No hay derecho

Alcaidías de tribunales: hacinamiento y violación de derechos ante los ojos de sus señorías

 

El calor que brotaba del piso en las celdas hacía que el Palacio de Justicia –sede de la Corte Suprema– fuera lo más parecido al infierno que podían imaginar quienes estaban ahí detenidos. Un caño roto, sin refaccionar por más de un año, hacía que en dos de las celdas de la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) el piso quemara y emanara vapor. Los presos se turnaban para dormir o para sentarse. El desperfecto pudo solucionarse en menos de 24 horas, pero hizo falta que fuera a verlo un juez federal. El combo de una tasa de encarcelamiento elevadísima, la retórica manodurista, la escasez de recursos y la desidia hacen que estos retratos dantescos se vuelvan un paisaje común – incluso ante las narices de los propios jueces.

 

La cárcel del Palacio

La Unidad 28 es técnicamente una unidad transitoria o de comparendo ubicada en el subsuelo del Palacio de Justicia. Es decir, que las personas que están allí alojadas lo están para presentarse ante una autoridad judicial o a la espera de que les asignen una plaza en un penal. Sin embargo, la falta de cupos en distintos complejos del SPF – y la emergencia penitenciaria declarada por el gobierno nacional en marzo de este año – hace que estas personas pasen largos días ahí.

El mes pasado, el juez Daniel Rafecas – que tiene a su cargo un hábeas corpus que incluye todas las unidades penitenciarias en la Ciudad de Buenos Aires – reclamó medidas al SPF.

Durante una visita, el juez vio que las personas allí alojadas no cuentan ni con mantas ni con colchones. Si los tienen, están en condiciones deplorables – escribió.  También se quejaron de que el desayuno no alcanza, lo que le confirmó la directora del penal: a cada una de las personas que pasan la noche ahí, les dan un mate cocido y un pan.

 

Unidad 28. Foto tomada por la PPN en agosto.

 

En marzo de este año, la Sala VI de la Cámara del Crimen –Julio Lucini y Magdalena Laiño– había ordenado que la estadía no podía superar las 24 horas y que no podría haber más de 40 internos en el plazo de los quince días siguientes. Sin embargo, este fin de semana, en Justicia, estimaban que hay unas 85 personas detenidas allí.

En el fallo, los magistrados hablaban de una “aparente indiferencia” del Poder Ejecutivo, con representantes que se limitan a describir sus preocupaciones mientras más de 100 personas comparten dos baños. Todo transcurre a un par de pisos de distancia del cuarto piso donde los cinco supremos deciden las causas más sensibles para el país.

Con la composición actual, la Corte firmó una acordada en abril de 2017 sobre la Unidad 28 en la que delegaba la superintendencia del centro de detención en la Cámara del Crimen y le decía al Estado nacional que tenía voluntad de dejar sin efecto la cesión de la planta baja del Palacio para uso del SPF. También le reclamaba que provea condiciones dignas de detención.  Nada de eso ocurrió.

 

La bóveda judicial

Cruzando la plaza de Tribunales está la alcaidía Pettinato, también dependiente del SPF. Se entra por Lavalle 1169 y se baja hasta el subsuelo. Tampoco es un lugar para que los detenidos queden alojados, pero sucede – como muestra un informe de la Procuración Penitenciaria (PPN).

Quienes pasan los días ahí sólo tienen acceso a unos lavabos. No hay luz natural ni sistemas de renovación de aire.  No tienen teléfonos para hablar con sus defensores ni con sus familias. Deben apelar a la buena voluntad y al buen ánimo de los agentes del SPF para que les presten sus celulares si necesitan comunicarse con alguien. Hay detenidos descalzos y muchos por robar comida. Están encerrados en lo que literalmente era la bóveda de un banco.

El miércoles último, la Sala I de la Cámara Federal –integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi– confirmó que las personas detenidas en esa alcaidía no pueden superar las 24 horas de permanencia. Los magistrados fallaron ante un pedido de la PPN y de la Comisión Cárceles del Ministerio Público de la Defensa.

Sin acatamiento – también.

 

La mazmorra de Py

Quienes transitan los tribunales de Retiro se acostumbraron a una nueva presencia: la de los familiares que hacen fila para ir a visitar a quienes están detenidos en la Unidad 29, en el subsuelo de los juzgados donde se cocinan las causas penales más importantes del país.

Como ya relató El Cohete, la Unidad 29 es una unidad de comparendo, no puede alojar detenidos, pero lo hace. Hay hacinamiento y violación de los derechos mínimos.

La superintendencia de la Unidad 29 recae sobre la Cámara Federal de Casación. Las casualidades –o no– hacen que la presida Carlos Mahiques. El juez es, además, el padre de Juan Bautista Mahiques, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y de quien depende el SPF — aunque ya anticipó su renuncia a partir del mes próximo para hacerse cargo de la fiscalía general de la Ciudad.

