La pata laboral de la Mesa Judicial

El Newman que repartía plateas de Boca entre los jueces del trabajo

 

Durante el viaje a la Luna, El Cohete accedió a una pieza de seis testimonios estremecedores de jueces y juezas de la Justicia del Trabajo con un capítulo digno de revelar del gobierno de Mauricio Macri: la pata laboral de la Mesa Judicial. El fiscal Franco Picardi, sorpresivamente, sigue en ellos el rastro de otro integrante del Colegio Cardenal Newman: Juan José Etala, un afamado litigante de las cámaras empresariales que pululó en los pasillos del fuero laboral en nombre del ex Presidente, como hacía Fabián “Pepín” Rodríguez Simón con los empresarios. Desconocido en el mundo penal de Comodoro Py, es célebre entre trabajadores y trabajadoras echados durante los despidos masivos ocurridos a partir del verano de 2016, quienes lo nombran como el mensajero destinado a sacar sentencias favorables al entonces gobierno.

—¿Conoce a Juan José Etala y, en su caso, en qué circunstancias lo conoció? le preguntó el fiscal a la jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Diana Cañal. Picardi le pidió todos los detalles sobre las funciones del abogado Etala, tareas o relación con pleitos de su competencia o radicados en la órbita de sus colegas.

La magistrada respondió que lo conocía de larga data como un litigante de renombre, director de la Revista Derecho del Trabajo de editorial La Ley. Y añadió:

Poco después de mi designación como jueza, recibo al doctor Etala, que invocó cuestiones personales (…). Hizo una serie de comentarios amenos hasta que finalmente solicitó que ‘no le rompiera la cabeza a su cliente’ (…) a lo que le respondí que fallaría como correspondiera y que, si alguien quería ese resultado, debía cumplir con el Derecho. Ciertamente, invocó la causa a la que se refería.

Tiempo después, volvió a pasar por su despacho. Entonces le dijo que era amigo de Macri.

Ya en el gobierno de Macri, regresó del mismo modo para saludar, sin decir nada vinculado con causa alguna, comentando su desempeño en Boca y su posibilidad de disponer de un lugar en las plateas para un partido, lo que lógicamente desestimé. Destacó el hecho de ser amigo del ingeniero Macri. Luego de eso, lo volví a ver en juramentos de jueces en la Sala de Acuerdos de la Cámara.

En septiembre de 2016, Diana Cañal y Luis Raffaghelli ordenaron restituir de manera precautoria a los trabajadores despedidos del AFSCA, meses más tarde fueron denunciados por el Ejecutivo.

 

Diana Cañal.

 

La causa de la Mesa Judicial investiga el acecho del gobierno de Macri sobre una docena de magistrados, la mitad de ellos del fuero laboral. Diana Cañal declaró en octubre del año pasado en un expediente que acumula testimonios conocidos como el de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó. Pero también tiene entre los ejes a quienes firmaron sentencias contra los despidos masivos del Estado y de la industria –por ejemplo, el caso de PepsiCo–, ampararon el derecho a paritarias y motorizaron la primera denuncia pública por el ataque a la independencia de los jueces ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en Montevideo en octubre de 2017.

Aquella presentación hecha por la Asociación Nacional de Juezas y Juezas del Trabajo (ANJUT) contenía los elementos que dieron los primeros sustentos a esta causa: el listado de los jueces a los que se les había iniciado juicio político por el contenido de sus sentencias y las advertencias públicas de funcionarios. Entre otras, las manifestaciones de Macri en una conferencia del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, donde protestó por la mafia de la industria de juicios, habló de jueces malos, miró un papelito y pronunció el nombre de dos de ellos.

Picardi pregunta a los y las magistradas por esos hitos, pero también por la visita del ministro Jorge Triaca a la Cámara Laboral en la cual pidió “ajustar jurisprudencia”. E inquiere por el nombre de este abogado al que también el secretario privado del ex Presidente, Darío Nieto, describe en una de las notas de su teléfono como muy allegado a MM, en un mensaje de 2018 destinado al CEO de Aerolíneas Argentinas donde dice que su presencia es vital para la pelea que se viene. Durante el período ardía el conflicto con los trabajadores despedidos de Télam, donde su participación fue decisiva.

 

 

Teléfono de Nieto.

