PALOS Y COIMAS EN ONCE

Vendedores ambulantes senegaleses, el blanco permanente de la Policía de la Ciudad.

 

Más de cuarenta vendedores ambulante senegaleses fueron detenidos durante septiembre en los barrios porteños de Once y Flores. La mayoría son miembros de la comunidad senegalesa, uno de los blancos predilectos de la Policía de la Ciudad a la hora de generar recaudación y contentar a páginas vecinocráticas como Buenos Vecinos BA. Según registros de organizaciones sociales y el espacio Agenda Migrante, sólo entre agosto y septiembre hubo más de 70 detenciones, lo que arroja un promedio de más de un arresto por día. El miércoles 10, en un “allanamiento por robo de celular” a un hotel de migrantes, la fuerza que responde a Diego Santilli -vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad porteño- robó 20 mil pesos y una cadena de oro valuada en 100 mil pesos a los residentes del hotel. La plata era de varios senegaleses; el collar, la herencia paterna de un joven dominicano. El supuesto celular robado jamás apareció.

En enero de 2013, la periodista María Florencia Alcaraz publicaba en Cosecha Roja una nota titulada “Once: el barrio que no se toma vacaciones”, una gran investigación acerca de uno de los lugares más transitados de la Capital. Un barrio que, como afirma la autora, jamás se detiene. Por esos días, cuando Mauricio Macri aún era jefe de gobierno, quienes trabajaban en la venta ambulante tenían que lidiar con la policía. “La coima para mantener el puesto en la calle o la seguridad de la galería era moneda corriente”, cuenta R., un vendedor que camina el barrio desde hace 30 años. Según el artículo, en esa época comenzó una investigación judicial acerca de la “Caja Negra” de la policía de la zona de Once y alrededores, encargada de cobrarle a vendedores ambulantes, prostíbulos, transas, minoristas, mayoristas, arbolitos y un largo etcétera. La situación apenas cambió, y la policía mantiene las mismas prácticas. En esos tiempos, era la Brigada de la 7ª la encargada de pedir coimas. Hoy es la Brigada de la 3ª.

Una de las detenciones más violentas de los últimos días la protagonizó Modou. “Yo nunca me resistí. Cuando me dijeron que guarde la mercadería hice caso. Pero un policía de civil me empujó, me pegó y me fracturó la rodilla”, cuenta el joven, que fue detenido en Lavalle y Pueyrredón. Junto a él estaba su hermano, que no fue detenido y en todo momento le suplicaba a los policías atención médica para Modou. “Él ya venía mal de la rodilla. Estaba sufriendo mucho, algo andaba mal”. Primero lo llevaron a la Comisaría 3ª. Después de mucha insistencia accedieron a trasladarlo al Hospital Ramos Mejía, donde casi ni quisieron tocarlo. “En el hospital, mientras lo revisaban, la policía me apuraba, me decían ‘dale dale rápido rápido que termine’”, recuerda su hermano. Cuando terminó en la clínica, de vuelta a la comisaría. Como el deporte favorito de la policía es salir de caza, todas las dependencias están llenas, razón por la cual tuvieron que trasladarlo a cuatro establecimientos policiales distintos. Recién a la mañana del día siguiente recuperó la libertad. El saldo: rótula de la rodilla rota y una causa por “infracción a la ley de marcas y resistencia a la autoridad”. Modou va a tener que operarse en un contexto sanitario por demás adverso y después de haber perdido toda su fuente de ingreso.

 

Modou, detenido y con la rodilla quebrada.

 

“El operativo fue una encerrona. Vinieron por los dos lados de la calle, muy rápido. De repente se llenó de patrulleros, motos, escopetas. Los policías de civil nos vinieron a robar la mercadería, que se llevaron en una camioneta blanca”, relata Gora, que también sufrió el “tour de comisarías” y estuvo más de 24 horas incomunicado. “En el operativo ni siquiera estaban los de Espacio Público. La Policía vino directamente a robarnos porque no hay un acta”, sostiene el joven. Además de Modou, la Policía detuvo a dos senegaleses, un argentino y dos mujeres peruanas.

Resulta por demás interesante destacar que el martes del operativo de la detención de Modou la mercadería confiscada terminó dentro de una camioneta Citroën Berlingo color blanco. El acta fue labrada por la máquina de escribir invisible. Ningún ploteo de la Policía de la Ciudad indicaba que la camioneta perteneciera a la fuerza. Y el miércoles, durante el allanamiento al hotel, la caja con el dinero recaudado de los senegaleses terminó, otra vez, en la famosa camioneta blanca. La utilización de autos “doblados” por la policía argentina no es novedad. El término “doblar” implica alterar la numeración de un vehículo con las cifras de otro. En “La Bonaerense: Historia criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, Carlos Dutil y Ricardo Ragendorfer develan que el ex comisario Juan José Ribelli –preso durante casi 9 años por la causa AMIA– dirigía a la perfección la división “Sustracción de automotores”, que se encargaba –casi a tiempo completo– de doblar, revender y desguazar autos para venderlos en el mercado negro. Una de las patas de la siempre presente “Caja Negra” de la Policía.

