El martes 14 de octubre, la policía chaqueña reprimió con gas pimienta y balas de goma una concentración encabezada por la comunidad qom. Estaban reclamando por la interrupción de alrededor de 800 de las 1.931 pensiones no contributivas que vecinas y vecinos de Villa Río Bermejito percibían hasta el inicio del gobierno de Javier Milei.
El número de beneficios suspendidos luce tan desproporcionado como las fuerzas policiales movilizadas a la vera de la ruta provincial 3 para la represión: medio centenar de móviles para 300 manifestantes, según estimó la propia fuerza. En los días siguientes, Villa Río Bermejito permaneció virtualmente militarizada.
Ni el Estado nacional ni el provincial ofrecen una proporción equivalente en la atención de necesidades sanitarias, con altos índices de carencia de coberturas y comunidades sujetas a una deficiente disposición de profesionales. La presencia de médicas y médicos en toda la provincia de Chaco es de 15,81 cada 10.000 habitantes, menor a la mitad de la del promedio del país, de 40 cada 10.000 habitantes. Siguiendo la lógica centralista urbana, además, la mayoría de estos se asienta en las grandes ciudades.
Eso explica que los requisitos exigidos para la reanudación de las pensiones suspendidas significaran su eliminación de hecho o su suspensión indefinida. Las beneficiarias y los beneficiarios se veían en la obligación de transitar los 143 kilómetros que separan a Villa Río Bermejito de Presidencia Roque Sáenz Peña para efectuar trámites o incrementar sus posibilidades de conseguir certificados médicos.
La doctrina de las dos motosierras, que añade a la impiedad presidencial la colaboración de algunos gobiernos subnacionales, encontró a la vera de la ruta provincial 3 una nueva manifestación. Su versión chaqueña procuró romper la resistencia social por lo más delgado: sobre sectores vulnerables individual y colectivamente, en una localidad pequeña del interior profundo, amenazada por enfermedades como el dengue o la tuberculosis, y oprimida por la historia de despojo a que fueron sometidos los pueblos originarios.
El rezo y la represión
Los manifestantes reprimidos recordaron ante el Comité de Prevención de la Tortura de Chaco (CPTCh) que habían coordinado con las autoridades policiales locales una concentración sin corte de la ruta, y agregaron que el pacto se respetó por parte del grupo.
El mismo relato indica que cuando un dirigente indígena abría la manifestación con un rezo, “un agente policial cae al piso por un supuesto golpe, que no es visible claramente en los videos difundidos” y “en ese momento, los efectivos policiales iniciaron la represión” con gas pimienta y disparos de balas de goma. Algunos testimonios mencionan que fueron efectuados con blanco en la parte superior de los cuerpos apuntados, y que existen casos de personas con heridas en la espalda.
La cuantía del personal policial involucrado, que totalizó unos 350 agentes de toda la provincia, induce a suponer que el operativo no fue desplegado de urgencia, en respuesta veloz a una agresión imprevista. Entre el mediodía y la tarde del mismo martes 14 llegaron a Villa Río Bermejito camiones de Caballería y bomberos, e integrantes de las divisiones de Investigaciones, Infantería, el Cuerpo de Operaciones Especiales y las Policías Caminera y Rural, de acuerdo a lo constatado por el CPTCh. De los cincuenta móviles que el Comité contabilizó, la mitad no tenía identificación.
El accionar represivo derivó en las aprehensiones de cinco personas, a quienes la fiscal Raquel Maldonado ordenó liberar tan pronto como tomó intervención. La cantidad de heridos se cuenta entre dos y tres decenas. Sólo tres radicaron denuncias formales, en compañía de la defensora general adjunta Gisela Gauna Wirtz y la coordinadora de Pueblos Indígenas del Poder Judicial chaqueño, Elizabeth González. “Las demás víctimas refirieron tener temor a las futuras represalias de las fuerzas de seguridad”, refirió el CPTCh en un comunicado.
