Como recuerdo común de la noticia matinal, que las hemerotecas revelan previsible, quedaron los comunicados. Con el afán expeditivo de los delincuentes, la dictadura que se inició hace medio siglo emitió más de cincuenta en las horas que siguieron a la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Los bandos fueron palabra oficial y única voz en el silencio impuesto, que se oficializaría como censura explícita en el curso de los mismos comunicados. Leídos a cinco décadas de distancia, es posible detectar el modo en que comenzó a fijarse el relato del aparato criminal en ciernes, que resultó en masivas violaciones a los derechos humanos y un abrupto empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías. Tras veinte años de juicios por delitos de lesa humanidad, el contraste torna posible advertir también todo lo que aquellos documentos inaugurales omitieron o anticiparon.
El primero fue certero: efectivamente, el país había sido colocado bajo el control operacional de la Junta Militar, lo que confesaba el dominio de lo que en él ocurría. Con el territorio parcelado en zonas, subzonas y áreas, ninguna porción quedó a salvo de un aparato castrense que emitía bandos de guerra mientras atacaba a su propia población.
Los siguientes comunicados, no tan reproducidos, se ocuparían de ampliar el relato militar y comenzar a delinear el económico.
Comunicar la muerte
Si el primero de los textos circulados advertía ya de la posible “intervención drástica del personal en operaciones”, durante el mismo 24 de marzo se sucedieron otros en que la muerte pasó a ser palabra explícita.
El décimo quinto comunicado informó ese día que se aplicarían penas que podían llegar a la muerte a quienes protagonizaran formas de violencia contra el personal militar o de seguridad, aunque no estuvieran en funciones. El siguiente extendió la escala hacia personas que atentasen contra buques, aeronaves o establecimientos de las fuerzas. Dos días después, el Boletín Oficial publicó la ley que sostenía lo difundido.
Los anuncios se basaron en el sometimiento del conjunto de los habitantes a órganos denominados “consejos de guerra especiales”, que se conformaron en las principales unidades del país, con militares ocupando los roles de jueces, fiscales y defensores.
La disposición de tales cuerpos se basaba en la actualización practicada en 1951 en el Código de Justicia Militar, cuando el peronismo actualizó parcialmente las bases normativas del siglo XIX. Fue con esa reforma que se introdujo la posibilidad de enjuiciar por esa vía a civiles en tiempos de paz, aludiendo a prevenciones de defensa nacional.
Paradójicamente o no, fue el peronismo quien con mayor intensidad sufrió cada aplicación, en las sucesivas escalas represivas sobre la población civil previas a 1976:
- en 1956, cuando se produjo el levantamiento cívico militar liderado por el general Juan José Valle, contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón el año anterior;
- durante la presidencia semidemocrática de Arturo Frondizi, cuando se aplicó el plan CONINTES, en particular sobre el movimiento sindical de mayoría peronista; y
- previas reformas normativas de la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuando el blanco fue el movimiento de protesta plural que protagonizó las movilizaciones populares que en 1969 tuvieron como epicentros a Córdoba y Rosario.
Con sus comunicados 15 y 16, la dictadura iniciada en 1976 reactivó en sus primeras horas la amenaza latente sobre la población civil. De ese modo, quedó explícita la vigencia de la pena de muerte, como parte de una escala punitiva aplicable a civiles.
Los bandos siguientes, 17 y 18, dieron además amplios márgenes para el uso de armas al personal militar y de seguridad en caso de sorprender in fraganti a autores de atentados contra medios de transporte y comunicación, servicios públicos o sustancias alimenticias y medicinales.
El 19 estableció la censura que evitaría que toda puesta en escena corriese riesgos de quedar al descubierto: podían ser penados con hasta diez años de reclusión quienes difundieran textos o imágenes “con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar” a las fuerzas armadas y de seguridad. De esa manera, la pluma castrense reiteró la amenaza que había incluido en su segundo comunicado, poco después de usurpar la Casa Rosada.
El 12 de abril, en su primer encuentro con los periodistas acreditados allí, el dictador Jorge Videla se declaró defensor de la libertad de prensa y dejó una definición clarificadora:
—Voy a valorar todas las críticas positivas.
Con frecuencia, los consejos de guerra especiales fueron utilizados para formalizar las detenciones ilegales de personas sobre las que sus propios captores practicaban una parodia de juicio, basando acusaciones y condenas en las versiones del propio personal militar y de seguridad o en las confesiones de las víctimas bajo tortura.
