Un mensaje explícito
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada aplicada al suelo y la tierra en áreas rurales, que el Senado tratará el jueves 6 de agosto, viene a completar y ampliar aspectos inconclusos del plan de desguace y modernización del Estado que implementó la administración Menem (1989-1999). La matriz fue diseñada y armada en aquella década con financiamiento y técnicos del Banco Mundial en las provincias, plataforma institucional que garantizó la implementación y continuidad del proceso de la financierización, concentración y extranjerización de los espacios rurales. Durante la última dictadura cívico-militar, Martínez de Hoz había dejado muy bien plantados los trazos fundamentales del plan.
En esta etapa, la libertad absoluta a los capitales —que prevé el proyecto de ley— permitiría crear nuevas formas de organización de recortes territoriales de tipo neocolonial, de acuerdo con ensayos en distintos puntos del planeta y prácticas ya desarrolladas por los capitales globales que compran y/o alquilan tierras rurales con los más diversos fines. A la vez, es un mensaje explícito a los grandes capitales que ya operan en el país —nacionales y extranjeros; personales, corporativos y estatales—, para que extiendan sus propiedades e intensifiquen sus prácticas extractivistas y confronten directamente con otros actores que reclaman derechos de posesión previos. En la Argentina son 38 los pueblos originarios preexistentes a la creación del Estado nacional; muchas de sus comunidades mantienen conflictos por su derecho a la vida libre en su territorio ancestral.
Al momento de analizar los capitales ya presentes en el país, puede ser útil tener presente la superficie de la tierra en sus manos, la ubicación y su valor geoestratégico, el patrimonio del propietario, la nacionalidad de origen del capital, la cartera global de bienes del propietario y sus vínculos con otros capitales, entre otros elementos que permiten valorar una operación particular de compra-venta de tierra en nuestro contexto. Esa lectura es muy parcial y fragmentada, ya que todavía no contamos con un trabajo que retome la investigación de ¿Quién es quién? Los dueños del poder económico (Argentina, 1973-1987) de Manuel Acevedo, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse, que exponga el conflicto territorial.
Actores globales del conflicto local
Los objetivos de compra de tierras varían según el origen de los capitales y su inserción global. Por ejemplo, a partir de la crisis financiera de 2008 y del aumento de riesgos por los alcances del calentamiento global, los países del Golfo Pérsico priorizaron inversiones tendientes a garantizar su seguridad alimentaria, tanto para la población local como para su producción pecuaria. En esa lógica Almarai Co de Arabia Saudita compró y explota 12.140 hectáreas en Córdoba para la producción de alfalfa que exporta a su país de origen.
En esa misma visión, el fondo de inversión estatal ADQ de Abu Dhabi (uno de los siete que integran los Emiratos Árabes Unidos, EAU) participa del 45% del paquete accionario de Louis Dreyfus Company (LDC), una de las más grandes cerealeras del mundo con tierras, centros de procesamiento y terminales portuarias en Santa Fe. En 2021, el fondo ADQ se asoció a LDC, garantizándose la exportación a largo plazo de commodities agrícolas hacia EAU, como parte del acuerdo. En marzo de este año anunciaron la construcción de una planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca para la exportación. Al menos desde 2005 compra y alquila tierras en el país a través de una subsidiaria, con presencia documentada en Buenos Aires y Santa Fe.
A principios de este año, todos los activos de Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) fueron absorbidos y consolidados por un nuevo fondo estatal, L'imad, conducido por Khaled bin Mohammed bin Zayed, hijo del presidente de los EAU, Mohammed bin Zayed. Este jefe de Estado visitó por primera vez la Argentina en febrero de este año, días antes de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La participación de estos capitales en tierras para agronegocios es posterior a las operaciones de compra de tierras rurales en Río Negro, realizadas en 2017 en la zona andina (21.000 hectáreas) y en 2022 en la costa atlántica (30.000 hectáreas), como venimos documentando en otros artículos.
Más difuso es el papel de Máxima Zorreguieta, reina consorte de los Países Bajos, formada en finanzas. En mayo de este año participó del Foro de Llao Llao en su rol oficial de Defensora Especial del Secretario General de la ONU para la Salud Financiera. Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, realiza desde hace once años este encuentro empresario y financiero en el hotel de su propiedad en Bariloche.
Zorreguieta es propietaria de tierras rurales en la estepa de Río Negro (2951 hectáreas) y de una fracción en un barrio privado con bosque nativo y acceso al lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura, Neuquén. Respalda la inserción de capitales holandeses en proyectos de desarrollo inmobiliario y tiene un vínculo fluido y efectivo con líderes políticos locales.
Cáscara verde
Después de décadas de resistencia del pueblo mapuche, la población rural criolla pobre y organizaciones defensoras del medioambiente, entre otros sectores, en diciembre de 2023, el actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, impuso una reforma a la ley de Tierras Fiscales que abrió las puertas a las inversiones industriales y especulativas. Esa reforma de fondo se articula perfectamente con los objetivos de la iniciativa mileísta que se trata esta semana.
La tierra en lugares aislados geográficamente, con condiciones medioambientales particulares y baja densidad poblacional, es apta para un amplio espectro de intereses por parte de capitales que ya están en la Argentina, así como para nuevos. El combo de la supuesta transición de la matriz energética y de las tecnologías renovables ya avanzó en el control del territorio, con derechos de uso de largo plazo que perfectamente ahora podrían pretender título de propiedad. Energías renovables, almacenamiento, energía para data centers, tecnología espacial son parte de los nichos de inversión que se combinan con las smart cities (ciudades inteligentes) y ciudades charter, para los que se generan condiciones locales favorables.
Los consensos en su favor se construyen persistentemente en distintos espacios, como la Expo Ciudad Inteligente Santiago del Estero, que se realizó en mayo de este año y tendrá otra edición el próximo.
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