¿Política o mercado?

El Ministro de Desarrollo Agrario bonaerense y la política en materia de agroquímicos

 

El Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires se refirió al Observatorio Técnico de Agroquímicos. “Estamos abordando un problema que es preocupación de una amplísima cantidad de bonaerenses. Cómo se utilizan, cómo se aplican los agroquímicos y sus efectos. Sabemos que no es un tema exclusivo del sector agropecuario que los utiliza, sino de toda la comunidad”, expresó Javier Rodríguez en diálogo con El Cohete. La iniciativa es original del gobierno de Axel Kicillof, ya que “en la provincia de Buenos Aires no había un Observatorio Técnico de Agroquímicos aunque existen “distintos estudios aislados de universidades, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)”, dice el Ministro, y explica que la idea del Observatorio “es generar un ámbito de recopilación de esas investigaciones existentes pero también de diálogo entre los investigadores, entre los científicos, para llegar a una síntesis de cuál es la característica de los efectos de los agroquímicos, la característica de las aplicaciones y finalmente recomendaciones para políticas públicas específicas”.

 

 

“Cualquier norma referida al uso de agroquímicos que en el futuro salga de este Ministerio tiene que tener una fundamentación científico-técnica que la respalde, basada en distintos trabajos que ya se están realizando en las Universidades, en el INTA, el CONICET y el CIC», afirmó el Ministro de Desarrollo Agrario en la presentación realizada el jueves 13 de febrero en la Universidad Nacional de La Plata. Lo expresado marca claramente la diferencia con el gobierno anterior. Leonardo Sarquis fue el autor en 2018 de la polémica resolución 267 que permitía fumigar en las escuelas antes de que toque la campana. Resolución que tuvo que dar marcha atrás luego del fuerte repudio de las y los bonaerenses. La mirada y la acción del nuevo Gobierno son otras y así lo explica Javier Rodríguez.

 

 

El Observatorio tiene plazos. “Una etapa inicial de 60 a 90 días. A partir de ahí haríamos una convocatoria más abierta sobre la base de la información científica y técnica recopilada”, dice el Ministro. Con respecto a las diversas ordenanzas municipales que regulan el uso de agroquímicos y especifican los metros de distancia, sostiene que “el problema es mucho más complejo que hablar de una distancia. Hay que ver el clima en el cual se aplica, difiere mucho la existencia o no de vientos, toda esa complejidad debe ser considerada”.

Lo que ha sucedido ante una falta de respuesta es que las ciudadanas y ciudadanos, viéndose perjudicados en su derecho a la salud, han recurrido al Poder Judicial en busca de proteger ese derecho afectado con resoluciones prohibitivas de fumigaciones aéreas y que establecieron distancias para las terrestres, como en Pergamino. Pero los magistrados no tienen la formación política adecuada. Sus resoluciones no atendieron las causas que en muchos casos aparecen cuando en diferentes distritos el desarrollo no está fijado por los Estados, sino que es el mercado quien va haciéndose de tierras rurales para realizar loteos y convertir lo rural en urbano, agravando la problemática cuando los campos terminan pegados a las viviendas por esa falta de limitación, de ordenamiento territorial. Eso sucede en ciudades que carecen de una herramienta indispensable como el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), pero también en aquellas que cuentan con un COUT pero no actualizado y en muchos casos no respetado por el mercado que fija sus propias reglas. Como bien expresó el arquitecto Eduardo Reese, “si el municipio no conduce el desarrollo urbano, lo conduce el mercado. Y quien conduce el desarrollo de las actividades en el suelo conduce la ciudad”. El especialista participó a través de un video en la discusión —pero nunca concreción de un debate abierto— del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial de Ramallo. “El Código es después del presupuesto la segunda ordenanza más importante que tiene un municipio”, dijo.

Para el Ministro, que muchos acudan al Poder Judicial indica “una falta de reacción del gobierno provincial, que tiene una ley en materia de aplicación de agroquímicos que es de 1991. Sin embargo no ha avanzado en un montón de cambios, cuando la situación productiva se modificó sustancialmente”, señala. “Es una norma incompleta. La superficie fumigada en 1991 era muchísimo menor que la actual. Los volúmenes de los agroquímicos utilizados eran menores a los actuales”. Con respecto a los fallos de prohibición dictados por el Poder Judicial —más allá de las apreciaciones particulares—, Rodríguez sostiene “que la prohibición no es la solución al problema. Lo que hay que buscar son posibilidades de producción, desde la política pública y desde el sistema científico tecnológico. Se pueden alentar métodos alternativos… Es necesario buscar que la producción sea factible sin dañar el ambiente, ni dañar a las otras personas que no participan directamente de la producción”.

 

 

El Ministro de Desarrollo Agrario cree que la solución es el abordaje de manera participativa, “porque por más que quede establecido en una norma, si no no se la conoce no se la cumple”. Por eso el mecanismo impulsado por el Observatorio tendrá como primera etapa el relevamiento de estudios sobre el tema pero será luego la apertura hacia los distintos sectores  bonaerenses interesados en el tema, ya sea porque forman parte de la producción o porque padecen las consecuencias.

Ante la pregunta si es necesario pensar en una nueva ley provincial que regule no solamente los metros en cuanto a las fumigaciones con agroquímicos sino también los litros que se emplean por hectáreas, el Ministro dice que “existen más de 65 ordenanzas municipales. Es necesario ir tendiendo a tener criterios similares y homogéneos. Una vez avanzada esa homogenización, recién se puede pensar en una norma general”.

 

 

Para Rodríguez el Observatorio Técnico de Agroquímicos tiene su importancia, “porque va a permitir contar con una abundante cantidad de información científica desarrollada por las distintas universidades, institutos de investigación científica”. El intercambio entre los distintos investigadores —entre los distintos grupos que están trabajando específicamente en la temática—, es fundamental para que surjan nuevos aportes.

Por primera vez en la provincia de Buenos Aires existe un gobierno que, a dos meses de haber asumido, pone el ojo en una problema que atañe a una gran cantidad de bonaerenses.

 

 

 

 

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3 Comentarios
  1. Daniel dice

    La prohibición sin más no sirve de nada, es como pretender tapar el sol con los dedos. El sector agropecuario es el PODER REAL, no los vas a asustar con decretos.
    Eso puede funcionar en Europa, porque no tienen el mismo poder que acá.
    El camino encarado por el gobierno es el más lógico.

  2. María dice

    ¿Y qué otra evidencia necesitan recolectar? Está demostrado ya que los neonicotinoides como el imidacloprid son tóxicos para las abejas y otros polinizadores, por ejemplo. Incluso hay proyectos en la Cámara de Diputados que buscaban prohibir este tipo de insecticidas porque son mortales para todo otro tipo de especies beneficiosas: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=5119-D-2019&tipo=LEY, ni que hablar de que este tipo de agroquímicos ya están prohibidos en Europa. Recolectar evidencia está buenísimo, pero parece una forma de patear la cosa para adelante cuando lo que se necesita y de manera urgente es al menos una prohibición precautoria sobre un montón de estos agroquímicos.

  3. Daniel Clavero dice

    Hay un punto de partida que hoy no debe ser despreciado. El mundo tiene un listado de agroquímicos prohibidos en los países centrales y fabricados y comercializados en Argentina (entre otros países) por empresas de países centrales. El listado incluye glifosato, atrazina, paraquat, clorpirifos, cipermetrina, etc.; producidos y comercializados por Bayer, Syngenta, Basf, etc. Me parece que no hay que «formar una comisión» sino que primero prohibir; después que demuestren que son sustentables.

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