Presiones

¿Un pacto de la Moncloa en la Argentina?

 

En 1952, tras una fuerte sequía, la Argentina tuvo que importar trigo para cubrir la demanda interna. El granero del mundo fue puesto en jaque, según la óptica del poder económico dominante de la época. Por entonces, existía el IAPI —Instituto Argentino de Promoción del Intercambio— para regular el comercio exterior y el Estado incidía en la distribución de la molienda para que llegase a todo el país. Así fue como Antonio Cafiero le acercó a Perón la idea de mezclar una parte de la molienda de trigo con la molienda de mijo (pan integral) para lograr un abastecimiento pleno. La Sociedad Rural Argentina (SRA) y el resto de la oligarquía vernácula definieron la iniciativa como el pan cabecita. Lo paradójico es que, ante la actual merma en la cosecha de trigo como consecuencia de otra sequía, desde la Sociedad Rural de Rosario sugieren que, si llegasen a existir problemas o tensiones entre la exportación y el mercado interno, “podrían mezclarse trigos de distintas calidades y hacer mezclas con otras harinas para sustituir el pan blanco y hacer lo que se llamaba pan cabecita”. Así lo insinuó Tomás Layus, vicepresidente de la Sociedad Rural de Rosario. No lo dijo hace 70 años.

Según un informe sectorial del Ministerio de Economía, de los 37.425 productores de trigo que existen en el país, el 10 % concentra el 53,4 % del área sembrada. En el segmento de la exportación, solo 10 empresas agrupan el 94,9 % de las ventas al exterior. En el caso de la molienda, el 4,7 % de las empresas concentra el 50,4 % de la producción. El gobierno, en vez de apostar por el aumento de retenciones para subsidiar a la industria de los panificados y bajar el precio de los productos, creó un fideicomiso privado y luego otro público de carácter voluntario que no alcanza a cubrir la demanda de todo el país.

Otro fideicomiso es el de los aceites, un bien esencial que en el año registra un incremento del 130 % según las mediciones del INDEC. Lo que ocurre con este producto es sintomático de cómo funciona la estrategia oficial de la guerra contra la inflación. El dueño de Aceitera General Deheza (AGD), Roberto Urquía, uno de los que más ganó con el dólar soja, sabe que sus aceites subsidiados son extremadamente limitados. “Están los primeros días del mes en góndola, son muy demandados y se acaban rápido”, reflexiona. Según los relevamientos periódicos que realiza la asociación de consumidores Deuco, en algunos casos ni siquiera aparecen durante los primeros días del mes.

Es la política pública del voluntarismo y el consenso. La misma que quedó plasmada en el nuevo programa Precios Justos en el que el gobierno ni siquiera se animó a retrotraer precios de manera explícita. Los 1.700 productos que formarán parte de este programa ingresarán a un precio “hasta un 4 % superior al promedio registrado durante octubre”. El dato oficial de la suba de precios en los alimentos del mes pasado se conocerá en los próximos días. Según la consultora EcoGo, el alza promedio fue del 7 %.

“El anuncio anticipado del congelamiento de precios durante 120 días en 1.700 productos de consumo masivo (alimentos, bebidas y artículos de limpieza) a partir de diciembre invitó a un aumento previo a su entrada en vigencia. El Índice de Precios de Supermercados (IPS-CESO) muestra un incremento del 2,3 % en relación con la semana anterior”, sostuvo el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

La comida que se come hoy se vende con especulación. Al mismo tiempo en que los salarios privados registrados pierden por goleada contra la inflación. Como una supuesta contrapartida, el gobierno les garantiza a las empresas acceder al mercado único y libre de cambios (MULC) para conseguir los dólares necesarios para importar. Es decir, las compañías del supermercadismo seguirán comprando dólares a un valor subsidiado —tipo de cambio oficial— cuando en el resto del año movieron precios en función de las cotizaciones paralelas.

 

 

 

Sequía de dólares

La sequía pone en jaque la acumulación de reservas en el Banco Central, pero también le sirve al sector agroindustrial para desplegar su nueva-vieja estrategia de presión. La autoridad monetaria vendió en los primeros 11 días del mes 760 millones de dólares, cuando en todo noviembre del año pasado se habían vendido 900 millones. Ante la lectura que hacen de la escasez de divisas, comenzaron a instalar la idea de un dólar soja reloaded que los haga sentir lo suficientemente motivados para vender las 10 millones de toneladas que poseen guardadas en silobolsas.

En enero de este año, el sector liquidaba por día un promedio de 116 millones de dólares, que fue elevándose hasta mayo cuando vendieron en el MULC un promedio de 211 millones. Luego bajaron a 150 millones hasta la llegada del dólar soja, con liquidaciones diarias cercanas a los 387 millones. En lo que va de noviembre, están ofreciendo en el mercado 51 millones diarios. Las operaciones son casi nulas.

A valores FOB, la cosecha almacenada por los grandes jugadores del mercado, muchas veces integrados o con vínculos entre la exportación, los acopios y los grandes grupos de siembra, cotiza cerca de los 6.500 millones. Y si se le suman las 7 millones de toneladas de maíz, el sector está sentado sobre 8.500 millones.

