Según el Balance Cambiario del BCRA, en el año 2025 en la Argentina, “personas humanas” (así se llama la cuenta) compraron 38.806 millones de dólares (más de 3.000 millones de dólares por mes). Esa suma es mayor que lo que recibieron el conjunto de las provincias por coparticipación de impuestos en todo el año 2025. Y es un 33,1% mayor que los 12 proyectos de inversión que fueron aprobados hasta febrero de 2026 por Luis Caputo como presidente del Comité Evaluador del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que va a llevar su tiempo de ejecución.
Es más, en enero de 2026, balance cambiario aún no publicado por el BCRA, siguieron comprando más de 3.000 millones de dólares. Hubo quienes compraron 100, 1.000, 10.000 dólares en el año 2025, pero la mayor parte de los 38.806 millones de dólares fueron adquiridos por la minoría más rica del país, que no duda en cerrar sus empresas y enviarlas a la quiebra, mientras fugan capitales.
Tampoco dudan en endeudarse (gran parte son autopréstamos, para asegurarse de que, cuando se devalúe el peso, puedan transferir a todos nosotros su deuda vía seguro de cambio y/o pesificación asimétrica, como hicieron siempre). Desde el 27 de octubre de 2025 hasta el 20 de febrero de 2026, colocaron obligaciones negociables por 8.600 millones de dólares. Es esa sobre oferta de dólares en el mercado local, a la que se suman deudas en dólares tomadas por varias provincias y CABA, lo que constituye un monto de 10.700 millones de dólares ingresados al mercado cambiario argentino en menos de cuatro meses, lo que explica la compra de divisas por el BCRA y el freno del precio de la moneda norteamericana en nuestro país.
Para ellos constituyen sociedades en los “paraísos financieros” de Luxemburgo, Bermudas, Islas Vírgenes, Panamá, Delaware (Estados Unidos), Bahamas, las islas de Seychelles, etc., pero esas sociedades que arman en esas plazas son el instrumento legal, pero mayoritariamente giran ese capital a los grandes inversores y bancos que tienen su casa central en Manhattan (Estados Unidos).
El problema es que ese capital necesita reproducirse con alta rentabilidad y, además de las actividades ilícitas (que llevan adelante), requieren realizar inversiones con bajo costo y que les permitan apropiarse de los recursos naturales.
La conquista española de América fue impulsada por la búsqueda de metales preciosos para financiar el Imperio Habsburgo, y se centró en el saqueo de oro indígena, para posteriormente derivar en la explotación minera de plata y oro, principalmente en Zacatecas (México) y Potosí (Bolivia), convirtiéndose en el principal medio de pago de la economía global. En la actualidad, este procedimiento toma otra dimensión y otra forma. Sin embargo, se repite el mismo mecanismo de “oro por espejito” de la conquista, merced a gobiernos serviles y legisladores y jueces venales, como lo demuestra la modificación de las normas y medidas de seguridad en la minería, y con ella, la contaminación del agua, aire y tierra de nuestro país.
Aseguran en la minería y la extracción de petróleo y gas tasas de ganancias exorbitantes y con ello inversiones que se financian con los capitales fugados del mundo (incluidos los de la Argentina).
Vaya la paradoja: los ricos residentes en nuestro país compran y fugan más de 3.000 millones de dólares por mes. En lugar de que el Estado arbitre un medio para canalizar ese excedente en IBIF (inversión interna bruta fija), prefiere endeudarse y posibilitar que el capital extranjero se apropie de los recursos naturales que le pertenecen a los argentinos del presente y de las generaciones por venir.
La modificación de la ley de glaciares
La Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en la Argentina en 2010, protege glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo expresamente actividades mineras e industriales que puedan contaminar o destruir estos ecosistemas.
Los glaciares son masas de hielo en las altas montañas. De ellos nacen ríos, arroyos y vertientes y son reservas estratégicas de agua dulce. Se estima que la Argentina posee alrededor de 15.000 glaciares distribuidos a lo largo de la cordillera de los Andes. Desconocer el origen glaciar de la gran mayoría de los ríos del país es negar la vida misma de los pueblos. El ambiente periglacial es el territorio de alta montaña donde el suelo permanece congelado gran parte del año y guarda agua en forma de hielo bajo tierra, regulando el clima y el ciclo del agua y dando nacimiento a cursos de agua, por lo que es una gran reserva. En ambos hay seres vivos, hay pueblos, animales, vegetación que viven en relación con estos.
La reforma planteada de la ley 26.639 impulsada por el gobierno nacional, con el aval de los gobernadores de las provincias mineras, Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), que son los mismos que Javier Milei invita al evento “Semana Argentina”, que se realizará entre el 9 y el 11 de marzo 2026, en las sedes de JP Morgan y del Bank of America de Nueva York, es grave. Existe un informe de las Naciones Unidas denominado "Quiebra hídrica global" que alerta sobre los glaciares en retroceso, debido al innegable impacto del calentamiento global, y sobre la importancia de defender la norma vigente, que significa salvar cada gota de agua y la vida.
