Los daños del prohibicionismo

El caso de la cocaína adulterada invita a repensar la política de drogas

 

A tres semanas de la muerte de 24 personas y la intoxicación de otras 80 por consumir cocaína adulterada vendida en el barrio Puerta 8, la investigación dio un vuelco. Si bien aún no se tiene certeza de dónde provino la droga envenenada que se comercializó en San Martín, todas las miradas están puestas hoy en la histórica banda narco de esa zona que lidera Miguel Ángel “Mameluco” Villalba.

Como contamos hace unas semanas en El Cohete a la Luna, en San Martín no existe una hegemonía narco, es decir, una sola banda que maneje la zona y que distribuya la droga en todo el territorio. Son tres. A pesar de tener estructuras precarias –basadas principalmente en lazos familiares– dominan allí la de “Mameluco” Villalba, la manejada por Javier Alejandro “Rengo” Pacheco y la de Blas Adrián “Gordo” Gómez y Max Alí “Alicho” Alegre. A esta última pertenecía Joaquín “El Paisa” Aquino, quien fue el principal sospechoso de distribuir la cocaína adulterada en Puerta 8 y fue detenido en las primeras horas de la investigación judicial. Esta semana se conocieron los resultados de las pericias de la droga incautada en su casa de José C. Paz y se determinó que no contenía el opioide con el que se envenenó a más de 200 personas que acudieron el pasado 3 de febrero a las guardias de hospitales del sur de la provincia de Buenos Aires.

En los allanamientos de Puerta 8 y el barrio El Gaucho, donde se detuvo a quienes vendían los papelitos rojos, no se encontraron elementos para realizar el “corte” ni la sustancia con la que se hizo. “El Paisa” continuará detenido, pero por otras causas. El juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, lo procesó con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes para su comercialización. Aquino era investigado desde agosto del año pasado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias. Tenía un pedido de captura porque estaba prófugo.

Ordenados por la jueza federal Alicia Vence, las policías bonaerense y federal hicieron este martes más de 30 allanamientos en las villas 18 y Curita, en San Martín; Las Catonas, en Moreno y Villa Fiorito, en Lomas de Zamora. Como resultado se detuvieron al menos a 17 personas. Gran parte serían “soldaditos” de Villaba. En la jerga narco, ese nombre designa al último eslabón de estas bandas, que suele corresponder a quienes venden la droga en los barrios.

A las nuevas pruebas que surgieron esta semana se suma la confirmación del fiscal de Tres de Febrero, Paul Starc, quien afirmó en una entrevista en TN que “la droga que mató a los chicos tiene relación con Mameluco Villalba”. También en estos días se dio a conocer una escucha telefónica en la que una persona presuntamente cercana a Villalba le dice a un “soldadito”: “Saquen eso de la calle”, en una posible referencia a la cocaína adulterada.

A su vez, en paralelo a los allanamientos del miércoles pasado en la Villa 18, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, anunció en conferencia de prensa: “Hicimos 30 allanamientos y pudimos dar con esa droga que estábamos buscando”. A continuación adelantó, previamente a que se conociera el audio, que “en el transcurso de las horas comenzarán a circular algunas escuchas donde queda claro cómo es la cadena, la relación. Por algo sindicábamos a ‘Mameluco’ al principio”.

 

 

La incógnita del carfentanilo

Una de las certezas de la investigación es que la sustancia con la que se “rebajó” o “cortó” la cocaína es un opioide llamado carfentanilo. Lo confirmaron el laboratorio forense de la Procuración bonaerense, la Policía Científica de la Provincia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de un estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En nuestro país es común que realicen este procedimiento quienes comercializan cocaína. Consiste en mezclarla con otra sustancia (por lo general, sin riesgo para la salud del consumidor, como el azúcar impalpable, el bicarbonato de sodio, la aspirina o el paracetamol), para obtener más ganancias. Cuanto más pura es la cocaína, más dinero cuesta.

