Para ver detrás de los barrotes

Kicillof pone en marcha mesa por las cárceles bonaerenses y desactiva huelga de hambre

La huelga de hambre en las cárceles bonaerenses se levantó después de que el gobierno de Axel Kicillof convocara a una mesa para discutir las condiciones de detención en unidades penitenciarias y comisarías. Los jueces provinciales, por su parte, se reunirán el viernes próximo para llevar una propuesta de acción. El tema cárceles también se coló en la conversación que mantuvo la ministra de Justicia nacional, Marcela Losardo, el lunes en la Corte Suprema, mientras se acumulan fallos para que las nuevas autoridades reparen las condiciones de hacinamiento que se replican el Servicio Penitenciario Federal.

 

El primer paso

El jueves hubo una reunión clave en el Ministerio de Justicia bonaerense que comanda Julio Alak para resolver la sobrepoblación y violación de derechos que vienen reportándose en las cárceles bonaerenses, tal como documentó en octubre la Cámara de Casación de la provincia.

A la mesa de discusión estuvieron sentados el presidente de la Corte bonaerense, Eduardo de Lázzari, el procurador Julio Conte Grand y tres integrantes del máximo tribunal penal provincial. Fueron también jueces de ejecución y correccionales, el defensor Mario Coriolano, dos representantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y el arzobispo platense Víctor Manuel Fernández. En representación de la sociedad civil estuvieron la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).

De la reunión surgió el compromiso de hacer un diagnóstico y volverse a sentar a mediados de enero con una propuesta de medidas de corto y mediano plazo. La mesa estará coordinada por el flamante subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Lisandro Pellegrini.

 

La hora de los jueces

Al día siguiente de ese encuentro, el presidente de la Corte bonaerense, de Lázzari, firmó una convocatoria para el próximo viernes 27. Ese día deberán concurrir todos los jueces de garantías y de ejecución de la provincia. Cada tribunal oral deberá mandar al menos un representante.

La base de la convocatoria puede rastrearse en la resolución que emitió el máximo tribunal bonaerense al día siguiente de la asunción de Kicillof. Haciéndose eco de un informe que había realizado la Casación, la Corte definía la situación de las cárceles y comisarías bonaerenses como insostenible, tal como publicó El Cohete.

Con la firma de sus siete integrantes, el tribunal dispuso una serie de pautas para el tratamiento de las personas privadas de su libertad. Por ejemplo, sostiene que está prohibido alojar a personas enfermas, menores de edad y mujeres embarazadas en comisarías, así como el Ejecutivo provincial debe garantizar que no se empleen para tales fines dependencias policiales que figuran como clausuradas. Los supremos bonaerenses también reclamaron que no se abuse de la prisión preventiva y que se implementen otras medidas como el arresto domiciliario y/o el monitoreo electrónico.

En la noche del viernes, el gobernador Kicillof anunció que la huelga de hambre en los penales bonaerenses había sido levantada. La medida pacífica se había iniciado el 5 de diciembre para protestar por las condiciones de vida en las cárceles y comisarias, donde — además del hacinamiento — había desabastecimiento de comida porque la administración anterior no había cumplido con los pagos a proveedores.

Según funcionarios del Ministerio de Justicia, cuando Kicillof asumió eran casi 11.000 personas las que estaban en huelga de hambre. Después de la mesa de diálogo, quedaban 66. La protesta terminó de desactivarse tras la convocatoria de la Corte.

 

Las comisarías

El mismo día de la mesa de diálogo, la jueza en lo contencioso administrativo de La Plata María Ventura firmó un fallo en el que prohíbe que se aloje a detenidos en comisarías – en consonancia con el fallo Verbitsky de la Corte Suprema de la Nación, de 2005. La magistrada también anuló la resolución 642 que firmó en 2014 el entonces ministro de Seguridad Alejandro Granados y que habilitaba la permanencia de detenidos incluso en dependencias policiales que estaban clausuradas.

La resolución de Granados fue impugnada judicialmente por el CELS y por el CIAJ en 2014. El año pasado, se produjo un incendio en la comisaría tercera de Esteban Echeverría – que estaba clausurada pero aun así albergaba a personas privadas de su libertad. Allí murieron diez personas en lo que se considera la mayor tragedia en una comisaría en la historia de la provincia.

El viernes, un tribunal dictó sentencia contra seis policías por un caso similar, ocurrido en marzo de 2017 en la seccional de Pergamino, donde siete personas perdieron su vida. La CPM, que intervino en la causa, saludó la condena, pero protestó porque cuatro de los uniformados cumplirán su condena en prisión domiciliaria.

