La navaja de Ockham

Por razones de justicia y equidad no podemos aceptar el chantaje del FMI

 

La navaja de Ockham es un principio metodológico y filosófico atribuido al fraile franciscano, Guillermo de Ockham (Inglaterra, 1280-1349), según el cual “en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable”. Esto implica que, cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja.

Y podemos aplicarlo en nuestro país cuando vemos que el común denominador de las medidas que limitan el poder del Estado, de planes de ajuste del gasto público, de reducción del consumo interno, de leyes permisivas como las engendradas en la reforma financiera de 1977, incluida la ley de inversiones extranjeras; de las leyes de reforma administrativa del Estado y de emergencia económica de 1989, que esbozaron un amplio plan de desregulaciones y privatizaciones; de los decretos de desregulación económica de 1991, que en el caso de los puertos engendraron la Ley Nacional de Puertos 24.093 en 1992, y de la disolución mediante decreto 817/92 de esta Empresa del Estado, mientras paralelamente el gobierno de Menem generaba el marco legal para la construcción y operación de puertos privados vinculados a empresas internacionales del comercio de granos y subproductos sobre el Río Paraná; etc. todas ellas fueron condicionalidades impuestas por el FMI. Por ende y por carácter transitivo, aplicando el principio de Ockham, el Decreto 949 del 26 de noviembre de 2020 es otra condicionalidad del FMI para que sigan las mismas empresas con las licitaciones en los puertos y en el dragado del río.

Para que deje de ser una interpretación y sea una observación cierta me voy a basar primero en la evidencia que conozco por parte de los protagonistas: la del gobierno democrático tras la sangrienta dictadura cívico-militar; en segundo lugar, en la confesión de uno de los jefes de economía del FMI; y en tercer término, en lo declarado por el director actual del FMI en el Cono Sur de América.

El ministro de Economía del gobierno asumido el 10 de diciembre de 1983 fue el doctor Bernardo Grinspun. La Argentina se encontraba seriamente endeudada y la exigencia del FMI y del steering committee presido por el Citi Bank era que se aceptara toda la deuda, incluso la de los seguros de cambio que hicieron Lorenzo Sigaut y Domingo Cavallo[1], y para ello era imprescindible cambiar los títulos firmados por nadie, porque José Alfredo Martínez de Hoz, Adolfo Diz, Juan y Roberto Aleman, Narciso Ocampo, Sigaut, Cavallo, Dagnino Pastore, Jorge Wehbe y González del Solar fueron puestos en funciones por tres dictadores. El ministro se negó terminantemente y, ante la amenaza de que se atenga a las consecuencias del representante del FMI Joaquín Ferrán y en su propio despacho, hizo que le pidiera –y no en buenos términos– que se retire. Eso fue el 18 de febrero de 1985. Al día siguiente, el Presidente de la República lo invitó a almorzar en la sede de Olivos, tras la cual Grinspun debió renunciar.

En marzo de 1985 el entonces Secretario de Hacienda, doctor Norberto Bertaina, uno de los pocos sobrevivientes de la gestión Grinspun, que quedó en funciones por pedido expreso de Don Bernardo, debió subir al quinto piso del Ministerio de Economía, donde el nuevo ministro Juan Vital Sourrouille le pidió que llevara los números del presupuesto al FMI. Bertaina le dijo que no era posible porque no había sido remitido al Congreso de la Nación, única autoridad para ver el presupuesto. Esa digna y constitucional actitud le costó la renuncia. Lo sucedió Mario Brodersohn, a quien además le atribuyeron el rol de jefe de negociación de la deuda externa Argentina.

En 1985 el Estado seguía técnicamente en default, ya que sólo pagaba los servicios de la deuda en forma parcial, dado que los ingresos del fisco eran menos de la mitad de los intereses que la misma devengaba. El flujo de capital se había interrumpido con la guerra de las Malvinas en 1982, con lo que la deuda seguía creciendo por la acumulación de intereses impagos. Sólo se podían refinanciar los vencimientos y el pago parcial de intereses con la autorización del FMI. Esa es la razón por la que se instrumentó el llamado Plan Austral, un plan de ajuste que buscaba reducir el consumo y el nivel de actividad interno para disminuir las importaciones y apuntalar las exportaciones.[2] El Plan Austral significó una fuerte devaluación inicial, con control de salarios y de precios, y un cambio de moneda (pesos por australes).

