La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de cinco ex integrantes del Ejército imputados por delitos de lesa humanidad perpetrados con una mecánica única en el país: la persecución de académicos y académicas bajo la pantalla de una causa judicial formal por “infiltración marxista” en el mundo universitario, desde el invierno de 1976.
A pesar de que ese rol civil es nodal en la concepción de la trama represiva que la Cámara reconoció, persiste aún clausurado el camino para avanzar en imputaciones sobre quienes participaron desde el ámbito judicial o legitimaron la acción desde el periodístico, con La Nueva Provincia como nave insignia. El tribunal también revocó los procesamientos de otros imputados militares, en cuyo desconocimiento de lo ocurrido eligió confiar, pese a testimonios que los incriminan.
Con todo, la causa quedó en condiciones de ser elevada a juicio. Si no existen dilaciones inesperadas, podría ocurrir el año próximo, cuando se cumpla medio siglo de desatada la cacería. El tramo en debate abarcaría a una treintena de víctimas, la mayor parte de ellas pertenecientes al plantel docente de la Universidad Nacional del Sur.
El artífice militar de esa forma de persecución fue el general Adel Vilas, un personaje tan oscuro como singular, cuya autopercepción de cruzado en una batalla cultural occidental confluyó en Bahía Blanca con la prédica y los reclamos de represión de La Nueva Provincia. Vilas es el personaje central de la novela Goya, que acaba de presentar el fiscal auxiliar Pablo Fermento, quien recurrió a la ficción para retratar los abismos humanos presentes en hechos que documentó con la rigurosidad que le exige su rol en el Ministerio Público.
Del Proceso a procesados
Osvaldo Páez, Víctor Aguirre, Jorge Granada, Carlos Taffarel y Norberto Condal ya habían sido condenados en otros juicios de la misma jurisdicción, incluyéndose en las sentencias la pérdida del estado militar que revistaron en el Ejército. El reciente fallo de la Cámara bahiense confirmó sus procesamientos también en la causa que investiga los delitos sufridos por parte de la comunidad académica de la UNS.
La mecánica represiva ya fue contada por El Cohete. A partir del hallazgo de bibliografía considerada “subversiva”, en un allanamiento con características de operación de inteligencia, la tríada de los poderes castrense, judicial y mediático desplegó la persecución, con la Policía Federal al mando del subcomisario Félix Alais como brazo ejecutor subordinado al Ejército.
La secuencia fue similar en casi la totalidad de la treintena de casos estudiados: las víctimas eran privadas de la libertad por la policía, interrogadas y procesadas por el Juzgado Federal a cargo de Guillermo Madueño y derivadas a unidades militares o penitenciarias. Algunas de las personas secuestradas relataron al juez y a su secretario Hugo Sierra haber sufrido tormentos, lo que no fue consignado en sus declaraciones. Sí se admitieron dichos que, de acuerdo al relato policial, habían manifestado previamente de modo espontáneo.
Los cinco ex militares con procesamiento firme desde el segundo día de este mes integraban para 1976 el Comando del V Cuerpo de Ejército y su Destacamento 181 de Inteligencia, ambos con cabecera en Bahía Blanca, al igual que la universidad sobre la que el aparato criminal haría foco.
Como la Gente
Los camaristas Pablo Candisano Mera y Roberto Amábile no confirmaron, en cambio, los procesamientos de oficiales que formaron parte del Batallón de Comunicaciones 181, con asiento en la misma ciudad. Ambos jueces entendieron que la fiscalía no había logrado probar que Alejandro Lawless, Raúl Andrés, Roberto Brunello y José Antonio Maidana hayan sabido que las detenciones de prisioneros en el Batallón eran ilegales.
Sin embargo, algunos testimonios en sentido contrario lucen bastante nítidos. Una joven cautiva en la unidad militar en septiembre de 1976 reconoció allí a Juan Drisaldi. Ambos eran originarios de Médanos, a 47 kilómetros de Bahía Blanca, y ella sabía que la familia de él ya había llorado su muerte, porque llevaba dos meses desaparecido. Drisaldi había sido secuestrado el 9 de agosto en Río Gallegos, donde cumplía el servicio militar tras haberse recibido como economista en la UNS.
El Departamento de Economía de esa institución había sido foco primordial de la acción represiva. Allí alcanzó fugaz aplicación, entre 1973 y 1974, un heterodoxo programa de estudios en ciencias económicas. La experiencia, aún hoy reconocida a nivel nacional, contó con la participación de profesionales que ya se habían destacado por entonces o lo harían luego. Fue interrumpida definitivamente a principios de 1975, con la llegada al Rectorado del nazi rumano Remus Tetu, uno de los jerarcas de la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina en la región.