 

Los números

Según estadísticas del CELS, al 30 de noviembre, había 51.719 personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Justicia, estimaron que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) está sobrepasado en más de 22.000 plazas, lo que constituye la situación más grave a nivel de situación carcelaria en la historia de la provincia.

Si bien la tendencia creciente al encarcelamiento se percibió desde la gestión de Daniel Scioli, fue durante la gobernación de María Eugenia Vidal que alcanzó su pico máximo. Por ejemplo, la población detenida en comisarías se duplicó en solo cuatro años. En diciembre de 2015 era de 1836 y actualmente es de 4109.

Una visita por el Estado Libre Asociado del Cuarto Piso: la ministra de Justicia Marcela Losardo con los supremos.

 

Las cárceles federales

El lunes, Marcela Losardo fue de visita a la Corte Suprema. Fue un encuentro protocolar, dijeron en el cuarto piso, pero deslizaron que se había hecho una mención a la situación en las cárceles. La ministra retomó el tema en la cena de la Asociación de Magistrados, aunque todavía no reveló qué funcionario estará a cargo de esa área. Una de las posibilidades es que quien ocupe la subsecretaría de asuntos penitenciarios sea Emiliano Blanco, quien fue el jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante los últimos años, cosa que provoca malestar entre los organismos defensores de los derechos humanos, dados sus negativos antecedentes.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación, conformada por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, firmó el viernes dos resoluciones que ponen la mira en la situación crítica que también se extiende a las unidades del SPF, que se declaró en emergencia en marzo de este año.

El primer fallo anuló el cupo que estableció un juez para la Unidad Residencial II del Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz y que habilitaba el uso de talleres para alojar a detenidos.

El segundo, también motorizado por la Procuración Penitenciaria y la Comisión de Cárceles de la Defensoría, ordenó cumplir con la prohibición de recibir nuevos internos en el penal de Devoto hasta que no haya más de 1754 personas privadas de su libertad en ese complejo federal de la Ciudad de Buenos Aires. En la misma resolución, le ordenan al SPF desalojar el gimnasio del penal, que por la sobrepoblación estaba siendo empleado como pabellón para albergar a detenidos. Según los jueces, el SPF deberá hacerlo en un plazo improrrogable de 90 días. En caso contrario, el juez Daniel Rafecas, a cargo del hábeas corpus, deberá aplicar una multa a los funcionarios responsables.

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1 comentario
  1. Luis Juan dice

    Estimada Luciana:
    Excelente informe.
    Una digresión, si me permite.
    En efecto, los sótanos de la democracia apestan.
    Absolutamente nadie debería estar encarcelado por voluntad arbitraria de personas, procedimientos o sentencias.
    Lamentablemente, las cárceles, no alojan a los grandes delincuentes de guante blanco, aquellos que cometen los grandes latrocinios en detrimento del pueblo y el país. Otra gran tarea pendiente de la democracia.
    Dentro de mi supina ignorancia en la materia, he pensado desde hace tiempo, que se podrían utilizar terrenos fiscales (antes que vayan a emprendimientos inmobiliarios privados o, según el gobierno de turno, sean cedidos a amigos poderosos), para que, quienes sí corresponde que se encuentren recluidos, puedan enmendar en parte sus delitos, devolviendo al pueblo -mediante el trabajo- cosas necesarias para su bienestar.
    Pienso por ejemplo, en la reparación o reconstrucción del mobiliario de los establecimientos educacionales; reparación o reconstrucción de instalaciones de los mismos; fabricación de muebles para dichos fines; colaborar con la buena alimentación que se merecen mientras dure la reclusión mediante granjas ecológicas; procurar -mediante la guía de especialistas en la materia- la construcción de insumos necesarios para las economías regionales o el mobiliario necesario para que existan mercados de comercialización de productos de los pequeños productores a lo largo y ancho del país (evitando uno de los grandes problemas de la economía: la intermediación); etc.
    Seguramente, especialistas en la materia encontrarían muchas alternativas acordes a las necesidades de un país en emergencia -producto de un latrocinio criminal-, donde los delincuentes de guante blanco, siguen libres (que no lo sepan los que están encarcelados, porque se preguntarían por qué ellos sí tienen que trabajar para enmendar en parte, con servicios a la comunidad, el daño moral o pecuniario causado; y, aquellos que condenan a generaciones, explican la insoportable levedad del ser, a través de los medios de comunicación a su servicio).

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