 

 

Etala cuenta entre sus filiaciones el paso por la Comisión Directiva de Boca, pero además el tránsito continuo de los fines de semana en el clubhouse del Cardenal Newman en Benavídez. Allí alternaba extensos partidos de truco y de bridge en contacto con quienes le permitieron aspirar a convertirse en ministro de Trabajo. Tiene la altura de Daniel Funes de Rioja, pero cultiva el perfil de los que se mueven mejor en los zaguanes. Integra el directorio de la Unión Industrial Argentina (UIA) de manera permanente, acumula una abultada cartera de clientes y participa en las mesas de trabajo de todos los gobiernos.

Cobró notoriedad en estos años durante el conflicto por los 357 despidos de la Agencia Télam. Macri le pidió personalmente resolver el problema. Y aunque en la causa aparecía como abogado del directorio, ante los jueces lo hacía como mensajero del Presidente.

Mariano Suárez era delegado de Télam, y es abogado laboral.

—¿Quién es Etala?

Es un muy conocido abogado laboralista de la parte empresarial –explica–. Durante el gobierno de Macri actuaba como mensajero de los intereses del gobierno frente a los jueces del fuero laboral. Lo decía él mismo cada vez que teníamos una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Y cuando hablaba ni siquiera decía que estaba representando a Lombardi o a la empresa, sino que directamente actuaba como portavoz de Macri. Se definía como un amigo personal que actuaba en nombre suyo. Nosotros lo definimos como un operador. Y actuaba presionando a los jueces del trabajo para sacar sentencias favorables al gobierno, y los mismos jueces decían que eran presionados. Cuando terminó el gobierno de Macri, un par de jueces lo contaron.

El conflicto de Télam tuvo un momento explosivo hacia fines de 2018. Los casos empezaban a obtener resultados. La Sala V comenzó a confirmar las primeras reincorporaciones, y la resolución parecía abrir las puertas para las siguientes. Pero no pasó, por lo menos, no tan fácil. En agosto de ese año, Etala denunció por escrito el sistema de reparto de expedientes, el Pleno de la Cámara lo discutió y finalmente aprobó un nuevo reglamento que obligaba a sortear las causas aún cuando hubiese conexidad, eliminando así la figura del juez natural del expediente. Y en el caso de Télam, la intervención de la Sala V. La cosa generó el pico más alto de tensión. Los y las trabajadoras iniciaron una protesta de cuatro meses que incluyó acampe en las puertas del edificio de la Cámara y afiches con la cara del abogado de Macri y del presidente del tribunal, señalados como operadores del gobierno.

 

Catardo, el presidente de la Cámara.

 

 

La perseverancia, finalmente, rindió sus frutos. Consiguió que los jueces de las otras salas se excusaran y los casos volvieron a la Sala V, hasta que todos fueron resueltos en diciembre de 2019 con las últimas reincorporaciones. Aún así, el reglamento “Etala” sigue vigente.

 

 

 

Entre los jueces de la Sala V a cargo del caso estuvo Enrique Arias Gibert. Primero intentaron recusarlo, luego le iniciaron juicio político y antes de tratar de sacarle las causas con nuevo reglamento, Mauricio Macri lo mencionó el día de la conferencia en la que despotricó contra la industria del juicio y de la mafia laboral. Cuando el fiscal Picardi le preguntó si sintió algún tipo de presión durante la gestión del gobierno anterior, el juez asintió. “Sí, pero fundamentalmente por medios públicos (…) fue de conocimiento público. En el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, el Presidente Macri dijo que yo era un mal juez”. Hoy está retirado.

 

 

Arias Gibert.

 

 

Etala también intervino en el conflicto por los despidos de los trabajadores del AFSCA. Diana Cañal y Luis Raffaghelli ordenaron reincorporaciones, pero no lograban siquiera entregar la notificación al gobierno porque a los inspectores no les abrían las puertas. El caso terminó una y otra vez apelado. Y Etala ganó lo que en Télam, no logró.

Luis Raffaghelli volvió a tener noticias del abogado. El juez también fue autor de un fallo a favor de un empleado de McDonald’s (Arcos Dorados Argentina S.A.), cuyo abogado había sido Carlos Rosenkrantz, y anuló un convenio con el Ministerio de Trabajo que propiciaba contratos con sueldos inferiores al salario mínimo. Asimismo falló en un caso emblemático sobre la reincorporación de los trabajadores de PepsiCo por irregularidades en el procedimiento de crisis, después del cual el Ejecutivo lo denunció. En ese momento, supo El Cohete a la Luna, una persona lo llamó para pasarle un mensaje de Etala.