El 1º de julio de 1985 mediante los comunicados A-695, A-696, y A-697 del BCRA se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar –que la gestión Grinspun se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos– por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina”, dato reconocido en el libro El manejo de la Deuda Externa en condiciones de crisis de balanza de pagos firmado por José Luis Machinea y Fernando Sommer[3], donde dicen textualmente: “La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era del 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 83% en 1985”.

La segunda prueba son las declaraciones de Michael Mussa, jefe de los economistas del FMI en los años noventa, quien firmó seis acuerdos de financiación con Argentina entre julio de 1991 y enero de 2001 por un importe total de más de 29.000 millones de dólares. Mussa sostuvo que el directorio del FMI no quiso ver la degradación política y económica del país presionado por los Estados Unidos, que es el principal contribuyente y responsable por los recursos del FMI, porque los Estados Unidos querían sostener a Menem y después a De la Rúa, pese a que era evidente que no había forma de que la economía se recuperara con las exigencias del mismo Fondo.

La tercera prueba son las afirmaciones del director y representante del Cono Sur del FMI, el abogado argentino Sergio Chodos: “Hay que comenzar por entender que el Fondo son los países que tienen predominancia de capital adentro del Fondo. El Fondo no es un marciano, no es otra entidad. Es un sujeto, pero al mismo tiempo es un objeto. Es una herramienta a la vez que sujeto. Entonces, tiene su línea teórica, tiene su visión, tiene sus parámetros. Pero también es una herramienta. El Fondo también es el brazo financiero global de los países que lo componen y, particularmente, de los países que tienen más preponderancia en el directorio. Es en ese marco que vamos a negociar cuidando a la Argentina”.[4]

La Argentina se adhirió al FMI en 1956, tras el derrocamiento del gobierno de Perón, y el FMI fue el mentor de un fuerte plan de ajuste y desindustrialización que dio origen al llamado Plan Prebisch, que significó el descenso de los salarios por medio de la liberación del precio de los alimentos y la devaluación de nuestra moneda. El “retorno al coloniaje”, en palabras de Don Arturo Jaureche.

Condicionó permanentemente a los gobiernos posteriores, con dos excepciones: la del gobierno del doctor Arturo Illia, en que la Argentina creció y no sólo no le pidió un dólar al FMI sino que además renegoció y pagó los vencimientos heredados de las administraciones anteriores, y el del doctor Néstor Kirchner, que incluso le pagó el total de lo adeudado en enero de 2006, liberándonos de su yugo después de 50 años.

Obviamente, el gobierno de Macri nos volvió a subordinar al FMI, endeudándonos en DEG (Derechos Especiales de Giro), que es una canasta de monedas equivalente a unos 45.000 millones de dólares, suma que se fugó, es decir sirvió para que los que podían comprar dólares (en esa época sin límite alguno) lo sacaran del país, generándole activos externos a ellos y deuda externa a la Nación Argentina.

El ministro Martín Guzmán se lo dice muy claramente a Clarín, cuyos dueños son los principales fugadores de capital de nuestro país: “Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país. Sin embargo, no quedó nada. Ahora hay que resolver este problema con responsabilidad y siempre teniendo el criterio de que primero que todo está la gente”.

Las permisivas leyes de la reforma financiera de 1977 y la 24.144 de Menem-Cavallo de reforma de la Carta Orgánica del BCRA hacen que la deuda que toma el Tesoro de la Nación, como paga mayoritariamente sus gastos en pesos (bienes y servicios, contratos, licitaciones, salarios, jubilaciones y pensiones) y solamente la deuda externa en divisas, termina vendiéndole al BCRA mayoritariamente esos dólares por pesos, y el BCRA, en lugar de tener prohibido transferir los dólares generados por la deuda del Estado, le vende esos dólares a los bancos.

