El 15 de septiembre, en Washington, ocurrió algo que debería sacudir la modorra de cierto peronismo que todavía no entiende lo que está en juego en el debate que hoy tiene en sus propias manos legislativas.
En la misma tarima, bajo el mismo cartel del encuentro de The Pro-Human Assembly, hablaron Bernie Sanders y Steve Bannon, el socialista de Vermont y el ideólogo de Trump. Y junto a ellos, sindicalistas de las centrales obreras AFT y la AFL-CIO con pastores evangélicos; activistas de la sociedad civil de todo el arco ideológico con académicos de todas las escuelas de pensamiento. La foto es insólita, pero no es casual: cuando el poder concentrado alcanza cierta magnitud, hasta los enemigos íntimos entienden que hace falta un frente común. Ya lo sabía Perón. La pregunta es por qué la dirigencia política argentina, hoy, todavía no lo entendió.
La declaración y sus cinco pilares
Vale la pena leer con atención lo que ese día se firmó, la Declaración Pro-Humana. Más de 900 personas y 300 organizaciones suscribieron cinco principios que, leídos desde Buenos Aires, suenan como una crítica anticipada y quirúrgica a lo que el oficialismo libertario intenta imponer en el Senado argentino.
- El primero: Mantener a los humanos al mando. Sostiene que ninguna decisión estructural sobre la vida de las personas puede delegarse sin control humano efectivo, y que el desarrollo de superinteligencia debería prohibirse hasta que exista consenso científico de que puede hacerse con seguridad.
- El segundo: Evitar la concentración de poder. Rechaza explícitamente los monopolios de IA y exige que la prosperidad que genere la tecnología se reparta, no se acumule.
- El tercero: Proteger la experiencia humana (la infancia, los vínculos, la salud mental) de la explotación algorítmica.
- El cuarto: Agencia y libertad humanas. Contiene la frase que más debería incomodar a los senadores del oficialismo argentino: ningún sistema de inteligencia artificial (IA) debe recibir personería jurídica.
- El quinto: Exigir responsabilidad legal plena de las empresas, sin escudos de responsabilidad limitada que les permitan externalizar el daño y quedarse con la ganancia.
Firman esa declaración, del lado individual, Steve Bannon (el escriba e ideólogo de Trump), Susan Rice (cerebro político de la diplomacia demócrata y de la seguridad nacional), Glenn Beck (el equivalente estadounidense de Viviana Canosa), Yoshua Bengio (uno de los "padres del Deep Learning" y la conciencia ética de la inteligencia artificial moderna) y muchos más. Firman organizaciones sindicales y organizaciones evangélicas. No es matiz ideológico: es una alarma que atraviesa el espectro político completo de la potencia que, paradójicamente, supo ser la meca del "muévanse rápido y rompan cosas". Cuando ese lema empieza a asustar hasta a sus propios arquitectos, alguien en Buenos Aires debería prestar atención.
Incertidumbre en el Senado argentino
El mismo día en que en Washington se firmaba ese documento, en el Senado de la Nación dormía (y por ahora sigue durmiendo, salvo alguna modificación cosmética que todavía nadie conoce) el proyecto de ley que el ministro "desregulador" Federico Sturzenegger impulsa desde mayo: la creación de la figura de la Sociedad Automatizada, una empresa que puede funcionar íntegramente mediante algoritmos, sin directores ni empleados humanos para su operación ordinaria, con personería jurídica plena y responsabilidad limitada. Junto a ella, las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), participaciones representadas en tokens, sin directorio de ningún tipo.
Léase bien lo que esto significa, porque el lenguaje técnico esconde la magnitud del disparate: Sturzenegger quiere que la ley argentina reconozca, antes que ningún otro país del mundo, la posibilidad de que una entidad sin una sola persona humana efectivamente responsable pueda contratar, litigar, endeudarse, despedir, contaminar, discriminar o directamente hacer daño, con la protección de la responsabilidad limitada. Es exactamente el "no" categórico que la Asamblea Pro-Humana de Washington acaba de firmar, del otro lado del mapa político mundial, con Bannon y Sanders de acuerdo. Y es exactamente lo que el gobierno de Milei celebra como orgullo de vanguardia: ser el primer país en tener esta figura, como si la primicia regulatoria fuera, por sí misma, una virtud, y no una temeridad.
No es casualidad que el historiador Yuval Noah Harari (que meses antes había advertido en el Foro de Davos que algún día algún gobierno le otorgaría personería jurídica a un sistema de IA) haya escrito en The Financial Times una respuesta directa a un artículo del propio Milei, diciendo que jamás imaginó que ese "algún día" llegara apenas cuatro meses después. La presión de especialistas y de sociedad civil logró en agosto que la senadora Patricia Bullrich aceptara exigir al menos alguna persona física responsable detrás de cada DAO. Fue una victoria menor, arrancada con pinzas, no una derrota del proyecto: todavía no vimos el lenguaje final de la propuesta de redacción de Bullrich, aunque sus declaraciones anunciando esos cambios sugieren que serían ajustes cosméticos. Alguien del Senado debería exigir, ya mismo y como mínimo, una audiencia pública (tal como lo pidió la sociedad civil): semejante decisión no puede quedar en el “rosqueo” anónimo y privado de los pasillos del Senado.
¿Y el peronismo?