La primera conjetura de los investigadores fue que se trataba de otro opioide muy poderoso: el fentanilo. De este deriva el carfentanilo, cuyo efecto es 100 veces más potente y 10.000 veces superior al de la morfina. Es más concentrado y suele utilizarse para sedar animales de gran tamaño, como elefantes o rinocerontes. Su uso en humanos está prohibido en todo el mundo, excepto para experimentación científica. Es un opioide aún más difícil de conseguir en nuestro país que el fentanilo –sólo autorizado para uso intrahospitalario– y desde hace cinco años no tiene circulación legal.

La Argentina no produce opioides y todo profesional que lo requiera necesita un registro previo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para generar una autorización de compra al exterior. Por su gran toxicidad, desde hace cinco años no es habilitado por la ANMAT ni por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). En concordancia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que no hay documentos que comprueben que se haya importado en el último lustro.

Todo esto hace que el carfentalino sea mucho más caro que el fentanilo y más difícil de conseguir en el país. Quienes conocen del mercado de la droga y el narcotráfico aseguran que no hay posibilidad de que alguien en la Argentina lo fabrique. Los laboratorios que lo producen están principalmente en India o China. Al tratarse de un mercado ilegal, no hay registros. Una investigación que determine de dónde provino el carfentanilo podría llevar años y aun así no conocerse nunca la respuesta. En caso de que se haya producido en el exterior y haya llegado al país sorteando obstáculos de las aduanas del mundo, aparece una dificultad aún superior: ¿cómo manipular el carfentanilo sin morir en el intento? Con tan solo consumir 0,2 mililitros del poderoso opioide, una persona puede caer muerta. Basta el vapor que emana al cocinarse para que se cobre víctimas.

De los países de la región, México es el que más ha incurrido en la utilización del fentanilo y el carfentanilo. Allí se “corta” la cocaína con ambas sustancias. Quienes se dedican a la investigación del narcotráfico en nuestro país marcan que pueden hacerlo porque sus laboratorios tienen una logística superior. Hay un grado de sofisticación distinta a la Argentina, un mercado de químicos que aquí no existe y una experiencia que nosotros no tenemos. En la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, a cargo del fiscal Germán Martínez, manejan la hipótesis de que la droga fue adulterada en el exterior y que aquí sólo se distribuyó. Pero casi el 90% de la cocaína que consume la Argentina proviene de Perú, Bolivia o Colombia. ¿Por qué un dealer iría a buscar esa droga a México si puede cruzar con un auto o a pie la frontera con Bolivia y conseguirla allí? No tiene mucho sentido. Una fuente que participa en la investigación explicó a El Cohete que a veces la droga “se paga” con droga. “Pudo pasar que haya existido un intercambio de droga entre Bolivia y México y que en ese revoleo un kilo se mezcló y llegó a la Argentina”, detalló. Pero es una hipótesis. La incógnita de dónde provino el carfentanilo sigue vigente.

  

 

Cambio de paradigma

La catástrofe de Puerta 8 invitó, una vez más, a que la sociedad y el gobierno reflexionen sobre la política de drogas del país. Por primera vez, el Estado –en este caso, el bonaerense– aplicó medidas de “reducción de daños”. Una de ellas fue informar, cuando se conocieron las intoxicaciones, sobre la circulación de droga adulterada y solicitar a los usuarios que no la consumieran. Difícilmente se podrían haber salvado vidas si se seguían los lineamientos de la “guerra contra la droga”, el paradigma instalado por el Presidente estadounidense Richard Nixon en los ’70 que eleva a las drogas a la categoría de “enemigo público número uno” y que fue y es muy replicado por los Estados latinoamericanos.

En la década del ’90, la Argentina implementó una política diseñada por la DEA (la Drug Enforcement Administration estadounidense), que se basaba en el control del tráfico de los precursores químicos para procesar la pasta base que circulaba en cantidades industriales en la región. Los precursores químicos son sustancias legales que se producen aquí. Con la hoja de coca se hace pasta base y esta se procesa con los precursores químicos para obtener cocaína. Según analizó el profesor rosarino Enrique Font, la política anti-drogas inició un fenómeno de fragmentación difícil de controlar, que generó mayor disposición de la sustancia para el narcomenudeo. Comenzó a dividirse la pasta base por la necesidad de usar pequeñas cantidades de precursores químicos.

