La violencia arrasó La Esperanza

Luego de la represión de ayer, el Ministerio Público de Jujuy imputó a los detenidos del ingenio La Esperanza por «lesiones graves, atentado y resistencia a la autoridad».

El titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, llamó a conferencia de prensa esta mañana para dar precisiones sobre la situación de los 30 detenidos en el marco de la represión a trabajadores del Ingenio La Esperanza. Las imputaciones son por los delitos de lesiones, lesiones graves, y atentado y resistencia a la autoridad.

Casi al mismo tiempo se realizaba en San Pedro de Jujuy una nutrida marcha de apoyo y solidaridad con los trabajadores y gremialistas detenidos, con la ya tradicional caravana de motos de los azucareros, que a su paso fue saludada por los vecinos.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros (SOEA) de La Esperanza, Sergio Juárez, y el adjunto, Néstor Bautista, se entregaron pasada la medianoche en la Comisaría 25 de La Esperanza, después de una prolongada asamblea que se realizó en la sede del sindicato en San Pedro.

“Ahora hay que tener cuidado, porque ya vemos para dónde está yendo este gobierno. Hay que marchar pacíficamente y buscar todos los apoyos que se puedan conseguir”, les dijo a los obreros Juárez minutos antes de salir de la sede para entregarse.

Ambos están acusados de instigación a cometer delito y daños agravados, este último por los destrozos producidos en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy en la tarde del miércoles.

Las personas arrestadas son 26 hombres y 4 mujeres, una de ellas embarazada. Hay además cuatro trabajadores que siguen internados, uno con complicaciones por haber recibido balazos de goma en el ojo y el rostro.

Integrantes de la Coordinadora Contra la Represión y el Ajuste de Jujuy, representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas, hicieron un relevamiento de la situación de los detenidos.

Los hombres quedaron alojados en la Unidad N° 7 del penal de Alto Comedero, mientras que las cuatro mujeres están en la Seccional 5ª del barrio Ciudad de Nieva.

Lello Sánchez dijo a la prensa que en el procedimiento secuestraron teléfonos celulares y vehículos: 40 motos, tres tractores, un camión y una topadora, además de bombas molotov. “Se está investigando si se trató de una actividad organizada y planificada para suscitar conmoción pública”, señaló, en cuyo caso cabría la acusación por asociación ilícita. Agregó además que “hay personas sin arrestar que se están buscando”.

En su informe, el funcionario precisó que hay “cerca de 30 policías lesionados”, uno de ellos con una herida de arma blanca, y calificó los hechos como “de inusitada violencia, sin justificación, aunque de manera alguna la violencia se justifica”.

El MPA dispuso que todos los fiscales de la ciudad de San Pedro se dediquen a trabajar en esta investigación porque, indicó Lello Sánchez, “fueron hechos de gran magnitud”.

“Llegaron a límite de delinquir”, dijo el gobernador Gerardo Morales al referirse a los dirigentes gremiales del SOEA La Esperanza, en una conferencia de prensa que brindó el jueves por la tarde. Aprovechó además para responsabilizar a “los corresponsables del gobierno anterior que dejaron esta pesada carga al pueblo jujeño”.

“Necesitamos que los trabajadores vuelvan al ingenio para no perder más tiempo y así afrontar los compromisos de la interzafra, camino a la venta de la empresa”, subrayó Morales, y agitó el fantasma de una posible frustración en la venta, al revelar que “el grupo inversor se mostró preocupado de cara a la situación autodestructiva, suicida e irresponsable planteada por el gremio”.

La conferencia de prensa contó con la presencia de los ministros de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles; de Trabajo y Empleo, Jorge Cabana Fusz, y de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi; del fiscal de Estado Mariano Miranda, y del intendente de San Pedro, el radical Julio Bravo, entre otros.

Morales ratificó su proyecto de recuperación del complejo industrial, al cual, dijo, va a defender “de aquellos sectores de delincuentes que a través de la violencia buscan impedir el saneamiento integral del ingenio y las inversiones futuras”.

“Quieren hundir La Esperanza, sin importarles las más de mil familias que pueden quedar en la calle”, remató.

La represión se inició pasadas las 10 de la mañana de ayer e incluyó móviles de varias localidades de la zona, como Libertador Gral. San Martín y La Mendieta, además de efectivos de la montada. A las cinco de la tarde, 17 trabajadores ya estaban detenidos en distintas dependencias policiales del departamento de San Pedro. Dos horas después, se mantenía una asamblea y permanencia en la sede del sindicato, con la presencia de las familias de los obreros, a la espera de que se cumpla la orden de captura que libró el juez de Control N° 6 Jorge Samman contra integrantes de la comisión directiva. En tanto, pobladores de la zona se iban acercando a la reunión para dar su apoyo a los trabajadores.

