La génesis de la ley audiovisual (II)

 Bitácora de una construcción colectiva

 

“(…) menos aún corresponde que esa función sea cumplida por una Facultad de Ciencias Sociales que tiene la importante obligación de formar a los futuros hombres de prensa y que debería abstenerse, por lo tanto, de intervenir en los debates relativos a las cuestiones mediáticas y políticas más candentes de la actualidad. La misión de esa facultad es otra. Su deber es impartir la formación cultural y profesional de quienes aspiran a adquirir conocimientos en materia de comunicación social, estimulando en todos los casos la diversidad y el pluralismo informativo” (La Nación, 22 de abril de 2008 ).

 

Así trató La Nación a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, luego de la resolución que comentamos la semana pasada y que dio origen al debate por la Ley de Medios Audiovisuales. Esa fue una de las repercusiones: decirle a la Facultad que se dedica a estudiar los medios de comunicación —junto con otras cuestiones, por supuesto– que se abstenga de intervenir en debates relativos a las cuestiones mediáticas y políticas. Cada cual sabe qué decir y hacer con la libertad de expresión y la libertad académica, además de la función de la universidad como foro y no como formadora de empleados. Pero como antecedente, el editorial —que llevó el título “Dirigismo periodístico»—, es al menos complicado.

También se planteó parte de lo que veríamos en los años siguientes, cuando el debate sobre el rol de los medios emergió a la superficie pública, y la postura de los grandes conglomerados mediáticos se resumió en la consigna: “Esto es un negocio y nadie debe indicar qué es lo que se debe hacer o decir”. Al Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión se le achacaron cuestiones impensables y ajenas a su propia función que ya venía desarrollando. Hasta se preguntó en público cómo actuaría frente a los diarios, siendo su ámbito de competencia exclusiva los medios audiovisuales. El peligro a ventilar era “regular los contenidos”. Aún cuando esto terminará siendo un principio muy relativo de aplicar cuando convenga a los poderosos al concentrar derechos de exhibición, fijar señales de difusión obligatoria en los cables y varios etcétera que ha llevado adelante el actual gobierno desde fines de 2015. Pero en aquel momento, lo que todavía preocupaba a casi todos —por distintas razones— era cambiar la ley de radiodifusión de la dictadura.

Claro, nadie podría defender en público la frase “De este lado, son gente bien vestida, que tienen familias, y se van temerosos porque vienen los otros, los piqueteros violentos”, tal como dijo una cronista televisiva del primer cacerolazo en la Plaza de Mayo, y que diera origen a la resolución del consejo directivo de Sociales. Pero sí se buscó desde el primer momento que aquello que visibilizaba esa frase quedara sin margen de discusión y la sociedad lo recibiera con naturalidad.

 

Disciplinamiento fallido

Clarín dedicó una larga nota a una sesión de Consejo Superior de la UBA en la cual algunos de sus integrantes propiciaban un proyecto que acusaba a la facultad de Ciencias Sociales de ser funcional al gobierno en un contexto de críticas al entonces decano, Federico Schuster, por derecha e izquierda.

Luego de la encomiable defensa del decano de lo decidido por el Consejo Directivo de Sociales, fue presentado un proyecto que, según Clarín, proponía “que ninguna facultad ni órgano dependiente de la UBA integre, asesore o colabore con entes oficiales ‘cuyas actividades puedan afectar el ejercicio irrestricto del derecho a la libertad de expresión’. En pocas palabras, le impediría a la Facultad de Sociales integrar el Observatorio que propone reflotar el kirchnerismo”. La nota sostenía además que “este proyecto exterioriza de alguna manera el malestar que le causó al rector Rubén Hallú ver en los diarios la foto de Schuster con Cristina Fernández” y remarcaba que “la declaración del Consejo Directivo de Sociales no guarda rigor científico”.

Lo que nadie contó después es que cuando el proyecto fue a comisión, nunca más salió de allí. Gran cantidad de profesores de la UBA se hicieron presentes para impedir el avance de la iniciativa y cuestionaron que la resolución pretendiera dirimir cuatrocientos años de debate sobre el sentido del Estado y la libertad de expresión —con eje en la problemática de la discriminación que ni John Stuart Mill defendía—, en dos párrafos. No tengo permiso para citarlos, pero muchos llevamos la presencia de tantos docentes prestigiososos en el recuerdo de esos días. Por supuesto, hubo más, y los estudiosos se han encargado de analizar este proceso en detalle pero el espacio y la cronología nos invitan a seguir hablando de los días que vinieron.

