Apenas supo irreversible e indisimulable la derrota del domingo electoral bonaerense, cuya importancia había exagerado hasta nacionalizarla, el Presidente Javier Milei anunció que cambiaría sin cambiar. Desde su óptica de púlpito, sería posible corregir lo objetado por el electorado, sin moverse de ningún aspecto de la política económica. Incluso anticipó que el rumbo fijado se redoblará.
El postulado se revelaría coherente con sus decisiones de la semana posterior al porrazo. El miércoles 10 se publicitó la promoción de Lisandro Catalán como ministro de un reflotado Ministerio del Interior, con funciones que ya venía desarrollando como ladero del desafortunado timonel Guillermo Francos. Con ese gesto de organigrama, Milei buscó descomprimir la relación de la Presidencia con las gobernaciones provinciales, en un momento de debilidad, a poco más de un mes de las elecciones legislativas nacionales.
En las horas siguientes, sin embargo, el Presidente firmó junto a su Gabinete una tríada de decretos que amenaza detonar los vínculos con los gobernadores por otros costados:
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El veto a la Ley de Financiamiento Universitario impide recuperar presupuestos, becas estudiantiles y salarios a universidades nacionales que contribuyen a las economías locales y revisten un peso simbólico que se evidencia en las pertenencias que fijan sus propios nombres.
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La negativa a declarar la emergencia pediátrica y del sistema de residencias médicas consolida el desfinanciamiento a la atención en todo el país, con el neurálgico Hospital Garrahan como símbolo.
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El rechazo a una distribución diaria y automática del fondo de aportes del Tesoro Nacional preserva la discrecionalidad en el manejo de esos recursos que pertenecen a las provincias por vía del régimen de coparticipación. Además, impacta directamente sobre el funcionamiento de las que no los reciben en la cuantía de sus necesidades.
Cuando se conocieron los dos primeros vetos, con ese orden cronológico, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional y del Garrahan anunciaron una marcha conjunta para el día en que la Cámara de Diputados trate los rechazos presidenciales a las leyes que aprobó. Cuando eso ocurra, se requerirá el apoyo de dos tercios de las bancas ocupadas para eludir la negativa que el Ejecutivo prometió para toda decisión parlamentaria que afirme derechos donde haya necesidades. Docentes y no docentes de universidades nacionales concretaron paros que ya habían anticipado en caso de veto, y para esta semana se programan más medidas de protesta en los sectores afectados.
Dónde y por qué
El jueves 11, Francos lanzó la mesa federal con tres gobernadores: el radical mendocino Alfredo Cornejo, el entrerriano Rogelio Frigerio y el chaqueño Leandro Zdero. Sus reflejos vidriados subrayan la condición de los más afines mandatarios provinciales de la actualidad, para un oficialismo nacional que se encontró con el arribo a la Casa Rosada antes de contar con una construcción territorial.
Del breve convite también participó el ministro de Economía, Luis Caputo. Un día antes había publicitado su foto con el gobernador chubutense Ignacio Torres, con quien firmó un convenio de cancelación de deudas recíprocas. Pero Torres no se sentó a la mesa.
FIRMA DE CONVENIOS CON CHUBUT Y TUCUMÁN EN EL MARCO DEL RÉGIMEN DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES RECÍPROCAS
El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, el Gobernador de Chubut, @NachoTorresCH, y el Ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, suscribieron convenios en el… pic.twitter.com/6zh7Dfghr5
— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) September 10, 2025
Tampoco lo hizo la provincia de Tucumán, con cuyo ministro de Economía y Producción Caputo firmó un acuerdo similar el mismo miércoles 10. Chubut y Tucumán son dos de las nueve provincias que recibieron aportes del Tesoro Nacional en 2024 y repitieron en 2025.
De las tres que sí asistieron, sólo compartió esa suerte Entre Ríos, cuyo gobernador fue el único que consintió competir electoralmente en la escudería del oficialismo nacional. Mendoza y Chaco, que sólo recibieron aportes del Tesoro este año y por montos marginales, son botones de muestra de los endeudamientos que agravan los cuadros de algunas jurisdicciones subnacionales. En la provincia cuyana reina la doctrina de las dos motosierras, que añade entusiastas recortes provinciales a los aplicados desde la Casa Rosada.
En total, dieciséis provincias contaron con aportes del Tesoro entre enero de 2024 y agosto pasado, según resumen los relevamientos mensuales de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sólo la de Buenos Aires es administrada por un gobernador que no osciló entre el respaldo y la condescendencia, y los 10.000 millones de pesos que recibió estuvieron íntegramente destinados a enfrentar las innegables consecuencias de la inundación en Bahía Blanca.
