La disputa del poder

El empresariado local y el capital financiero pujan por quién presiona más al Estado

 

La Argentina supo tener un rumbo, un modelo económico y social que le permitió crecer desde junio de 1943 hasta junio de 1975 a una tasa del 3,4% anual, que duplicaba la tasa de aumento vegetativo de la población. Por ende, los niveles de desocupación, en promedio, no superaban el 4% anual y se iba formando un tejido social e industrial importante. En 1974 la Argentina era el país del continente americano más integrado, donde menos diferencia había entre los más ricos y los más pobres. Se había generado una matriz productiva que había aprendido de sí misma. Para 1970 se había comenzado a compensar las importaciones industriales con la venta al exterior de casimires, caños sin costura, acero y, en 1973, se obligó a las empresas automotrices radicadas en el país a vender vehículos y repuestos al mundo socialista. Por lo que el modelo no sólo no estaba agotado, sino que empezaba a fortalecerse en un salto cualitativo en la producción industrial.

El Modelo ISI (Industrias Sustituidoras de Importaciones) sobrevivió hasta 1976, cuando la dictadura militar desindustrializó imponiendo un modelo extractivista agropecuario-exportador y se valió para ello de la deuda externa.

La deuda externa y la extranjerización y concentración económica en nuestro país imponen una matriz extractivista, agropecuaria-exportadora, por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no se genera trabajo y no se integra la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía a satisfacer la demanda del exterior y el sector externo refleja claramente esa situación.

En un marco en que el objetivo es garantizar el superávit comercial para financiar básicamente el pago de una deuda externa con fuertes vencimientos –que obligan a reprogramar los mismos en un estado de negociación permanente– el gobierno ofrece, en primer término, que las exportaciones (a como dé lugar) superen a las importaciones y, a la vez, que el déficit fiscal primario sea el menor posible para no agravar el endeudamiento.

Esto implica un brutal ajuste de la economía nacional: debe exportarse lo que sea, sin miramientos y sin importar cómo afecta al consumo interno. Un ejemplo claro de esta situación lo constituyen las exportaciones declaradas de 37 millones de toneladas de granos de maíz en 2020 y su impacto sobre los precios de la carne aviar y porcina –y hasta sobre la bovina– en el mercado local, que incluso continúa este año en que las exportaciones de granos de maíz se acercarían a 40 millones de toneladas.

La principal pregunta es por qué debemos exportar a cualquier costo y reducir el consumo interno para aumentar los saldos exportables de alimentos y materias primas (que es lo que básicamente vendemos) y por qué no se investiga cómo y quiénes generaron esa deuda.

Es inaudito el nivel de endeudamiento cuando la Argentina ha tenido un comercio exterior superavitario en todo lo que va de este siglo XXI. En efecto, sumando desde el año 2000 hasta abril de 2021, se acumula un superávit comercial de 175.000 millones de dólares. Máxime que en los años 2005 y 2010 se realizó una exitosa conversión de títulos de deuda, disminuyéndola sensiblemente y reescalonando sus pago y, sin embargo, con el gobierno de Mauricio Macri la deuda se acrecentó en más de 100.000 millones de dólares. Con esa deuda no se hicieron obras de infraestructura y se fugaron –según estudios del Banco Central de la República Argentina (BCRA)– 86.200 millones de dólares. Es más, los cien primeros fugadores lo hicieron por 24.679 millones de dólares en cuatro años [i] y a ninguno de ellos se lo investiga.

En ese contexto, se genera una fuerte disputa en la cúpula del poder económico en la Argentina.

Por un lado, se encuentra el sector extractivista y agropecuario-exportador –este último nucleado en el CAA (Consejo Agroindustrial Argentino)–, que son los que obtienen las divisas del exterior y los que necesitan de una devaluación permanente de nuestra moneda para reducir los costos internos (y aumentar sus beneficios y rentas). El hecho de obtener divisas les confiere un rol estratégico en la sociedad. El CAA se conformó en julio de 2020 con más de 40 cámaras y entidades como CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA). Tiene asociados y sectores diversos que contemplan prácticamente todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias: los productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC, donde participan Aceitera General Deheza, COFCO, Cargill, Glencore, Bunge, Louis Dreyfus, etc.). A ellos se suman las bolsas de cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores.

 

Reunión del Consejo Agroindustrial Argentino en Casa de Gobierno, a principios de junio.

 

Del otro lado de la cúspide empresaria del país se encuentra el viejo CEA (Consejo Empresarial Argentino), que luego se autodenominó AEA (Asociación Empresarial Argentina). El CEA fue creado en el seno de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) en 1967 en apoyo al ministro de la dictadura de Juan Carlos Onganía, Adalbert Krieger Vasena. Su presidente, hasta el 24 de marzo de 1976, fue José Alfredo Martínez de Hoz y como tal propició el acuerdo “APEGE” que hizo el lock-out (paro patronal) en febrero de ese año como antesala del golpe militar. Luego asumió como superministro de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Desde 2002, el CEA se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresarial Argentina (AEA), como se la conoce hoy. Está presidida por un hombre ligado a la embajada de Estados Unidos y, como tal, principal convocante para conmemorar los 4 de julio, Jaime Campos. Sus principales directivos y vicepresidentes son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercados Coto) y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), titulares de empresas que están atadas fundamentalmente al mercado interno.