Antes de entregarse a las autoridades, el secretario general Juárez describió el operativo como “brutal” y denunció que la policía comenzó a avanzar y disparar sin que haya habido un aviso o notificación sobre la orden de desalojo.


Imágenes de un día de furia.

Cerca del mediodía se confirmó que pesaban órdenes de captura sobre la entera comisión directiva del SOEA. Las detenciones fueron solicitadas por la fiscal de turno Silvia del Valle Farall al juez de Control N° 6, Jorge Samman.

El corte se había iniciado el lunes, sobre la Ruta 34, a la altura de Arrayanal, porque no se pagaron los sueldos de noviembre y el gobierno dijo que no pondrá en el ingenio “ni un peso más” de los 500 millones que puso en 2016 y los 400 que lleva gastados este año.

Los trabajadores llegaron hasta el lote Arrayanal en motocicletas, camionetas y autos y llevaron además un camión y tres palas cargadoras que usaron como barricadas sobre la ruta y la banquina. “No nos queda otra alternativa que salir a protestar, porque no hay solución a ninguno de los planteos. Hemos puesto mucho de nuestra parte y no hemos recibido lo mismo del gobierno. Esta situación nos desborda”, describía Néstor Bautista, secretario adjunto del SOEA.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, advirtió que la medida de fuerza ponía “en serio riesgo la venta del ingenio, y lo único que se está haciendo es empujarlo a la liquidación”.

Sobre la cuestión de los salarios, dijo que el gobierno no tiene plata y culpó a los propios trabajadores: “Después del paro que realizaron se nos hizo difícil juntar los recursos para pagar sueldos y con este paro es imposible contar con los fondos necesarios”, dijo, y amenazó con ofrecerles a los trabajadores alcohol y azúcar “para que los puedan vender”.

Quiebra y venta

El Ingenio La Esperanza está en medio de un proceso de quiebra y venta, con casi un millar de trabajadores inmersos en la angustia y la incertidumbre, más de 300 de ellos habiendo recibido ya la notificación del despido.

La quiebra se decretó en el año 2000, pero hasta 2015 el gobierno provincial, con apoyo de la Casa Rosada, mantuvo la actividad con la intención de lograr la recuperación definitiva del complejo. Gerardo Morales hizo del Ingenio La Esperanza una de sus principales banderas, y apenas asumió tomó la decisión de encarar un proceso de venta a inversores privados. Así es como retiró los fondos asignados para la recuperación y en 2016 la Legislatura provincial declaró por Ley N° 5929 la Emergencia Económica, Productiva y Social en el Departamento de San Pedro.

Finalmente, en noviembre de este año el ministro Abud Robles anunció la venta del ingenio al grupo colombiano Omega Energy International y el despido de más de 300 trabajadores.

De todos modos, para que se concrete la venta aún falta que se expida el juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, quien ya adelantó que se va a tomar 120 días para analizar si la propuesta de los colombianos es adecuada.

Sin embargo, las notificaciones de despidos llegaron igual: 337, exactamente. Y todavía no se pagaron los sueldos de noviembre ni los jornales de los obreros transitorios que trabajaron en la zafra.

El corte de la Ruta 34 que fue reprimido este miércoles no fue la primera medida de fuerza. Los trabajadores vienen llevando adelante un plan de lucha desde hace más de un año, que sólo se suspendió para cumplir con la zafra y mantener el ingenio activo. “Les demostramos que el ingenio es sustentable porque vinimos pagando los sueldos con la producción”, repasó Juárez.

Ante el anuncio del gobierno provincial de que el viernes 1° de diciembre se firmaría la venta del ingenio, los trabajadores se declararon en asamblea permanente el 30 de noviembre. El acto protocolar se cumplió. Allí estuvieron el gobernador Gerardo Morales y el CEO de Nikoil Energy Corp, Omar Leal.

El gobierno presentó la ceremonia como la concreción de la venta, aunque lo cierto es que se trató de la firma del contrato que a partir de ese momento debía evaluar el juez de la quiebra. La información oficial dio algunas precisiones: “Un amplio proceso administrativo” que contempla una primera etapa de 30 días en los que se tienen que concretar la aceptación de la oferta, la preparación de documentos definitivos y la incorporación inmediata del grupo para trabajar la interzafra y garantizar la zafra 2018. Luego vendrá “la fase definitiva” de 120 días, con una posible extensión de 60 días para la transferencia del fondo de comercio.

“Así se creará una nueva empresa, sana, limpia y con 600 trabajadores”, indicó Morales.

La propuesta del Grupo Omega comprende 100 millones de dólares en siete años, con un aporte de 15 millones en el momento de la transferencia y la cancelación definitiva de los 85 restantes al momento de la transferencia del fondo de comercio.

