OBSCENA DESIGUALDAD

La mejora de los ingresos de los trabajadores necesitará de un bloque social y político organizado

 

Los tiempos de pandemia siguen siendo los que imponen un determinado cauce a la vida económica mundial. El que finalizó fue un año en que la mayoría de los países han tenido una caída de su PBI. También los ha afectado una fuerte asimetría en el comportamiento de los distintos sectores de la economía. Mientras áreas que han tenido como centro la tecnología digital han crecido sustancialmente, otras de servicio y esparcimiento social han decrecido. Así, la peste condujo las modificaciones  acontecidas en la esfera global, y no la planificación democrática de las sociedades. Pero algo más grave ha sucedido. La época del Covid-19 no produjo, hasta el presente, las transformaciones en el paradigma de vida de la humanidad que muchos desearon y previeron al principio. El surgimiento de las vacunas, fruto del desarrollo de la ciencia y herramienta hacia la solución de la pandemia, desvistió el egoísmo y la falta de solidaridad de muchos de los países centrales respecto de las periferias. La intensidad de la vacunación en los primeros es opuesta a la de las segundas. La lógica del beneficio y el estilo contractual, como si la vacuna se tratara de una mercancía, predomina sobre una distribución equitativa y extra-mercantil de un bien de subsistencia que no puede tener el mismo precio en África que en los Estados Unidos.

La Argentina ha tenido en ese sentido conductas que privilegiaron la vida. Es notable la diferencia entre la infraestructura de atención lograda en el país respecto a otras naciones de América Latina. Resulta de gran valor recuperar como una decisión certera y humanitaria la cuarentena que permitió ganar el tiempo para desplegar las obras que alcanzan el nivel de suficiencia para que ningún ciudadano se quedara sin atención. En otros países de la región la ausencia de establecimientos y de camas, como de otros elementos para la atención de los enfermos, ha trasuntado el grosero y malintencionado ataque de la derecha que descalifica las decisiones tomadas en los primeros momentos de la peste.

Por otro lado, como ocurrió en muchos de los discursos de Davos, omitir el abordaje de la solución del problema central de las economías que es prevenir y curar, vacunar y establecer las correctas medidas de cuidado, reemplazándolas por una ideología de reformas al capitalismo neoliberal de la pospandemia, construye un velo sobre la destrucción de los derechos sociales que  la peste exhibió, como el debilitamiento de los sistemas de salud que ese modo de organización de la vida económica y social conlleva.

 

 

Crecimiento, desarrollo y retenciones

En Argentina, la plutocracia que gobernó durante los cuatro años de la administración de la Alianza Cambiemos provocó el deteriorado escenario en que luego se desplegaron los daños de la pandemia. El aumento de la pobreza y de la concentración económica fueron signos de esos tiempos. Hoy el debate debe centrarse en cómo invertir y contrarrestar esa tendencia. Se trata de sustituir importaciones, por supuesto. Se trata de aumentar exportaciones, también. Consiste en promover la inversión y el aumento del PBI, sin duda. Pero además se requiere avanzar hacia una sociedad menos consumista, más solidaria y con igualdad.  Ese fue el sentido del discurso de Alberto Fernández en el G20 y en el Foro de Davos. También el criterio de Cristina Fernández cuando enunció la necesidad de terminar con un sistema de salud dividido en tres y hacer una reforma que introduzca mayor justicia social, equidad de atención y eficiencia del gasto.

La discusión del desarrollo es un tema central.  El neoliberalismo la subsumió en el debate sobre el crecimiento como si fueran una sola cosa. La preocupación central de la Nación debería ser el desarrollo. No sólo cuánto se produce y cuánto se invierte sino también en qué y quiénes lo efectivizan. No sólo cuántas divisas se conseguirán exportando sino, además, qué diversificadas son las exportaciones y qué sistema tecnológico y de organización de la producción hay detrás de ellas. También resulta clave conocer la distribución regional y federal de la producción.

Paradojalmente en estos tiempos de pandemia los precios de las exportaciones tradicionales y de los bienes de sus cadenas crecieron sustantivamente. La soja, que además de ser base de las mayores exportaciones, constituye una cuasi-unidad de cuenta en muchos contratos y relaciones de la producción de la pampa húmeda, aumentó más de un 30%. En ese contexto nuevamente los sectores ligados a esa producción se opusieron con belicosidad a la instalación de las retenciones. No resulta ocioso volver a destacar las tres características virtuosas de ese instrumento para la economía argentina:

  • Permite desacoplar los precios internos de los internacionales evitando el traslado de los mismos a bienes-salario consumidos por toda la población, y de significativa incidencia en los gastos de los sectores populares.
  • Es útil para igualar las productividades entre sectores con diferentes grados de madurez, apuntando a la diversificación productiva y, también, de las exportaciones. El logro de estas metas favorece generar una economía con mayor empleo y, asimismo, combatir la exclusión social. Es una política que promueve el despliegue de un paradigma de desarrollo científico y tecnológico mucho más amplio e importante en el proceso de producción. La diferencia de productividades en la economía nacional no sólo obedece a la diferente madurez sectorial, sino a cuestiones de orden natural. Especialmente a la fertilidad del campo de la pampa húmeda. Este fenómeno de aumento de precios por la situación internacional intervenida por la pandemia se traduce en beneficios para el sector tradicional, exclusivamente determinados por la renta diferencial. En términos rigurosos y acertados de la economía clásica no deviene del esfuerzo o riesgo empresario sino, en su totalidad, de esa renta. De una renta que hoy es apropiada y distribuida a través de toda la cadena agroalimentaria. En la que, además, existe un grado de concentración intenso tanto entre los productores como en las industrias aguas abajo del proceso productivo del complejo agroexportador.
  • Permitirían un aumento sustantivo de la recaudación en un momento de tanto requerimiento como es el de la peste que hoy sufre con intensidad el país.