Desde ese lugar volverán a presionar por un nuevo tipo de cambio especial, que debería partir, según lo que especulan, desde los 220 pesos. Ya le tomaron el pulso algobierno. Allí juegan fuerte Molinos Río de la Plata y AGD, grandes ganadores del primer dólar soja y comercializadores de algunos de los productos que más subieron durante el año.

 

 

 

Devaluadores

Los dólares financieros empiezan a moverse. El viernes, el contado con liquidación llegó a los 310 pesos. Las fluctuaciones coinciden con los 100 días de Massa frente al Ministerio de Economía. Por un lado, parecería lógico que las cotizaciones de los paralelos empiecen a subir luego de tres meses de relativa estabilidad. Pero existen otros motivos. “La preocupación por la caída de reservas que se acelera estos días lleva a buscar refugio ahí”, reflexiona un director del BCRA.

Los grandes jugadores financieros empiezan a marcarle la cancha a Massa así como los agroexportadores —cuyo negocio también es financiero— lo hacen con el dólar soja. Pero también está la interpretación que indica que muchos importadores que contaban con SIMI aprobadas —el esquema de (des)control implementado en tiempos de Matías Kulfas y Ariel Schale— especulan con una devaluación y, por ende, en vez de colocar pesos en plazos fijos hasta el momento en que tengan que pagar dichas importaciones —por caso, en los próximos tres meses— se adelantan a la supuesta devaluación con la que están especulando.

Esta semana, el sitio de noticias Bloomberg Línea, una plataforma digital de la Agencia Bloomberg, publicó un artículo en el que se cuestionaba la emisión monetaria vía intervención del BCRA en el mercado de la deuda en pesos. Un economista cercano al ministro, Martín Rapetti, de la consultora Equilibra, fundada junto a Diego Bossio, interpretó que el poder financiero le estaría reclamando al gobierno una suerte de acuerdo con la oposición donde quede explicitado que no habrá reperfilamiento de dicha deuda. Una suerte de Pacto de la Moncloa sobre la deuda en pesos, justo cuando Felipe González disertó en el país invitado por el Grupo de los 6.

“El esquema financiero de este año requería una tasa de rollover del programa en pesos de corto plazo no menor al 130 % (del total de vencimiento). Se explica por un déficit primario de 1,3 puntos del PBI. En las últimas licitaciones, el Tesoro cerró muy justo, con un refinanciamiento levemente arriba del 100 %”, escribió Sergio Chouza en uno de los informes de la consultora Sarandí.

Pero el mercado también reclama un mayor grado de ajuste fiscal, tal como lo expresó el Fondo Monetario Internacional. Y lo hace sobre la base del ajuste que ya está ejecutando Massa con mucha eficiencia.

 

 

 

Ajuste

En octubre, el gasto devengado fue un 44 por ciento mayor que el del mismo mes del año pasado. En caso de verificarse la inflación del 6,5 % prevista por el relevamiento que realiza el Banco Central, que en el acumulado del año la ubicaría en casi los 68 puntos, “la reducción del gasto en términos reales será del 23,5 %”, puede leerse en un reciente trabajo del CESO. La caída real de la inversión pública durante el mes pasado fue la cuarta consecutiva.

Por lo tanto, en el acumulado anual, el gasto se incrementó un 63 %. Con esto, el gasto acumulado ya muestra por primera vez en el año una variación real negativa.

Como resultado de la primera revisión del acuerdo firmado con el FMI, el gobierno convalidó modificar los porcentajes de inversión en obra pública hacia la baja. En el último mes, la inversión de capital fue un 44 % superior a la del mismo mes del año pasado. En el acumulado anual, la inversión crece al 47,5 %, lo que implica una reducción real del 11,9 %. El ajuste viene camuflado con el slogan de reperfilamiento del gasto público.

Como otra señal de ajuste, puede ponerse la lupa sobre el programa de la Tarjeta Alimentar. A mayo de este año, la iniciativa contaba con 2,4 millones de beneficiarixs. El gasto ejecutado hasta octubre fue de 256.374 millones de pesos, un 53,9 % superior al del mismo período en 2021. Pero luego de tener un fuerte incremento hasta abril de este año, los recursos se mantuvieron congelados desde ese momento, con una inflación que no dejó de crecer y que afectó a los sectores más vulnerables.

La pregunta sería, ¿por qué estos acuerdos voluntarios funcionarán cuando otros aplicados por este mismo gobierno no funcionaron? ¿Será que le creen más a Massa porque les habla como candidato? ¿Será que el ministro vocifera hacia afuera que no quiere ser candidato por una cuestión familiar pero en el fondo —y con el Fondo— está jugando esa carta? Ante los empresarios y el mercado financiero —y la omisión tácita de Cristina— Massa se presenta como el eslabón perdido del Pacto de la Moncloa que el establishment tanto dice anhelar.

 

 

 

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