OCHO PROPUESTAS FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

El camino válido para reducir el déficit fiscal es cobrarle impuestos a los sectores más ricos de la sociedad.

 

El déficit fiscal total del año 2020 de la Administración Nacional fue de 2.292.730 millones de pesos y representó un tercio del total del gasto, gasto que se incrementó fuertemente por los programas de salud y asistenciales por la pandemia. Dicho déficit fiscal fue financiado parcialmente por el BCRA, por dos vías, una transfiriendo utilidades de la autoridad monetaria (que se generan básicamente porque las reservas internacionales brutas en oro y divisas al devaluarse nuestra moneda, valen más en pesos) por casi un billón de pesos y, otra parte, por Adelantos Transitorios al Tesoro por 467.720 millones, por lo tanto la Administración Nacional debió endeudarse en el año 2020 en pesos, por la diferencia, que fue de 827.700 millones de pesos[1]. Esquema que plantea repetir este año 2021, para que el 60% del déficit sea financiado por el BCRA y, 40% por deuda, pero con cifras menores (el objetivo de la ley 27.591 de Presupuesto de la Administración Nacional 2021 es reducir el déficit fiscal total del 8% al 4,5% del PIB).

Pero de allí a afirmar que la política de reducir el déficit fiscal no es de derecha o de izquierda, dista de la realidad, en un país donde a la injusta distribución del ingreso se suma un más injusto y regresivo sistema impositivo.  El Ministro Martín Guzmán tiene una idea teórica del tema formado en las universidades de los Estados Unidos. Allí los los impuestos respetan la proporción en la recaudación entre

  • gravámenes a la riqueza (patrimoniales),
  • a las ganancias (rentas) y,
  • al consumo y la actividad.

Aproximadamente corresponde un tercio para cada división. Además, una vez descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, el quintil de mayores ingresos enfrenta un tipo federal efectivo que es el doble del quintil de menor ingreso, y depende de cada Estado la presión fiscal. Obviamente en Nueva York es mayor que en el centro oeste americano.

Muy distinto es en nuestro país, donde sumando las imposiciones de las provincias,

  • el total de los impuestos al consumo y a la actividad (IVA; Combustible; Internos; Débito y Crédito Bancario; etc. a nivel nacional y el Impuesto a los Ingresos Brutos a nivel provincial) representan más del 75% de lo que se recauda.
  • El Impuesto a las Ganancias no alcanza a ser el 22% de la recaudación total (donde más de un tercio es a la cuarta categoría – trabajo personal) y,
  • el gravamen a las riquezas supera levemente el 3%. Por ejemplo teniendo las tierras más fértiles del mundo, el impuesto inmobiliario rural (que recaudan las provincias) no alcanza a ser el 0,3% del PIB,  cuando el IVA representa el 10,5% del producto bruto interno argentino.

Por ende el camino correcto para reducir el déficit fiscal es esencialmente cobrándole impuestos a los que no pagan o lo hacen mínimamente, que son los sectores más ricos de nuestra sociedad.  La presión impositiva es importante para la mayor parte de la población, no así para los que detentan un gran patrimonio.

Por ejemplo, la recaudación del impuesto a los  Ingresos Brutos, que se traslada y lo paga el consumidor final, representó en 2020 el 72,6% de la recaudación de la provincia de Buenos Aires ($ 339.086 millones), mientras que el Impuesto Inmobiliario Rural fue de solo $ 14.131 millones (el 3% de la recaudación propia), cuando el Censo Nacional Agropecuario muestra que 2.516 establecimientos concentran la propiedad de 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables de la Provincia). Y cuando a comienzos de 2020 el Senado bonaerense trató el Código Fiscal, nos enteramos que los dueños de esos establecimientos son 211 familias y/o sociedades.  Estamos hablando de la tierra más fértil del país (y una de las más fértiles del mundo), donde más rinde por hectáreas tiene el maíz, el trigo, la soja, el sorgo, el girasol, etc., pero paga solamente el 3% de los ingresos propios de la provincia

Es claro que se necesita una reforma integral del sistema tributario y que no se puede realizar una disminución del déficit sino se lo hace principalmente desde los ingresos.