Ahí está la pregunta incómoda. Mientras eso ocurre, buena parte de la bancada peronista en el Senado (no toda, pero sí la mayoría) observa el debate con la distancia de quien todavía no decidió si esto es un tema de fondo o una rareza de nicho para especialistas en tecnología. Es un error de cálculo histórico, y no lo digo con la liviandad de quien improvisa un paralelismo forzado: lo digo porque hay una tradición doctrinaria propia, la del propio Juan Domingo Perón, que ya dio, hace más de 70 años, las claves exactas para pensar esto.
En 1950, Perón creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. No para que la energía nuclear dominara al país, sino para que sirviera al país: desarrollo soberano, aplicación pacífica, tecnología puesta al servicio de la comunidad organizada y no al revés. Es el mismo criterio, exactamente el mismo, que hoy reclama la Declaración Pro-Humana cuando exige que ningún sistema de IA pueda operar sin control humano efectivo, sin supervisión independiente, sin responsabilidad clara sobre quién decide y quién responde.
Y en 1972, ya exiliado en Madrid, Perón fue más lejos todavía. En su "Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo", escrito para la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, advirtió sobre lo que llamó, textualmente, la Tercera Posición en defensa de la soberanía y autodeterminación de las pequeñas naciones, frente a los bloques de poder mundial, y denunció algo que hoy suena escrito ayer: la contaminación del ambiente, el despilfarro de los recursos naturales y el crecimiento explosivo de la población deben abordarse a nivel municipal, nacional e internacional, ligados de manera indisoluble a la justicia social y a la soberanía política. Perón hablaba de la biósfera, pero el diagnóstico de fondo (la sobreestimación ciega de la tecnología, la "marcha suicida" de una humanidad que corre más rápido de lo que puede controlar) es exactamente el que hoy hace falta aplicar a la carrera de la inteligencia artificial. No hizo falta que Perón previera los modelos de lenguaje para dejar el marco conceptual servido: la Tercera Posición no es solamente una posición entre capitalismo y comunismo, es una posición entre el sometimiento tecnológico y la soberanía humana sobre las herramientas que la propia humanidad crea.
Bostrom, el Vaticano y la sociedad civil que no espera permiso
No hace falta ser peronista, evangélico, republicano ni progresista para asustarse: alcanza con leer. En 2014, el filósofo de Oxford Nick Bostrom publicó Superintelligence. El libro empezó a instalar en círculos académicos una pregunta que hoy ocupa despachos de gobiernos: ¿qué pasa si construimos algo más inteligente que nosotros y perdemos la capacidad de controlarlo? 12 años después, ese argumento dejó de ser ciencia ficción de sobremesa: en mayo de este año, el Papa León XIV publicó su primera encíclica, Magnifica Humanitas, dedicada enteramente a la custodia de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial. El pontífice, en un gesto sin precedentes, presentó él mismo el documento (cosa que sus antecesores solían delegar) junto a un cofundador de la empresa de IA Anthropic. Además, advirtió que la tecnología exige ser desarmada, liberada de la lógica que la transforma en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. No es un exabrupto de un cura asustado. Es la doctrina social de la Iglesia, actualizada por quien tomó el nombre de León (el papa autor de Rerum novarum, columna vertebral del peronismo católico), diciendo lo mismo que proclama hoy el ala sindical de la AFL-CIO (el equivalente de la CTA y CGT) y el ala nacionalista de Bannon: que el poder sin control mata la dignidad humana, la tenga quien la tenga.
Frente a esto, en la Argentina, la resistencia real no viene, todavía, de la política. Viene de expertos y especialistas en derecho, de académicos y, en especial, de organizaciones civiles que en las audiencias de comisión advierten sobre las lagunas del proyecto en materia de protección de datos, responsabilidad civil y estándares mínimos de diligencia. Viene de un puñado de senadores que logró arrancar, a fuerza de trabajo paciente, la exigencia de responsables humanos y de mayor control. Es exactamente el mismo tipo de trabajo lento, tedioso, sin épica de tapa de diario, que en otros países construyó la coalición imposible que hoy sentó a Bannon y a Sanders en la misma mesa.
De Braden o Perón a Sturzenegger o soberanía humana
La política de inteligencia artificial va a ser, guste o no, un eje identitario de la próxima década política argentina, tanto como lo fue la política de la deuda en los '80 o la política energética en los '50.
El peronismo, que tiene en su propio archivo doctrinario todas las herramientas conceptuales para dar esta pelea con autoridad histórica, reflejadas, por ejemplo, en la Comunidad Organizada. No puede darse el lujo de mirar para otro lado mientras Sturzenegger construye, con nombre técnico y sonrisa desregulatoria, la primera legislación del mundo que le permitiría a una corporación operar sin una sola persona humana responsable de lo que hace y legalizar el reemplazo de la humanidad.
Eso no es modernización. Es, en el lenguaje del propio Perón, la renuncia lisa y llana a la soberanía humana sobre sus propias herramientas. El peronismo no lo puede ni lo debe permitir. Lo escribo sin ser militante peronista, sino como miembro de la sociedad civil. Precisamente porque desde afuera a veces se ve con más nitidez lo que una tradición política tiene para decirse a sí misma. Hoy la historia y el pueblo miran a la oposición, con la esperanza de que pueda ejercer un contrapeso y defender los derechos de nuestra gente.
La comunidad organizada, si todavía significa algo, tiene que empezar por ahí: por no dejar que la organicen las máquinas.
* Oscar Soria es un activista argentino, cofundador y codirector de The Common Initiative, un laboratorio de activismo y pensamiento crítico que integra políticas públicas internacionales en la intersección de los derechos humanos, económicos, ambientales, tecnológicos y culturales.
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