Esa tensión hace que los ánimos se enciendan en el primer piso de Comodoro Py. El 2 de octubre, Mahiques (padre) recibió un oficio de tres de sus colegas para que cese el pernocte en la Unidad 29 y que las personas no permanezcan más de 24 horas allí. Le reclamaron, además, que intervenga de manera urgente y advirtieron que los magistrados que dejen a personas detenidas allí pueden incurrir en responsabilidades.

 

Las mujeres detenidas en la U29 de Comodoro Py. Foto tomada en julio por el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias.

 

“La situación de su estancia no se compadece con la normativa vigente relativa al regular funcionamiento de esa dependencia, así como tampoco resultan condiciones dignas de detención”, escribieron Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci.

Slokar y Ledesma ya habían provocado un tembladeral al interior del Ministerio de Justicia cuando le ordenaron al SPF que se abstenga de ingresar internos al penal de Marcos Paz, el complejo penitenciario federal más grande del país, porque justamente las condiciones de detención son violatorias de los derechos mínimos.

Aprovechando que Mahiques (padre) está de viaje, un grupo de casadores firmó una resolución sobre la Unidad 29 en base al oficio de Slokar, Ledesma y Yacobucci. Fue en la reunión de superintendencia de la Casación, que presidió Daniel Petrone, y en la que estuvieron los presidentes de las distintas salas: Diego Barroetaveña, Liliana Catucci, Yacobucci y Gustavo Hornos. Les recordaron a sus colegas de primera instancia y de los tribunales orales que no pueden dejar a personas detenidas en ese subsuelo.

 

Un pedido a los supremos

La relación entre la Corte y el gobierno no está en su mejor momento, y el tema cárceles se metió en esa disputa. Los supremos vienen recibiendo reclamos de los presidentes de las Cámaras Federales de las provincias sobre la situación de las cárceles, y, desde esta semana, empezaron a remitirle los planteos directamente al gobierno. Como están en pie de guerra con el ministro de Justicia, Germán Garavano, los mandan directamente a la Jefatura de Gabinete.

En el Palacio de Justicia, dicen que el trío compuesto por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti está trabajando en una acordada sobre cárceles.  El análisis está avanzado y consultado con camaristas de confianza. Planean que tenga un efecto disuasorio como el que consiguió la acordada contra la filtración de las escuchas.

El martes, el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, recibió la visita de Gustavo Hornos, que preside el Sistema de Coordinación y Seguimiento del Control Judicial de las Unidades Carcelarias. Hornos había organizado una reunión en Casación a fines de septiembre con jueces, fiscales, defensores y operadores judiciales, en la que se acordó —entre otras medidas— pedir la intervención de la Corte.

La semana pasada, también, los supremos designaron a dos secretarios para que vayan como observadores a la mesa por la emergencia penitenciaria que convoca el gobierno. Con sus matices, los ministros y la ministra están dando señales de que quieren intervenir en la materia.

 

 

Una emergencia autoinfligida

La situación de estas unidades seguirá en agenda y dividiendo las aguas en los tribunales después de las elecciones. Rafecas ya dispuso inspecciones oculares para el martes 5 de noviembre en las Unidades 28 y 29 y en la alcaidía Pettinato. Esta semana, hubo una visita a la cárcel de Devoto que dejó una larga lista de pendientes para el gobierno.

El martes pasado se reunió la mesa por la emergencia penitenciaria, que generalmente se encuentra en el Ministerio de Justicia. Pero en esta ocasión la cita incluyó un viaje a Mendoza. Garavano promovió la visita para que sus invitados vieran los avances de obra y aprovechó para reunirse con el gobernador saliente, Alfredo Cornejo, y el entrante, Rodolfo Suárez. Una cara victoriosa para Juntos por el Cambio, aunque con sello local.

 

Garavano recorriendo avance de obras (penitenciarias) en Mendoza.

 

Según las propias estadísticas, la capacidad del SPF está superada en un 17,78 por ciento. En números quiere decir que tiene 12235 plazas, pero aloja a 2175 personas más. Eso explica entre otras cosas la saturación en las unidades transitorias.

De acuerdo con un informe entregado por el SPF en julio, el gobierno estimaba construir algo menos de 900 plazas en un año, lo que ni reduciría a la mitad la situación. En ese mismo reporte, proyectaba que la población alojada en el SPF podía llegar a 30.928 en 2023 – cuando se celebren las próximas elecciones.

Según pudo saber El Cohete, las obras en los dos centros de detención transitorios que proyectaba realizar el gobierno en Ciudad de Buenos Aires, uno en Inmigrantes y otro en San Telmo, no se iniciaron. Hasta ahora no se licitaron las tobilleras electrónicas. Dicen en Justicia que podría firmar la licitación esta semana Garavano y mandarla para que la refrende Marcos Peña.

Elecciones. Pasan cosas, pero en las cárceles hay una bomba por desactivar.

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

1 comentario
  1. Beatriz Graciela Susterman dice

    Solamente allí?. Y que hay de las comisarías del Conurbano .Lanús por ejemplo? Sierra Chica ?Los tribunales de Lomas de Zamora miran para otro lado. Yo lo he vivido y lo vivo con mi hijo. Podrían investigar allí.

Dejá tu comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.