El primer año de anarcocapitalismo tomó a los ATNs como una variable de su ajuste, con una reducción del 87,3% interanual y sólo diez jurisdicciones como receptoras. Hasta agosto, el electoral 2025 había llevado a quince el número de provincias alcanzadas desde el 1 de enero y duplicado el valor nominal de giros. La diferencia entre almanaques pares e impares, las cuantías y exclusiones ratifican la direccionalidad que el oficialismo nacional imprime sobre esos recursos, que se restan de ingresos coparticipables.
Qué y cuánto
En los considerandos del decreto que vetó la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno calculó a cuánto asciende el recorte con que las agredió su motosierra. La norma vetada ordenaba actualizar salarios, presupuesto y becas estudiantiles, de modo que sus valores reales nunca resultasen inferiores a los que dejó el mandato de Alberto Fernández. Su sucesor calculó que:
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La actualización de sueldos, hasta un nivel que los equipare con el acumulado de inflación, supondría aumentos salariales de 40,25% sobre los básicos de julio.
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La de las becas estudiantiles Manuel Belgrano y Progresar requeriría de 72.840 y 76.614 millones de pesos, respectivamente.
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La de partidas presupuestarias demandaría 123.358 millones.
Como necesitaba de números robustos para justificar su veto en la preservación del equilibrio fiscal, esta vez el gobierno no optó por diluir los efectos de su programa de ajuste. Como contrapartida, dejó al descubierto el impacto sobre las universidades nacionales, que se derrama en los circuitos económicos locales de territorios representados por legisladores y legisladoras que tendrán en sus botoneras el rechazo o aval a la negativa presidencial.
El Gabinete firmante repitió en su texto que la ley vetada no le exponía en forma acabada la fuente de la que debería extraer los recursos. Como contó El Cohete, el Presidente y sus ministros podrían haber obtenido una idea del mecanismo propuesto en el proyecto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones de docentes, no docentes y estudiantes, que concluyeron que los recursos para llevarlo a cabo existieron desde la asunción de Milei. Como la base de ese cálculo contempló la recaudación tributaria, las recomposiciones requeridas por la comunidad universitaria implicarían invertir parte del superávit que el ministro Caputo festeja cada mes, pero no ponerlo en peligro. Sin respuesta permanece el interrogante sobre el destino de los saldos positivos celebrados.
Quién, cuándo y cómo
Menos generosa en cifras fue la redacción del decreto por el que Milei vetó la declaración de la emergencia sanitaria en materia pediátrica y de las residencias nacionales en salud. Estas son dos problemáticas que se despliegan sobre el territorio desde lo que queda del sistema nacional de asistencia y prevención.
De ese modo, para conocer el impacto de la motosierra en el sector debe recurrirse a otras fuentes. En materia salarial, por ejemplo, quien puso números a la contracción fue la Oficina de Presupuesto del Congreso. En su análisis previo a la votación de la ley, la OPC calculó que la diferencia entre la inflación registrada desde noviembre de 2023 y los incrementos salariales nominales del mismo periodo fue de 53,9%.
En lo que involucra a las residencias médicas, la ley vetada ordenaba la derogación de la resolución 2109/2025 del Ministerio de Salud, que acentuó la retracción del Estado nacional en la administración de un sistema de formación y asistencia profesional que ya evidenciaba figuras controversiales de remuneración y asimetrías en la distribución territorial.
La pediatría es una de las áreas que sufre esas condiciones, con impacto negativo en la históricamente dificultosa radicación de médicas y médicos especialistas en las localidades más pequeñas o alejadas de los grandes centros urbanos.
La gravedad del escenario de infancias y adolescencias se completa con la situación que viven los once hospitales del sistema nacional que cuentan con atención pediátrica integral o de problemáticas específicas, como salud mental, adicciones, consumos problemáticos o rehabilitación psicofísica para esas franjas etárias.
Por su ubicación, la cantidad de pacientes que recibe y las características de sus intervenciones, que incluyen trasplantes de órganos, el Garrahan es reconocido como una referencia nacional en atención de alta complejidad, incluso en el veto decretado por un gobierno que desprestigia al personal que lo sostiene.
Es esperable que los gobernadores, legisladores y legisladoras que representan a las provincias coincidan en la valoración sobre el hospital, porque durante 2024 todas lo necesitaron para atender cientos de casos que excedían a sus sistemas de salud.
Desde la óptica del gobierno, “para revertir el estado crítico del sistema de salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales, se deben llevar a cabo políticas públicas fiscalmente responsables y sostenibles en el tiempo”.
El Excel sacro no revela rostros ni nombres detrás de los números, y sus impías moralejas prescinden de las respuestas en torno a quién, cuándo y cómo se hará responsable de satisfacer necesidades que no pueden suspenderse durante las décadas que demore en hacer efecto la cada vez más difusa panacea anarcocapitalista.
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