 

Jaime Campos, titular de AEA.

 

Ambos bandos presionan al Estado nacional para que adopte decisiones a su exclusivo favor. La reunión del pasado martes de la UIA (Unión Industrial Argentina) –hoy recapturada por AEA– con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el Presidente del BCRA, Miguel Pesce, nos exime de mayores comentarios y pruebas. Le pidieron, muy puestos en razón, un mecanismo de acceso a divisas de libre disponibilidad para exportadores y manifestaron “la importancia de continuar con la agenda de trabajo entre la UIA y el BCRA para el diseño de instrumentos de crédito accesibles, tanto para capital de trabajo como para la inversión».

Ambos sectores (CAA y AEA) se endeudaron y traspasaron esa deuda al Estado como han hecho en los años 1982-83 y en 2002. Durante el gobierno de Cambiemos compraron dólares al BCRA para fugar y el gobierno no atina a investigar cómo hicieron para comprar tal cantidad de divisas en cuatro años, cuando no declararon ganancias en sus empresas por esa magnitud.

A esas dos grandes fracciones del empresariado local hay que sumarle el capital financiero, cada vez más extranjerizado, con BlackRock con participación en los bancos españoles (Santander y BBVA) y en los supuestamente privados nacionales Galicia y Macro. Además, hay que considerar a los bancos extranjeros que operan en el país (Citi, HSBC, ICBC, Patagonia). Más la deuda interna (títulos en pesos) que tiene, entre otros, a PIMCO y a Franklin Templeton como sus poseedores, que no saben cómo salir de esas tenencias sin producir una fuerte caída en sus precios (que si malvenden los perjudica). Más la deuda externa y la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Club de París.

Entre la presión de los acreedores externos y los “que fugaron” para que acordemos y paguemos lo que no se puede pagar, deambulan Alberto Fernández y su equipo.

El gobierno sólo atina a cumplir formalmente con todos. Por ejemplo, frena planes sociales y el gasto público en medio de la segunda ola de Covid-19 para no superar el déficit fiscal presupuestado, pese a que la inflación va a ser mayor que la estimada del 29% para todo el año 2021. Paralelamente, su política monetaria no genera créditos para la producción, el trabajo y el consumo. El total del crédito al sector privado (tanto en pesos como en divisas) convertido todo a pesos es de 3,5 billones, el 11% del producto interno bruto (PIB) –un 5% corresponde a créditos personales y el 6% restante a empresas– y es el más bajo de toda la historia monetaria desde que se creó el BCRA en 1933. Sin embargo, el mismo BCRA capta letras (LELIQs) y Pases Pasivos de los bancos por una suma mayor (3,6 billones de pesos). El BCRA capta más recursos que todo el sector privado.

 

 

Los acuerdos en la disputa

Mientras en la cúpula económica se dirime en una feroz interna cómo sigue la economía del país, los tres sectores (CAA; AEA; y los grandes bancos privados que operan en el país) coinciden fundamentalmente en dos cosas:

  1. Que la deuda externa no se debe investigar y que la debe pagar el pueblo argentino como lo sostuvo el Presidente Nicolás Avellaneda: “Millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros”.
  2. En que el Estado no intervenga en el río Paraná, como dice Mempo Giardinelli:Es sabido que el Paraná es uno de los más importantes ríos del mundo y la segunda cuenca sudamericana en extensión después del Amazonas. Además es fabulosa y no siempre tenida en cuenta, la recepción de aguas de grandes ríos sur continentales, como el sistema Paraná brasileño-Iguazú, el Pilcomayo, el Bermejo y la cuenca central que forman los cordobeses ríos Tercero y Cuarto y el Carcarañá santafesino. Todo esto está en riesgo porque desde la sojización de la agricultura en los últimos 20 años se han talado millones de hectáreas de bosques nativos y sus consecuencias ecológicas son brutales. Se ha expulsado a millones de personas que trabajaban los campos, se han vaciado pueblos enteros, se tienen desmesuradas tasas de cáncer per cápita y encima se ha deteriorado el control en todos los órdenes. Y todo por el Estado Idiota que hoy tenemos, que más allá del incesante esfuerzo de trabajadores y técnicos prácticamente no controla nada”.

 

 

Propuesta

Es obvio que la verdadera defensa del pueblo argentino pasa exactamente por el camino inverso:

  1. Se debe impulsar la investigación sobre los grandes compradores de divisas (y entre tanto suspender todo pago al FMI y al Club de París); aumentar los derechos de exportación (retenciones); poner “cupos de exportación” priorizando el mercado interno; y dejar de devaluar nuestra moneda. Con el mayor ingreso por las retenciones y el menor pago de los intereses de la deuda, el Estado debe impulsar la construcción de vivienda y de obras públicas –que no requieren importaciones de ningún tipo– y aumentar los salarios, jubilaciones y pensiones que depende del Estado. De ese modo, la Argentina volverá a crecer en forma sostenida y consistente.
  2. Derogar el Decreto 949/2020 que licita nuevamente el dragado del río Paraná y que vuelva a ser administrado por el Estado.

Todo otro camino es una concesión al poder económico que se paga con desocupación y bajos salarios. La pobreza de la mitad de nuestra población así lo demuestra.

 

 

 

[i] “Formación de activos externos 2015-2019”, Informe del BCRA del 14 de mayo de 2020.

 

 

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