerarquía global liberal”, que podría llevar a los Estados —de la mano de las normas y valores del mercado— hacia una suerte de “paz perpetua” del siglo XXI [6].
Hace un decenio atrás, el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) de los Estados Unidos, en su informe Global Trends 2035 del año 2017, señalaba que “los próximos cinco años serán de crecientes tensiones entre países (…) Una confianza excesiva en que la fuerza material puede controlar la intensificación aumentará los riesgos de conflictos interestatales a niveles no vistos desde la Guerra Fría”. Del mismo modo, la Estrategia de Defensa Nacional (EDN) 2018 del Pentágono sentenciaba: “Enfrentamos un creciente desorden global, caracterizado por la declinación de las reglas tradicionales del orden internacional (…) la competencia estratégica interestatal, no el terrorismo, es ahora la principal preocupación de seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Por su parte, el investigador argentino Jorge Battaglino ha subrayado que el conflicto entre Rusia y Ucrania funciona como un “crudo recordatorio de que las guerras interestatales se niegan a desaparecer”. Según este experto, las Fuerzas Armadas deben estar “pensadas, organizadas, entrenadas, desplegadas y deberían contar con el equipo necesario para enfrentar a adversarios equivalentes”. En suma, Battaglino advierte que las operaciones de combate convencionales a gran escala no son una reliquia del pasado, sino una realidad que altera el curso de la historia y la geografía de las naciones.
Ignorar la vigencia de la guerra convencional entre Estados es, para un país como la Argentina —que posee un enclave colonial en su territorio— un error estratégico que compromete su supervivencia y sus posibilidades de desarrollo soberano.
La policialización como dogma
A pesar del marcado aumento de los conflictos interestatales a nivel mundial, los responsables de la cartera de Defensa argentina se esfuerzan, de manera incomprensible, por fijar el funcionamiento del sector en un sentido opuesto. En el marco de su política de occidentalización dogmática y desnacionalización estratégica, la administración de Javier Milei ha llevado adelante —mediada por una pauperización presupuestaria sin precedentes en nuestra historia— un proceso de veloz gendarmerización de las Fuerzas Armadas. Ello implica desatender la misión primaria de la defensa nacional para convertir al instrumento militar en una suerte de guardia nacional con funciones antidrogas. De esta forma, se sigue el libreto dictado por el Comando Sur (una agenda, cabe aclarar, que los propios Estados Unidos desechan para sí en su planeamiento de gran escala centrado en los dominios múltiples de la guerra).
La cronología de este proceso de policialización/desprofesionalización es elocuente. En abril de 2024, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, durante la visita a Ushuaia de la titular del Comando Sur, generala Laura Richardson, abrazó el proyecto policializador bajo la premisa de que financiar una Guardia Nacional es menos oneroso que sostener medios militares profesionales. En junio de 2025, el propio Petri defendió en el Congreso un proyecto para convertir a los militares en policías de frontera. Previamente, en abril de 2025, mediante la Resolución MD 347/2025, había dispuesto la Operación Roca, que autorizó a efectivos militares a detener personas en flagrancia bajo reglas de empeñamiento policiales. Más recientemente, en marzo de este año, el actual ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, selló en Miami la adhesión a a la iniciativa estadounidense Escudo de las Américas, hecho que incorporó al país a una “Coalición de Seguridad Hemisférica contra el Narcoterrorismo”.
Según se aprecia, resulta anómalo que el titular de Defensa suscriba acuerdos sobre narcotráfico, redes criminales y migraciones —temas de seguridad interior—, lo que constituye una grave distorsión funcional que desnaturaliza el rol militar profesional. Al aceptar este esquema bajo la denominada doctrina Donroe —una versión radicalizada de la doctrina Monroe—, la Argentina renuncia a su capacidad de disuasión autónoma para convertirse en una correa de transmisión de los intereses de seguridad de Washington.
Este dislate estratégico ignora, asimismo, que nuestro país cuenta con 803 policías cada 100.000 habitantes y se sitúa casi al tope de América del Sur según la OEA (solo por detrás de Uruguay, que cuenta con 881). De este modo, desoye las lecciones del Informe Rattenbach, que en 1983 advertía que la desprofesionalización castrense y el enfoque en la conflictividad interna condujeron al fracaso en el núcleo duro de la actividad militar durante la guerra de Malvinas (1982).