Los compradores de dólares están registrados en los bancos, que son los únicos que le pueden comprar al BCRA. El Cohete a la Luna publico los 100 primeros deudores, donde varios de ellos, empezando por Telefónica Argentina (que compró 1.248,2 millones de dólares en menos de cuatro años) tienen participación en el fondo de inversión BlackRock. Por ende lo que se debe hacer es investigar cómo pudieron comprar, por ejemplo los cien primeros, 24.769 millones de dólares; de dónde sacaron los recursos para hacerlo, cómo pagan sus impuestos, qué declaraciones tributarias hacen, etc.

 

Deuda y pérdida de soberanía

Inglaterra utilizó el mismo mecanismo: colaboró con armas, municiones y recursos para comprar voluntades a fin de imponer los gobiernos de Mitre y de Roca y, con ello, apuntaló el modelo agropecuario exportador, donde la unidad económica eran las grandes estancias. Inglaterra trataba directamente con los grandes estancieros, quienes tomaron deudas para armar la infraestructura (caminos, rutas, ferrocarriles, puertos) y configurar un modelo exportador de carne y trigo, deuda que se sumó a las obligaciones contraída para matar gauchos de Peñaloza o de Varela y financiar la Guerra al Paraguay.

Han pasado 140 años y el modelo que tratan de imponer es el mismo. Dueños de la pampa húmeda y de otros campos fertilizados a riego, con la concesión de 14 de los 18 puertos que están sobre las riberas del Paraná, pretenden que la Argentina produzca y exporte básicamente granos y carnes, a sabiendas de que generan poco trabajo, que su valor agregado es mínimo y encima corporizado por ocho grandes exportadores de granos, harinas y aceites como son las trasnacionales ADM, Bunge Ceval, Cargill, Louis Dreyfus y Glencore, a los que se suma la empresa china COFCO y las teóricamente nacionales Aceitera General Deheza y la ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas). Y en carnes el Consorcio ABC que lidera Frigorífico Rioplatense de los Constantini, que realiza el 80% de las exportaciones del sector.

Detrás de esa configuración de país endeudado y exportador de productos agropecuarios están los Estados Unidos y el FMI, así como Inglaterra estaba detrás de la generación de 1880.

Plantear que como se tiene una deuda con el FMI –sin tener en cuenta que esa deuda fue para apuntalar al gobierno de Macri y favorecer la dolarización de la fuga de capitales– se debe acordar sí o sí, implica repetir el accionar que realizó Raúl Alfonsín.

En una situación totalmente desigual, donde el acreedor impone las condiciones y el deudor debe cumplirlas, sabiendo que eso implica aumento de la desocupación, cierre de establecimientos, pauperización de jubilados y pensionados y del resto de la población vulnerable (cuando tenemos oficialmente 2.220.000 personas desocupadas a lo que se le suman todos los años unas 300.000 más por crecimiento vegetativo de la población), favorece la extranjerización y concentración económica, beneficiando a quienes fugaron los capitales adeudados.

Por razones de justicia y de equidad no podemos aceptar el chantaje del FMI y, en caso de pretender cumplir con esas obligaciones, primero se debe comunicar oficialmente quiénes se beneficiaron de la compra de esos dólares y luego, de igual forma que esos dólares se fugaron, que retornen al país y que bajo esas condiciones y plazos se le pague al FMI.

 

[1] Que beneficiaba y significaba reconocer como deuda del Estado las obligaciones y empréstitos tomados por Macri, Fortabat, Pérez Companc, Pagani, Rocca, Bulgheroni, Ledesma, Bagó, Roemmers, etc.
[2] Como todo plan de ajuste, dado que básicamente exportamos alimentos y materias primas que son los bienes que consumimos, por un lado, y por la dependencia de toda nuestra producción de importaciones de mercancías y técnicas.
[3] Presidente y director del BCRA en la gestión de Juan Sourouille.
[4] Entrevista al Dr. Sergio Chodos de El diario AR del 16 de febrero de 2021.

 

 

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