LA JUGADA DE AJEDREZ

 

Como expertos jugadores de ajedrez, los grandes acreedores financieros de la Argentina preparan una “celada”, que es la trampa que se le plantea al adversario al ofrecerle trebejos a cambio de una compensación mayor, como darle jaque mate u obtener una ganancia que compense con creces el material otorgado.

Decimos esto no solo por la ampliación del capital del FMI y la posibilidad de que nuestro país reciba un nuevo crédito por 4.354 millones de dólares, suma que no alcanza para pagar los 5.814,5 millones al FMI del préstamo dado al gobierno anterior, más los intereses, que vencen en dos cuotas, el 30 de septiembre y el 30 de diciembre. También es factible que el Club de París, al que se le deben 10.800 millones de dólares, acepte reprogramar los 2.400 millones de dólares por amortización del capital que vencen dentro de ocho días, el 31 de mayo. Así cómo fue posible que los bonistas nucleados en el grupo acreedor Ad-Hoc y otros, encabezados por BlackRock, que además de ser el mayor acreedor privado de la deuda argentina (con aproximadamente unos 3.000 millones de dólares) es el principal administrador de activos financieros del mundo [1], aceptaran cobrar solamente los intereses y reprogramar el capital adeudado al segundo semestre de 2024.

Todas esas jugadas de ajedrez las visualizamos ahora cuando el gobierno continúa con la licitación de la mal llamada “Hidrovía del Paraná”, cuando vemos que se autorizó en el año 2020 exportar 37 millones de toneladas de granos de maíz sobre las 45 millones que se declaran producir, encareciendo de sobremanera todo tipo de carnes para el consumo local (que la utiliza como forraje) y que, de las ocho grandes compañías acopiadoras y comercializadoras cinco tienen su casa matriz en los Estados Unidos (ADM; Bunge; Cargill; Louis Dreyfus Company; y Glencore).

Podemos extender lo que sucede con los precios de los alimentos a la presión para que se incrementen las tarifas de gas, luz y el precio de los combustibles. Esto es, se desconoce el costo de extracción del petróleo y del gas (que es lo primero que se debe saber para conceder el aumento del precio). Cuando en la interpelación en el Congreso de la Nación se le preguntó por el costo promedio de extracción del petróleo en la Argentina, el entonces Ministro de Energía Juan José Aranguren, que trabajó durante más de 30 años en Shell, dijo desconocerlo. Es obvio que no quiso decirlo, porque no es lo mismo sacar petróleo del Mar del Norte (que es el que fija el precio mundial del barril) que en la cuenca de Vaca Muerta en la Argentina; la renta (diferencia entre el costo de extracción y producción del bien final y el internacional) es seguramente abismal.

Lo mismo pasa con el gas, en la etapa de extracción. Las empresas que participan son:

1. YPF,
2. Total Austral,
3. Pan American Energy (PAE)[2],
4. Petrobas, Pluspetrol,
5. LF Company,
6. Tecpetrol,
7. Apache y
8. Chevron.

El transporte es controlado por

1. Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnekián, y
2. Transportadora General del Sur (TGS), de Pampa Energía (Marcelo Mindlin; Joseph Lewis; BlackRock y las familias Sielecki y Werthein).

Entre ambas conectan las cinco cuencas que existen en el país.

La distribución es manejada por nueve empresas:

1. Metrogas,
2. Gas Natural Fenosa,
3. Camuzzi Gas Pampeana,
4. Camuzzi Gas del Sur,
5. Ecogas Centro,
6. Ecogas Cuyana,
7. Litoral Gas,
8. GasNor y
9. Gas Nea.

Todas ellas sostienen que el costo promedio de extracción del millón de BTU es de 3,91 dólares. Pero no dicen cómo llegaron a ese precio, cuando es obvio que no es lo mismo extraer gas en el país de la Cuenca Neuquina que de las otras cuencas o de la cuenca marina.

Finalmente en las tarifas eléctricas el que la genera (porque todavía las usinas térmicas, las represas, la energía nuclear, son del Estado) es Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A). Si bien es una sociedad anónima, el principal accionista es el Estado Nacional y recibe por ello un subsidio (como todos los años) que en el presupuesto nacional 2021 es de 4.781 millones de dólares. Pero el transporte está a cargo de Transener SA, concesionaria de servicio público que opera y mantiene en forma directa el 85% de la red de alta tensión y supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino, cuyo principal accionista es Pampa Energía.

Las distribuidoras principales son:

1. Edenor SA (cuyos principales accionistas eran BlackRock y el grupo Mindlin, hasta que en diciembre 2020 aparece comprando el 51% del paquete accionario el grupo Vilas-Manzano y Filiberti), y
2. Edesur, cuyo principal accionista es el Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENEL), la empresa estatal italiana que administra la energía de Italia. Tienen participación minoritaria las firmas Endesa de España y Edesur de Chile.
3. Edesa, Eden, Edes, Edea y Edelap que preside Rogelio Pagano, quién años atrás fue socio menor de Marcelo Mindlin.

Debemos recordar que durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos el precio que más se incrementó fue el de la energía eléctrica, que lo hizo en un 764,9%, por encima de la inflación que fue de 664% y de la devaluación oficial de nuestra moneda que fue de 679%. (El dólar del Banco de la Nación Argentina pasó de valer $ 9,20 a $ 62.- en el período.)