Los glaciares y ambientes periglaciales son ecosistemas complejos, con su propia biodiversidad, historial formativo, evolución y funcionamiento, y con sus propias interacciones con otros ecosistemas terrestres y acuáticos circundantes.
El Dr. Raúl Montenegro, biólogo, premio Nobel Alternativo 2004 (RLA, Estocolmo, Suecia) y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, dice al respecto: “Cuando la Cámara de Diputados de Chile me invitó para fundamentar su oposición a que Barrick Gold (proyecto binacional Pascua Lama) explotara el subsuelo de los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, enfaticé la necesidad de abordar los ambientes glaciares y periglaciales como ecosistemas, no solo como 'agua congelada'. Recuerdo que los legisladores adoptaron esta visión ecosistémica, contra la absurda propuesta de Barrick Gold de trasladar esos tres glaciares a un cuarto glaciar (Amarillo), cortándolos en trozos para luego ser transportados por los gigantescos camiones mineros. Lo que omitía Barrick Gold [1] deliberadamente, y lo que omite también Javier Milei, es que cuando un glaciar o un ambiente periglacial se destruye, la nieve que cae sobre ellos ya no ingresa a un sistema de acumulación y conservación. Esto es, la fábrica de hielo, de geomorfología glaciar y de biodiversidad glaciar simplemente dejan de funcionar”.
Incluso en nuestro país, las empresas mineras durante años buscaron que la norma no se aplique a partir de planteos judiciales. Por ello, el 4 de junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares en el fallo “Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado nacional”. Entre sus considerandos, expuso que “antes que buscar la confrontación de sus mandatos, los artículos 41 y 124 de la Constitución nacional deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de los recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental, para cumplir de la forma más fidedigna posible un mecanismo propio del federalismo concertado que estableció el constituyente reformador de 1994”.
Es más, la Corte Suprema afirma que el poder delegado a la Nación por las provincias de establecer los presupuestos mínimos ambientales no constituye una mera declaración teórica, sino que el Estado nacional recibió la facultad de instrumentar mediante ese tipo de leyes los medios para lograr el fin constitucional de “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano” e “impone la obligación de recomponer el daño ambiental y faculta a la Nación a dictar normas de presupuestos mínimos, complementadas por las provincias” (artículo 41 de la Constitución nacional). De esta manera, la Corte Suprema concluyó que la Ley de Glaciares es constitucional, que el Congreso de la Nación puede y debe fijar presupuestos mínimos y que la ley no vulnera el federalismo, sino que lo ordena.
En cambio, la reforma planteada a la ley 26.639 solo protege lo que tenga “función hídrica comprobada”, lo que es contradictorio, ya que todos los ambientes periglaciares y glaciares tienen función hídrica. Habilita a las provincias a determinar qué son funciones hídricas comprobables y a excluir zonas del inventario realizado por el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), dependiente del CONICET. Esto va en contra del principio constitucional de no retroactividad de las leyes: la sanción de una ley siempre garantiza derechos a futuro. Y autoriza actividades económicas, sobre todo mineras e hidrocarburíferas, caso por caso, que podrían dar lugar a más lobbies y presiones de corporaciones transnacionales sobre los funcionarios provinciales, dando lugar a hechos de corrupción.
La prueba está en Catamarca, provincia minera donde se desarrolló hasta casi agotarse en el año 2018 la mina de cobre y oro “Bajo la Alumbrera” (una UTE conformada por Glencore [2], Yamana Gold [3] y Golscorp Inc. [4]). Este fue el primer megaemprendimiento hidroquímico desde el año 1997 en el departamento Belén (Catamarca) [5]. La apertura de otra mina de oro y cobre gigante, Agua Rica (Yamana Gold), en el año 2009, proyecto que está ubicado a unos 25 kilómetros al norte de la localidad de Andalgalá, en el sector sur de la Sierra del Aconquija, donde se explota oro, cobre, plata y molibdeno a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Ambos proyectos han generado y generan impactos potenciales en glaciares de roca y ambientes periglaciares del Aconquija al desarrollarse cerca de zonas de congelamiento del suelo, que deberían estar protegidos debido a su función hídrica.
En el 2016, un equipo del CONICET investigó los componentes hidroquímicos de cinco ríos del departamento de Andalgalá. El informe mostró que "los niveles de cobre, cromo y plomo exceden los niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática". Y que tres de esos ríos, los que por ser de mayor caudal abastecen al pueblo de agua potable y riego, presentan manganeso "en valores que exceden los máximos permitidos para agua de consumo humano del código alimentario argentino".
Las exportaciones declaradas de oro desde la Argentina en 2025 fueron por 4.078 millones de dólares (mayor que la exportación del complejo carne y cuero bovino), jugando en ello el alto precio internacional. Representa el mayor aporte dentro de las exportaciones mineras totales del año, que ascendieron a un máximo de 6.037 millones, concentrándose principalmente en las provincias de Santa Cruz y San Juan.