 

El déficit cuasifiscal

Lo más llamativo es que el equipo económico no muestra la misma preocupación por el déficit del Banco Central o cuasi fiscal,  cuando las Leliq (letras de Liquidez del BCRA) más los pases pasivos (que es plata que los bancos le prestan al BCRA) suman en total al 30 de marzo de 2021,  3,1 Billones de pesos, superando a la Base Monetaria que es el total de dinero creado y puesto en circulación por el BCRA que era a esa fecha de 2,5 billones de  pesos e incluso, es mayor al déficit fiscal  acumulado del año 2020 de $ 2,3 Billones

Esa masa de dinero inmovilizada devenga intereses todos los meses, que en marzo de  2021 ascendieron a unos $ 90.000 millones[2], que paga religiosamente la autoridad monetaria.  En la gestión actual del BCRA el renglón que más se incrementó fueron la Leliq: creció un 149% (de $ 758.453 millones en el inicio de la gestión a 1.891.864 millones el 31 de marzo 2021), cuando en igual lapso, toda la base monetaria lo hizo solo en un 38%.

Por lo tanto en la Argentina el crédito y la liquidez (dinero en la calle) es mínimo e insuficiente para impulsar la actividad económica y, no solo no se puede concebir que el Banco Central le pague a los Bancos por no prestar, sino que esas inmovilizaciones han tomado una magnitud inconmensurable y, el nivel de esterilización del dinero es de mayor magnitud que el déficit fiscal de Tesoro de la Nación, con el grave riesgo que se convierta en una bola de nieve imposible de pagar.

Cínicamente los economistas del sistema critican el déficit fiscal, básicamente ocasionado para poder hacer frente al drama de la pandemia generada por la Covid-19, pero nada dicen del déficit cuasi fiscal o déficit del BCRA que crece sin cesar y, dada la concentración del sistema financiero local, diez grand. Son los mismos que compraron para sí y para sus clientes la mayor parte de los 86.200 millones de dólares que se fugaron en la gestión del gobierno de Cambiemos.

 

Por ende, en medio de la llamada Segunda Ola de la Pandemia se deben tomar medidas de regulación estatal para apuntalar a la población, a su producción y a su trabajo, en cumplimiento del Art. 16 de nuestra Constitución Nacional: “Todos sus habitantes son iguales ante la ley. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Y del mandato constitucional:”… promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

 

Las verdaderas y necesarias medidas

Es obvio que deben tomarse fuertes medidas en el área financiera y cambiaria para revertir la situación y que sean las entidades financieras las que se conviertan en funcionales a un sistema económico en crecimiento y distribuyendo progresivamente el ingreso y no, como ha sido hasta ahora, mecanismo de renta y fuga de capitales, por ello se propone:

