El 19 de octubre de 2026, Milei habló en la exposición “Argentina Oil & Gas Expo 2026” en la ciudad de Neuquén, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Esta organización fue creada en 1957 y en la actualidad está conformada por 157 empresas asociadas (tanto nacionales como extranjeras) dedicadas a la exploración, producción, refinación, transporte, comercialización y distribución de hidrocarburos.
Si bien el presidente y el vicepresidente del IAPG son puestos por YPF S.A., en su seno están las principales empresas extractivistas de petróleo y gas que operan en el país: Tecpetrol (Techint); Compañía General de Combustible (Eurnekian); Pan American Energy (familia Bulgheroni junto al grupo chino CNOOC y la multinacional BP-British Petroleum); Pampa Energía (Mindlin, Joseph Lewis y BlackRock); Pluspetrol (Rodríguez de Rey e hijos); Vista Oil & Gas (Miguel Galuccio); Compañía Asociada Petrolera; CHEVRON (una de las principales petroleras de los Estados Unidos); Shell [1]; Total Austral SA; Apache Corp, LF Company; Whintershall; Phoenix Global Resources (empresa que representa José Luis Manzano; el 50% de su capital fue comprado a comienzos de este año 2026 por Continental Resources, presidida por Harold Hamm).
El periodista Mariano Luna afirma que Harold Hamm es conocido en el establishment norteamericano como el “rey del fracking”. Fundador de Continental Resources y artífice de la explotación a gran escala en la formación Bakken (Dakota del Norte), Hamm fue una pieza decisiva para que Estados Unidos alcanzara su autoabastecimiento y se proyectara como exportador neto global de hidrocarburos. Financista central de las campañas de Donald Trump y asesor de cabecera en materia energética, fue el ideólogo del concepto de “Energy Dominance” (Dominio Energético). Esta doctrina no concibe a la energía como un vector de industrialización o bienestar social para los pueblos, sino como control de los mercados internacionales.
También estaba el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas; el por ese entonces viceministro coordinador de Energía y Minería, Daniel González (renunció intempestivamente el 22 de octubre de 2026); la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti; gobernadores; funcionarios; intendentes y legisladores nacionales y provinciales de Neuquén y de Río Negro. Además, había una serie de los que se apropian de lo que le pertenece por la Constitución nacional a todos los argentinos, que este desgobierno de Milei, en acuerdo con los administradores de las provincias, adjudica impunemente a grandes empresas extractivistas del país y del mundo.
Mayoritariamente, son proyectos que se acogen al RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones), que permite a los tres años de explotación la libre disponibilidad de las divisas generadas. Estas provienen de recursos naturales no renovables, por lo que esa libre disponibilidad constituye un acto criminal de administración fraudulenta: significa el vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de sus hidrocarburos, sin obtener nada a cambio. No tienen obligación de abastecer al mercado interno y venden en la Argentina al precio internacional, sin dar a conocer sus costos y sin que se controle el impacto ambiental de su actividad.
Los países que gozan de un alto bienestar son los que han logrado acumular fondos soberanos de inversión para compensar esas extracciones de recursos no renovables, con una capitalización de ellos destinados a las próximas generaciones.
Ante ese público privilegiado del modelo, Milei dijo sobre una encuesta publicada por la consultora Zentrix, que sostiene que dos de cada tres familias se quedan sin dinero a más tardar el día 20 de cada mes: “Entiendo que a veces los eslóganes suenan lindos, pero que suenen lindos no los convierte en algo razonable. Una pelotudez, por más que lo digan de manera linda, es una pelotudez. Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo. Ya operaron con eso y este fin de semana volvieron a tirarla y ahora la estaban moviendo desde los corruptos de los medios de comunicación”. A partir de ahí cambió el tono y usó una voz burlona: “‘La gente no llega a fin de mes’. ‘Dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes’. ‘No llegan al día 20’. ¿Podemos pensar un poquito lo que significa? Les hago una pregunta [al público “selecto” que lo escuchaba]: Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen diez días sin comer y sin beber? ¿Nadie se hizo la pregunta?”.
Milei debería saber que, según el INDEC, en el primer semestre de 2026, la pobreza aumentó en 2.100.000 personas, llevando el número total a 15.500.000 pobres. Que el 44% de los chicos hasta 14 años son pobres. Que la Canasta Básica Total para que una familia compuesta por matrimonio y dos hijos no sea considerada pobre fue para el mes de septiembre de 2026 de 1.632.500 pesos (no contempla el pago del alquiler de la vivienda). Que el salario mínimo vital y móvil (SMVyM) es de menos de 400.000 pesos por mes (menos de 2.000 pesos por hora). Que la jubilación mínima, incluido el bono de 70.000 pesos, apenas alcanza a ser de 500.000 pesos por mes. Que las familias se endeudan para poder comer, medicarse, pagar la luz, gas, comunicaciones, etc., de manera tal que no pueden afrontar su pago, y que la mora de las familias en la Argentina se ubica en 12,8% en los bancos tradicionales y alcanza un récord del 33,9% en las fintech y billeteras virtuales. Que el precio del combustible (nafta, gasoil, gas) no ha parado de aumentar y que en la Argentina se lo paga a precio internacional (igual que en los países que no tienen petróleo ni gas) gracias a las empresas que él beneficia. Delante de ellos, Milei se burla de la pobreza para beneplácito de los que se apropian de los recursos naturales del país.