Omar Leal, presidente de Omega Energy, dijo que el objetivo es generar un proyecto agroindustrial que incluya la producción de etanol, papel, etanol de maíz durante la no zafra, energía solar, y una segunda planta de etanol de maíz, dependiendo del cupo. «Vimos potencial importante en la producción de etanol, que está en crecimiento en Argentina. El ambiente es el apropiado para la inversión», afirmó.

En esa oportunidad, también dio precisiones sobre la situación de los trabajadores. Confirmó que el plan es iniciar la gestión con no más de 600 empleados, aunque adelantó que el objetivo es lograr en 4 o 5 años un crecimiento que permita emplear a 2500 trabajadores.

A los obreros despedidos, el gobierno les ofrece elegir entre tres modalidades: la jubilación, para aquellos que alcanzan la edad y la antigüedad; una indemnización más una vivienda, o un empleo en el estado provincial.

De los 337 que recibieron el telegrama de despido, cerca de 90 aceptaron retirarse y 49 se fueron a comienzos de año a trabajar como empleados públicos. Pero de estos últimos, la mayoría no está trabajando, a pesar de que les dieron un papel que dice que son empleados del estado provincial. “Están trabajando nueve, y el resto son ñoquis que esperan cobrar —describe Juárez—. Esos 49 compañeros siguen yendo a la Casa de Gobierno, porque son trabajadores y tienen una mentalidad de que el plato de comida se lo tienen que ganar con el sudor de su frente, entonces siguen pidiendo que se los ubique en alguna repartición pública”.

En todo este proceso de liquidación del ingenio, el ministro de Producción, Juan Carlos Abud Robles, fue el principal interlocutor. Pero en los últimos días el diálogo parece haberse cortado. Los trabajadores hablan de destrato y falta de reconocimiento, a pesar de que ellos siempre estuvieron dispuestos a buscar una solución.

El ministro sí habla con la prensa. A través de los medios, les hizo saber a los obreros que no cobrarían los sueldos de noviembre mientras mantuvieran la medida de fuerza, porque, según dijo, la empresa necesita seguir produciendo. Bautista le respondió: “No sé si es o se hace. El ministro no está a la altura del manejo del ingenio. No puede decir que la gente tiene que producir porque los tiempos de la producción terminaron el 15 de noviembre, y también terminó la zafra. O miente o no tiene idea”.

Los trabajadores sí saben, porque trabajaron toda la temporada para mantener el ingenio activo y sustentable. Produjeron y vendieron azúcar y alcohol. Al Ingenio Ledesma y al Ingenio San Isidro les vendieron caña para azúcar orgánica, a un valor mucho más alto que la regular. Y la destiladora sigue trabajando. “¿Dónde está esa plata? Nos quieren mostrar como los malos de la película, pero están equivocados”.

Como cada paso que da Morales en su gestión de gobierno, en el caso del Ingenio La Esperanza también interviene el Ejecutivo nacional. Es que la empresa cuenta con un pasivo superior a los 1500 millones de pesos al 31 de marzo de 2016, y buena parte de las deudas son con la AFIP y la ART.

Pero el Ingenio no tiene solo deudas económicas. Hay además asuntos pendientes en el ámbito de la justicia. Sin que nadie se avenga a confirmar los números, se habla de más de 400 juicios laborales, a los que se suman las demandas presentadas por anteriores dueños y el propio proceso de quiebra. Todas estas cuestiones deberían estar resueltas antes del traspaso definitivo a Omega.

Voces
“La familia azucarera”, se las llama. Son las esposas, los hijos e hijas, las hermanas y las madres de los trabajadores de La Esperanza. Son las que encabezan las marchas, las que llenan las ollas populares. “Este gobierno se ha reído y ha hundido psicológicamente a nuestros maridos, padres y hermanos”, decía esta mañana una de ellas en inmediaciones de la sede del SOEA en San Pedro, después de la represión.

“Mi papá se ha quedado sin trabajo. Nos ha quitado el pan a todos los trabajadores de La Esperanza. ¿Cómo puede ser? Todos han votado por él, ¿para que él nos pague así?”, se lamentaba una adolescente, confirmando lo que ya se conocía: que Morales hizo campaña en La Esperanza en 2015 con la promesa de recuperar el ingenio con todos los trabajadores adentro.

“Yo soy hermana de un muchacho que arregló el año pasado. Los primeros tres meses cobró 4000 pesos. Después le aumentaron un poco, pero no trabaja. Tiene papeles de que pertenece al estado, pero no trabaja. No percibe salario ni escolaridad, y tiene tres chicos”, reveló una joven.

Por nuestro señor Jesucristo: mujeres ante el Ingenio

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