LA FUGA

La primera intervención estatal debe ser frenar la fuga de capitales y no propiciarla

 

Sin haber publicado con nombre y apellido la relación entre la deuda y la fuga de capitales en el gobierno de Macri, la actual administración envía al Congreso de la Nación para su aprobación un plan de pagos con el FMI en que, con ahorro fiscal se pagan los intereses y el capital se renueva con un nuevo préstamo de ese organismo internacional a 10 años de plazo, con cuatro años de gracia para abonar el mismo, de manera tal que cumpliendo con todos los requerimientos, la deuda con el FMI se terminaría de cancelar en el año 2034.

El acuerdo implica un severo plan de metas fiscales, monetarias, y comerciales acordadas con el FMI que implican un ajuste de proporciones en esas cuentas esenciales del país, que se agravan, aún más, con la exigencia de incrementar las Reservas Internacionales del BCRA  en 5.800 millones de dólares en el año 2022; en 4.000 millones de dólares en el año 2023; y en 5.200 millones de dólares en el año 2024.

El problema se encara superficialmente, esto es, se fijan metas de exportaciones e importaciones de mercancías como si ello por si solo garantizara alcanzar los objetivos, pero nada se dice que el superávit comercial acumulado en los años 2020 y 2021 fue de 27.278 millones de dólares y las reservas internacionales del BCRA descendieron fuertemente.

 

Superávit comercial que se logra primarizando aún más la economía, vendiendo más granos y alimentos que en el pasado, mientras las MOI (Manufacturas de Origen Industrial), descienden año tras año: fueron del 32,6% de las exportaciones en el período 2003-2015 y que en los años 2020 y 2021 fue solo el 25% y gracias a la industria automotriz que, por tener medido en dólares menores costos que en Brasil, desarrolla más autopartes en la Argentina.  Aún así, el déficit comercial inter industrial (entre las Manufacturas de Origen Industrial que se exportan desde la Argentina y las que se importan) acumulado en los dos últimos años fue de 56.586 millones de dólares, que es trabajo y riqueza que se debería haber generado en la Argentina.

La teoría económica habla de problemas en el comercio exterior cuando se tiene en forma persistente y severa déficit en la cuenta corriente que contempla además del comercio de mercancías (bienes), los servicios reales (fletes, turismo, royalties o patentes, comunicaciones, seguros, etc.) y financieros (intereses, rentas provenientes de acciones, giro de utilidades, etc.) y las transferencias unilaterales[1], pero nada dice del problema real de nuestro país que el superávit comercial acumulado fue de 27.208 millones de dólares en los años 2020 y 2021 y las Reservas Internacionales brutas del BCRA descendieron en 5.615 millones de dólares en el mismo lapso,  reservas que pasaron de 45.190 millones el 30 de diciembre 2019 a 39.575 millones el 30 de diciembre de 2021, que descontado los swaps de China, el préstamo del Banco de Basilea y el encaje de los depósitos en dólares captado por los bancos del sistema financiero legal argentino, hacen que, las reservas de libre disponibilidad no alcancen para pagar los 2.800 millones de dólares de vencimiento de la cuota de capital al FMI del 22 de marzo 2022, por el aún vigente acuerdo firmado con Cambiemos.

El BCRA dilapidó en esos dos años de gestión de Alberto Fernández la suma de 32.823 millones de dólares (superávit comercial acumulado y mayores reservas en el BCRA en diciembre 2019 que en diciembre 2021) por pagar deuda externa pública (por ejemplo intereses y capital al FMI); pero también se le dio los dólares de las reservas del BCRA y a precio oficial a las empresas privadas (incluso a empresas que fugaron capital en la gestión de Macri); concederle a las importadoras dólares para que paguen en forma anticipada compras al exterior; en permitir la salida del país de fondos de inversión que tenían títulos públicos en pesos para que se pasaran a dólares; y en jugar a vender dólares de las Reservas del BCRA a futuro, para frenar el precio de la divisa en el mercado spot o presente.

Y se sigue insistiendo en vender todo afuera como dé lugar, se promociona (a costa del ingreso del Estado)  cuando no lo necesitan, a las empresas hidrocarburíferas y mineras, o se busca que las exportaciones de bienes que alcanzaron los 77.900 millones de dólares  en el año 2021 impulsadas por los precios y por las cantidades (cuando la soja, el maíz, el trigo y todo sus derivados  tienen precios récord en los mercados internacionales), con récords en el país de producción de maíz, de trigo y de cebada, pero nada se dice sobre el impacto en los precios internos de esos productos (pensemos en el precio del pan, de la harina, etc.) en el mercado interno, por un lado, y del impacto ambiental que tienen esas producciones y actividades por otra parte. Las medidas anunciadas como paliativas de la persistente suba de los precios de los alimentos en la Argentina (economía familiar, cooperativas alimenticias, etc.) son como una aspirina para un enfermo terminal, cuando se deberían aumentar fuertemente los derechos de exportación (retenciones), poner cupos de exportación a la carne, al maíz y al trigo y controlar férreamente el valor del dólar.

