Pedagogía del poder
Aldo Rico en El Bolsón
El carapintada Aldo Rico fue resucitado como hombre de la democracia por el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, durante el acto central por un nuevo aniversario de la fundación de esa ciudad rionegrina. “Un grupo minúsculo de delincuentes trata de sembrar el terror y desestabilizar a nuestra querida localidad”, afirmó delante del experto en la materia y al pie de la bandera nacional argentina, refiriéndose al conflicto territorial planteado por la Lof Quemquemtreu en un paraje rural próximo. A la vez, fue su réplica al nuevo reclamo por la creación de una mesa de diálogo para una solución al conflicto analizado dos días antes por funcionarios de Derechos Humanos de la provincia, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organizaciones sociales y representantes de la comunidad mapuche judicializada.
Desde hace décadas, el ex militar y ex diputado nacional por el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN) mantiene vínculos e inversiones en la cordillera. El viernes 28, primero asistió al acto aniversario y más tarde tuvo mayor protagonismo en una convocatoria de veteranos de la Guerra de Malvinas en el paraje Mallín Ahogado, otro de los escenarios de la protesta social en defensa de las fuentes de agua dulce, el derecho a la vivienda digna y en oposición a la urbanización en alta montaña.
Pogliano, ex contador del establecimiento Lago Escondido de Joseph Lewis, se reafirma como figura política de la nueva derecha del orden en confrontación con el pueblo mapuche-tehuelche y las organizaciones de base por el control real del territorio y la mercantilización de la naturaleza. El intendente de Juntos por Río Negro, partido de gobierno local creado por el senador nacional Alberto Weretilneck, alimenta la confrontación pública con Quemquentreu, que desde el 18 de septiembre último realiza una reivindicación territorial en Cuesta del Ternero, a unos 15 kilómetros del centro urbano. Mientras tanto, la gobernadora Arabela Carreras dispone medidas dilatorias que ejecutan funcionarios sin capacidad de decisión y el Poder Judicial criminaliza cualquier acto de protesta.
El miércoles pasado, el secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Duilio Minieri, y Jimena Palópoli, delegada de la Zona Andina de la misma Secretaría, firmaron un acta acuerdo de seis puntos con la Lof Quemquemtreu, gente mapuche de otras comunidades del lugar, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche y la APDH del Noroeste de Chubut, entre otros. Más tarde, en otro espacio más reservado, los funcionarios públicos se reunieron con un abogado del INAI. Esta secretaría no tiene peso político propio en la política doméstica. Depende de Mercedes Jara Tracchia, ministra de Educación y Derechos Humanos, quien no tiene ningún tipo de intervención en el conflicto territorial.
Una llave está en la mano de Betiana Minor, ministra de Seguridad, quien decide si están dadas –o no– las condiciones para ejecutar el desalojo de la comunidad, confirmado el 30 de diciembre por un juez de Bariloche.
Sin vacaciones
La estrategia criminalizadora contra activistas y organizaciones de base no se tomó vacaciones. Dos mujeres de asambleas medioambientales de la Comarca del Paralelo 42 fueron imputadas por los daños, robo y supuesta turbación de la posesión de una oficina pública del municipio de El Bolsón, producidos durante una protesta contra la orden de desalojo realizada por un grupo de unas 30 personas.
A partir de la denuncia de un funcionario público municipal, la fiscalía de la Zona Andina identificó a tres mujeres como supuestas autoras materiales de la restricción por unas horas de la actividad en la oficina de turismo durante una numerosa protesta realizada el 30 de diciembre. Al mediodía, el juez Gregor Joos ratificó la orden de impedir a seis miembros de Quemquemtreu el acceso a la tierra en conflicto, donde el 21 de noviembre fue asesinado Elías Garay Cayicol y herido de gravedad Gonzalo Cabrera. Minutos después, un grupo se autoconvocó en las calles del centro de la localidad planteando “si hay desalojo no hay turismo”, entre otras consignas.
