La estrategia de la deuda

Acreedores y fugadores, entrelazados para condicionar al país

 

La estrategia es un plan general y se conforma de una serie de acciones pensadas, premeditadas y encaminadas hacia un fin determinado. En el caso de la deuda externa, es claro que los acreedores tienen un frente común, que se interrelacionan entre sí y que tienen un centro de decisiones.

Desde su origen mismo, la deuda se realiza para esquilmar y detraer la riqueza de la sociedad endeudada. Ya lo decía John Adams, primer Vicepresidente y segundo Presidente de los Estados Unidos: “Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es la espada, la otra es la deuda”.

El gobierno de Néstor Kirchner, con su estrategia de canjear obligaciones del Tesoro con una fuerte quita, nos desendeudó fuertemente y canceló la totalidad del crédito tomado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras 50 años en los que, directa o indirectamente, nos encontrábamos condicionados por sus políticas. Posteriormente, el déficit fiscal de 2015 de 221.344 millones de pesos –equivalente en ese momento a unos 25.000 millones de dólares (un 5% del PIB)– fue el pretexto para que el gobierno de Cambiemos tomara deuda en dólares sin límite alguno. Es decir, propusieron endeudarse en divisas para financiar el déficit fiscal, que es en pesos, con el argumento de que no se podía emitir porque era inflacionario y de que no había capacidad para colocar títulos de deuda en nuestra moneda en el mercado local. Deuda externa que fue aprobada en los presupuestos de 2016 y 2017, cuando legisladores que hoy son importantes figuras del Frente de Todos votaron sin miramiento y sin responsabilidad.

La deuda externa en diciembre de 2015 era de 222.703 millones de dólares y el 60% era intra sector público, 9% con organismos internacionales (sin el FMI, al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% con el sector privado. En diciembre de 2019 pasó a ser de 323.177 millones de dólares, 40% de la misma, intra sector público, 22,7% con organismos internacionales (mayormente el FMI, por un equivalente a 45.400 millones de dólares) y 37,3% con el sector privado. La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo, por la perentoriedad de los plazos.

Con fecha 21 de mayo de 2020, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, donde demuestra que de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, la fuga de capitales del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. Aumentaron la deuda y prácticamente el 85% de la misma no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de residentes argentinos en el exterior. Es más, ese informe sostiene que, en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares.

Nunca dieron a conocer oficialmente el listado de los que compraron las divisas con las que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo El Cohete a la Luna en una nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020, donde se publicó una lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA. Entre esos grandes fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía S.A. (del grupo Mindlin y Joseph Lewis) con 903,9 millones de dólares [i]; Monsanto Argentina S.A. (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín, con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A.; el grupo Techint, con Siderar S.A.; Hidrovía Paraná S.A. (la empresa que tiene la concesión del dragado del río Paraná, que vence este 30 de septiembre de 2021) y Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos, socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe. También están Arcor S.A. de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasany [ii]; el Banco HSBC y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

 

 

La inconsistencia

No existe el castigo moral ni a los funcionarios del gobierno de Cambiemos que instrumentaron el endeudamiento, ni tampoco a los legisladores que se lo aprobaron. Pero si debería existir la pena fiscal por la deuda tomada con el FMI que no fue autorizada por el Congreso de la Nación, como lo determina el artículo 75, inciso 4 de la Constitución Nacional que dice que es atribución del Congreso “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”. La deuda con el FMI se tomó entre gallos y medianoche por 45.400 millones de dólares y se fugó en su totalidad. No es que con esa plata no se hizo una vivienda, es que ni siquiera se compró un ladrillo.

El Presidente de la Nación, en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2021, dijo: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más”. El crédito incluso viola el inciso a del artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI [iii] que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos. Eso no sólo no se hizo, sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, cuando el BCRA de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga.

Nicolás Dujovne y Federico Adolfo Sturzenegger, como ministros de Hacienda y presidente del BCRA, respectivamente, durante la gestión de Cambiemos, firmaron que el crédito tomado se cancelaría en tres años. Su primera cuota vence el 30 de septiembre de 2021 por 1.687,5 millones de dólares. Un despropósito que tanto el gobierno de Macri, como el FMI, sabían que era imposible de llevar a cabo.

Nos endeudaron para que nos subordinemos a la política del FMI, como efectivamente pasó en el gobierno anterior. Además, esto es evidente que influye sobre la gestión actual, al suspenderse en septiembre del año pasado el cuarto tramo del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y al reducirse en el primer semestre de 2021 el gasto en jubilaciones y pensiones y en inversión pública [iv] para lograr un déficit primario (antes del pago de los intereses de la deuda) del 0,5% del PIB, cuando estamos enfrentando la llamada segunda ola de Covid-19.

Paralelamente, el FMI, con el fin de que los países miembros puedan hacer frente a la pandemia, amplía los Derechos Especiales de Giro (DEG) por una suma equivalente a 650.000 millones de dólares, de los cuales a la Argentina le corresponden unos aproximadamente 4.350 millones de dólares, para que se destinen a los programas de salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros. Sin embargo, el gobierno decidió pagarle al Club de París 226 millones de dólares en el pasado mes de julio y se dispone a pagar la cuota del FMI del 30 de septiembre de 2021. Queda pendiente otra cuota igual que vence el 30 de diciembre de este año.