—Decile que esta vez le pegamos en el poste avisó el mensajero de Macri.

 

El año pasado, Raffaghelli habló durante una entrevista de radio con el periodista Mariano Martín sobre el rol del abogado. Primero contó que trabajó durante la feria de 2016 –en el comienzo de los despidos masivos– mientras el Ministerio de Trabajo llamaba constantemente a la Cámara Laboral para preguntar si habían entrado demandas. En una ocasión, recordó, “yo atendí el teléfono y les decíamos que en todo caso manden a un abogado a consultar a la mesa de entrada”. Llamaba una abogada, pero el fin parecía intimidatorio porque buscaban saber si había o no expedientes presentados.

“Esto lo pudimos comprobar después –dijo– cuando operadores que tenían la autoridad laboral, operadores judiciales que los había tanto en el fuero penal como en el laboral, en el caso de Télam pululaban por la Cámara tratando de hacer lobby para sacar resoluciones favorables. Hacemos gala de la honestidad, pero esas gestiones existían, existieron y esos mismos personajes influenciaron en el nombramiento de algunos magistrados: la independencia judicial en ese período fue una quimera”. Todo el mundo “sabe cómo eran las gestiones”, explicó. No prosperaron en el caso de Télam, “porque hubo una Cámara firme y una actitud muy firme del colectivo de trabajadores que articuló sus defensas de manera correcta. Pero no eran funcionarios, eran asesores de funcionarios. Y profesionales. Muy conocidos. Que estaban a diario por la Cámara”.

Cuando el periodista preguntó si estaba hablando de Etala, Raffaghelli reconoció que se trataba de la misma persona.

 

 

 

Detrás de las vacantes

La causa de la Mesa Judicial también recibió el testimonio de la jueza Graciela Elena Marino, autora junto a Arias Gibert de una sentencia a favor de la negociación colectiva de bancarios y ambos víctimas del impulso de otro juicio político pedido por el gobierno el 21 de febrero de 2017. En junio de ese año, sus nombres estaban anotados en el papelito leído por Macri. A Marino la jubilaron finalmente en 2019 porque cumplía el tope de 75 años, pero el juez que la reemplazó, le dijo al fiscal, tenía 87 años.

¿Cómo vivió el juicio político? –preguntó Picardi.

–Muy mal –respondió—. Me enteré por una sobrina que es periodista. Ni siquiera me habían notificado. (…) Juicio político a jueces con fundamentos ridículos, realmente no lo podíamos creer. Además, había como cinco jueces: tres camaristas, una jueza de primera instancia y otra jueza de primera instancia que le habían hecho un juicio político insólito. Esa chica murió de cáncer, nunca se presentó. Yo no quiero decir que eso la agudizó, pero me acuerdo que los abogados me contaban que estaba sola en su juzgado, lloraba muchísimo, estaba muy mal. Fue muy lamentable, juicios políticos sin sentido. El único objetivo era aparentemente hacer vacantes.

 

Encriptados

Picardi avanzó estas últimas semanas en una dirección novedosa. No sólo recogió testimonios, sino que constató seguimientos prohibidos desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó y una de sus hijas. Y también a la jueza de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa –desde la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires– y al juez de la Cámara Federal de Apelaciones Eduardo Farah, desde la Policía Federal. El giro para incluir el capítulo sobre el espionaje ilegal aún no aparecía en el expediente. Ahora, además, acaba de pedir a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, toda la información sobre los teléfonos encriptados por el organismo de inteligencia durante el gobierno anterior. Un total aproximado de 120 aparatos, comprados en un shopping de California y distribuidos entre funcionarios de primeras líneas, asesores y abogados.

El fiscal pidió “el listado de todos los teléfonos encriptados, registrados y asignados”, detalles de números o identificaciones de líneas, prestatarias, fechas de alta y baja, registros de IMEI, fechas de asignación y datos de los usuarios. Es probable que vuelvan las discusiones con la defensa, porque el tema de los teléfonos siempre resulta sensible.
Alejandro Rúa representa a Alejandra Gils Carbó. Y cree que es un avance importante. Entiende que la Mesa Judicial no puede pensarse sin el sistema de espionaje que nutría de información a sus integrantes y que podía usarse de manera extorsiva, como parte de la lógica de premios y castigos. Pero dice más.