El cobre (materia prima esencial para los cables de los autos eléctricos, necesarios para reemplazar los de combustión) aparece muy relegado en las exportaciones que se declaran, pero la provincia de Mendoza modificó, pese a las advertencias de la Universidad de Cuyo [6], la ley provincial 7.722 y habilitó la mina San Jorge [7] de oro y cobre en Uspallata, en área periglacial y numerosos glaciares de escombros, los cuales funcionan como reguladores hídricos esenciales. Estos ecosistemas frágiles, con hielo interno y suelos congelados, son fundamentales para el suministro de agua en el río Mendoza.
La empresa McEwen Cooper de Canadá lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, proyecto aprobado en el RIGI, con una inversión de 2.672 millones de dólares.
La empresa Glencore explota la mina de Pachón en esa provincia. Su emplazamiento en alta montaña involucra la cuenca del río Los Patos, uno de los cuatro afluentes del río San Juan. Afecta los glaciares existentes, el ambiente periglaciar y el permafrost, que constituyen un factor esencial para el abastecimiento de recurso hídrico en la zona.
Finalmente, el megaproyecto Vicuña Corp (BHP y Lundin Mining), en San Juan, que incluye los depósitos Josemaría y Filo del Sol a 4.230 y 5.200 metros respectivamente sobre el nivel del mar, atraviesa áreas glaciares y periglaciares a través de caminos y áreas de funcionamiento de los propios proyectos. Se perfila como el mayor desarrollo cuprífero de la Argentina con una inversión inicial de 7.000 millones de dólares y es el mayor impulsor de la reforma de la ley 26.639.
Vicuña Corp. nació en enero del 2025, tras un joint venture entre Lundin, una minera canadiense valuada en 28.500 millones de dólares con operaciones y proyectos en la Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos dedicada a la producción de cobre, oro y níquel, y BHP. Esta última es la mayor minera del mundo por capitalización bursátil (171.000 millones de dólares). Fue fundada en 1885 con sede en Melbourne, Australia, y es uno de los principales productores globales de cobre.
En síntesis
El jueves 26 de febrero de 2026, 40 senadores (tres legisladores más que el quórum) dieron media sanción al votar a favor de modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, tal como quieren las mineras. Entre ellos, Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca), quienes gobernaron sus provincias y son miembros del bloque, y Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) del bloque “Convicción Federal”; todos ellos se dicen peronistas.
La Constitución nacional de 1949, en el segundo párrafo de su artículo 40, decía: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.
Y la Constitución nacional de 1994 y los tratados internacionales firmados por nuestro país plantean que los recursos naturales son de las provincias por derecho originario, pero son un bien colectivo del pueblo argentino, con responsabilidades compartidas entre Nación, provincias y ciudadanos para su uso racional y sostenible. Por ende, ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento pueden disponer de esos recursos sin consultar específicamente al pueblo, y más cuando se reinterpreta qué significa “función hídrica comprobada”.
[1] Barrick Gold, ahora denominada Barrick Mining Corporation, es propiedad principalmente de inversores institucionales como The Vanguard Group, Inc. y Van Eck Associates Corp. de los Estados Unidos.
[2] Empresa minera de origen suizo, sus principales accionistas son BlackRock y Vanguard Group. Se ha diversificado la producción y venta de granos asociada a Bunge.
[3] Yamana Gold fue comprada por American Silver Corp., que es una empresa canadiense que cotiza en bolsa (TSX: PAAS, NASDAQ: PAAS); son sus accionistas, principalmente grandes instituciones financieras como Van Eck Associates Corp. (12,81%), Blackrock, Vanguard y Fidelity Investments.
[4] Goldcorp Inc. fue adquirida en el año 2019 por Newmont Mining Corporation (ahora Newmont Corporation) en un acuerdo valorado en 10.000 millones de dólares. Como resultado, Goldcorp dejó de existir como empresa independiente y sus activos pasaron a formar parte de la compañía Newmont Corporation, empresa, cuya propiedad mayoritaria es de inversores institucionales, destacando BlackRock, Inc. y Vanguard Group, Inc. con participaciones significativas.
[5] Dado el precio alcanzado por el cobre, la UTE que dirige el yacimiento de “Bajo La Alumbrera” se propone reactivar la explotación de la mina.
[6] El documento presentado ante el Congreso de la provincia de Mendoza de la UNCuyo enfatiza la importancia de realizar evaluaciones de riesgo previas y de mantener la transparencia en la comunicación con las comunidades afectadas. Asimismo, sugiere la creación de un Observatorio de Salud, donde autoridades sanitarias puedan establecer un sistema de alerta temprana para monitorear posibles impactos en la población.
[7] Minas San Jorge: sus dueños son la empresa suiza Zonda Metals GmbH y el Grupo Alberdi (Martín Rappallini, actual presidente de la UIA - Unión Industrial Argentina).
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí