Palabras y alarmas

Milei y la vieja acusación a opositores por terrorismo

Foto: Luis Angeletti.

 

La caracterización presidencial de periodistas y universitarios argentinos como terroristas disfrazados y el diagnóstico global del Departamento de Estado estadounidense acerca del “resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda” descubren nuevas capas de riesgosa actualidad en torno a lo ocurrido entre las décadas de 1960 y 1980 en la Sudamérica bajo dictaduras, cuando ese tipo de etiquetas eran repetidas para justificar las masacres en curso.

Incluso en el nuevo siglo, con los juicios por crímenes de lesa humanidad como realidad incipiente o ya consolidada, núcleos minoritarios pero persistentes han presentado periódicamente al genocidio argentino como la victoria contra el terrorismo de izquierda, dentro del que ubicaban múltiples y variopintas pertenencias. En ocasiones, la apología emergió en editoriales matinales impresos. Como en 2006, cuando el diario La Nueva Provincia justificó en Bahía Blanca el crimen de Rodolfo Walsh, rotulando a sus asesinos como “un grupo de tareas antiterroristas”. Las victorias electorales de Mauricio Macri y Javier Milei animaron al porteño La Nación a publicar, entre 2015 y 2025, editoriales en los que la caracterización de las víctimas como terroristas servía para protestar contra causas judiciales que estudiaban la participación de civiles.

Los de académicos y trabajadores de prensa son dos de los grupos contra los que se dirigió la represión clandestina en la Argentina de la segunda mitad de los ‘70, lo que confiere una gravedad especial a las hipérboles y contorsiones del discurso presidencial actual. Las palabras que Milei dedicó a ambos sectores en las primeras horas de agosto deberían despertar respuestas institucionales más conducentes que el esperable repudio de algunos de los afectados o interrogaciones retóricas a la inteligencia artificial sobre el estado de salud presidencial.

―Tenés terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores dijo Milei a Luis Majul, que aún se presenta por su antiguo oficio y tiene descendencia universitaria.

A menos de setecientos kilómetros, la misma semana cerró con la realización de la audiencia preliminar del juicio en que se abordará el ejemplo más acabado de persecución sobre el mundo académico bajo excusa de terrorismo, cincuenta años atrás.

 

Agostos

El martes 4, mientras la frase de Milei recorría las redes sociales, se estaba cumpliendo medio siglo de la conferencia de prensa en que el general Adel Vilas y el subcomisario Félix Alais presentaron a la Universidad Nacional del Sur (UNS) como una “usina subversiva”. La puesta en escena ocurrió en Bahía Blanca, pero tuvo trascendencia nacional por su singularidad. Fue denunciada por la Agencia de Noticias Clandestina (ANCla) dirigida por Walsh, que no omitió la sorpresa ante lo torpe de acusaciones que incluían a liberales. La revista Gente, en cambio, la aplaudió.

 

 

En los hechos, el show de los uniformados se tradujo en los secuestros, exilios y renuncias de decenas de integrantes de la comunidad universitaria, en particular docentes. La persecución contó con el imprescindible aporte del entonces juez federal Guillermo Madueño, que montó causas formales contra las víctimas por “infiltración ideológica marxista”, y fue promocionada por La Nueva Provincia. El diario de la familia Massot felicitó la “exposición clara” del subcomisario Alais, cuñado del general Carlos Suárez Mason, acerca de la “subversión” hallada entre programas de estudio y bibliografía a consultar para aprobar una materia.

 

 

Por una treintena de esos casos serán juzgados antes de fin de año media docena de represores del Ejército. El juicio, que tuvo su primera audiencia preliminar el viernes 7, no tendrá entre los acusados a partícipes civiles. Algunos, como el juez Madueño, accedieron a la impunidad biológica. La cúpula de La Nueva Provincia, por su parte, sigue favorecida con la doble vara judicial que ya ha descrito El Cohete. Desde entonces, no hubo avances en la imputación al empresario Vicente Massot, el único superviviente del núcleo directivo del medio en la época.

 

 

La filial bahiense de H.I.J.O.S., que es querellante en el juicio pronto a comenzar, resaltó el martes 4 la similitud del discurso de 1976 con el proferido horas antes por el actual Presidente.

 

 

Alabanzas

En su cable del 18 de septiembre de 1976, ANCla se percató de un detalle de la conferencia de prensa ofrecida por Vilas y Alais: el militar derramó “alabanzas” sobre el nazi rumano Remus Tetu, quien durante el año anterior había ejercido en Bahía Blanca el doble rol de rector de la UNS y jerarca local de la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina, que asoló con sus asesinatos el sudoeste bonaerense.

Los elogios de Vilas no eran infundados, porque entre febrero y octubre de 1975 el entonces rector se había ocupado de paralizar carreras, eliminar materias, fusionar departamentos académicos, censurar temas y bibliografía, y despedir a decenas de docentes.

Tetu correspondió las gentilezas del nuevo jefe de la represión en la región: el 5 de octubre de 1976 se sentó frente al juez Madueño, el secretario judicial Hugo Sierra y la fiscal María del Carmen Valdunciel, y comenzó un extenso reparto de acusaciones de subversión contra docentes que solo tenían en común el haber superado notoriamente su mediocridad académica.

 

Expulsadxs

La ampulosa inclinación de Tetu hacia teorías conspirativas de escala universal que justificasen sus acciones no suena tan excepcional hoy. En julio de 1975 la descargó en una resolución de Rectorado para expulsar a 23 estudiantes en los que encontró huellas de “una espantosa bajeza moral y de un perfil psíquico tan deteriorado que obliga a extirparlos de inmediato como un infecto morbo de la comunidad universitaria”. No se privó de compararlos con el nazismo, incluso cuando ya se conocía su pasado: en su natal Rumania había sido joven funcionario de la dictadura militar aliada a la alemana.

 

El cable de Télam que hizo nacional la noticia.

 

 

Las expulsiones —no sólo de la UNS, sino de todo el sistema universitario— se derivaron de una asamblea convocada para señalar la responsabilidad de Tetu en el homicidio del dirigente estudiantil comunista David “Watu” Cilleruelo, asesinado por sus custodios el 3 de abril de ese año, en los pasillos del principal complejo de aulas.

El juicio ético popular contra Tetu fue desbaratado en conjunto por los servicios de inteligencia, la patota de la Triple A y la policía, que detuvo a cinco asistentes. A uno de ellos le plantaron un arma, para agravar las acusaciones.

 

 

El grupo expulsado no se limitó a ellos: 17 estudiantes integraban la lista porque sus firmas habían sido halladas en un documento de adhesión secuestrado a una de sus compañeras. El rector indujo que las rúbricas suponían “un acuerdo expreso a las infamias proferidas” en el volante, “si no se trata de una falsificación que basta ser denunciada para tenerse en cuenta”. Esa última invitación no prosperó.

La UNS inició recientemente un programa de reparación de legajos laborales y fichas estudiantiles que incluye a las víctimas sobrevivientes, por lo que ya participaron de actos reparatorios algunas de las personas que Tetu expulsó en el invierno de 1975, interrumpiendo ―temporal o definitivamente― sus proyectos de vida.

El Archivo de la Memoria de la institución acaba de estrenar la serie de cortos Expulsadxs, con testimonios en primera persona sobre lo ocurrido allí entre abril y julio de ese año, cuando se acentuaban los retrocesos económicos de las mayorías y los ejecutores de la represión comenzaban a encontrar terroristas disfrazados entre profesores, investigadores, estudiantes y periodistas.

 

 

 

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