Finalmente hubo fumata entre las grandes empresas granarias:

1. Aceitera General Deheza,
2. Bunge,
3. Glencore,
4. Louis Dreyfus,
5. Molino Agro.

Son las que producen biodiésel a partir de la soja y bioetanol de maíz con el que se corta la nafta. Las petroleras (que son las mezcladoras [3]) aceptan reducir el porcentaje de la mezcla de 10% a 5% en el diesel, pero continúan con el 12% en el bioetanol, de los cuales la mitad es el de maíz [4]. El Estado nacional les exime de pagar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2) mientras se apropian hasta el año 2030 de la renta petrolera, al vender el combustible al precio internacional cuando el costo promedio en el país es muchísimo menor, aunque no se sepa públicamente cuál es.

 

 

La pinza financiera

Pero con todos esos acuerdos siempre se guardan jugadas claves para hacer. Y allí aparece la otra pinza que es la financiera, hoy licuada por el ingreso de divisas de las exportaciones de la cosecha gruesa que le permite al BCRA usar los dólares comprados a los agroexportadores para adquirir títulos públicos que luego vende contra pesos para intervenir en los mercados denominados CCL (contado con Liqui) y el MEP (Mercado Electrónico de pago de la Bolsa de Comercio) y, a la vez, esteriliza pesos. Esto es, logra bajar los precios del dólar paralelo a costa de perder reservas internacionales en dólares. Sumado esto a los dólares que vende para que los importadores paguen deudas supuestas o reales, y a los intereses de la abultada deuda externa, se explica por qué crece el superávit comercial y no así las reservas internacionales del BCRA.

Pero todo empezará a complicarse de verdad en el mes de agosto de 2021, cuando se termine el ingreso fuerte de las exportaciones y los vencimientos de los títulos de deuda en pesos superen hasta diciembre 2021 los 800.000 millones [5]. Por ende, si bajara mucho el nivel de roll-over (renovación de títulos viejos por nuevas colocaciones), sería necesaria mayor emisión para asistir al Tesoro que debe sí o sí incrementar sus gastos por la pandemia.

Además habrá vencimientos de títulos en poder de las inversoras norteamericanas Pimco y Franklin Templeton que no pudieron salir de títulos públicos en pesos, que no solo por la magnitud, sino por el accionar que tienen, si salen de ellos en su totalidad se produce el efecto “Puerta 12” y se debe renegociar permanentemente para que una parte la renueven.

En ese marco aparecen los grandes bancos privados, de los cuales BlackRock reconoce tener participación en cuatro de ellos, los dos españoles (Santander y Bilbao Vizcaya Argentaria y dos locales: Macro y Galicia) de los cuales se depende para renovar cada siete días sus tenencias de LELIQs (Letras de liquidez del BCRA) que al 17 de mayo 2021 ascienden a 2,04 Billones (el equivalente a 20.000 millones de dólares), cuando las reservas brutas del BCRA a esa fecha fueron de 41.266 millones de dólares, pero de libre disponibilidad una suma cinco veces menor.

No hay forma de salir de la maraña en que nos somete la deuda y la permisiva legislación heredada de la dictadura y perfeccionada en los '90 bajo la tutela técnica del FMI, si el Estado no toma decisivas y planificadas medidas al respecto que, en conjunto, permitan otra salida.

Las medidas deben básicamente ser:

1. Auditar a los grandes compradores de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos en base al Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA, para que expliquen si no declararon ganancias por la suma que compraron de divisas, cómo pudieron hacerlo.
2. Decretar la Emergencia Cambiaria, anulando el Decreto 893/2017 y de esa manera se restablece el Decreto 2581/1964.
3. Transformar el stock de LELIQs en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia, de ese modo y a una tasa regulada y administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQs se transformaría en un factor de financiamiento a las familias, a las pymes y al Estado.
4. Fortalecer la capacidad del BCRA para regular el crédito, captar fondos y controlar el sistema financiero. La principal actividad de los bancos debe orientarse a facilitar el acceso al crédito, por lo que se les debe exigir mantener una relación cifrada en 5% entre el capital de la entidad y el monto de los depósitos recibidos y otras obligaciones a su cargo, de ese modo, las entidades financieras aumentan su capital si el volumen de operaciones así lo justifica.
5. Restablecer el artículo 6° de la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “Subversión Económica”, que básicamente preveía sanciones privativas de libertad y multa, respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Como agravantes de estas acciones, se consideraban a efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional.

Si no se adoptan medidas regulatorias y preventivas, quedamos expuestos a los llamados “golpes de mercado” como fueron en 1975, 1980, 1982, 1989, 1995, 2001 y 2018.

No se produjeron “golpes de mercado” cuando el Estado determinaba las reglas de juego y se defendía el trabajo y la producción nacional, como decía Néstor Kirchner, primero la mesa de los argentinos.

 

 

 

 

[1] Se estima que administra activos financiero por cerca de 7 billones de dólares, unas 20 veces el PIB argentino.

[2] Estas tres representan el 75% de la producción de gas

[3] Las mezcladoras son YPF (donde Blackrock participa con el 6% del paquete accionario), Pan American Energy y Refinor, esta última una sociedad constituida por YPF, Pampa Energía y Pluspetrol.

[4] El otro 6% de la caña de azúcar, negocio del Centro Azucarero Argentino.

[5] Según datos de la consultora de Orlando Ferreres, los vencimientos entre mayo y diciembre 2021 suman $1,92 billones.

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