“El Once”, como tal, no existe en las guías oficiales. Pero sí está presente en el léxico popular. Balvanera, el nombre formal, no es una realidad entre los porteños, salvo en lo referido a bienes raíces. Lo que sí es una certeza es la presencia de tres comisarías, esparcidas en los casi cinco kilómetros de superficie del barrio. Luego de la “reestructuración” y “transformación” de la Policía Metropolitana en la de la Ciudad, quedaron tres comisarías en el barrio: la Comunal 3, ubicada en Lavalle 1958; la Comisaría Vecinal 3ª, a siete cuadras de la primera; y la Comisaría Vecinal 3ª “Anexo”, en calle Urquiza 550. Además, en Belgrano 2584 se encuentra el Círculo de Suboficiales de la Federal y, a unos metros, la División Combustibles. Antes, la comisaría era la 7ª y la Brigada, comandada por el ex subcomisario Claudio Lucione, tenía recaudaciones millonarias. Por estos días, las comisarías están regentadas por dos comisarios: José Luis Martinelli –protagonista de la detención del dirigente social Juan Grabois y encargado de los operativos de las marchas anticuarentena– y Aldo Minola. El primero fue denunciado por la agrupación La Alameda en 2017, ya que se encargaba de cobrar coimas por protección a los comerciantes de Boedo. Minola, por su parte, fue acusado de brindar protección a un prostíbulo con más de diez intentos de secuestro en la zona de Floresta, durante su paso por (la caja de) la Comisaría 43ª en 2018.

Hace pocas semanas tuvo lugar una reunión entre Santilli y Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Según un funcionario de la Secretaría, hubo “buena predisposición” desde el gobierno porteño a crear una mesa de trabajo con los distintos actores que intervienen en el barrio. Pero a los pocos días ocurrió el anuncio de la coparticipación, por el cual Nación transferirá a la Provincia recursos que Macri había redireccionado hacia la Ciudad y, como por arte de magia, la represión recrudeció cuando llevaba unos pocos días de tensa calma. “El reto es siempre más difícil cuando se dice una cosa y se hace otra”, reclaman desde la Secretaría y las organizaciones sociales. Para Santilli, el reclamo más fuerte y de más peso es el de los empresarios, principales propulsores de las denuncias a la Policía y a Espacio Público: alegan que los vendedores ambulantes “no pagan impuestos” y generan “competencia desleal”. Entonces, a los vendedores se les aplica la “ley de marcas”.

Un caso más extremo es el de Julio Garro, intendente de La Plata y perteneciente a Juntos por el Cambio, que publicó un spot titulado “¿Son solo vendedores ambulantes?”, en el que se acusa a los trabajadores de la economía popular con especial énfasis en la comunidad senegalesa –y los abogados que los respaldan– de pertenecer a una “mafia”. Desde el entorno de Garro aún no han dado a conocer las pruebas en las que se basan para sostener la acusación pero dicen estar seguros de que “hay un grupo de mafiosos”, aunque tampoco dan nombres. Para el colectivo de abogados populares de La Ciega y Cheikh Gueye, vocero de la Asociación Senegalesa de La Plata, esta denuncia es una represalia por haber presentado un habeas corpus colectivo para frenar las detenciones en aquella ciudad.

Si la ley de marcas se aplicase de forma tajante habría que cerrar todos los comercios de todos los centros de trasbordo de Argentina, o ferias como La Salada. Sin embargo, es un saber popular que quien desee comprar ropa en Once, Constitución o Flores, no está accediendo a un producto original. Ya sea en galerías o en la calle lo que se consiguen son imitaciones, muchas veces de excelente calidad. “Once es gigante. En 2013, cuando ‘limpiaron’ a los manteros con una brutal represión, algunos pudieron reubicarse en los predios –muy escondidos– de la calle La Rioja o Perón. Los que menos pudieron fueron los senegaleses. Había una propuesta para crear más predios en las zonas lindantes a la Plaza y las paradas de colectivo, pero no se llevó a cabo por una decisión política del PRO”, explica Gabriel Zicolillo, comunero del Frente de Todos en la Comuna 3, que engloba Balvanera y San Cristóbal. Incluso, muchos de los senegaleses que pudieron acceder a un local en un predio o galería reclaman que la Policía solo va a cobrar coimas a sus locales. “Vienen por lo menos dos veces por semana. Primero piden la mitad ‘para protección’, y después vienen por la otra mitad”, relata Cheikh.

Además de ser experta en pedir coimas, la Policía de la Ciudad tiene una vocación innata para reprimir. Hay operativos con el método “pinza”, en el que un pelotón avanza por un lado de la calle mientras otro grupo completa la encerrona. Los que quedaron en el medio perdieron. Otros son tornados: aparecen de repente con motos y patrulleros, golpean, roban y se van. De todas maneras, la práctica que está en boga se realiza a través de efectivos de civil no identificados. “Como saben dónde vivimos, muchas veces nos esperan en la esquina de nuestras casas. Puede ser cuando salimos a la mañana, o cuando volvemos a la noche”, sostiene Alba, uno de los referentes de la comunidad. También ocurre que un joven puede estar caminando en la plaza, con una bolsa a sus espaldas, yendo a su casa, al supermercado o al médico, y un civil lo intercepta. Le pregunta qué lleva en la bolsa. El pibe dice `nada`. Pero eso no importa. La decisión de golpearlo y quedarse con el botín ya estaba tomada. “Quizás hay que empezar a llevar bolsas con mierda o con ropa sucia, así dejan de perseguirnos”, bromea Alba, un poco en chiste un poco enserio. Tal vez esa no es la respuesta y convenga dejar un GPS dentro. De esa forma al fin se sabría a dónde va la mercadería.

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