“Es una práctica ya demostrada en otros expedientes. Por eso, reclamamos con insistencia no sólo los datos sino el secuestro de esos teléfonos”, adelanta. Un director de Inteligencia de la vieja AFI contó en la causa de Lomas de Zamora que cuando le dieron un teléfono encriptado lo metió en un cajón  y nunca lo usó. Eso quiere decir, detalla Rúa, que sabía qué podía significar un teléfono de ese tipo. Y sostiene que el peso de los teléfonos ya quedó demostrado en el antecedente Nieto que aportó “mucha información”. “Ese es otro dato que evidencia la importancia de estos teléfonos, porque cuando ese aparato fue secuestrado, la causa de Lomas se intentó hacer volar por el aire. Los usuarios de los teléfonos saben la información que tienen, por eso creo importante esta línea: el secuestro y recuperación de la información en beneficio de los hechos”.

 

 

El baile de los teléfonos.

 

Picardi también pidió una prueba importante cuya eficacia puede ser entendida a partir del testimonio de Gils Carbó. Solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial de la Corte (DAJuDeCO), un informe de todas las manifestaciones públicas de funcionarios o allegados con expresiones críticas hacia alguna de las víctimas de la causa: pidió barrido de entrevistas, conferencias y dichos en redes sociales, tal vez en sintonía con la primera parte del testimonio de la ex Procuradora repleto de nombres y de frases de quiénes y de cómo pidieron su renuncia desde la campaña de 2015 hasta octubre de 2017.

Eduardo Freiler no forma parte de las víctimas. Podría, pero aún no lo solicitó. El viernes 18 de junio, en cambio, envió un escrito explosivo al Consejo de la Magistratura, al que también accedió El Cohete. Freiler quiere la restitución de su cargo de juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y además pidió una investigación sobre el escandaloso procedimiento de suspensión de agosto de 2017. Finalmente, solicitó suspensión parcial del concurso 461 que busca cubrir su vacante. La presentación ya circuló entre los consejeros y el próximo jueves será tratada en la reunión de labor, según confirma el presidente del Consejo, Diego Molea, en diálogo con esta nave.

“La presentación del doctor Freiler se puso en conocimiento de los consejeros y consejeras y se analizará en la próxima reunión de la Comisión de Labor. Observo con preocupación los hechos que allí relata, así como aquellos que se investigan en torno al presunto accionar de una Mesa Judicial durante el gobierno de Mauricio Macri. En caso de comprobarse que hubo interferencias en la Justicia y se ejercieron presiones sobre magistrados y magistradas, sería de una enorme gravedad institucional, de la que como funcionarios públicos no podemos actuar de manera indiferente. La independencia judicial y el respeto por las garantías constitucionales son los pilares de los que nuestro Estado de Derecho nunca debe apartarse.

Entre las pruebas nuevas, el magistrado presentó el resultado de una investigación de El Cohete referida a la aparición de un ignoto abogado en Comodoro Py, dos días después de un programa de Jorge Lanata de 2016. Era un hombre ligado a la estructura de Asuntos Jurídicos de la AFI que copió los datos del programa y permitió la reapertura de una causa por enriquecimiento cerrada y archivada con una jugada que activó, de paso, el mecanismo de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, para el cual se requería una causa viva y coleando.

 

Tailhade furioso durante el escándalo Freiler en el Consejo de la Magistratura.

 

 

 

No es casual

Mauricio Macri dijo lo que dijo estos días en TN sobre sus partidos de tenis con el juez Mariano Borinsky. Un audio que circuló a toda velocidad, de teléfono en teléfono, entre jueces y altos funcionarios. Durante la tarde del viernes, la declaración apuró una nueva denuncia de Rodolfo Tailhade en la causa por las visitas a Casa Rosada y a la Residencia de Olivos, instruida por la fiscala Alejandra Mángano, que hasta el momento sólo investiga a Gustavo Hornos y ahora podría agregar al compañero de tenis de Macri. El dato de ese expediente es que no investiga visitas, sino la hipótesis de la influencia de Macri sobre los camaristas. Pero el corte del programa difundido en las redes es sólo eso, un fragmento. Y el programa agrega otro elemento. Como ocurrió con cada una de las víctimas de la Mesa Judicial, también aquí el ex Presidente le dedicó unas palabras alusivas. En este caso, al juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, magistrado que en algún momento sintió miedo pero aún así tiró del primer hilo que desbarató un sistema sostenido entre escuchas y aprietes. Lo curioso: Macri hablando de mafia, material para un ensayo del espejo invertido que agita en las redes el filósofo Rocco Carbone.

 

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