 

 

Las otras deudas

Recordemos que el gobierno de Cambiemos, que pretextó para tomar deuda externa que no podía colocar títulos en pesos, lo hizo igual. Aun peor, la defaulteó cuando decidió, en agosto de 2019, que las deudas de corto plazo en pesos (Letes, Lecap, Lecer y Lelink) se abonen en cuotas, un 15% al vencimiento, un 25% a los tres meses y el 60% restante a los seis meses.

Actualmente se estima que los vencimientos de los distintos títulos públicos en pesos para los cinco meses que restan del año rondan los 700.000 millones, importe al que se le debe sumar el déficit fiscal que la Secretaría de Hacienda de la Nación prevé en unos 1.300.000 millones de pesos (o sea, 1,3 billones de pesos), conformando un total de 2 billones de pesos. Para lo cual se confía en un roll over (renovar deuda vieja por nueva) del total de los 700.000 millones de pesos en títulos que vencen en el período y en que el BCRA asista al Tesoro de la Nación en torno a los 900.000 millones de pesos, que se suman a los 220.000 millones de pesos correspondientes a Transferencias de Utilidades realizadas y a los 190.000 millones de pesos por Adelantos Transitorios otorgados hasta el 2 de agosto de 2021.

 

 

Sistema financiero argentino

Diferencia Porcentaje
INDICADORES 30/12/2019 30/12/2020 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021
MONETARIOS 30/12/2020 30/12/2020
Base Monetaria 1.829.109 2.470.260 2.949.040 478.780 19,38%
Circulación Monetaria 1.147.080 1.897.825 2.116.035 218.210
Cta Cte en el BCRA 682.028 572.435 833.005 260.570
Reservas Internacionales 45.190 39.410 42.504 3.094 7,85%
LELIQ 758.453 1.633.620 2.015.279 381.659
Pases Pasivos 426.655 1.220.889 1.746.376 525.487
Esterilización 1.185.108 2.854.509 3.761.655 907.146 31,80%
Adelantos al Tesoro 792.730 1.260.450 1.450.450 190.000 15,07%
Créditos al sector privado 2.476.189 3.224.544 3.682.993 422.175 13,09%
Crédito /PIB 11,15% 11,09% 11,00%


En millones de pesos o de dólares, según corresponda. Créditos al sector privado en pesos más dólares. Fuente: Gerencia de Estadísticas Monetarias del BCRA. 

 

Los títulos de deuda del BCRA –las Leliq (Letras de Liquidez del BCRA) y los Pases Pasivos– totalizan 3,7 billones de pesos (al tipo de cambio oficial, unos 39.000 millones de dólares), cifra que supera ampliamente la base monetaria y también al total del crédito al sector privado, demostrando el grado de incoherencia de la política monetaria. La deuda de corto plazo es la variable que más creció y que más crece desde que asumieron las actuales autoridades, casi triplicándose. No tiene freno alguno, porque devenga un interés efectivo anual del 45,4% que, como no se pagan, se suma a los vencimientos, conformando una bola de nieve que no para de crecer y que depende de la voluntad de los 10 grandes bancos privados del sistema para que se sigan renovando. En cuatro de ellos (Santander, BBVA, Galicia y Macro), el CEO de BlackRock, Larry Fink, reconoce tener participación accionaria; los otros cuatro son extranjeros (Citi, HSBC, ISBC, Patagonia-Banco Do Brasil) y dos son nacionales (Supervielle y Credicoop), que tienen en su poder la mitad de las Leliq y/o de los títulos del Tesoro en pesos.

El crecimiento de las reservas internacionales de menos de 3.000 millones de dólares en los primeros siete meses del año es insuficiente para financiar una parcial no renovación de las Leliq y/ o de los títulos del Tesoro en pesos.

En esas condiciones de extrema debilidad, el gobierno adelanta que va a pagar al FMI con el aumento de los DEG que recibe de ese organismo, con lo cual la deuda con el FMI queda igual, tal vez a menor tasa de interés. Además, así seguramente el país obtendrá un financiamiento a diez años con cuatro o cinco años de gracia para no amortizar capital. Pero, a cambio, se reconoce toda la deuda que paga el pueblo argentino con menos obras, menos salarios y menos jubilaciones y pensiones. Y con una economía internacionalizada en la cual se vende todo afuera (el FMI lo denomina “sustentabilidad externa”) y, si se quiere comprar acá, hay que pagar ese precio internacional, produciendo la inflación del 50% anual, cuando los salarios crecen 10 puntos menos por año, como demuestra el mismo INDEC.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué el pueblo argentino debe pagar la deuda que fugaron unos cuantos? ¿Por qué no se llama a los cien primeros compradores de divisas en la gestión de Cambiemos y se les pregunta, dado que no declararon ni pagaron el Impuesto a las Ganancias por los 24.679 millones de dólares que compraron, de dónde sacaron los recursos y se los multa por ello?

La única respuesta es que esos cien grandes fugadores están entrelazados entre sí y con los acreedores, y que responden a la misma estrategia para con los “condenados de la deuda”.

 

 

[i] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink, titular del fondo BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.

[ii] Larry Fink reconoce participación en el capital accionario del Grupo Banco Galicia por un 18,8% del total.

[iii] Artículo 6°, inciso a: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto, el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo.

[iv] El gasto de capital del primer semestre de 2021 fue sólo del 29,4% del presupuesto, cuando la inflación del semestre fue del 25,3%.

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