“Esa política de control produjo estos efectos que provoca la guerra contra la droga y el prohibicionista. La pasta base llegaba y se comenzaba a fragmentar en nuestro territorio porque había que evadir los controles sobre grandes cantidades de precursores químicos. Aparecieron las llamadas ‘cocinas’ y se hizo más difícil controlarlas”, señala Font.

Varios especialistas en prevención y consumo de drogas proponen el modelo de reducción de daños como salida a este esquema del prohibicionismo. El psicólogo Gustavo Zbuczynski, presidente de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), dijo a este medio que la actual política del país es “absolutamente equivocada: decidimos resolver un problema socio-sanitario desde una perspectiva penal punitivista”.

La ley de drogas vigente, la 23.737, establece que las personas a las que se les encuentren drogas en su poder –ya sea para uso personal o para venta–, deben ser detenidas o someterse a un tratamiento educativo/terapéutico. En el punto 2 del artículo 14 se penaliza la tenencia de la sustancia. Para Zbuczynski, “cuando prohibís una sustancia requerida por amplios sectores de la población, se dan tragedias como la de Puerta 8. Como la sacás del marco legal, les das a otras personas el negocio y generás este círculo de mafias, corrupción, narcotráfico, que incluye la alteración de sustancias. La adulteración es la consecuencia de la prohibición”. Propone entonces un sistema que “cuente con la regulación por parte del Estado de todas las sustancias”. Es la lógica de reducción de daños.

En la misma línea, la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard presentó hace unos días un proyecto para modificar el Régimen Penal de Estupefacientes y despenalizar el consumo personal de sustancias. “Tenemos que priorizar un abordaje desde el derecho a la salud de las personas usuarias de sustancias y no desde la persecución penal”, explicó la legisladora a El Cohete, y añadió: “La Corte Suprema de Justicia ya hace 10 años estableció (a través del fallo Arriola) que los consumidores y usuarios no tienen que estar penalizados. Sin embargo, siguen criminalizados”.

 

 

El proyecto elimina la figura de tenencia simple, plantea darle un status jurídico diferente al cannabis, comprendiendo su dimensión medicinal, y legaliza también el cultivo de cannabis cuando tiene uso adulto o fines recreativos. Además, dispone penas con distinta gravedad para los vendedores. “No es lo mismo una persona que vende en la calle de un barrio popular que el jefe de una banda”, destacó la diputada.

“La ley tiene ya muchos años, es anacrónica y vetusta. Se quedó en un paradigma viejo, en el prohibicionismo. Hoy el paradigma que impera en el mundo es con enfoque de derechos y salud”, sintetizó Gaillard.

Para Font, la reducción de daños no es aplicable en nuestro país. La convivencia entre este paradigma y el prohibicionista termina haciendo que “las políticas de reducción no siempre lleguen a los consumidores”. Muchas veces quienes venden son también usuarios y terminan criminalizados. Además existen distintos tipos de consumidores: los provenientes de sectores populares, los de clase media, alta. Los que tienen consumos problemáticos y los que no. Muchas veces las condiciones sociales y políticas para avanzar sobre el prohibicionismo no están dadas.

El criminólogo propone entonces una “reducción de daños del prohibicionismo”, concepto que tomó de su colega Damián Zaitch, docente e investigador de la Universidad de Utrecht. Como es imposible terminar con el prohibicionismo de un día para otro, se trata de una tarea larga y sinuosa. Entonces ¿qué hacemos mientras tanto? Reducir los daños producto del prohibicionismo.

El paradigma que busca amortiguar las fatales consecuencias del prohibicionismo parece ser más adecuado para la realidad de un país en que el Estado muchas veces no llega a los sectores más vulnerables.

 

 

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