Entre 15 y 20 personas ingresaron al pequeño edificio céntrico, la gran mayoría con el rostro cubierto. Afuera permaneció otro grupo. Una asambleísta, que se manifestó siempre con el rostro descubierto, quedó imputada por los hechos realizados en forma grupal e indistinta, sin que en una primera audiencia pública se mostrara su participación directa en golpes, pintadas o alguna actitud de obstrucción o violencia. Otras dos mujeres fueron identificadas por cotejo de cámaras de seguridad interna y callejera.
Nora Corvalán y Karina Ponce, reconocidas activistas de asambleas locales, quedaron imputadas como coautoras de daño agravado y turbación de la posesión, robo y daños en el interior del edificio municipal. Una tercera mujer fue identificada por la fiscalía a pesar de que no estaba notificada oficialmente en ese momento, según reconoció el propio funcionario judicial.
La judicialización de Corvalán y Ponce es un mensaje directo a los grupos de apoyo a la reivindicación de Quemquemtreu, articulación que montó y sostuvo por dos meses un campamento solidario en Cuesta del Ternero exigiendo que se levante el bloqueo con retenes policiales sobre la ruta provincial 6.
Bruno Hellrieguel, secretario de Turismo y Cultura de Bolsón, denunció que la protesta bloqueó las actividades de la oficina céntrica por unas horas y que el personal a su cargo quedó atemorizado. El fiscal Marcos Sosa Lukman hizo la investigación preliminar. La unidad fiscal de la Zona Andina pidió la habilitación de feria y el 6 de enero se hizo la audiencia pública de formulación de cargos ante el juez de garantías Víctor Gangarrossa. Blanca Alderete, defensora oficial de turno durante la feria, representó a ambas a pesar que apenas si pudieron hablar telefónicamente unos pocos minutos antes de la audiencia de formulación de cargos, a los que se opuso sin éxito. Gangarrossa dispuso también la prohibición de acercamiento a 300 metros de la oficina pública, cuyo personal grabó con sus celulares parte de la prueba y testimonios que circularon por las redes sociales en su momento.
Causas y azares
El 6 de enero, las asambleístas quedaron acusadas. Al día siguiente comenzó un incendio de bosque nativo unos kilómetros al norte que asestó un severo golpe al turismo de El Bolsón, aunque ni Pogliano ni Hellrieguel lo denunciaron penalmente. El 10 de enero, la Cancillería argentina recibió un pedido formal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la intervención del Estado nacional en el conflicto de Cuesta del Ternero. Ya venció el plazo para que informe sobre los protocolos y acciones instrumentadas para garantizar el derecho a la vida, integridad personal y la alimentación de la comunidad por la que se interpuso el recurso, así como también sobre las medidas de protección establecidas, entre otra información adicional requerida.
El 26 cerca del mediodía se realizó la reunión en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Poco antes de las 18, desde un Renault 9 gris con vidrios polarizados dispararon con armas de fuego frente a la tranquera de acceso al territorio de la Lof que reclama el forestador Rolando Rocco, según denunció ese mismo día la comunidad. Precisó que el vehículo se presentó en el retén policial, habló con el personal de turno, siguió por la ruta 6 y se apostó frente a la tranquera donde hicieron unos disparos. Ese fue el circuito que el domingo 21 de noviembre recorrieron Martín Cruz Feilberg y Diego Ravasio, los coimputados por el crimen de Garay e intento de homicidio de Cabrera.
La ministra Minor había autorizado en su momento el libre tránsito de Feilberg y Ravasio por razones laborales, informaron en audiencias judiciales del legajo del homicidio. Ahora habrá que esperar que Minor informe sobre el o lxs ocupantes del Renault de los disparos al aire, así como también la acción de la fiscalía.
La semana cerró con Rico, a quien Pogliano saludó como diputado, en un lapsus que corrigió rápidamente. “Soy un piloto de tormentas”, dijo en su mensaje de aniversario, recordando que el año pasado, para la misma fecha, un incendio suspendió los festejos cuando las forestaciones de Rocco suministraron combustible para varias semanas. El piloto no desconocerá que el conflicto territorial no es una tormenta que desata un rayo, ni terminará con la temporada de lluvias.
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