La verdad que guarda la tierra

El gobierno obstaculiza la justicia

Predio del Ejército donde funcionó el centro clandestino La Escuelita, de Bahía Blanca, durante el estudio arqueológico de Memoria Abierta y la UNS en 2010-2011.

 

Antes y después de la restitución de su identidad, el primer lunes de julio, la historia del nieto 140 recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo ha sido repetida y saludablemente contada.

Menos se ha hablado del contexto local que rodeó su nacimiento, en lo que por entonces eran las afueras de Bahía Blanca, y del sitio donde se produjo: una casilla rodante improvisada como sala de partos junto al centro clandestino de detención “La Escuelita”.

La edificación fue demolida tras el oscuro uso que le fue asignado. Los militares pretendieron así borrar huellas de su accionar, pero el trabajo de un grupo interdisciplinario de especialistas entre 2010 y 2011 permitió recuperar de las ruinas objetos que corroboraron los testimonios de las víctimas.

Sin embargo, el Estado continúa impidiendo descubrir si esa tierra guarda más secretos. Con el inicio de la presidencia de Javier Milei se interrumpió una obra necesaria para la segunda etapa de la pesquisa en el lugar, donde no se descarta encontrar restos humanos. Ante reiterados reclamos judiciales, el gobierno anunció que para el segundo semestre de 2024 se retomarían los trabajos. Iniciada la segunda mitad de 2025, el hallazgo de quien nació allí hace 48 años llegó antes que la reanudación. Las perseverantes Abuelas prevalecen sobre los segundos semestres, lejanos siempre por autóctona definición.

 

La vida y la muerte

El 16 de abril de 1977 fue sábado. Durante los minutos finales de ese día y la madrugada dominical, mientras quienes estaban en libertad y se animaban a ejercerla se deleitaban en cines o fiestas sociales, nació el bebé Metz Romero.

Raúl Metz y Graciela Romero habían sido secuestrados en Cutral Co, el 16 de diciembre de 1976. Militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y Graciela cursaba el quinto mes encinta. Trasladados a “La Escuelita” bahiense, en el predio del V Cuerpo de Ejército, Raúl desapareció definitivamente a fines de enero de 1977 y su compañera permaneció en cautiverio hasta los primeros días de posparto, cuando se supo de ella por última vez.

La escritora y académica Alicia Partnoy fue testigo de la trastienda del nacimiento, y volcó su precisa reconstrucción en el libro La Escuelita. Varios tramos de esa obra narrativa de no ficción, que le contó al mundo lo vivido dentro de un centro clandestino de la dictadura, aluden al embarazo y el parto. Partnoy también lo relató ante la Justicia, leyendo la correspondencia que sostuvo con el padre de Raúl.

 

 

 

Por la sustracción de la criatura fueron condenados, en tres juicios diferentes, una decena de militares. En otro que continúa en curso, a paso cansino, se procura establecer las responsabilidades del capitán médico Humberto Adalberti y el sargento enfermero Adalberto Bonini. En 2006, cuando Adalberti quedó detenido, el periodista Diego Martínez relató su rol en “La Escuelita”.

 

Contexto y con texto

A seis kilómetros de ese pesebre atroz, el diario La Nueva Provincia continuaba la línea editorial con la que había abierto el mes: advertía que “la guerrilla está herida de muerte” pero “con la subversión recién se ha empezado”. Apuntaba a “la delincuencia económica”, como escribió el mismo domingo en que amaneció el primer sol de la vida del bebé Metz Romero. El sábado había anunciado en tapa: “Espectaculares ribetes asume el caso Graiver”.

El diario, brújula intelectual de la Armada con asiento principal a treinta kilómetros de su redacción, tuvo tal gravitación en el tema que cuando los medios porteños acusaron de socio de la guerrilla al secuestrado empresario y periodista Jacobo Timerman, publicó: “Se confirman acusaciones de La Nueva Provincia”.

Mientras promocionaban el menguante presupuesto público elaborado por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, sus páginas adjudicaban la inflación y la desocupación a tácticas de la subversión para esmerilar al régimen. Junto a la ininterrumpida cobertura de la vida social y deportiva, se imprimían obituarios de personas fallecidas a edades tan tempranas como inusuales, y crónicas de enfrentamientos fraguados como el que terminó con la vida adolescente de María Elena Romero, tía del bebé a punto de nacer en “La Escuelita”. Ejemplificando lo que tres semanas antes había esclarecido Rodolfo Walsh en su Carta Abierta, el supuesto fuego cruzado dejó como saldo cuatro muertes, ninguna de las cuales afectó a la patrulla.

La espesa oscuridad de aquel otoño no impidió las celebraciones por el aniversario de la fundación de la ciudad, que cumplió 149 años el 11 de abril. Uno de los actos solemnes llevó a las autoridades militares a colocar una ofrenda florar a los fundadores. Fue en el Parque de Mayo, a seis minutos en auto del centro clandestino.

