La campaña en Comodoro Py

Pocas veces se vio una articulación tan fuerte en el sistema judicial y la coalición oficialista

 

El cronograma judicial 2019 y las últimas movidas en Comodoro Py muestran cuán cerca está el Poder Judicial de funcionar como apéndice del Poder de turno sobre todo en tiempos en los que se define quién estará al mando del país a partir de diciembre de 2019.

Los juicios previstos contra Cristina Kirchner o sus allegados son de todo tipo y color pero todos tienen una característica en común: en su mayoría (los más remunerativos electoralmente: la ruta del dinero K, Obra Pública, Los Sauces y Hotesur) forman parte de las querellas la UIF y la OA, es decir el Gobierno, que investigan, piden y presentan pruebas activamente.

Además todo parece indicar que dichos juicios se van a desarrollar durante la campaña electoral. Al igual que nuevas indagatorias.

Pocas veces se vio una articulación tan fuerte en el sistema judicial y la coalición oficialista pero, después de todo, no se trata de una novedad argentina ya que es un rasgo que señalan los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su recomendable libro Cómo mueren las democracias. En la perspectiva de esos autores, se comprenden más fácilmente algunas decisiones de la Justicia que afectan al gobierno.

Por ejemplo, la que apartó al juez federal Sebastián Casanello que investigaba —hasta el lunes— el presunto lavado de dinero en la campaña presidencial 2015 de Mauricio Macri y en la campaña de Cambiemos para las legislativas de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires.

Una resolución que, según un abogado que conoce como pocos los pasillos de la Cámara Federal en Comodoro Py, se comprende solamente en base a la afinidad judicial con el Ejecutivo, cuyos organismos emblemáticos en la lucha contra la corrupción, la UIF y la OA, mantuvieron un llamativo silencio.

El mismo silencio institucional sucedió cuando la causa de los aportes truchos en la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017 salió de las manos del juez federal Ernesto Kreplak y con ese movimiento una sospecha delictiva se convirtió en infracción electoral.

El expediente que le sacaron a Casanello cayó en manos del juez Luis Rodríguez. Además el juez Ariel Lijo hizo lugar a un pedido del fiscal Ramiro González para investigar los gastos de la campaña presidencial de Macri en 2015.

La suerte y libertad de los magistrados para avanzar con sus investigaciones dependerá, entre otras cosas, de la correlación de fuerzas en este contexto de articulación del sistema judicial con la coalición oficialista.

De acuerdo a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, las democracias no mueren de golpe por el asalto de las armas sino que comienzan a hacerlo de manera lenta, pausada, casi imperceptible y debido a movimientos internos que de a poco van anulando los mecanismos institucionales de control, reducen la pluralidad, polarizan la vida pública y utilizan la ley de una manera desigual.

La bruma que vuelve borrosa la separación de poderes que garantiza la Constitución, como una garantía de los derechos civiles y políticos, es un fuerte indicador de la muerte de la democracia.

Es preciso que la dirigencia esté a la altura. Más allá de los posibles crímenes que deben ser sancionados, debe auscultarse el funcionamiento de algunos dispositivos institucionales antes de que el régimen político sólo conserve el nombre y pierda sus rasgos distintivos.

 

 

Publicado en el blog #Dos Justicias
1 comentario
  1. Lujan dice

    Desde la dirigencia política no se ha tratado seriamente que en un Estado democrático se necesita un Poder Judicial acorde para nuestro sistema pensado con ciertas bases de los modelos judiciales avanzados. Cristina F. de Kirchner abogaba por la democratización de la justicia, legítima, no corporativa ni ligada a los poderes económicos en la apertura del nuevo año legislativo en febrero de 2013, precisando que el primero de los proyectos a enviar en marzo a la Cámara de Diputados, buscará lograr que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular para, darle así, representatividad a ese órgano para que la sociedad se vea reflejada allí. El 11 de junio de ese año la jueza federal con competencia electoral Servini de Cubría emitió dos fallos señalando como incostitucional el voto popular (consejeros abogados, jueces, académicos) . A una semana, la Corte Suprema de Justicia en su fallo conocido como el “Caso Rizzo” con el voto de seis de sus siete miembros declaró incostitucional la reforma en cuanto que los representantes de los jueces, abogados y académicos en el Consejo de la Magistratura fueran elegidos por el voto popular en lugar de sus pares. Así estamos.

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