Esa máscara de legalidad no fue sin embargo la práctica represiva más utilizada por la dictadura argentina, a diferencia de otros territorios sobre los que voló el Cóndor. En el temprano 1984, la CONADEP corroboró casi 9.000 desaparecidos y sólo unas 350 condenas en consejos de guerra. La verdad evidenciada en esa relación numérica se plasmó como factor argumental en las condenas del juicio de 1985 contra los integrantes de las Juntas Militares que gobernaron el país. Dentro de la lectura binaria de la época, el tribunal reprochó a los ex jerarcas los aberrantes delitos cometidos por sus fuerzas en la clandestinidad, cuando ellos mismos habían promulgado normativas y dictado bandos para vestir a la represión con un manto legal.
A garrotazos
En materia económica, los primeros documentos públicos de la Junta Militar anticiparon la imposición de un Pacto Social a Garrotazos, base sobre la que se posaría la política de un presto a asumir José Alfredo Martínez de Hoz. A la amenaza del primer comunicado sobre duras represiones a posibles manifestaciones en las calles y las penas fijadas en los siguientes ante eventuales sabotajes, se añadieron:
- el 3, que reafirmó la subordinación de empleados públicos a las autoridades militares y la aplicación del Código de Justicia Militar ante incumplimientos;
- el 4, que declaró “objetivos de interés militar” a todas las fuentes de producción y lugares de trabajo públicos y privados;
- el 7, un texto extenso y menos dispositivo, que recordó que estaban suspendidas las medidas de fuerza, exhortó “al esfuerzo común” de trabajadores y empresarios, apeló a la buena voluntad de las partes para solucionar conflictos y recomendó a los obreros desoír “toda incitación a la violencia o al incumplimiento de sus obligaciones”;
- el 25, por el que informó la intervención de la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica, los dos grandes afluentes del Pacto Social imaginado por Perón;
- el 47, que comunicó la eliminación de los fueros sindicales;
- el 52, por el que reiteró la suspensión del derecho a huelga, convertida en ley;
- el 57, que difundió la prohibición de “toda actividad” a las 62 Organizaciones, consideradas como un partido político como los que los comunicados 43 y 45 anunciaron suspendidos o prohibidos; y
- el 58, que formalizó la intervención de la CGT, añadiendo como argumento la desconexión con sus bases y las denuncias de “anomalías” y “administración discrecional del patrimonio sindical”.
Cinco días más tarde, el abogado y empresario Martínez de Hoz asumió en el Ministerio de Economía, que junto con el de Educación fueron los únicos dos casilleros del gabinete reservados a civiles. De inmediato, aplicó una política de liberación cambiaria, de precios y de importaciones que condujo rápidamente a la destrucción de empleo y la caída en los ingresos populares.
Doce meses después, la Carta Abierta de Rodolfo Walsh trazó el primer balance de la dictadura, caracterizando a sus resultados económicos como “la miseria planificada” de las grandes mayorías. Walsh apuntó un desempleo récord del 9%, la veloz caída del 40% en el salario real, la retracción de la participación obrera en el ingreso nacional del 30% y el retroceso del consumo en alimentos, ropa y medicamentos.
La Carta Abierta también denunció “el espectáculo” de una Bolsa de Comercio cuyas ruletas permitían a un selecto grupo multiplicar capital sin producción ni trabajo. Fue lo que ocurrió tan pronto como se levantó el feriado bancario, bursátil y cambiario que había anunciado el undécimo comunicado dictatorial, el mismo 24 de marzo. Una doble página de la revista Gente de comienzos de abril ilustra la espectacularización de la fiebre especulativa que describió Walsh.
Joven argentino
El informe de la CONADEP sobre los datos recabados hasta 1984 concluyó que la gran mayoría de las personas desaparecidas o sobrevivientes de centros clandestinos de detención eran trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia: 30,2% eran obreros; 17,9%, empleados; y 5,7%, docentes.
La mayor parte de las víctimas tenían entre 20 y 35 años e integraban hasta la madrugada del 24 de marzo de 1976 la juventud argentina a la que la dictadura dedicó su décimo tercer comunicado. A diferencia de la mayoría del corpus, no es un texto dispositivo, sino en tono edulcorado de “vibrante e irrenunciable llamado” a contribuir con “entusiasmo, idealismo y desinterés” con “el proceso de reorganización que se ha iniciado”.
Una línea, sin embargo, se recorta como huella anticipatoria del plan criminal. El texto enumera prístinos valores, que proclama propios, y añade una frase excluyente a su convocatoria: “son guía y razón de todo joven argentino que merezca el calificativo de tal”. Difundido antes de la publicación de las nuevas escalas penales, fue la primera alusión al enemigo interno, construcción imprescindible para esconder o justificar la masacre.