La misma lógica de concesión y venta es en la minería, donde operan en el país las empresas del rubro más grande del mundo, en proyectos de extracción que controla el Estado mileísta y por las administraciones provinciales. Se basan para esto en sus declaraciones juradas sobre lo que extraen y de qué manera lo hacen. Sobre todo, tras la ley 27.804, que modifica la norma legal 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en Argentina en 2010. Esta ley protege glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo expresamente actividades mineras e industriales que puedan contaminar o destruir esos ecosistemas.
Con la modificación de la ley 26.639, las provincias tienen la facultad de determinar qué manchón de agua cumple la “función hídrica efectiva”, y con ello, qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera.
La reforma de la Ley de Glaciares realizada es por el control del agua, del territorio y de las condiciones de inserción de la Argentina en la nueva división internacional del trabajo. Por lo tanto, se abandona un régimen de resguardo del agua como bien común. Se lo reemplaza por un esquema que la subordina a la valorización económica y financiera del territorio.
Las empresas beneficiadas son las más grandes del mundo. Empezando por BHP, que es la de mayor activo del planeta y que se asoció a la canadiense Lundin Mining en el proyecto Vicuña Corp en San Juan para la extracción de cobre, oro, plata, etc. La Barrick Mining (ex Barrick Gold) en Veladero, en la misma provincia. También en San Juan, McEwen Copper en Los Azules, extracción de cobre a gran escala. La transnacional Glencore (principal accionista es Black Rock) en San Juan, en la mina del Pachón, y en Catamarca, gracias a la ley 27.804, reinicia la explotación en Bajo la Alumbrera e inicia la explotación más arriba de la montaña en Agua Rica. La transnacional Rio Tinto en el Proyecto Rincón, que es una de las mayores inversiones mineras de litio en Argentina, ubicado principalmente en el Salar de Rincón (Departamento Los Andes, provincia de Salta), muy cerca del límite con Catamarca y Chile. La asociación entre las empresas Ganfeng (China) y Lithium (Canadá) en Cauchari-Olaroz (Jujuy). Etc.
Todas estas concesiones en el amparo de la Ley 27.742, llamada Ley Bases, que crea el RIGI, sin contemplar la exigencia de llamar a una consulta vinculante a la población del lugar, como debería haberse hecho por nuestra Constitución nacional.
Todo para obtener recursos (una parte, otra parte no se sabe) para pagar parte de los intereses de la deuda pública que no se auditó.
El proceso completo de endeudamiento de la Administración nacional es oscuro y cada vez más concentrado en pocas manos, liderado por el JP Morgan, convirtiendo una deuda cada vez mayor y cercana al 100% del PIB argentino, que a su vez se garantiza con los activos públicos. Lo dijo claramente Scott Bessent en septiembre de 2025 cuando se armó el swap de monedas: “La Argentina para pagar tiene uranio, cobre y tierras raras”.
Para qué sirve la deuda
Es claro que el endeudamiento desatado desde el gobierno de Cambiemos hasta la fecha se emplea para traer divisas y para que la minoría privilegiada las fugue. Así lo demostró Luis Andrés Caputo cuando fue presidente del Banco Central de la República Argentina del 18 de junio de 2018 al 25 de septiembre de 2018 e ingresó el primer tramo del crédito del FMI por 15.000 millones de dólares. Luego se los vendió a los bancos para los que trabaja, como lo aseguró el mismo Javier Milei, que lo acusó de haber utilizado o dilapidado de manera irresponsable más de 15.000 millones de dólares de las reservas del BCRA para intervenir en el mercado cambiario.
Después, los privilegiados del modelo que compraron esos fondos los giraron a Manhattan y a otros centros de capitales para financiar la extracción de hidrocarburos y minerales de la Argentina y del mundo.
También con la deuda se compran voluntades y se financia el despido de empleados públicos en la lógica de destruir el rol del Estado para que solo prevalezca el de las grandes corporaciones.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) argentina formalizó el 20 de octubre de 2026 una denuncia penal y administrativa contra el gobierno de Javier Milei tras asegurar que recurrió a un préstamo internacional para instrumentar el llamado programa de ceses laborales de empleados públicos (Decreto 1023/2026). De acuerdo con ATE, el gobierno recurrió a un crédito por un valor de 300 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que sería el primer tramo de una línea de crédito de hasta 800 millones.
No solo se incumple con la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que prohíbe taxativamente la toma de deuda en moneda extranjera para solventar gastos corrientes del Estado, sino que es una deuda que pagarán futuras generaciones, no para investigación o inversión, sino para reducir en esas áreas el rol de la Administración pública.
Germán Abdala sostenía que “el Estado no es un simple conjunto de oficinas burocráticas, sino la trinchera política y la herramienta fundamental de los sectores populares para equilibrar las desigualdades económicas”. Y aseveraba: “Un Estado en un país dependiente, que sirve, que cumple su rol, que planifica, que fiscaliza, que dirige, que da asistencia, ubica al liberalismo fuera de contexto porque entonces el liberalismo no puede desarrollar su viejo proceso de acumulación en base a la competencia despiadada, a la política monopólica”.
[1] La red de 894 estaciones de servicio de Shell, la refinería de Dock Sud, plantas de lubricantes y aeroplantas pertenecen al grupo suizo Mercuria Energy Group en sociedad con los empresarios argentinos José Luis Manzano y Daniel Vila.
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