La tarea de Tetu sería elogiada un año más tarde por Vilas, en una conferencia de prensa en que junto al subcomisario Alais presentaron el alcance de la supuesta “infiltración” en la UNS. Una muestra más de la continuidad entre las tres A y las tres Armas, que Rodolfo Walsh describiría en su Carta Abierta de marzo de 1977. En los meses previos, la Agencia de Noticias Clandestina que dirigía dedicó varios de sus cables a informar sobre la persecución hacia el mundo académico de Bahía Blanca. La Nueva Provincia y la revista Gente también cubrían el tema, pero en busca de instalar la versión oficial.
Cultura o crueldad
Para asegurar la efectividad represiva, Vilas asignaba un rol central a lo que llamó “una planificada acción de propaganda y acción psicológica sobre la población”. Así lo definió en Bahía Blanca, el hecho histórico, un texto en el que pretendió relatar su paso por la ciudad y la acción desplegada en ella y su región.
En el folleto, el represor confiesa que “ya en junio (de 1976) podía afirmarse que la victoria militar estaba asegurada”. Eso explica que de inmediato su foco pasase al “verdadero campo de la lucha, donde se decidía la suerte final de la victoria o la derrota”.
Se refería a lo que llamaba “la guerra cultural”, con el objetivo de preservar “el acerbo cultural de Occidente”. La confusión léxica es clarificadora. “Acervo”, lo que el general pretendió escribir, refiere a un conjunto de valores y bienes culturales de propiedad comunitaria. “Acerbo”, lo que efectivamente escribió, es un adjetivo que describe crueldad.
La visión de Vilas coincidía con la que imprimía en sus editoriales el diario La Nueva Provincia, advirtiendo que la guerrilla podía estar abatida, pero con la “subversión” recién se había comenzado.
Para el represor, que arribó a la ciudad después de encabezar el llamado “Operativo Independencia” en el norte del país, el mundo universitario bahiense era un ámbito de formación de “núcleos ideológicos” que nutrían a la insurgencia. Con su acción sobre la UNS pretendía “ejemplificar con la máxima claridad e intensidad posibles” ese fenómeno, de modo que se emprendieran acciones similares sobre los centros académicos de mayor envergadura, como La Plata, Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Cuyo.
Entre junio de 1977 y agosto de 1978 el Ministerio de Educación y el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (CRUN) siguieron en alguna medida el ejemplo sureño. El ministro Juan José Catalán circuló entre las comunidades educativas un folleto que alertaba sobre la “agresión marxista internacional” en las aulas y el CRUN sostenía plenarios en que trataba en forma reservada la temática “seguridad” junto al coronel Agustín Valladares, responsable del “Operativo Claridad” de acciones de inteligencia y confección de listas negras entre la comunidad educativa y cultural.
Catalán fue secundado por dos personajes que conocían el escenario bahiense sobre el que se descargó la acción de Vilas: Gustavo Perramón Pearson y Manuel Gómez Vara, secretario de Educación y subsecretario de Asuntos Universitarios, respectivamente. Una dictadura antes, en tiempos del onganiato, Perramón Pearson había sido comisionado municipal y Gómez Vara, interventor de la UNS.
De todos modos, en ningún otro sitio del país se dio una mecánica criminal como la desplegada en el sur bonaerense, donde una causa judicial formal sirviera como pantalla para una persecución con foco exclusivo en los claustros.
El general en su laberinto
La oscilación de Bahía Blanca, el hecho histórico entre la autocongratulación y el mesianismo incomprendido dibujan a su autor, un personaje de una singularidad equiparable a la crueldad que pretendía justificar.
Los interrogantes históricos y humanos que abre una figura de tal calibre difícilmente puedan obtener una respuesta definitiva. Pablo Fermento, fiscal auxiliar y escritor, los exploró en su novela Goya.
El título de la obra, de reciente publicación, alude a la ciudad correntina en que nació y se crio Vilas. Desde una narrativa de explícita ficción, pero a partir de elementos objetivos que conoce de primera mano, Fermento logra enhebrar relatos y retratos de prístina factura literaria. Con el auxilio conjetural de la ficción, ofrece eslabones verosímiles para caracterizar el modo en que un sujeto se entrega al ejercicio activo y celebrado de la crueldad.
Sobre todas las cosas, Goya reintegra a las víctimas la humanidad que les fue arrebatada incluso en sus padeceres y muertes, cuando se impuso la narrativa estigmatizante de los verdugos y sus propagandistas, los salvadores de Occidente.
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