La zoncera de la presión tributaria

¿No será el momento de que el Aporte Solidario mute en un impuesto permanente?

 

Hay un tema excluyente en el debate público –que una foto mal parida por esa pulsión de convertir todo en un acontecimiento selfie, pero también mal parida por su potencia simbólica, que desmorona la autoridad presidencial más allá de los pedidos de disculpas– que no puede taparse ni negarse.

La precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, planteó la necesidad de contar con una estructura impositiva donde los que menos tienen, menos paguen, mientras que los grandes patrimonios de empresas y personas pongan lo que haya que poner.

El “Aporte Solidario”, con recursos muy bien utilizados en este contexto pandémico, quedó chico. Sobre todo, porque en el mundo se discute la posibilidad de instaurar un tributo global a las grandes fortunas de manera permanente y no excepcional. Entonces, vale la pregunta: ¿debería convertirse en un impuesto más? Antes del affaire selfie, una parte del Frente de Todos (FdT) barajaba esta idea para hacerla jugar durante la campaña.

El establishment no dudó en responder y condenar a Tolosa Paz. Desde Florencio Randazzo y Miguel Angel Pichetto hasta los y las representantes de las principales corpos del país. “Irracional”. “Exorbitante”. “Confiscación”. “Un fantasma para las inversiones”. Martín Cabrales, Javier Madanes Quintanilla, Eduardo Costantini, entre otres, actuaron como repetidores del manual de zonceras pro status quo.

Pero aquí un dato pocas veces revelado: sus empresas pagan, entre Ganancias, cargas sociales, impuestos, tasas y contribuciones, entre un 7 y un 15 por ciento del total de sus facturaciones, según los balances que fueron analizados por El Cohete a la Luna, que a su vez dan cuenta del volumen de sus ganancias netas durante (y a pesar de) la pandemia.

 

 

Siempre asfixiante

“Hablar de aumentar o crear nuevos impuestos es no tener la menor idea de lo que pasa en la Argentina. La presión fiscal en el país es insostenible y lo que deberían hacer es cuidar al que genera empleo, no seguir cargándolo”, sostuvo el rancio de Florencio Randazzo para criticar a Victoria Tolosa Paz.

Lo que hizo la precandidata del FdT fue explicar los cambios tributarios introducidos por el Gobierno nacional y lo hecho por Mauricio Macri. La sola mención al desaguisado fiscal y tributario realizado por Cambiemos (baja de Bienes Personales y reducción de la alícuota de Ganancias para empresas) bastó para despertar la ira del establishment.

“Si en lugar de atraer capital se lo grava con más impuestos, seguirá yéndose a otros países de la región que le brindan muchos beneficios”, manifestó el presidente del holding Sociedad Comercial del Plata y titular de la subsidiaria Morixe, Ignacio Noel, en diálogo con La Nación.

No hay zoncera más extendida entre el poder económico vernáculo que el de la presión fiscal. En realidad, dicho argumento les sirve para esconder (o mejor dicho no hablar) de los fabulosos mecanismos de elusión que practican a través de planificaciones fiscales nocivas diseñadas por los mismos estudios contables que oficiaron de voceros opositores al Aporte Solidario.

“La progresividad, entendida como un mecanismo para dotar de mayor densidad a las estructuras tributarias, encuentra serios límites en el resquebrajamiento de las bases imponibles, que se produce por distintas formas de evasión y elusión fiscal que tienen a estructuras globales como las guaridas fiscales y los circuitos de fuga con facilitadores como mecanismos intrínsecamente asociados”, puede leerse en un trabajo del CEPA publicado bajo el título “Progresividad Tributaria en América y Europa” (junio de 2021).

El macrismo aplicó varias reformas tributarias (de hecho y por ley) que no tuvieron su correlato ni en mayores inversiones ni en la generación de empleo. Todo lo contrario. Hubo quita de retenciones a mineras, agro y grandes industrias, también una reducción progresiva del impuesto a los Bienes Personales votada junto con el blanqueo de bienes y una baja de la alícuota de Ganancias para empresas (del 35 al 25 por ciento, luego restituida al 35 durante la actual gestión).

Para el establishment, la “presión fiscal” siempre es asfixiante. No son pocas las veces que, por ejemplo, representantes del sector agroindustrial vociferan que el Estado se queda con el 80 por ciento de sus ingresos.

No es que estén solos en la construcción de estas zonceras, sino que se apoyan, incluso, en trabajos de dudosa calidad técnica elaborados por… el Banco Mundial. En un informe que puede leerse aquí, el organismo multilateral indicó que una empresa paga el 106 por ciento de impuestos sobre sus ganancias. Zonceras de un orden mundial preestablecido.

 

 

Demoliendo mitos

En 2015, la presión tributaria en el país era del 31,45 por ciento del PBI, la cual fue bajando durante todo el macrismo hasta ubicarse en el 28,38 por ciento en 2019, según la investigación del CEPA. El principal sesgo de esta “presión” es que priman los impuestos regresivos sobre los progresivos.

Esta caracterización incluye tanto los impuestos nacionales como los provinciales. ¿Es la Argentina donde existe la mayor presión tributaria? No.

Si en 2019 se ubicaba en el 28,3 por ciento, para Brasil era del 33,2 por ciento y para Uruguay del 30,2 por ciento. A su vez, en Italia los impuestos representan el 41,8 por ciento del PBI, seguida por Alemania (38,8) y España (35,2).