La asimetría estratégica con el Reino Unido
La contradicción argentina alcanza niveles mayúsculos de insensatez cuando se la contrasta con la política de defensa del Reino Unido, potencia que ocupa ilegalmente parte de nuestro territorio. Mientras el gobierno argentino se ufana de enviar militares a Rosario y a la frontera norte para tareas de seguridad pública, Gran Bretaña difundió en junio de 2025 su Revisión Estratégica de Defensa, un documento que fija lineamientos indubitables: el objetivo fundamental es “pasar a la preparación para la guerra como objetivo central de nuestras Fuerzas Armadas”.
El contraste con la matriz desprofesionalizante argentina es absoluto. El texto británico de 144 páginas no hace una sola mención al narcotráfico ni figura en él la palabra “drogas”, mientras que los términos inherentes a la guerra (war, warfare, warfighting, warfighter, wartime) aparecen en 250 oportunidades. Londres prevé un aumento del gasto militar al 2,5% de su PBI para 2027 y la construcción de 12 nuevos submarinos de ataque propulsados por energía nuclear para operar, entre otros destinos, en el Atlántico Sur. El documento británico reafirma explícitamente su postura militar defensiva en las Islas Malvinas, y califica a sus bases en el extranjero como un “elemento fundamental para defender la soberanía”.
En Buenos Aires, por el contrario, en el mismo mes de junio en que los británicos difundieron su Revisión Estratégica, el ministro Petri, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, no utilizó ni una sola vez la palabra Malvinas ante los legisladores. Mientras Gran Bretaña acelera su desarrollo tecnológico a ritmo de tiempos de guerra, la Argentina libertaria mantiene el sector en un limbo estratégico. En ese marco, trata la cuestión Malvinas con una condescendencia asombrosa en sus escasas menciones oficiales, y aborda al Atlántico Sur como un “espacio de oportunidad para la cooperación” más que como un territorio usurpado por una potencia militar en un mundo cada vez más pugnante y belicoso. Esta desatención sitúa a la Argentina, en definitiva, en una fase de indefensión crítica que contrasta con la de un ocupante que —según se desprende de su estrategia defensivo-militar— se prepara activamente para el conflicto convencional de alta intensidad.
En este contexto, el gobierno argentino debería comprender, sin renunciar a su estrategia diplomática de recuperación de las islas Malvinas —tal como lo prescribe la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional—, que la diplomacia no puede ser efectiva si no está acompañada de una defensa activa. Puesto de otro modo: resulta indispensable fortalecer las capacidades de control, vigilancia, reconocimiento e inteligencia estratégica en el Atlántico Sur. Solo mediante un incremento de los costos económicos y militares de Londres se podrá dotar de peso real a nuestros legítimos reclamos ante los foros internacionales.
La DPDN del general Alais y el loteo de la Base Naval
Esta deriva se agrava por la parálisis total del planeamiento estratégico de la Defensa. El gobierno de Milei ha incurrido en un ostensible incumplimiento del Decreto 1729/2007, que establece la obligación del Presidente de emitir la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) en septiembre del primer año de mandato, para orientar la organización, doctrina y equipamiento de las Fuerzas Armadas. Transcurridos 30 meses de gestión, la ausencia de la DPDN —cuyo ritmo de redacción no tiene nada que envidiarle a la emblemática velocidad de los tanques del general de brigada Ernesto Arturo Alais— constituye un agujero negro estratégico.
Todo indica, en definitiva, que la gestión Presti simplemente espera adaptar sus borradores a la Estrategia de Defensa Nacional 2026 de los Estados Unidos, postura que implica la renuncia a cualquier capacidad soberana de definir los intereses nacionales propios. Posiblemente, como sucedió con el denominado “Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales” que el Comando Sur le impuso a la Armada Argentina en el mes de mayo, nos enteremos de la nueva DPDN directamente a través de un posteo del embajador Lamelas. En lo simbólico reside la construcción de sentido.
Como corolario de este conjunto de desatinos, el Decreto 314/2026 (Plan ARMA), emitido el 30 de abril de 2026, ha encendido las alarmas sobre el patrimonio inmobiliario de la Defensa. Bajo la supuesta premisa de “recuperar capacidades”, la norma incentiva el desprendimiento de bienes estratégicos; y autoriza que el 70% de las ventas de predios de la jurisdicción Defensa sea destinado a dicho fin. Sin embargo, en el actual contexto de menesterosidad presupuestaria y de desfinanciamiento estructural del FONDEF, no sería extraño que esos eventuales fondos se utilizaran para cubrir urgencias financieras inmediatas. En este marco, hace un par de semanas han cobrado fuerza las versiones sobre la eventual venta o concesión de los terrenos de la Base Naval de Mar del Plata, uno de los predios más valiosos (93 hectáreas) y estratégicos de la Nación.
