La trampa está armada

Derechos humanos, deuda externa y Poder Judicial colonizado

 

El derecho ha servido para crear civilizaciones y también para colonizar y someter a pueblos.

Asimismo hay que tener presente, como esencial y fundamental, que el derecho básico que asiste a nuestro pueblo se nutre de los derechos humanos, que hacen a su dignidad y desde los cuales hay que plantear la discusión jurídica, principalmente, en materia de deudas públicas.

Mas no podemos dejar de advertir que las bases jurídicas concretas en nuestro país están colonizadas en su dinámica y en su estructura de aplicación.

 

 

Dinámica tramposa

En su dinámica, ya que se nos dice y exige que nuestros Estados deban ser transparentes y no corruptos, con lo que estamos de acuerdo. Sin embargo, los poderosos financistas prestamistas que ello exigen se cuidan mucho de no ser transparentes al tiempo de negociar y concretar deudas públicas. Todos los acuerdos de deuda externa tienen cláusulas de secretismo y otorgan impunidad de todo tipo (penal, civil, etc.) a los intervinientes. A su vez, dicha circunstancia propicia estructuras estatales de corrupción, atento las pautas jurídicas de desincriminación e irresponsabilidad para los intervinientes.

Asimismo, el propio sistema financiero corrupto genera y fomenta los mal llamados “paraísos fiscales”, palabra propia de la colonización semántica ya que esos lugares no tienen nada de angelicales ni de paraíso porque son verdaderas cuevas de dinero producto en gran medida de hechos delictivos. Esas cuevas ayudan a retroalimentar el sistema de corrupción y blanqueo de dinero sucio, proveniente de evasiones fiscales, del narcotráfico, de las mafias, etc. En gran medida, los casos que se dan en esos lugares configuran el delito de “encubrimiento por receptación”. Pero ello sirve para que el movimiento financiero se retroalimente con un dinero barato al que le dan guarida. A su vez, los mismos que dan esos refugios se ponen el disfraz de éticos y piden que el Estado deudor ajuste, que no gaste tanto en planes sociales, que rebaje las jubilaciones, que despida empleados, que no invierta en salud y en educación y que recaude todo lo posible, aún con impuestos a veces injustos, para que se paguen los reclamos muchas veces por deudas odiosas, ilegales, usurarias y/o írritas.

Un país como Estados Unidos, que nos exige cumplimientos como una actitud moral, tiene sin embargo cuevas fiscales en Delaware, Wisconsin, Nevada, Florida, Alaska, Tennessee, Texas, New Hampshire, Washington, Wyoming, Dakota del Sur e Islas Vírgenes Estadounidenses.

Simultáneamente, se nos obliga a resignar nuestra justicia y someternos a seudo-tribunales administrativos creados por los intereses de los prestamistas, como el CIADI, que significa “Convenio Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados” (celebrado en Washington en 1965), o a tribunales extranjeros. Así, un juez de menor cuantía de Nueva York como Thomas Griesa nos hizo arrodillar como país ante los Fondos Buitres y sus requerimientos abusivos.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional tiene más inmunidades que un país soberano, sus funcionarios gozan de inmunidad respecto de todos los instrumentos que suscriben y además a sus archivos no se puede acceder ni con medidas judiciales, por lo cual resulta extremadamente difícil poner en evidencia cuáles han sido los mecanismos internos que determinaron llevar adelante un préstamo que sabían no se iba a poder pagar, endeudando al país para de esa manera condicionar aún más su economía.

Mientras tanto, no hay inmunidad soberana para los Estados a los que se presiona por deudas externas.

 

 

Poder Judicial colonizado

¿Acudir a reclamar al Poder Judicial en la Argentina? ¿A qué Poder Judicial? ¿El formateado por el norte-centrismo y el poder financiero usurario? Nunca la ilegalidad de gran parte de la deuda externa que se nos reclama ha estado más transparentada. Sin embargo, aparecen caminos legales construidos para que no se puedan discutir los préstamos y la Justicia los encuentra y valida, en defensa de los prestamistas. Baste referir, por ejemplo, que el endeudamiento externo entre 1976 y 1983 sirvió, entre otros aspectos, para solventar negocios privados. Esta afirmación se desprende del fallo del juez Jorge Ballestero, dictado en junio de 2000 en la causa conocida con el nombre de su impulsor Alejandro Olmos, en la que se investigó el proceso de endeudamiento del país durante la última dictadura militar. La causa judicial, iniciada en octubre de 1982 y cerrada en 2000, duró 18 años, y en su sentencia se estableció que se cometieron 477 delitos por parte del ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y su equipo. La moraleja deprimente fue que, no obstante demostrarse su culpabilidad, se lo sobreseyó por prescripción. Una Justicia tardía e ineficiente.

Como si fuera poco, ahora la nueva trampa está armada. Si algún juez o jueza tuviera la valentía de aplicar el derecho como corresponde, al servicio de los derechos humanos de nuestro pueblo, los financistas tienen garantizado el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, Carlos Rosenkrantz, el vicepresidente del Tribunal, informó que a partir de ahora intervendrá en causas de los clientes ligados a su estudio jurídico, entre los que están Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural, McDonald’s, Quilmes, Claro o el fondo de inversión Pegasus, que incluye a Merrill Lynch (Fondos Buitres). Hasta hoy Rosenkrantz se había excusado de participar en más de cien expedientes de las empresas ligadas a su estudio de abogados.

La Corte tiene que fallar ahora, entre otras causas, sobre la constitucionalidad del Decreto 690/20, dictado en plena pandemia y que determina que Internet es un servicio público en competencia. El tema llegó al alto tribunal por apelación del Estado Nacional ante una medida cautelar dictada en su contra por una Cámara Federal, en favor de empresas del rubro que se han opuesto a la medida.

Con buena voluntad pero demostrando la impotencia judicial por lo que pueda resolver el máximo tribunal del país, la Defensoría del Público hizo un planteo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se manifieste a favor del Decreto 690 ¿Tenemos que ir a la ONU para que se proteja nuestros derechos básicos? ¿Tenemos entonces un Poder Judicial argentino?

 

 

Juicio político a la Corte

La Corte Suprema opera como cuello de botella respecto de los, aproximadamente 5.000 magistrados y magistradas de todas las instancias y fueros que existen en el país, cuyas resoluciones, aún con su mejor dedicación, terminan validándose o no ante la Corte con el voto de sólo tres de sus miembros.

La realidad demuestra a su vez que en la Corte actual dos de los magistrados (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) nominados por el prófugo Pepín Rodríguez Simón y nombrados inconstitucionalmente por Mauricio Macri, han tenido con conductas indebidas en derecho, en ética y en muchos otros aspectos. Reproches similares caben a los otros dos integrantes (Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda), por lo que urge exigir un juicio político por mal desempeño para todo el tribunal, designar nuevos integrantes y reformular el funcionamiento del máximo órgano judicial del país, para que otorgue la seguridad jurídica necesaria que merece la Nación y podamos tener un Poder Judicial propio y respetable.

 

 

 

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