 

Estado de abandono

La interrupción de la obra pública nacional, decidida por Milei tan pronto como llegó a la presidencia, incluyó a los trabajos que se desarrollaban en el predio donde funcionó “La Escuelita”. La construcción de un cerco perimetral y una cubierta llevaba un 32,46% de avance físico, según especificó la Dirección Nacional de Gestión de Obras del Ministerio de Economía cuando en marzo de 2024 respondió a la Justicia Federal, que había ordenado la ejecución más de una década antes. El cerco y la cubierta resultaban indispensables para una segunda etapa de peritajes.

Protegidas desde 2009 por una medida cautelar solicitada por la fiscalía, las ruinas del sector donde funcionó “La Escuelita” fueron objeto de un estudio arqueológico interdisciplinario que especialistas de Memoria Abierta y la Universidad Nacional del Sur desarrollaron entre 2010 y 2011. La exploración, con excavaciones de hasta diez centímetros, confirmó la existencia de una edificación como la que recordaban las víctimas y arrojó entre sus principales hallazgos la ubicación precisa de la construcción demolida, a unos metros de la que hasta entonces se creía. Además, recuperó restos de elementos de enfermería y comida, prendas de vestir, y escombros.

 

Una media hallada por los arqueólogos durante las excavaciones. Foto: Memoria Abierta.

 

 

El análisis de esos objetos estaba previsto para una segunda etapa del peritaje, que además se propuso excavar hasta medio metro de profundidad e incluir a los pozos de desagüe. “Esto permitirá verificar nuevos hallazgos materiales, siempre sin descartar la posibilidad de encontrar también restos humanos”, escribió el cuerpo de profesionales en el epílogo de las 98 páginas de su informe final de la primera parte del relevamiento arqueológico.

La segunda etapa, especificó Memoria Abierta a la Justicia, requeriría de las obras de resguardo. El llamado a licitación se concretó en los meses finales del gobierno de Cristina Fernández, pero quedó desierto. Durante la presidencia de Mauricio Macri no hubo nuevos intentos, pese a la insistencia de la fiscalía bahiense al entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. El proceso recién se reactivaría en el invierno de 2021, durante el segundo año de gobierno de Alberto Fernández. En febrero de 2022 se realizó una reunión virtual entre las partes, pero el juez federal Walter López da Silva se encontraba de licencia y su colega Gabriela Marrón adujo razones de agenda y no asistió a la conexión. El padre de la jueza, el almirante Carlos Marrón, fue durante la dictadura jefe de prensa de la Armada, fuerza que comandó en el trienio final del menemismo.

En la víspera del Día de la Memoria de 2023 se firmó el contrato con la empresa Ipexcom, adjudicataria de las obras en el ex centro clandestino. En los nueve meses siguientes las tareas avanzaron hasta casi el tercio de lo previsto, pero con el encendido de la motosierra fueron interrumpidas sin fecha de reanudación. Ante la insistencia judicial, el gobierno nacional contestó que se retomarían en el segundo semestre de 2024, pero en octubre del mismo año, ante un reclamo de fiscalía, sostuvo que “no es posible establecer una fecha estimada de reanudación”. La paralización incluyó también los pagos comprometidos a Ipexcom, que a mediados de 2024 acusó deudas por más de diez millones de pesos en obras ya certificadas, otros 33 millones por redeterminaciones pendientes y los intereses, para entonces de casi cuatro millones de pesos.

 

La obra inconclusa, durante una visita de estudiantes de arquitectura de la UNS, la semana pasada. Foto: Hijos Bahía Blanca.

 

Con la construcción paralizada, el gobierno persiste en el desperdicio de recursos ya volcados. Como eso deriva en la forzosa dilación de la segunda parte del peritaje arqueológico, incumple además lo establecido en la ley 26.691, que desde 2011 ordena facilitar las investigaciones judiciales en torno a hechos ocurridos en los ahora Sitios de Memoria, y en el decreto presidencial que en 2014 la reglamentó.

Con los hallazgos del primer trabajo y la advertencia de que su continuidad podría dar con nuevos datos y objetos, sin descartar restos humanos, el gobierno expone al país a llamados de atención internacionales: en 2006, al condenar a Perú por la matanza en el penal “Miguel Castro Castro”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que “el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, todas las medidas necesarias para asegurar que todos los internos que fallecieron como consecuencia del ataque sean identificados y sus restos entregados a sus familiares”.

Por fortuna, desde aquel mismo 1977 existen en la Argentina las Abuelas de Plaza de Mayo. Entre las nietas y nietos que buscan, se encuentra la hija o hijo de Alberto Garralda y María Graciela Izurieta, que también estaba embarazada durante su cautiverio en “La Escuelita”.

 

 

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