 

Coalición y foros

El día 16 de abril de 2008 la Coalición por una Radiodifusión Democrática (agrupamiento de sindicatos, radios comunitarias, cooperativas, universidades, organismos de derechos humanos fundada en 2004) se entrevistó con la Presidenta en el Salón Norte de la Casa Rosada. En esa reunión se hizo entrega del documento de los “21 puntos” para una radiodifusión de la democracia que había nacido y tomado estado público entre mayo y diciembre de 2004, fruto del debate entre más de cincuenta organizaciones. Las adhesiones luego superaron los varios miles, inclusive de organismos y expertos en comunicación social del exterior.

Los relatos dan cuenta de que el resultado de la reunión fue que el esqueleto del proyecto de ley sería la declaración de los “21 puntos” promovida desde la sociedad civil, a la cual se le devolvería luego la iniciativa para ser analizada. Además se acordó que “para las rondas de consultas previas a la presentación del proyecto en el Congreso, Mariotto irá convocando a todos los representantes del sector: para las próximas semanas prevé invitar a las cámaras empresarias que representan a los propietarios de radios privadas, canales de televisión, diarios y distribuidoras de cable (ARPA, ATA, Adira, Adepa y ATVC) para discutir el proyecto. También habrá espacio para los gremios, nucleados en la Comisión Sindical de Medios de Comunicación (Cositmecos)”.

 

 

Y así fue. Durante las quincenas siguientes fueron recibidos los distintos actores de la vida de los medios de comunicación. Pero no solo ellos. Empresarios, dirigentes sindicales, universidades, artistas, cineastas, fueron todos recibidos por la propia Presidenta en lo que iniciaba el tratamiento de una de las leyes más debatidas en la historia argentina.

Luego de terminado el preproyecto de texto se puso en consulta pública. Treinta y seis de estas reuniones se planificaron en el ámbito de las universidades públicas. Sólo una no abrió y se hizo en la plaza de la ciudad. Cada quien llevaba su propuesta de refrendo o cambio respecto del pre-proyecto anunciado el 19 de marzo de 2009 en el Teatro Argentino de La Plata. Tenía micrófono abierto por siete minutos y la posibilidad de entregar material documental que sería tomado en cuenta para la redacción. Más de ochocientas personas tomaron la voz pública. Por eso, la “ley de medios” tiene centenares de autores que aparecen en la segunda fila de notas al pie, luego de las notas de derecho comparado que la Presidenta pidió incorporar, en lugar de una larga exposición de motivos que pocos leerían si estuviese fuera del texto.

 

 

Al Congreso

Como casi siempre desde La Gaceta de Mariano Moreno en adelante, los medios tomaron posición. Algunos no relataron más que sus quejas. Si no se publicaba no existía. Otros fueron dando cuenta de lo que pasaba e informaban sobre el desarrollo de las audiencias públicas. Hasta que el 27 de agosto del año 2009 se envió el proyecto al Congreso, con las notas al pie y con un archivo que contenía la totalidad del resumen de las ponencias presentadas en las audiencias y en otros foros. Veinte mil personas acompañaron el tránsito del proyecto desde Casa de Gobierno al Congreso. Era una forma de custodiarlo. Ya había pasado en otros años que se perdían capítulos de un texto por Avenida de Mayo y llegaba al Parlamento menos de lo prometido.

Luego vinieron más audiencias en el Congreso con invitados de todos los bloques, las aprobaciones, las ausencias del debate, la promulgación y publicación en el Boletín Oficial el sábado 10 de octubre porque la Presidenta viajaba a China y quería promulgarla antes de partir, el proceso participativo de redacción del decreto reglamentario, las cautelares y la audiencia ante la Corte con participación de amigos del tribunal y difundida hasta por pantallas en las plazas. Siempre, absolutamente siempre, con la sociedad en la calle y viendo lo que ocurría. Incluido un par de suspensiones judiciales de toda la ley ordenadas desde Mendoza y Salta por sendos diputados opositores que la Corte Suprema descalificó en un caso sin precedentes en la jurisprudencia argentina.

Aún con condicionamientos, errores forzados y no forzados, el resultado de este proceso no es compatible con la amputación por DNU que dispuso el actual gobierno, ni con las prórrogas infinitas para presentar nuevos proyectos que se anuncian desde hace más de 700 días. Solo es posible seguir adelante del mismo modo en que se empezó: entrando para debatir a la Casa Rosada. Así son las construcciones colectivas.

 

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