La confrontación de los sectores vinculados a la producción de la pampa húmeda con las retenciones, que impide una correcta utilización del instrumento, obedece a razones que exceden el mero coyunturalismo de la ganancia inmediata. La propuesta de política de aquéllos es de un sentido estrictamente opuesto a la planteada por Marcelo Diamand, que entendía la necesidad de instrumentos de este tipo en pos de la industrialización del país. El comportamiento de los grandes productores de la pampa húmeda y los oligopolios de la agroindustria está dirigido a sostenerse como poder económico hegemónico del país, procurando que la Argentina dependa sólo de las divisas que ellos producen, además de pretender apropiarse “eternamente” de la renta diferencial de la tierra. En el sentido de Michal Kalecki, la preferencia que moviliza esa oposición a la medida está estrictamente ligada a una cuestión de control del poder.

Tal como está construida hoy la lógica de los grandes propietarios en la cadena, persiste en el marco de relaciones de producción capitalistas una conducta oligárquica. El carácter regresivo de un proyecto basado en la especialización de una producción, que tiene su fundamento clave en la potencialidad de la captura de rentas, resulta aún más grave debido a que la profundización de un régimen de ese carácter también agudizará los términos y rasgos de la inserción pasiva de Argentina en la transnacionalización. Esto agudizará las características periférico-dependientes del país. La virtud de las retenciones móviles, cuyo proyecto de implementación fue tan resistido por la cadena del agronegocio, era mantener constante la renta diferencial percibida por el sector y redistribuir el excedente a otros sectores económicos y sociales. Ese tipo de objetivos ejemplifican claramente aquéllos que son específicamente de las metas del desarrollo, respecto de otros que coinciden con las del crecimiento.

Los participantes del agronegocio tampoco aceptaron la implementación por parte del Estado de cupos a las exportaciones, para garantizar las ventas en el mercado local de productos esenciales para la alimentación del pueblo. Esta conducta entronca con el objetivo de reservar la vida económica y productiva a la decisión privada, impidiendo la intervención y participación  de las autoridades elegidas por el pueblo sobre esas esferas. Estos comportamientos constituyen el núcleo del vaciamiento de la vida democrática. Tanto como el lawfare y la cooptación del Poder Judicial.

Esa es la razón por la que sólo se limitaron a prometer la constitución de fideicomisos de gerenciamiento privado, con una ingeniería cuyo objetivo sería mitigar la escasez de bienes-salario frente a las oportunidades de la demanda mundial. Con este tipo de instrumentos, los objetivos cubiertos por lo descripto en los items 2 y 3, expuestos para las retenciones, quedan incumplidos. También obstruye la intensidad de la regulación estatal de la economía, cuando con medidas de fuerza ese poder oligárquico impide la cupificación directa del Estado sobre las ventas al exterior.

 

 

Destituir el paradigma de Mont Pellerín

El desalojo del poder democrático de la intervención en la economía es el principio fundamental que los intelectuales de Mont Pellerín establecieron para los principios neoliberales. En Davos, ante la decadencia de la hegemonía del paradigma fundado, entre otros, por Hayek, Friedman y Popper, aparecen los proyectos continuistas de remozamiento del régimen, bajo títulos como “responsabilidad social empresaria”, “capitalismo de las partes interesadas”, “esfuerzos público-privados”. Pero son palabras de una misma lengua. Tal vez, con la variante de una inclusión estatal como rueda de auxilio del sector privado oligopólico, pero subordinada a la iniciativa y lógica de comportamiento de este último. Cualquier intervención estatal es entendida por los “reformadores” de Davos, desde un dispositivo corporativo que conserve la formalidad democrática fuera del perímetro de la economía. La primera rueda de auxilio fue colocada con las políticas monetarias utilizadas para mitigar la crisis de 2008, que salvaron de una peor hecatombe  a la financiarización frente al desbarranque producido por la autorregulación absoluta establecida durante la década de los ’90 en que se predicó la religión del fin de la Historia.

La hegemonía del agronegocio y las finanzas en la economía nacional no ha sido sólo una presencia desplegada en lo productivo y en la detentación del poder económico como “poder real”. La extensa época de su predominio, la reiteración de gobiernos que construyeron instituciones para instalarla, favorecieron una impregnación social de sus pautas de vida y sus principios. Los empresarios del sector industrial adhirieron a reivindicar el retiro del Estado de la vida económica, mientras también se sumaban a las prácticas de la financiarización, que basadas en a la apertura de los movimientos de capitales les permitían fugar sus excedentes al exterior. Así se dio la paradoja de la colaboración de los empresarios concentrados de la industria en un proyecto de desindustrialización.

En este contexto no resulta fácil para un gobierno con metas democráticas, nacionales y populares encontrar los modos y caminos para transformar la economía y la sociedad, lo que inevitablemente le requerirá modificar las relaciones de poder y la remoción de la inserción pasiva, desde un rol periférico-dependiente, de la economía del país en la transnacionalización.

Tampoco será fácil llevar a cabo el objetivo de recuperación del salario real, estipulado para este año en un objetivo del 4%, y cuya recuperación a niveles dignos requerirá de un ritmo más intenso en los años posteriores. Esas mejoras de los ingresos de los trabajadores, unidas al aumento del empleo, necesitarán para afirmarse como política de largo plazo de la construcción de un bloque social y político organizado con la densidad que le permita contrapesar el desbalance en favor de una minoría plutocrática que la dictadura militar, el menemismo, la Alianza y Cambiemos se esmeraron en construir.