La Base de Mar del Plata es el asiento del Comando de la Fuerza de Submarinos, la Escuela de Submarinistas, la Agrupación de Buzos Tácticos, la División de Patrullado Marítimo y el Comando del Área Naval Atlántica. Estas unidades resultan fundamentales para el control y vigilancia del Mar Argentino en un país que aún no ha recuperado su capacidad submarina tras la tragedia del hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017.
Resulta insólito, en consecuencia, para una nación con un enclave colonial en su territorio como es la base militar británica en Malvinas, el solo hecho de que se pueda analizar la desafección de tierras destinadas a funciones militares esenciales para entregarlas al mercado inmobiliario y a emprendimientos turísticos. La eventual venta de la Base Naval sería un símbolo inequívoco de una Argentina desarmada y de un Estado que abdica de su responsabilidad primordial: la defensa del territorio nacional.
A modo de cierre
La contradicción argentina es, a un tiempo, flagrante y paradojal. Mientras el escenario global, descrito exhaustivamente por los investigadores de Uppsala y por los editores de The Economist, experimenta un retorno violento de los conflictos interestatales; y las grandes potencias —entre las que se incluye a nuestro ocupante colonial— se preparan para la guerra convencional, la Argentina de Milei decide voluntariamente desarmarse y desprofesionalizar a su Instrumento Militar. La gendarmerización de nuestras Fuerzas Armadas, instruida desde Washington y acatada sin cortapisas por ministros como Petri y Presti, sumada al loteo de nuestra infraestructura estratégica y al vacío de planeamiento nacional, nos sitúan en una fase de indefensión crítica.
Seguir por esta senda de claudicación e improvisación estratégica no es solo un error coyuntural: es una irresponsabilidad histórica que desoye las lecciones de Malvinas y del Informe Rattenbach; y que deja a la Nación a merced de un mundo cada vez más arbitrario, pugnante y propenso a la guerra entre Estados.
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
[1] Agradezco a mi colega Bernabé Malacalza por la sugerencia de lectura de los artículos de The Economist y del Journal of Peace Research que nutren los datos de la primera parte del texto.
[2] Davies, S., Pettersson, T., Sollenberg, M., & Öberg, M. (2025). Organized violence 1989–2024, and the challenges of identifying civilian victims. Journal of Peace Research, 62(4), 1223-1240.
[3] De acuerdo con UCDP, los “conflictos basados en el Estado” son aquellas confrontaciones que cumplen con los siguientes criterios: a) uso de la fuerza armada: debe existir un enfrentamiento violento entre dos partes en disputa; b) participación estatal: al menos una de las partes involucradas debe ser el gobierno de un Estado soberano; c) umbral de letalidad: deben causar un mínimo de 25 muertes relacionadas con el combate en un año calendario; y d) las disputas deben centrarse en el control del gobierno (quien ejerce el poder político) o en el control de un territorio (disputas por la soberanía de una región específica).
[4] Los investigadores identifican cuatro categorías de “conflictos basados en el Estado”: 1) Los interestatales (conflictos entre dos o más gobiernos de Estados soberanos); 2) los intraestatales (enfrentamientos entre el gobierno de un Estado y uno o más grupos de oposición armados internos, sin intervención de otros Estados); 3) los intraestatales internacionalizados (conflictos internos en los que el gobierno o la oposición reciben apoyo armado de Estados externos); y 4) los extraestatales (conflictos entre un Estado y un actor no estatal fuera de su propio territorio). Es importante destacar que UCDP considera que estas categorías son mutuamente excluyentes; y las diferencia, a su vez, de la violencia no estatal (entre dos grupos no gubernamentales) y de la violencia unilateral (ataques de un actor contra civiles indefensos).
[5] Según las estadísticas de UCDP, la violencia no estatal en la que participó el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó, durante 2024, al menos 7.000 muertes.
[6] Al respecto, ver: Mousseau, M. (2019). The End of War: How a Robust Marketplace and Liberal Hegemony Are Leading to Perpetual World Peace. International Security. 44 (1): 160–196
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