Pero más allá de los porcentajes, lo que sí habría que destacar en el caso local es la poca relevancia de los impuestos patrimoniales, es decir, aquellos que gravan distintas formas de riqueza acumulada, tanto por parte de las personas físicas como de las empresas, tal como puede verse en este cuadro:

 

 

Entonces, la pregunta no sería cuál es la presión fiscal sino cuánto margen existiría para profundizar en tributos que graven los altos patrimonios y ganancias y abandonar la lógica regresiva. Porque, en el país, las grandes corporaciones ganan millones y no pagan más de un 15 por ciento de impuestos en relación a sus ventas totales.

 

 

 

Lo ficticio es lo real

Las ganancias de las grandes corporaciones locales, muchas de ellas con operaciones en otros países, no son ficticias. Arcor, de la familia Pagani, obtuvo una rentabilidad neta durante el primer trimestre de este año de 3.857 millones de pesos, un 468 por ciento más que la registrada en el mismo período de 2020.

La sociedad de la familia Braun, La Anónima, casi duplicó la rentabilidad neta del primer trimestre al pasar de los 308 millones de pesos a los 605 millones. Dicha rentabilidad viene con una fuerte impronta del negocio frigorífico, que ya representa el 12 por ciento de los ingresos totales de la empresa. Y se sabe que la carne aumentó –no por combustión espontánea– más del 100 por ciento anual.

La familia Noel es dueña de Morixe, empresa dedicada a los agronegocios, entre otros rubros. A su vez, Ignacio Noel es el presidente de Sociedad Comercial del Plata. La comercializadora de alimentos cerró su balance anual en mayo. Para el ejercicio 2021 registró una ganancia neta de 174 millones de pesos, frente a los 7 millones registrados en el mismo período del año pasado. Es decir, su rentabilidad saltó un 2.293 por ciento. Pero Noel se queja de la presión tributaria asfixiante.

 

Ignacio Noel, uno de los empresarios que apelan al mito de la presión tributaria.

 

 

Y ni hablar de Ledesma, la compañía de la familia Blaquier, que en el ejercicio 2021, también cerrado en mayo, anotó una ganancia neta de 5.200 millones de pesos frente a los 1.113 millones del mismo período de 2020.

En plena pandemia, con una crisis económica evidente (o con recuperación heterogénea, como le gusta decir al ministro Martín Guzmán), estas ganancias también explican parte de la inflación vía retoques de precios y especulación. Sin embargo, para la derecha estas ganancias son ficticias.

Estos datos de rentabilidad surgen de los balances publicados ante la Comisión Nacional de Valores por ser sociedades que cotizan en bolsa. Son los datos de ganancias luego del pago de todos los impuestos. ¿Cuánto pagan las grandes corporaciones del país?

El economista Martín Carballa realizó un análisis que puede responder esta pregunta. En 2020, la empresa Arcor pagó, entre cargas sociales, tasas, contribuciones, tarifas y Ganancias, el 13 por ciento de su facturación. Molinos, que el año pasado obtuvo una rentabilidad neta de 1.700 millones de pesos, destinó en impuestos el 11,81 por ciento de su facturación.

O el caso de Aluar, de la familia Madanes Quintanilla: si bien en el ejercicio 2020 (cerrado en junio) registró una pérdida de 3.000 millones de pesos, en el mismo período de 2019 habían anotado una ganancia de 10.000 millones. Mientras que en los nueve meses del actual ejercicio, ya registraron una ganancia neta de 2.061 millones de pesos. ¿Cuánto destina en impuestos? Según el análisis realizado por Carballa, cerca del 6,45 por ciento del total facturado.

¿Hay margen para una reforma tributaria más progresiva? Hay margen para una reforma tributaria más progresiva.

 

Esconder la evasión

Al establishment no debería molestarle tanto la presión tributaria como sí los niveles de evasión. Pero como sus representantes se caracterizan por tener un cinismo exacerbado, suelen argumentar que en el país se evade, en realidad, porque los impuestos son altos. ¿Serán ellos los evasores? Ciertamente cuentan con enormes estudios contables especializados en planificaciones fiscales. No por nada, cuando la AFIP solicitó a esos estudios que informaran cuáles eran dichas planificaciones, llovieron las cautelares.

La evasión que destruye no es de quien vende mercadería en la calle o en un tren. Sino la que se planifica a gran escala. Los Panamá Papers son un ejemplo. O la invención de las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) por parte de Cambiemos, donde “emprendedores” con un capital mínimo de 30.000 pesos terminaban comprando y vendiendo inmuebles por varios millones de dólares.

Según un estudio realizado por Oscar Cetrángolo y Juan Carlos Gómez Sabaini para la CEPAL en 2010, los elevados niveles de evasión e informalidad representan una importante limitación a la recaudación, tanto patrimonial como del impuesto a la renta. La estimación realizada para dicho estudio arrojó una potencial evasión del 49 por ciento. Una verdad de Perogrullo: evaden el impuesto a la renta quienes tienen renta.

 

 

Seguridad jurídica

Por el Aporte Solidario ya se recaudaron 234.000 millones de pesos, provenientes de 10.100 contribuyentes. Hubo un total de 290 acciones judiciales para frenar su cobro, de las cuales 61 fueron rechazadas. De lo recaudado, el 20 por ciento se utilizó para financiar la política sanitaria y porcentajes similares fueron para las becas Progresar y para financiar a las pequeñas y medianas empresas. Y cerca de 36.000 millones se destinaron al Plan Gas (subsidio a petroleras para aumentar la producción).

El mismo establishment que se queja por la alta presión tributaria (y así justifica los niveles de evasión) también proclama la tan mentada seguridad jurídica. En esa línea, previo al affaire de la selfie, parte del equipo de campaña del FdT tenía las intenciones de plantear la necesidad de que el aporte mutase a impuesto. Algo permanente, con un horizonte claro para les empresaries. Seguridad jurídica. Los números, fuera de todas las zonceras y habladurías, lo permitirían.

 

 

 

 

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