Es más, si se alcanzaran los 100.000 millones de dólares de exportación anuales propuestos, se trata de sectores altamente extranjerizados y tecnificados que generan poco empleo y es muy bajo el multiplicador de esas inversiones por ser cadenas productivas o muy sesgadas o muy primarias.

 

La fuga

El gobierno no tiene control de la fuga de recursos del país, están los registros contables, las operaciones bancarias y extra bancarias (dólar MEP; dólar contado con Liqui, dólar ADR, etc.) que se observan a simple vista, como la existencia de los “arbolitos” por toda la calle Florida de la CABA, sin embargo no se toma ninguna medida ante la situación, como debería ser declarar la Emergencia Cambiaria y controlar el ingreso y el egreso de las divisas.

No se persiguió ni se persigue a los fugadores como evasores fiscales y, para peor, se deposita la confianza en los exportadores, en los importadores, en los bancos, en los operadores cambiarios de todo tipo y, gracias a ello, delante de nuestros propios ojos, el BCRA vendió no menos de 32.823 millones de dólares en los años 2020 y 2021.

La primera intervención estatal (antes de tratar de cumplir el plan acordado con el FMI), debe ser frenar la fuga de capitales y no propiciarla y, para ello, se debe castigar con multa y cobro a la evasión fiscal y la fuga realizada en el gobierno de Cambiemos, sobre la cual está todo registrado y demuestra que, por ejemplo, 100 empresas compraron en esos cuatro años 24.769 millones de dólares y no presentaron en sus balances contables utilidades e ingresos por esa magnitud, por ende hubo evasión fiscal y fuga y el gobierno debería sancionarlas, multarlas y con ello recuperar parte del capital que se endeudó el macrismo.

Al no tomarse medidas contra la evasión y la fuga y recuperar parte del capital que ingresó como crédito internacional,  hace que sea el pueblo argentino quién debe pagar la deuda y se fijan objetivos para tal fin:

  1. Ajuste fiscal que implica una menor participación del gasto púbico en el Producto Bruto Interno a caballo de los mayores erogaciones que exigió la pandemia  (teóricamente en franca disminución) hasta la fecha; por menores transferencias a las provincias y a las empresas públicas;  y por congelar el porcentaje del gasto previsional y disminuir el subsidio a la energía en el presupuesto nacional
  2. Ajuste monetario, el BCRA solo puede financiar a la Administración Nacional en todo el año 2022 el 1% del PIB (es en pesos pero equivalente a solo 4.116 millones de dólares), garantizando a su vez la restricción en la oferta monetaria para que suba la tasa de interés, formula que tiene el FMI para frenar la suba del dólar y de los precios, sin contemplar que el BCRA tiene dinero inmovilizado (déficit cuasi-fiscal o déficit del BCRA) en Leliq y en pases pasivos por 4,8 billones de pesos (equivalentes a unos 47.000 millones de dólares), 11 veces más que la meta de financiamiento al Estado Nacional. Amén de encarecer el crédito que para el sector privado representa un monto total de 10,45% del PIB (por $ 4,6 billones, menor que las inmovilizaciones por Leliq y pases pasivos del BCRA). El crédito es el menor de toda la historia monetaria Argentina (salvo  un par de meses en 1989 y 2002, pero no en forma estructural como es en los años 2020 y 2021)
  3. Ajuste Comercial que exige seguir elevando el superávit comercial y aumentar las exportaciones y, a la vez, acrecentar las reservas internacionales del BCRA cosa que en toda la gestión de la actual administración no pasó ni va  a pasar por la permisividad extrema del BCRA, y que obliga a tener que pedir nuevos préstamos para pagar los vencimientos y ampliar el swaps con China.

 

En síntesis

La situación económica y financiera es crítica y la propuesta del FMI es subir las tasas de interés y ajustar el  valor del dólar a la inflación, que a su vez se retroalimenta por las altas tasas de interés y el ajuste del precio del dólar.

Serias inconsistencias que solo pueden salvarse si el Estado disminuye la deuda externa en general y la que tiene con el FMI en particular, de no hacerlo solo sirve para el ingreso financiero de capitales para volver a jugar con el carry trade hasta que el “hilo se corta por lo más delgado”.

En una sociedad con niveles de pobreza, desocupación y exclusión social como pocas veces se vivió  y que, corre el riesgo de agravarse sin punto de retorno de aplicar las medidas propuestas por el FMI con las que el gobierno propone acordar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Transferencias unilaterales como son las donaciones, giros, y pensiones de residentes hacia el exterior y de no residentes  que ingresan al país.

 

 

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