Los sospechosos de siempre
Ante los estrados judiciales, los jefes policiales adujeron que los efectivos actuaron frente a agresiones que aún no pudieron ser constatadas. El relato policial procuró justificarse sosteniendo que los manifestantes habrían contado con gomeras, palos, bombas molotov e incluso armas de fuego.
El pronunciamiento del gobierno chaqueño no mencionó tal arsenal, pero responsabilizó por la protesta a grupos kirchneristas, aunque la concentración no exhibió banderas políticas. La administración del radical Leandro Dzero, uno de los tres gobernadores que aceptó sentarse a la mesa federal de Milei en septiembre de este año, adjudicó a la aplicación del “protocolo antipiquetes” la preservación de lo que exhibe como récord: “Hace casi dos años que el Chaco no sufre cortes de rutas ni calles”, celebró el comunicado.
Ninguno de los componentes de la versión oficial sobre lo ocurrido el martes 14 fue tomado en cuenta por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, y al cierre de esta nota ordenó al Ejecutivo respetar la ley 2.399-J, que obliga a las fuerzas de seguridad a privilegiar “la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados” en una manifestación, y utilizar la fuerza sólo si alguno de esos objetivos se ve comprometido.
La ley y el gobernador no comparten prioridades. El jefe de la policía provincial, comisario general Fernando Romero, confirmó al CPTCh que la orden expresa de las autoridades políticas era impedir todo tipo de interrupción del tránsito. No en vano Dzero abrió en 2024 más de 600 vacantes en la policía provincial, poco menos del 10% de la cantidad de uniformados que revistaban hasta ese momento.
La resolución del STJ, emitida el viernes 24, subraya en cambio “la especial situación de vulnerabilidad que atraviesan los pueblos indígenas” y advierte que de ella se deriva hacia las autoridades y fuerzas de seguridad “una obligación reforzada de garantizar el pleno respeto de sus derechos humanos, especialmente cuando se trate de manifestaciones, reclamos o acciones colectivas en defensa de sus intereses”.
De la postergación al retroceso
El énfasis del principal cuerpo judicial chaqueño responde a la realidad palpable en el terreno en que ocurrieron los hechos. Villa Río Bermejito integra el Departamento de General Güemes, un distrito de 70.000 habitantes en que las asimetrías se revelan notorias. De acuerdo con los datos recogidos en el último censo nacional, para 2022 allí:
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más de 20.000 personas no tenían acceso a agua corriente, sólo 4.458 contaban en sus casas con conexión a cloacas, y únicamente 674 utilizaban gas de red;
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unas 22.000 no disponían de celulares con internet, de acuerdo con la pregunta textual formulada por el censo;
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47.199 no contaban con obra social ni plan estatal de salud, y
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la población ocupada ascendía a 26.315 personas, con ⅓ de cuentapropistas, sobre 50.838 habitantes mayores a catorce años.
Con el escenario dramático que pintan esos datos, no parece exagerado que 11.344 personas recibieran para esa fecha lo que el registro censal catalogó como “pensiones de otro tipo”, por oposición a las otorgadas por fallecimiento. Al cuadro económico se añade el sanitario, con la persistencia de enfermedades prácticamente inhallables en el resto del país, algunas de las cuales derivan en discapacidades.
La situación es aún más grave para los pueblos originarios que se resisten a ser diáspora de la tierra ancestral. Sobre 15.031 personas que para 2022 se reconocían indígenas o descendientes en el departamento de General Güemes, 12.992 no contaban con cobertura de salud. Para la misma fecha, de 1.474 criaturas de entre cero y cuatro años pertenecientes a pueblos originarios, apenas 127 disponían de asistencia de obras sociales o planes estatales de salud.
Pese a ello, del total de habitantes indígenas o descendientes del Departamento sólo un cuarto percibía en 2022 pensiones como las que la motosierra nacional pretendió limitarles dos años después, con el auxilio vocacional de la represión local, para convertir la histórica postergación en la imposición de un retroceso.
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