  1. Auditar a los grandes compradores de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos en base al Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA. Por medio del Decreto 239/2021 la Procuración del Tesoro de la Nación se constituyó en parte querellante en la causa N° 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la CABA y coadyuvará en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional. Pero que la querella no sea solo contra los funcionarios que hicieron posible el endeudamiento y su fuga en la gestión de Cambiemos, sino que debe extenderse a las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron con esa práctica. El Informe de marras dice que siete millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares, pero los 100 primeros compraron 24.769 millones de dólares.  Bien hay que llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle señores ustedes no pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron,  de donde extrajeron esa suma, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria. Nunca se comunicó oficialmente quienes eran los que compraron dólares en la gestión de Macri, entre ellos y principalmente, los 100 primeros fugadores, pero El Cohete a la Luna con fecha 24 de mayo de 2020, en una nota titulada “Los Cien de Macri” https://www.elcohetealaluna.com/los-100-de-macri/, afirma (y nunca fue desmentido ni por las empresas y personas invocada, ni por el BCRA), que encabezan el lote de grandes fugadores Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Joseph Lewis) con 903,9 millones de dólares[3], y cuenta con empresas como Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vence el 30 de abril de 2021); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasany[4];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.
  2. Anular la facultad que le otorga la Carta Orgánica del Banco Central (Ley 24.144/92) de que los dólares que el BCRA le compra al Tesoro de la Nación, por endeudamiento de la Administración Nacional sean vendidos a los bancos.  Esto es,  los dólares de la deuda externa deben seguir siendo reservas internacionales inmovilizadas del BCRA.  De esa manera  no se propicia el endeudamiento estatal y la fuga de capitales.
  3. Ante la segunda ola de Covid 19, es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente a los sectores de la población que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total (principalmente está conformado por los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia y los trabajadores y jubilados y pensionados), a las pequeñas y medianas empresas y al Estado. Para ello el Profesor Sergio Arelovich coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), propone transformar el stock de Leliqs en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia, de ese modo y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, el enorme stock de Leliqs se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privada y estatal.
  4. Fortalecer la capacidad del Banco Central para regular el crédito, captar fondos y controlar el sistema financiero. De acuerdo con este esquema, la principal actividad de los bancos debe orientarse a facilitar el acceso al crédito, así como agilizar las transacciones económicas en clara línea con una preocupación por estimular la demanda. En ese sentido se exige mantener una relación cifrada en 5% entre el capital de la entidad y el monto de los depósitos recibidos y otras obligaciones a su cargo. De ese modo, las entidades financieras aumentan su capital si el volumen de operaciones así lo justifica. Con esta medida el BCRA busca fomentar la cantidad de préstamos otorgados al sector productivo a través de facilitar las condiciones para las instalaciones de nuevas entidades financieras.
  5. Fortalecer el rol de la superintendencia de las entidades financieras y cambiarias del BCRA. Para ello se debe conformar una mesa de coordinación institucional con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del Ministerio Público Fiscal; el Ministerio de Seguridad; la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central; la Comisión Nacional de Valores; la AFIP; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social;  y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Es imprescindible restablecer el artículo 6° de la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “Subversión Económica”, que básicamente preveía sanciones privativas de libertad y multa, respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerándose como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional.
  6. Modificar la ley 21.526 de Entidades Financieras para que la actividad sea de interés público nacional: Esto preservaría el carácter privado de la misma y su sometimiento a un régimen preponderantemente de derecho privado, pero obligaría a las entidades a aceptar una intensa regulación y fiscalización estatal dado que ellos administran ahorro del público y debe ser orientado a financiar la producción y el trabajo y no a actividades especulativas de ningún tipo.
  7. Anular el Decreto 893/2017 y de esa manera restablecer el Decreto 2581/1964 de Emergencia Cambiaria, que en su artículo 1º afirma: “A partir de la fecha, el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales, hasta alcanzar su valor F.O.B. o C. y F., según el caso, deberá ingresarse al país y negociarse en el mercado único de cambios dentro de los plazos que establezca la reglamentación pertinente” y en su artículo 2º: “Igualmente, deberán ingresarse al país y negociarse en los términos que se fijen en la reglamentación, las divisas provenientes del cobro de fletes y pasajes; seguros; comisiones de cualquier naturaleza; reembolso de capitales; renta de inversiones; derechos de autor; explotación, venta o alquiler de películas cinematográficas y grabaciones; tasas telegráficas y, en general, toda suma ganada en moneda extranjera a favor de un residente en la República Argentina.
  8. Oponerse a la reprivatización del Río Paraná, para ello se debe pedir la opinión del pueblo argentino, por lo que al realizar las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) o las elecciones nacionales generales del corriente año 2021, se solicite por un referéndum vinculante que diga, si se está a favor de la creación de una Sociedad del Estado para la administración, el control y la realización de obras complementarias y accesorias en el Paraná o, si se vuelve a licitar nuestro río como lo propone el Decreto 949/2020.

 

[1] En el mercado local y colocando títulos de deuda que se pagan en pesos pero ajustados al valor dólar (por ejemplo los llamados Bonos Linked)  y en pesos ajustables (Los BONCER),  el CER es el Coeficiente de Estabilización de Referencia y se basa en el IPC del INDEC.  Desde el 10 de diciembre de 2015 al 28 de febrero  de 2021 ambos índices crecieron en forma similar en un 1.000%.
[2] Monto similar al IFE (ingreso Familiar de Emergencia) cada vez que se pagó
[3] Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en el capital de Telefónica y Pampa Energía.
[4] Larry Fink, CEO de BlackRock  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia, y en el Banco Santander.

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